viernes, 24 de junio de 2011

CONFLICTOS SOCIO-AMBIENTALES Y PUEBLOS AYMARAS

Mina Santa Ana, Huacullani, Puno

Escribe: Luis Alberto Hallazi Mendez | Los Andes 24 jun. 11

Latinoamérica, ahora mismo es la principal región de inversión en actividades económicas extractivas. Perú, ocupa el segundo lugar en recibir dichas inversiones, precisamente porque cuenta con un marco legal y económico atractivo para los inversionistas. Después de la región de Arequipa, Puno tiene la demanda más alta en solicitudes de concesiones para la exploración de actividades económicas extractivas.
A ese escenario hay que sumarle: la alta rentabilidad que produce la explotación de recursos naturales a un bajo coste económico para las empresas transnacionales; la subida del precio de los minerales y las indistintas medidas tributarias, ambientales o económicas que el Estado otorga para beneficiar a dichas empresas, en lugar de proteger el interés común de la mayoría de los ciudadanos.

Hay muchas otros rasgos que parecen declinar la balanza, a favor de un modelo extractivista depredador que el actual gobierno ha potenciado pero que data de tiempos de la colonia.
Lamentablemente son esas las circunstancias donde se propondrán soluciones al conflicto socio-ambiental en la región de Puno. Que a prácticamente un mes de su visibilización nacional gracias a los pueblos aymaras, si ha demostrado algo, es la total falta de voluntad por parte del gobierno central para entender el conflicto en su real dimensión. Algo que no es de extrañar puesto que este conflicto pone en cuestión su modelo económico. Por otro lado, a autoridades regionales como locales aún les falta mucho trabajo para asumir un rol preponderante en las distintas fases por las que pasan esta clase de conflictos.

Si vamos más allá, este conflicto con todos los argumentos esgrimidos tanto de un lado como del otro, deja en evidencia una fragilidad en la gobernabilidad de esta parte del territorio nacional, no solo en materia ambiental sino también política, económica y social. Los conflictos, si algo demuestran, son las distintas vulnerabilidades de las partes implicadas. Esta cadena de desvelamientos manifestados con este conflicto también ofrecen la oportunidad, y más aún a un gobierno entrante, para poder generar un cambio gradual de ese modelo extractivista depredador. Así lo están haciendo ya otros países sin que esto signifique el fin de las inversiones o el estancamiento del crecimiento.

Necesitamos generar gobernabilidad ambiental en todo el territorio. Según datos de la Defensoría del Pueblo, un 76% de los conflictos socio-ambientales que se registran en el país son consecuencia del escenario al que referimos líneas atrás. No es posible que se discuta la viabilidad de proyectos extractivitas con el gobierno central o regional, sin haber consultado a los principales actores a los que afectará dicha actividad económica. Es evidente que existe una exclusión social que una vez más se ha puesto de manifiesto en el caso del pueblo aymara. Por tanto se debe exigir la ley de consulta previa, que el convenio 169 de la OIT obliga a los países firmantes implementar en sus ordenamientos jurídicos y que en el caso nuestro, fue observado por el ejecutivo una vez que se aprobado por el congreso.

Otra acción que permitiría generar esa gobernabilidad ambiental es el desarrollo de un plan nacional de ordenamiento territorial que además de tomar en cuenta aspectos políticos administrativos, geomorfológicos, socioculturales, ecológicos, urbanos e industriales de cada región, deje en claro que territorios están destinados a la actividad extractiva formal o artesanal, de aquellos otros que son intangibles para dichas actividades. Respetando la diversidad cultural de las regiones y promoviendo consensos que lo doten de legitimidad; ingredientes indispensables para elaborar un ordenamiento territorial con una perspectiva ambiental sostenible.

En esta propuesta de transición gradual a un modelo extractivista más sensato y por qué no a largo plazo, a un modelo de extracción mínimo o indispensable, se tienen que ir tomando medidas de distinto orden bajo esa misma lógica, para así aclarar las reglas de juego que por ejemplo permitan cobrar impuesto a las sobreganancias cuando haya excesivas utilidades para las empresas o regular la priorización del consumo interno, por encima de otros interés económicos, como fue el caso del gas de Camisea.

