RECORDEMOS EL FRAUDE ELECTORAL DEL FUJIMORISMO EN EL AÑO 2000
Por
Nicanor
Domínguez Faura
‘El Salmón” 5 de junio de 2026
En el debate presidencial del pasado
domingo 31 de mayo, la candidata Keiko Sofía Fujimori Higuchi afirmó: “A nosotros
nos preocupa de sobremanera lo que ocurrió en la primera vuelta. Hemos
respaldado las denuncias de otros grupos políticos. Hemos saludado, sí, también
las decisiones del Jurado Nacional de Elecciones de ampliar los horarios y
ampliar la votación hasta el día siguiente”.
Evidentemente hacía referencia a
las escandalosas e infundadas denuncias del candidato de ‘Renovación Popular’, Rafael
López-Aliaga Cazorla, quien pretendió por casi seis semanas desconocer el
resultado de la primera vuelta de las elecciones de este año 2026, pues resultó
en tercer lugar y sin opción a pasar a la segunda vuelta. Esta campaña
“fraudista” de López-Aliaga ha causado un serio desprestigio de los organismos
electorales: la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Jurado
Nacional de Elecciones (JNE).
La candidata hizo también referencia
a su “Campaña Defensores del Perú”, el intento de reunir 100 mil personeros de ‘Fuerza
Popular’ para la segunda vuelta: “Hacemos un llamado a la población para
defender el Perú y hacemos esta convocatoria para que todos los ciudadanos se
inscriban como personeros no solo en Fuerza Popular, también en el otro grupo político.
Los observadores internacionales serán claves porque lo que tenemos que hacer
es fortalecer la democracia”.
Lo que no ha mencionado ella es
que --tanto en la primera vuelta de este año 2026 con López-Aliaga, como en la segunda
vuelta del año 2021, cuando el fujimorismo intentó desconocer su derrota
electoral con la campaña del supuesto “fraude en mesa”-- todos los observadores
internacionales han coincidido en rechazar el “fraudismo” de la derrotada y revanchista
derecha peruana, respaldando la labor de los organismos electorales. Recordemos
que no ocurrió lo mismo hace un cuarto de siglo, cuando los observadores internacionales
concluyeron que las elecciones del año 2000 en el Perú habían sido
extremadamente irregulares. Y, para la mayoría de los peruanos de entonces,
abiertamente fraudulentas.
* * *
La idea de perpetuarse en el poder
mediante sucesivas elecciones y llevar adelante una “democracia dirigida” por
una coalición cívico-militar se expresó hace casi 40 años en el llamado “Plan
Verde”, elaborado en los años 1988-1989, al final del caótico primer gobierno
de Alan García Pérez (1985-1990). Las Fuerzas Armadas, jaqueadas por el avance
de los movimientos subversivos (‘Sendero Luminoso’, MRTA) y afectadas como todo
el país por la hiperinflación de los años 1988-1990, encargaron a un “grupo de
trabajo”, con la participación de tecnócratas civiles anti-Apristas, elaborar
un “Plan de Gobierno”. Inspirados en el ejemplo chileno de la dictadura de
Pinochet (1973-1990), era una apuesta por incrementar la represión y por
promover el neoliberalismo económico: “para llevar al país al siglo XXI” y “alcanzar
un nivel de país desarrollado”.
En 1990 el “asesor” del electo
presidente Alberto Kenya Fujimori Fujimori, el ex-capitán expulsado del Ejército
y abogado de narcotraficantes, Vladimiro Lenin Montesinos Torres, recibió copia
del “Plan Verde” y lo utilizó después como guía en el “fuji-golpe” del 5 de
abril de 1992. Desde el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), el “asesor” Montesinos
no solo buscó corromper y controlar a los mandos militares, sino penetrar las
instituciones judiciales y electorales, para mantenerse indefinidamente en el
poder. Sin necesitar de un golpe militar abierto, el control de las elecciones podía
garantizar la continuidad de este proyecto político fuji-montesinista.
