EL PRÓXIMO VOTO DEBE SER UN MANDATO DE CAMBIO
MÁS DE 90% DE PERUANOS
CREEN QUE EL SISTEMA POLÍTICO DEBE CAMBIAR CASI POR COMPLETO.
Editorial
del diario La República 29mar26
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Perú llega a las urnas en un momento de profunda crisis en el sistema político,
pero con un valor extra que se precisa puntualizar. Los resultados más
recientes del Barómetro de las Américas revelan una ciudadanía consciente de la
magnitud del desafío político y atenta a la necesidad de impulsar transformaciones
de fondo.
Este
proceso electoral ofrece una oportunidad para canalizar esa voluntad que según
las estadísticas es claramente colectiva. El respaldo a la democracia convive
con una firme convicción de respeto a los resultados electorales. El mismo estudio
concluye que el 82% sostiene que los resultados deben respetarse,
independientemente del candidato o partido que resulte vencedor. En ese punto
se sostiene una base cívica valiosa para orientar el rumbo del país.
En
paralelo el país convive con un entramado de poder que ha encontrado en la
crisis un terreno fértil para reproducirse. Un pacto de intereses desde el
Congreso ha convertido a diversas instituciones públicas en espacios funcionales
a la impunidad y en plataformas de distribución de empleos sin rédito de
gestión eficiente de lo público.
La
extendida percepción de corrupción expresa con claridad esta fractura. El 82%
de los ciudadanos considera que la mitad o la totalidad de los políticos está involucrada
en corrupción, mientras que el 76% cree que muchos reciben financiamiento de
organizaciones criminales.
En
este escenario, el voto adquiere un significado mayor. Representa una decisión
sobre el tipo de sistema político que el país quiere construir. Cada elector
tiene en sus manos la posibilidad de evaluar, comparar y elegir con criterio,
atendiendo a propuestas concretas, trayectorias verificables y compromisos con
la reforma institucional.
Informarse,
contrastar y deliberar se vuelven actos centrales de responsabilidad cívica.
La
elección convoca a respaldar propuestas que impulsen reformas institucionales y
aseguren mecanismos efectivos de rendición de cuentas. Ese horizonte se
construye desde una ciudadanía activa, vigilante y comprometida con el interés público.
