domingo, 11 de enero de 2026

VENDEPATRIAS : QUE EL PERU SEA UNICO PAIS EN SUDAMERICA SIN EMPESA ESTATAL DE PETROLEO

 VENTA DE FIN DE AÑO

Eloy Marchan

En HILDEBRANDT EN SUS TRECE N° 764, 9ENE26

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omplaciendo a la derecha, el gobierno firmó en 31 de diciembre el Decreto de Urgencia que permitirá el desguace y el remate a pedazos de PETROPERU. Se trata del primer episodio de corrupción en el régimen maquinal de Jeri.

La guerra por el crudo se extiende al Perú. La derecha local quiere dar el batacazo final y conseguir la privatización de Petroperú antes del próximo gobierno. La ejecución del plan se le ha encargado a Proinversión. Y las instrucciones han sido precisas: limpiarla de la car­ga laboral, desmembrarla y venderla en partes.

El 31 de diciembre en la noche José Jerí firmó el decreto de urgencia para cumplir uno de los sueños más preciados del gran empresariado local: convertir al Perú en el único país de Sudamérica sin una petrolera estatal.

Jerí publicó el decreto amparándose en las faculta­des que el Congreso le dio en diciembre. Fuentes palaciegas cuentan que el presidente interino no tenía planeado me­terse en el pleito de Petroperú y quien lo convenció fue Ro­que Benavides.

A Jerí y al empresario mi­nero los han visto reunirse seguidamente en un salón privado del Club Nacional. En esas citas, Benavides le habría comentado a Jerí que debía apostar por el proyecto minero Conga. Obediente, el inquilino de Palacio anunció en la última edición de la revista “Cosas” que impulsará Conga.

Benavides también tie­ne intereses en el crudo. Su familia política, los Navarro Grau, son dueños de la cadena de grifos AVA. La compañía lleva siete años en el mercado y ya cuenta con más de 100 estaciones. AVA, según fuen­tes confiables, tiene mucho in­terés en hacerse con algunos activos de Petroperú.

La ministra de Economía, Denisse Miralles, es la mujer orquesta en el operativo para darle el tiro de gracia a Petro­perú. Ella fue quien decidió que el plan se ejecute a través de Proinversión. El presidente del ente, Luis Del Carpió, es su amigo desde hace 15 años y la confianza es absoluta.

Miralles es especialista en la modalidad del caballazo. Cuando estuvo en Proinver­sión como encargada de las obras por impuestos, entre­gó en dos años 130 proyectos OxI valorizados en S/ 2,198 millones a 93 empresas casca­rón que tenían menos de cinco trabajadores o funcionaban en cocheras.

El plan contra Petroperú comienza con el desmembra­miento. Uno de los primeros pasos que están trabajando es crear una nueva compañía y transferir la propiedad de los 56 inmuebles que tiene la petrolera. Luego pondrán los predios a la venta. Los bienes inmobiliarios están tasados en USD 200 millones.

El edificio de 22 pisos y la zona de estacionamientos ubicados en pleno Centro Empresarial de San Isidro, son las joyas de la corona. Se sabe que una empresa hote­lera y un holding de centros comerciales han comunicado que están dispuestos a pagar USD 100 millones por las dos propiedades.

En Proinversión quieren justificar la venta de los in­muebles arguyendo la ne­cesidad de inyectar capital a Petroperú.

“Olvidan que todos los bie­nes de Petroperú son bienes públicos y solo se pueden ven­der vía licitación. ¿Cuanto le tomará hacer todo el proceso? Por lo menos un año. ¿Van a esperar ese tiempo para inyec­tar un dinero que no ayudará en nada? No tiene sentido”, dice César Gutiérrez, expresidente de Petroperú.

Muy apetecible para ciertos capitalistas peruanos
Un segundo paso que cocinan en Proinversión es despedir al menos a 900 tra­bajadores, cerca del 35% del personal. La puntería está en los trabajadores con menos de cinco anos en la empresa y mayores de 50 años.

Perita en dulce para capitalistas chilenos
Los medios de derecha, como “Perú 21” y “El Comer­cio”, ya arrancaron con la cam­paña contra los trabajadores de Petroperú acusándolos de tener beneficios superlativos. Los privilegios existen, pero sacarlos al garrote podría cos­tar caro a las arcas públicas y no solucionará el problema de fondo, de acuerdo con es­pecialistas. La planilla anual de la petrolera sólo supone el 3% del presupuesto anual de la empresa.

El grueso de los egresos de la petrolera, el 85%, se va en la compra de combustible a proveedores nacionales e internacionales.