La Constitución fujimorista de
1993 abrió la posibilidad prologar el régimen, pues estableció que: “El mandato
presidencial es de cinco años. El presidente puede ser reelegido de inmediato
para un período adicional. Transcurrido otro período constitucional como
mínimo, el expresidente puede volver a postular, sujeto a las mismas condiciones”
(artículo 112). En el libro del politólogo japonés Yusuke Murakami se incluye
una útil cronología (pp.601-615), que permite seguir el desarrollo de las
sucesivas acciones del gobierno de Fujimori, en su constante intromisión para
controlar el resultado de los procesos electorales de 1995 y, especialmente, el
del año 2000.
La modificación de las reglas (1996-1997):
Tras haber sido reelegido en 1995,
Fujimori declaró a un medio de prensa internacional que la nueva Constitución
le prohibía postular en las siguientes elecciones presidenciales, programadas
para el año 2000 (16 de febrero, 1996). Pero, seis meses después, la bancada
del oficialismo en el Congreso, la alianza ‘Nueva Mayoría-Cambio90’, forzó la
aprobación de la “Ley de Interpretación Auténtica” sobre la reelección
presidencial (20 de agosto). Se argüía que: “del artículo 112 se deduce que el
período 1990 [a 1995] no se considera, al ser previo a esa Constitución, y que,
por tanto, sólo hay que tomar en cuenta el que se inició en 1995, razón por la
cual Alberto Fujimori puede postular de nuevo en el 2000” (Ley 26657, 23 de agosto
de 1996).
La oposición denunció en el
Congreso la ilegalidad de esta primera manipulación (de una posible tercera
candidatura de Fujimori), y reclamó ante el Tribunal Constitucional (TC), cuyos
siete miembros habían sido recientemente instalados (21 de junio, 1996). Esta
instancia de control constitucional sentenció que la “Ley de Interpretación
Auténtica” no era legalmente aplicable en favor del presidente que ya ejercía un
segundo mandato (16 de enero, 1997). La mayoría oficialista en el Congreso votó
por destituir a los tres miembros del TC --Manuel Aguirre Roca, Guillermo Rey
Terry y Delia Revoredo Marsano-- que habían apoyado la sentencia de inaplicabilidad
de la Ley 26657 a Fujimori (28 de mayo). El presidente del TC, Ricardo Nugent López-Chávez,
renunció a la presidencia en solidaridad con sus colegas (29 de mayo). Por tres
años y medio, desde mayo de 1997 hasta noviembre del 2000, el Perú no tuvo un
Tribunal Constitucional autónomo y plenamente en funciones que pudiera regular
los excesos legislativos del Congreso.
El bloqueo del referéndum (1996-1998):
El ‘Foro Democrático’ fue creado como
respuesta de la sociedad civil al “fuji-golpe” del 5 de abril de 1992, buscando
promover acciones ciudadanas que confrontaran el autoritarismo del gobierno y
permitieran volver a un sistema político representativo de base democrática. Así,
al mes siguiente de la promulgación de la “Ley de Interpretación Auténtica”, iniciaron
una campaña de recolección de firmas para oponerse a la re-reelección de
Fujimori (setiembre 1996). El objetivo era utilizar una innovación de la Constitución
de 1993, el referéndum o consulta popular (que ya había sido utilizado para la aprobación
de la propia Constitución en octubre de 1993).
Además de la supresión de la
consulta popular promovida por el ‘Foro Democrático’, otros dos hechos importantes
ocurrieron en la segunda mitad del año 1998. El “triunvirato” en el poder desde
el “fuji-golpe” de 1992, conformado por Fujimori, Montesinos y por el jefe del
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y Comandante General del Ejército,
general Nicolás Hermoza Ríos, llegó a su fin tras más de seis años de cogobierno.
Hermoza fue destituido (agosto 1998), “con lo que Montesinos llegó a completar
el control sobre la cúpula militar” (Murakami p.497). Los dos últimos años del régimen
fueron plenamente fuji-montesinistas.
El segundo hecho importante fue la
realización de las elecciones municipales (11 octubre). En ellas el gobierno promovió
a una nueva agrupación pro-fujimorista, ‘Vamos Vecino’, organizada por el ingeniero
agrónomo cajamarquino Absalón Vásquez Villanueva. Aunque el candidato a la alcaldía
de Lima, Juan Carlos Hurtado Miller, perdió (32.7%) y el entonces alcalde Alberto
Andrade fue reelegido (58.8%), ‘Vamos Vecino’ ganó en 76 de 194 provincias a
nivel nacional (39%), y en 597 de los 1622 distritos del país (36.8%). Esto convenció
a Fujimori de la utilidad y eficiencia de Vásquez como operador político para
las elecciones venideras.