Finalmente es poco estratégico que los pueblos aymaras y los demás ciudadanos interesados por un desarrollo sostenible de la región de Puno, entren a negociar cuestiones de fondo con el actual gobierno, teniendo presente sus antecedentes. Lo más sensato es ordenar sus argumentos, despejar esas sospechas que los vinculan a los intereses de una minería informal y esgrimirlos ante el nuevo gobierno que tiene la obligación de tomarlos en cuenta dado el amplio apoyo recibido en las elecciones recientes.


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miércoles, 22 de junio de 2011

AH...¡¡ESOS TRIVOCALISTAS!!





Escribe: Guillermo Vásquez Cuentas

Los aimara-hablantes han usado desde siempre en su dicción y con claridad inobjetable las conocidas cinco vocales. Consecuentemente, para escribir en aimara se utilizó también desde hace mucho tiempo las grafías que representaban a esas vocales en el idioma español, más conocido entre nosotros como “castellano”. Sin embargo estaba lejano un acuerdo que unificara modos y procedimientos gramaticales consensuados. Para acometer soluciones a ese vacío los especialistas lingüistas y los hablantes del aimara se lanzaron a teorizar y buscar en encuentros colectivos, formas de escritura comúnmente aceptadas.

Después de múltiples esfuerzos se realiza La Paz, Bolivia III, en 1954, un Congreso Indigenista Interamericano. En este evento la gringa Hartman, el felipillo boliviano Yapita y el redivivo martinillo Vásquez, formados todos en Florida University de los EEUU, se metieron a desempolvar, sostener y desarrollar la teoría del trivocalismo aimara bajo indudables influencias académicas (e ideológicas) de lingüistas norteamericanos. Su influencia ha sido innegable porque el trivocalismo se ha confirmado de muchos certámenes indígenas, lingüísticos, realizados en las últimas décadas, habiéndose editado tomos íntegros de manuales gramaticales afirmando esa postura, que es defendida hasta por quienes no debían hacerlo.

Descono¬ciendo la estructura anatómica del aparato fonador del jakke aimara, los trivocalistas buscaron y buscan imponer una matriz fonológica de consonantes y vocales que normarían la acción de escribir en aymara (como también en quechua y en guaraní), con solamente con tres vocales. Cerrón Palomino trivocalista quechua resultó convalidando en su momento este entuerto en su libro “Lingüística Aimara”.

Hace años hubo en el grupo de yahoo Aymara List un sonado debate sobre esta temática. Los trivocalistas hicieron grandes esfuerzos por validar sus tesis, desplegando una enorme batería de lenguaje formalizado propia de esa disciplina. Pero la realidad concreta además de objetiva es tozuda. Hay que escuchar el habla de un aimara lupaca o de un omasuyo y compararla con la escritura que proponen los trivocalistas, para constatar la falsedad de esta corriente postiza e interesada.
Hay en los propugnadores del trivocalismo evidentes tufos neocoloniales e ideológico-políticos. Es claro que con la “globalización” del sistema político, económico y cultural que accidentadamente se procesa en el mundo de hoy, se busca también globalizar el uso del inglés en perjuicio de los demás idiomas.

El objetivo imperialista de universalizar el uso del idioma inglés ante el fracaso de hacer lo mismo con el esperanto y similares productos de la ideo lingüística, pasa por forzar la declinación y desaparición de otras lenguas, empezando, claro está, por las más débiles social y políticamente: las de naciones originarias. Así, el aimara fue calificado por cientistas sociales estadounidenses como un "sub-idioma" medio de comunicación de una "sub-cultura" y lo señalan como una lengua oprimida y atrofiada, en vías de desaparición.

En esa minusvaloración de las lenguas indígenas, se dice que ellas son arcaicas, subdesarrolladas, atrasadas al punto de no haber podido evolucionar hasta el pentavocalismo. Y nuestros “lingüistas académicos” (verdaderos tontos útiles) resultan -sabiendo o sin saberlo- haciendo el juego a las estrategias de dominación total al predicar que nuestras lenguas son "trivocálicas", que las vocales llamadas "fuertes" como la "e" y la "o" no deben usarse, que éstas deben reemplazadas por las vocales "débiles" como la "i" y la "u".

Subyace en esa campaña la escondida y hábilmente montada maniobra sicológica de hacer consentir socialmente que las naciones autóctonas están integradas por gentes disminuidas, cobardes, débiles, a tono y en correspondencia con la debilidad de esas vocales.