Rafael Hidalgo, analista económico, señala que la ven­ta de los inmuebles y el recor­te de personal significarán lo mismo que “un Alka-Seltzer en un barril de agua” para el lío en que está metida la petrolera estatal.

“Petroperú es una empresa que tiene una deuda de USD 8,000 millones y todo su patrimonio no llega ni a los USD 2,000. Así se vendieran todos los bienes de Petroperú, incluida la refinería de Talara, que es lo que originó todo, el dinero no alcanza para pagar las acreencias. ¿Quién asumirá el faltante? Todos los perua­nos”, dice Hidalgo.


El lunes último se puso en marcha el plan de despido de personal. Ese día Proinversión envió una carta a Petroperú pidiéndole “con carácter de urgencia” que le transfiera S/ 86.4 millones para cumplir con el decreto de urgencia de Jerí.

En el oficio, firmado por Femando Alarcón Díaz, ge­rente general de Proinver­sión, se le comunica también a Petroperú que dentro de 90 días deben entregar S/ 57.6 millones adicionales para lle­var adelante la reestructura­ción encargada por el inquilino de Palacio.

“La carta que llegó el lunes es inaudita. Una institución pública ordenándole a una empresa estatal que le dé el dinero que tiene en caja para llevar adelante el pian de pri­vatización. ¿Cómo saben en Proinversión que tenemos ese dinero? ¿Por qué no informan primero en qué lo gastarán? Y si tenemos el dinero, la em­presa tiene prioridades. Por ejemplo, comprar combustible para que el país no quede desabastecido”, dice un integrante del directorio de Petroperú.

En la petrolera creen que el dinero es para financiar el des­pido de los trabajadores. Los once sindicatos que tiene Pe­troperú ya empezaron a tomar medidas. Algunos alistan irse a la huelga y otros preparan demandas laborales.

Alberto Arica, asesor legal del SUTPEDARG, el sindicato más grande de Petroperú, se­ñala que están trabajando en una demanda de inconstitu- donalidad contra el decreto de urgencia. “El gobierno de Jerí tenía facultades para legislar en temas económicos, pero se ha metido en asuntos labora­les”, dice Arica.

El abogado señala también que despedir a 900 trabajado­res es un cese colectivo y eso solo es legal cuando una em­presa se declara en quiebra o está en liquidación. “Hay un punto adicional: ¿cómo es que Proinversión se mete a despe­dir trabajadores de Petroperú? Eso es ilegal en cualquier parte del mundo”, dice Arica.

Ni Jerí ni la ministra Miralles consultaron o informaron a Petroperú que iban a emitir un decreto de urgencia que los afectaría directamente. La ac­tual presidenta de la petrole­ra, Elba Rojas Álvarez, llevaba apenas ocho días en el cargo cuando salió el decreto en “El Peruano”.

El último miércoles los cin­co integrantes del directorio de Petroperú se reunieron hasta las 11 de la noche para decidir qué hacer. “Estamos en el limbo. El presidente y la ministra de Economía han encargado el manejo de toda la empresa a Proinversión. Nuestro papel como directores no tiene sentido”, dice un miembro del directorio de Petroperú.

En la reunión acordaron pedir una opinión a un estu­dio de abogados sobre la legalidad del decreto de urgencia. También decidieron elevar al MEF la carta de Proinversión donde les pide con carácter de urgencia S/ 86.4 millones.

Pobre Perú
Los miembros del directo­rio de Petroperú están prohi­bidos de declarar a la prensa y el miércoles fueron obligados a nombrar nueva gerente general de la compañía a la in­geniera Rita López Saavedra. “La ministra Denisse Miralles es quien nos ha prohibido de­clarar a la prensa y quien ha impuesto a López”, dice el informante.

“Si se para la refinería de Talara, quedarán en el aire 15 mil familias y eso será una crisis social (...)”, dice César Gutiérrez.

Rafael Hidalgo señala que Petroperú no se enfrenta a su primera privatización sino a la segunda. “La prime­ra ocurrió en el régimen de Fujimori, donde se remató la flota de cinco buques tanque, la refinería La Pampilla, la dis­tribuidora Solgás, los tanques de almacenamiento, Petromar y las concesiones de los Lote 8 y 10”, dice Hidalgo.

En el directorio de Petrope­rú del miércoles se presenta­ron también los resultados y proyecciones financieras de la compañía. La pérdida del 2025 fue de USD 393millones, pero para este 2026 el estimado era positivo en USD 103 millones, llegando a alcanzar USD 180 millones de utilidades en el 2030. Se prevé que la refinería de Talara este año despliegue toda su capacidad llegando a procesar 95,000 barriles de petróleo al día. Esa es la ga­llina de los huevos de oro. La gallina que se quieren robar a toda máquina.