Debe anotarse aquí también que el
contexto de la re-reelección de Fujimori fue el del estancamiento de la
economía peruana a partir de 1998, tras casi un quinquenio de espectacular
crecimiento (1993-1997). Esto se debió a los efectos del fenómeno de “El Niño”
(1997-1998), agudizados por las repercusiones locales de la crisis financiera
rusa y asiática a nivel internacional.
El año 1999:
A lo largo de todo el año 1999 los
partidos opositores intentaron conformar una candidatura presidencial
unificada. El ‘Foro Democrático’ ya había propuesto realizar elecciones
primarias con este fin (15 de diciembre, 1998). También se emitieron
comunicados conjuntos oponiéndose a la tercera postulación de Fujimori (20 de
abril, 1999), y hasta catorce agrupaciones opositoras firmaron un “Pacto de Gobernabilidad”
(25 de noviembre). Sin embargo, las principales fuerzas opositoras desistieron finalmente
de elegir a un candidato único (5 de enero, 2000).
El gobierno de los Estados Unidos,
presidido por el político demócrata Bill Clinton (1993-2001), toleró en términos
generales el autoritarismo de Fujimori. Pero a finales del año 1999, tanto la Cámara
de Diputados (4 de octubre), como la de Senadores (3 de noviembre), del
Congreso norteamericano aprobaron sendas resoluciones expresando su “preocupación
por el retroceso de la democracia en el Perú”.
A fines de noviembre de 1999
fueron convocadas oficialmente las elecciones generales para el año 2000. Un
mes después, Fujimori anunció su tercera postulación a la Presidencia de la República
(27 de diciembre). Entonces explicó que: “la decisión se debía a que no había
encontrado ningún sucesor confiable, tanto en el oficialismo como en la
oposición; y a que en la alianza oficialista, las Fuerzas Armadas y otros
sectores, hubo muchas voces que reclamaban la continuidad del gobierno”
(Murakami p.511).
El gobierno norteamericano expresó
que sería neutral respecto de los resultados electorales del año venidero, pero
exigió que el proceso “sea libre, justo y transparente” (28 de diciembre). En paralelo,
la oposición presentó 18 observaciones demandando la nulidad de la candidatura
fujimorista, dada su inconstitucionalidad por ser una tercera postulación
consecutiva, pero el JNE desestimó el reclamo. Se hizo así evidente la
parcialidad del ente electoral.
El Jurado Nacional de Elecciones
aceptó oficialmente la tercera candidatura de Fujimori (30 de diciembre). Era
el candidato de la ‘Alianza Perú 2000’, formada por ‘Cambio 90-Nueva Mayoría’ (en
el poder desde 1995) y dos movimientos liderados por Absalón Vásquez (vinculado
directamente a Montesinos): ‘Vamos Vecino’ (creado en 1998) y el novísimo ‘Frente
2000’.
La Primera Vuelta del año 2000:
Las principales candidaturas de
oposición --del alcalde de Lima, Alberto Andrade Carmona, y del ex-jefe del
IPSS, Luis Castañeda Lossio--, fueron sistemáticamente atacadas desde fines de
1999 por los llamados “diarios chicha” (‘El Mañanero’, ‘El Chino’, ‘El Men’,
‘La Chuchi’, ‘El Chato’, ‘Diario Más’), financiados por Montesinos desde el
SIN. Cuando el candidato Alejandro Toledo Manrique empezó a subir en las
encuestas, a inicios del año 2000, se convirtió en blanco de similares ataques.
El análisis del accionar de esta “prensa basura” del fuji-montesinismo ha sido
hecho por la periodista Jacqueline Fowks.
Pero la avasalladora campaña del
oficialismo sufrió un sorpresivo revés a principios del año de las elecciones. El
‘Frente 2000’, agrupación componente de la alianza oficialista ‘Perú 2000’, había
presentado el año anterior alrededor de 2’100,000 firmas para su inscripción. El
diario ‘El Comercio’ denunció que se habían falsificado masivamente alrededor
de un millón de firmas para esa inscripción (29 de febrero). Ante el escándalo,
el ‘Frente 2000’ terminó apartándose de ‘Perú 2000’. La manipulación encubierta
del gobierno en el proceso electoral se hizo visible.