Su lógica subliminal es ésta: Si hablas claro y fuerte, usando vocales fuertes, eres fuerte y por tanto podrías ser rebelde, contestatario, revolucionario. Pero si hablas usando vocales débiles, eres y serás sumiso, dominado, débil. Y esto es lo que precisamente quiere el poder transnacional globalizador. <>

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No solo en Puno se lucha contra las mineras.

Vea este video.
http://youtu.be/CwvfDRoVVy8
Documental sobre la lucha de la comunidad de Famatina en Argentina contra el gigantesco intento de la minera canadiense Barrick Gold [la misma de Santa Ana] de explotar el oro de sus montañas, por las devastadoras consecuencias ambientales.
Presentado por la televisora Al Jazeera, edicion inglesa, en su programa People&Power (Gente y Poder) del 22 de junio del 2009. Traduccción y subtiulado: Colectivo Cinema Alternativo

lunes, 20 de junio de 2011

Región Puno en pie de lucha






Escribe: VÍCTOR ORTEGA VARGAS |

LOS ANDES – 20jun2011

La huelga aymara contra las concesiones mineras, en la zona sur de la región, lleva hoy 34 días. Hasta el momento el Gobierno Central continúa sin encontrar una solución a los pedidos de las poblaciones sureñas. Como para agudizar la situación, pobladores del norte de la región se suman a la lucha y tienen su propia agenda.

No dan su brazo a torcer. Los dirigentes aymaras retomaron la mañana del sábado, nuevamente, las conversaciones con los miembros del Ejecutivo, luego de determinar un cuarto intermedio la tarde del viernes, ante la propuesta presentada por el Ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, que daría una salida al conflicto antiminero en la región Puno.

El mismo viernes por la noche, los dirigentes reunidos en Lima remitieron la propuesta a las poblaciones que acatan la paralización en Puno, entre ellas Zepita, Desaguadero y Kelluyo.

Pero, ¿cuál era exactamente la propuesta del Ejecutivo? Esta se remite a disponer, mediante una norma, que los títulos de concesiones actuales o futuras, no autorizan por sí mismas a realizar actividades mineras de exploración, ni explotación, sino que previamente debe efectuarse el proceso de consulta previa a los pueblos aymaras, esto en el marco del cumplimiento del Decreto Supremo 023-2011.EM.

Los pueblos fueron contundentes. Rechazaron de sopetón la propuesta y consideraron que no solucionaba en nada los pedidos efectuados por los pobladores de la zona sur, ya que condicionaba los petitorios ya otorgados a una consulta, pese a que éstos debieron ser consultados mucho antes de ser otorgados.

Ante esto, los poblados rechazaron la propuesta y firmaron un acta en donde ratifican sus pedidos de cancelación de las concesiones mineras en la zona sur y la derogatoria del Decreto Supremo 083-2007.

Con esa respuesta, los dirigentes en Lima, entre ellos Walter Aduviri, retornaron al edificio de la cartera de Energía y Minas el día sábado por la mañana, para reunirse nuevamente con los ministros de Energía y Minas, Interior y los viceministros de Minas y Agricultura, para comunicarles la decisión de las bases en Puno.

Las conversaciones duraron cuatro horas. A las 15:00 horas determinaron brindar, nuevamente, un cuarto intermedio, que vence la mañana de hoy (a las 9:00), para que así los miembros del Ejecutivo puedan evaluar los pedidos de los aymaras de la zona sur de Puno.

GARCÍA INOPORTUNO

Días atrás, el inoportuno comentario del presidente de la República, Alan García Pérez, puso en el tapete el pensamiento generalizado del Ejecutivo. Llamó como creencias absurdas y primitivas al conjunto de conocimientos de las poblaciones andinas.

“Derrotar las ideologías absurdas, panteístas, que creen que las paredes son dioses y el aire es dios. En fin, volver a esas formas primitivas de religiosidad donde se dice: ‘no toques ese cerro porque es un Apu y está lleno del espíritu milenario’, no sé qué cosa. Bueno, si llegamos a eso, entonces no hagamos nada, ni minería”, dijo García Pérez.

Estos comentarios no cayeron bien a ninguno de los pobladores aymaras. Algunos dirigentes han pedido que el mandatario se rectifique.