Pocos días después la ‘Misión de
Observación Electoral’ de la Organización de Estados Americanos (MOE-OEA), presidida
por el guatemalteco Eduardo Stein, comenzó sus actividades en Lima (3 de marzo).
Sus preguntas sobre el uso del padrón electoral para la falsificación de las
firmas de ‘Perú 2000’, tema que el poder judicial no estaba investigando, y sobre
las condiciones del sistema informático que la ONPE utilizaba, no fueron respondidas.
Sin embargo, los observadores de la OEA registraron los problemas de la
desigual cobertura informativa del proceso electoral (favorable al gobierno), el
dudoso manejo de fondos públicos (en favor de la campaña de Fujimori), y la
difusión (restringida) de la publicidad de los candidatos de la oposición.
Poco más de dos semanas antes de
las elecciones, la misión de observación estadounidense (Centro Carter e Instituto
Nacional Demócrata), advirtió: “El ambiente electoral en Perú se caracteriza
por la polarización, la ansiedad y la incertidumbre. No se han establecido las
condiciones para una campaña electoral justa. Ya se han hecho daños
irreparables a la integridad del proceso electoral, pero aún se pueden y se
deben hacer mejoras porque los candidatos y los partidos están compitiendo, los
ciudadanos participan en el proceso y los resultados electorales no están
asegurados” (24 de marzo).
El día de las elecciones generales,
el domingo 9 de abril del 2000, los principales candidatos fueron Alberto
Fujimori, de la alianza ‘Perú 2000’ (obtuvo oficialmente 49.87% de los votos válidos);
Alejandro Toledo de ‘Perú Posible’ (40.23%); Alberto Andrade de ‘Somos Perú’ (3%);
y Luis Castañeda Lossio del partido ‘Solidaridad Nacional’ (1.8%).
Las encuestas de boca de urna, después
del cierre de la votación a las 4 pm, dieron la delantera a Toledo (Datum 48.5%,
CPI 46.7%, Apoyo 45.2%), aunque el segundo puesto de Fujimori entraba dentro
del margen de error (Apoyo 43.6%). Precipitadamente, Toledo anunció su
“triunfo” en la primera vuelta, por lo que fue criticado por el gobierno y la
prensa afín, así como por los observadores internacionales. Sin embargo, horas más
tarde, el conteo rápido de ‘Transparencia’ dio a Fujimori 48% y a Toledo 42%. El
conteo rápido de la OEA confirmó la tendencia, concluyendo que habría segunda vuelta.Sin
embargo, en los
días siguientes, los lentos conteos parciales de la ONPE hacían temer que
Fujimori podría llegar a superar el 50% de la votación, ganando así en primera
vuelta (como había ocurrido en 1995). El secretismo de la ONPE multiplicó las acusaciones
de manipulación de los resultados. Los Estados Unidos exigieron públicamente
que el proceso electoral continuara y que la segunda vuelta fuese “transparente
y justa” (lunes 10 de abril). Los resultados finales fueron recién anunciados tres
días después de las elecciones por José Portillo, jefe de la ONPE (miércoles 12
de abril): oficialmente Fujimori y Toledo pasaban a segunda vuelta.
El padrón oficial para las
elecciones del año 2000 registró a 14’567,467 electores. En la primera vuelta
la abstención llegó a 2’501,239 votantes (17.17% del padrón). Los votos nulos
sumaron 708,617 (4.86%) y los votos blancos fueron 271,742 (1.86%). Por tanto,
los votos válidos fueron 11’085,870 (76.10% del padrón). La alianza fujimorista
‘Perú 2000’ obtuvo oficialmente 5’528,568 votos (49.87% votos válidos); el
mayor respaldo se obtuvo en Lima y en el norte del país. El partido ‘Perú
Posible’ registró 4’460,895 votos (40.23% votos válidos); su mayor votación la consiguió
en el sur del Perú, particularmente en Arequipa, Cusco y Puno, así como en el Oriente,
sobre todo en Loreto.