AYMARAS SIGUEN PARALIZANDO

Por su parte, las provincias de Yunguyo y Chucuito-Juli, siguen en pie de lucha. El servicio de transporte hasta la zona sur sigue restringido. El comercio, turismo, tal como al inicio de la medida de lucha, continúa paralizado.

De otro lado, en la ciudad fronteriza de Desaguadero no se respira un aire de tranquilidad; como ya es rutinario, más de 150 pobladores bloquean el paso hacia la República de Bolivia, y más 40 efectivos policías que llegaron el pasado 08 de junio conviven con los aymaras, soportando el intenso frío de la noche altiplánica.

De ellos, 40 ya han sido atendidos en el centro de salud de Desaguadero por presentar problemas respiratorios. Bronquitis, faringitis, entre otros, fueron las dolencias atendidas por los galenos, aunque fuentes oficiales negaron tal versión.

HUELGA QUECHUA

Mientras esto sucede en el sur de Puno, en la zona norte, los quechuas también han radicalizado sus protestas. Desde el 14 de junio pasado las provincias de Azángaro y Melgar se han sumado a la paralización, exigiendo también la cancelación de las concesiones mineras.

La provincia de Azángaro amaneció el viernes prácticamente paralizada. Piquetes de protestantes apostados en las vías principales bloquearon los ingresos con piedras y montículos de tierra.

Ayer, Azángaro vivió uno de los días más duros. Algunos manifestantes intentaron saquear algunos comercios en la zona. Los vecinos, ante el temor de un enfrentamiento con los manifestantes, prefirieron mantenerse en sus hogares.

Los protestantes piden además la descontaminación del río Ramis. La ilegal actividad minera ha condenado a la muerte al río. El Gobierno Central, mediante Decreto de Urgencia N° 028-2011, publicado el 17 de junio, declaró de necesidad pública e interés nacional la recuperación de las cuencas Ramis y Suches; sin embargo, esta a la espera de ser implementada.

Las autoridades de las provincias de Melgar, Azángaro y Carabaya, viajarán el miércoles 22 de junio a Lima para reunirse con los miembros del Poder Ejecutivo. Plantearán la problemática minera que afecta duramente a estos poblados.

Mientras tanto, en la provincia de Melgar, la paralización también continúa. La carretera que conecta los departamentos de Puno y Cusco continúa bloqueada. Protestantes provenientes de Ayaviri, Chuquibambilla, Santa Rosa y Macari se mantienen durante la noche en el lugar.

Asimismo, decenas de camiones permanecen varados, a la espera de la solución del problema y con la esperanza de que se les permita el paso hacia la ciudad de Puno y viceversa. El gobierno actuó con algo más de cautela en este caso.

Los dirigentes quechuas recibieron la invitación de los miembros del ministerio de Energía y Minas para una reunión de trabajo la tarde de hoy. La reunión está pactada para las 16:00 horas.

De otra parte, una delegación de dirigentes y autoridades, compuesta por 120 personas, viajará hoy a la capital de la República. Su pedido es idéntico al de los aymaras. Exigen la cancelación de las concesiones mineras y petrolíferas, así como la cancelación de las actividades mineras de las empresas Arasi, La Poderosa, Resurrección, entre otras, ubicadas en la provincia de Melgar.

La zona norte, de este modo, se alza contra las concesiones mineras. Por su lado, los aymaras no encuentran solución a sus pedidos, a más de un mes de iniciada su lucha en la región.

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domingo, 19 de junio de 2011

El gran hermano



Ahora que todo indica que el gobierno de Ollanta Humala tendrá una relación muy cercana con Brasil, cabe preguntarse sobre los beneficios de tener como socio a la mayor potencia regional. Hay temas que nos permitirán fortalecer la relación bilateral, pero hay otros en los que hay que ser cautelosos: por ejemplo, los proyectos de desarrollo en la Amazonía.

Por Raúl Mendoza
Tomado de: “domingo” de LA REPÚBLICA 19-06-2011

Aun cuando el intercambio comercial entre Perú y Brasil a través de la carretera Interoceánica Sur apenas está por comenzar, los inversionistas brasileños ya tienen propuestas como establecer frigoríficos en el puerto de Ilo, Moquegua, para almacenar carne, empaquetarla y exportarla por el océano Pacífico. De igual forma, los empresarios de las fronterizas Acre y Rondonia ya están atentos a las posibilidades de negocio que pueden tener su madera, carne, soya; y hasta se han declarado ‘ciudades turísticas’ de cara al Perú. De nuestro lado, en cambio, casi no hay proyectos para aprovechar esa vía integradora.

De la relación que se ha construido con Brasil desde las épocas de Alejandro Toledo, continuadas por Alan García y que podrían estrecharse más con Ollanta Humala, por ahora los beneficios son mayores para ellos que para nosotros. Dos logros geopolíticos ha conseguido Brasil: 1) Con la carretera Interoceánica ha cumplido su sueño de llegar al oceáno Pacífico para acceder a los mercados asiáticos a través de nuestros puertos. 2) En el proyecto de construcción de centrales hidroeléctricas en la Amazonía tendrán fuentes de energía barata en territorio peruano sin tener que sufrir el impacto socio-ambiental que estas ocasionarán si se concretan.
Ahí no se detiene el interés brasileño. La misma semana que Ollanta Humala se entrevistó con la presidenta Dilma Rousseff, el consulado del Perú en Brasil informó que la actual inversión de las empresas brasileñas en el país es de unos 1,500 millones de dólares y esperan invertir otros 5,500 millones de dólares en los próximos cinco años debido ‘al incremento de las relaciones bilaterales’ que auguran con el nuevo presidente. Humala ha dicho que “Brasil es un socio estratégico”, pero deberá hacer esfuerzos para que la relación sea más equitativa y beneficiosa. No debemos ser solo un medio para sus fines.

La Interoceánica

Aunque la carretera Interoceánica Sur ha sido vendida como la oportunidad para que el sur peruano se desarrolle y el intercambio comercial entre Perú y Brasil se dinamice por el acceso a un mercado de 100 millones de personas, no es verdad tanta belleza. La carretera, de 2,400 kilómetros y un costo de 2,800 millones de dólares, tiene pros y contras. Para Ernesto Ráez, director del Centro para la Sostenibilidad Ambiental de la Universidad Cayetano Heredia, la vía por el momento solo permite la integración de algunos pueblos del sur del Perú, pero no con el Brasil “porque desde un principio no se vio con claridad en qué nos podíamos beneficiar”.

Hoy la población amazónica y del sur peruano impactada por el paso de la carretera no puede intentar un intercambio comercial por su baja producción y falta de una política comercial regional o estatal. “Brasil es un país proteccionista, tiene aranceles altos, y parece que el Perú ni se fijó en eso. La zona de frontera peruana no puede competir con la carne o los lácteos del lado brasileño. Podría hacerlo quizá con frutos u hortalizas, pero Brasil tiene barreras sanitarias y el Perú no cumple con los estándares internacionales. Ahí hay un trabajo por hacer”, dice Ráez.
El economista Humberto Campodónico señala que el gobierno debió coordinar con todos los presidentes de la macrorregión sur y la iniciativa privada un plan de desarrollo productivo. “Se pudo plantear también un gasoducto en la zona para fortalecer sus industrias y puedan tener una interrelación con Brasil. De lo que sé, no se ha planeado nada”, dice. Ráez llama la atención sobre los impactos negativos de la carretera. “Como aminora gastos de transporte, ha potenciado la tala ilegal, la minería informal, la deforestación, la presencia de nuevos colonos, la trata de personas y el narcotráfico. Lo que ha pasado es que no vino acompañada del paquete de inversión y presencia del Estado, pero el nuevo gobierno puede cambiar las cosas”, dice.

Discutir sobre Inambari

El martes pasado un grupo de organizaciones civiles y ambientalistas emitió un pronunciamiento pidiendo que el actual Congreso se inhiba de aprobar el “Acuerdo entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República Federativa del Brasil para el suministro de electricidad al Perú y exportación de excedentes al Brasil”, que en la práctica daría luz verde a la construcción de la Hidroeléctrica de Inambari, la de Paquitzapango y tres más en la Amazonía peruana, con un altísimo costo socio-ambiental: solo la primera ocasionaría la inundación de 378 kilómetros cuadrados de selva, la erradicación de 65 centros poblados y la muerte de flora y fauna en el lugar. Si se hicieran las cinco hidroeléctricas se perderían 1 millón 500 mil hectáreas de selva amazónica. Por eso, el tema debería verlo el próximo Congreso.