La alianza oficialista obtuvo 52 de
los 120 escaños del
Congreso, no alcanzando mayoría (como sí la había obtenido en 1995). Por eso Montesinos
se dedicó, literalmente, a comprar a una docena de congresistas elegidos por
los partidos de oposición. Uno de ellos fue Luis Alberto Kouri Bumachar, cuyo “vladi-video”
en la salita del SIN, del 5 de mayo, fue presentado a todo el país poco más de cuatro
meses después, el jueves 14 de setiembre, precipitando con ello la crisis final
del régimen fuji-montesinista.
La Segunda Vuelta del año 2000:
La campaña para la segunda vuelta comenzó
después de Semana Santa. La MOE-OEA presentó un informe sobre la primera vuelta,
evitando utilizar el término “fraude”, aunque señalando “irregularidades” y “anomalías”
(11 de mayo). Al día siguiente, la ONPE anunció el cambio del programa informático
usado en la primera vuelta por uno nuevo (12 de mayo). La MOE-OEA pidió postergar
la fecha de la votación, para poder verificar el nuevo sistema de cómputo (18
de mayo).
El candidato Toledo, que había continuado
en campaña mientras insistía en denunciar un fraude electoral en marcha, decidió
renunciar a participar en la segunda vuelta (18/19 de mayo). Pidió a sus
electores abstenerse de votar, aunque días después llamó a votar en blanco. Como
en el caso del dictador civil Augusto B. Leguía (durante el “Oncenio”, 1919-1930),
en las elecciones de 1924 y 1929, o del dictador militar Manuel A. Odría (durante
el “Ochenio”, 1948-1956), en la elección de 1950, Fujimori era ahora el
candidato único. Ya no podía perder.
La asociación civil ‘Transparencia’
anunció que: “al no existir condiciones técnicas mínimas para llevar a cabo una
competencia libre y limpia, se abstendrá de observar las elecciones” (23 de mayo).
El pedido de postergación hecho por la MOE-OEA fue rechazado por el JNE (25 de mayo).
La misión de la OEA anunció su retiro del país. Su presidente, Eduardo Stein, consignó
en su informe final las preferencias pro-fujimoristas de los canales de televisión
(especialmente ‘América’ y ‘Latina’) y las limitaciones impuestas para revisar
el sistema de cómputo electoral, concluyendo que: “De acuerdo a los estándares
internacionales, el proceso electoral peruano está lejos de [poder] ser
considerado como libre y justo”.
En la segunda vuelta, el domingo 28
de mayo, votaron 11’800,310 personas (81% del padrón) y la abstención fue de
2’767,157 (19%). Los votos blancos fueron solo 140,773 (0.96%), pero los votos
viciados alcanzaron los 3’531,637 (24.24% del padrón, 29.93% de los votos
emitidos, el porcentaje más alto de rechazo electoral registrado en todo el
siglo XX). Los votos válidos fueron 8’127,900 (55.79% del padrón, 68.88% de los
votos emitidos).
Pese a que había renunciado a su candidatura, Toledo obtuvo el apoyo de 2’086,215 ciudadanos (14.32% del padrón, 17.68% de los votos emitidos, 25,67% de los votos válidos). Fujimori, candidato único, obtuvo oficialmente 6’041,685 votos (41.47% del padrón, 51.20% de los votos emitidos, 74.33% de los votos válidos). Sumó 513,117 votos más que en la primera vuelta. Pero fue una victoria pírrica, pues su legitimidad era ampliamente cuestionada dentro y fuera del país.
* * *
Preguntada repetidas veces por el
periodismo si respetará los resultados de la votación del domingo 7 de junio,
Keiko Fujimori ha declarado un par de días antes de la elección: “Seré
absolutamente respetuosa de la voluntad popular (…) Estamos tomando las medidas
para tener personeros en todas las mesas del país e invocamos a los
observadores para que estén atentos, pero por supuesto que vamos a respetar,
como siempre lo hemos hecho, la voluntad popular”.
¿Cómo siempre lo han hecho? Ojalá
que en esta cuarta oportunidad, de ser nuevamente derrotada, la candidata del
fujimorismo no se desdiga y vuelva después a someter al país entero a una
infundada campaña de “fraude en mesa”, como en el año 2021. Ni entonces, ni
ahora, los observadores internacionales respaldarán sus truculentos e injustificables
reclamos. ¡Basta ya!
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Referencias:
<https://web.archive.org/web/20331210002149/https://www.scribd.com/embeds/310286817/content>
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