Según José Serra, autor del libro Inambari, la urgencia de una discusión seria y nacional, Brasil haría uso del 80% de la electricidad de la represa de Inambari y se haría cargo de toda la operación, mientras que el Perú asumirá todos los pasivos ambientales, con lo que la generación de esa energía ya no será barata, como dice el gobierno, sino será ‘cara’ por el costo social. El tema fue negociado por Lula Da Silva y el presidente Alan García en sucesivas reuniones en los últimos años y es de suma importancia para Brasil. Ellos podrían usar energía producida con petróleo, pero los costos son muy altos.

La construcción de la represa de Inambari y el embalse que provocará dejarán también bajo las aguas 90 kilómetros de la actual carretera Interoceánica. ¿Podrá Ollanta Humala replantear o incluso dejar sin efecto este acuerdo que su amigo Lula negoció pacientemente con su antecesor? Será uno de sus primeros retos. El economista Humberto Campodónico señala que “el acuerdo de integración energética alcanzado entre Perú y Brasil no obliga al próximo gobierno a cumplirlo si las condiciones no son beneficiosas. Todavía se puede dar marcha atrás”. El acuerdo se ha llevado adelante con poca transparencia y sin cumplir con exigencias como la consulta previa a la población del lugar.

Lo que nos acerca

Si bien los dos megaproyectos mencionados en las líneas anteriores tienen aristas para la discusión, la relación con el gigante regional es indispensable. El economista Jorge Gonzales Izquierdo acepta que, si bien todavía no están claros los aspectos en que podríamos fortalecer nuestro intercambio económico, el solo hecho de tener la posibilidad de negociar con un mercado de 100 millones de personas, la sétima economía del mundo, nos abre enormes posibilidades en el mediano plazo. “A nivel político también nos acercaríamos al Unasur, lo que nos daría un respaldo mayor al que tenemos, por ejemplo, con la Comunidad Andina de Naciones, que hoy no tiene mucho peso”, explica.

Lo que nos acerca a Brasil es por el momento la experiencia que ellos tienen en la aplicación exitosa de programas sociales como Bolsa Familia y otros, los que estarán entre las primeras medidas de nuestro próximo presidente. En su visita a Rousseff, el electo presidente peruano señaló que espera conseguir “el crecimiento con inclusión social y respeto a la economía” del modelo brasileño. ¿Qué otros temas compartiremos con Brasil? Proyectos de desarrollo en la frontera amazónica y la lucha contra el narcotráfico. Para el especialista Ernesto Ráez, “este acercamiento debe servir también para la colaboración científico-técnica y la transferencia tecnológica”. Que sea un intercambio equitativo, más allá de los intereses geopolíticos.

Escándalo s.a.

Son varios los casos polémicos en los que se han visto involucradas empresas brasileñas. Odebrecht (que construye el Tren Eléctrico, ver foto) fue expulsada de Ecuador en el 2008 por problemas en la hidroeléctrica de San Francisco a un año de haberla construido. De igual forma, directivos de la constructora Camargo Correa fueron investigados en Brasil por aportes ilegales a partidos. La empresa OAS, que aquí ha participado del consorcio vinculado a la construcción de la hidroeléctrica de Inambari, fue acusada de pagar coimas a políticos en su país. Las tres operan en el Perú.

¿Hay una izquierda verde?

A pesar de su tendencia de izquierda, vinculada a las grandes mayorías, el gobierno brasileño que encabezó Lula ha sido duramente cuestionado por sectores ambientalistas de su país por el daño que hidroeléctricas han hecho a la Amazonía y la deforestación que los monocultivos han causado en la misma zona. Sobre el tema, el experto Eduardo Gudynas ha señalado en el estudio “La ecología política del progresismo sudamericano” que, a pesar de que en la década del 2000 se alcanzó un máximo de ocho países bajo gobiernos progresistas, esta izquierda gobernante debió enfrentar urgencias y desafíos que ha sorteado de distinta manera. “Mientras que en áreas como la lucha contra la pobreza se han cosechado varios éxitos, en el campo de la temática ambiental se revela una situación más compleja: la calidad ambiental continuó deteriorándose y se repiten los reclamos desde la sociedad civil”.

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