EL CONGRESO AL MANDO
Eloy Marchán
En HILDEBRANDT EN SUS TRECE N° 663, 24NOV12
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s oficial: el Congreso
tiene el control absoluto del país. Dina Boluarte acepta sin chistar su
condición de holograma. Para redondear la faena el parlamento se alista para
enterrar la reforma política, dirigir la política exterior, inferir en los
estados de emergencia y meter la mano -sin tener que ocultarse- en las
investigaciones fiscales.
El operativo para
capturar la JNJ sigue en pie, aunque por un camino nuevo. Impedidos de
destituir a sus integrantes, el Parlamento de los mochasueldos y lobbies
a destajo ha decidido seguir una nueva ruta: la Subcomisión de Acusaciones
Constitucionales. Para ello resucitarán viejas denuncias que tienen listas en
la congeladora.
El martes, dos horas antes
del Perú vs. Venezuela, la presidenta de la Subcomisión, Lady Camones (APP),
dio cuenta de las carpetas que tienen los miembros de la JNJ. Son más de siete.
Una de ellas lleva la firma de Patricia Chirinos. Acusa a la Junta de cometer
una infracción constitucional por el mentado comunicado en defensa de la
exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos. El informe se debatirá en diciembre.
"Lo de la JNJ es
una decisión tomada. La mayoría de las bancadas creemos que es un ente
politizado, creado a la medida de Martín Vizcarra y los caviares, y que no ha
solucionado el tema del CNM. Lo que falta definir es el mecanismo para poner
orden en la JNJ”, dice un congresista fujimorista.
La Tercera Sala Constitucional
hace dos semanas, con un fallo, bloqueó la posibilidad de que el pleno
destituya a la JNJ. La resolución está en apelación en la Corte Suprema y el
TC está evaluando si hubo superposición entre dos poderes del Estado. Así que
en el Congreso han optado por sacarle la vuelta al Poder Judicial con una
acusación constitucional.
La Comisión de Constitución
es un feudo de Keiko Fujimori. La dirige Martha Moyano y se ha convertido en el
epicentro de operaciones del buldócer parlamentario. Fue en Constitución donde
se cocinó el plan para restituir la bicameralidad y abrir la puerta para que
los actuales y anteriores parlamentarios puedan ser senadores. Para acometer el
plan, fue necesario destripar 48 artículos de la Constitución. En el gobierno
de Boluarte nadie se despeinó.
De cumplirse el cronograma,
para marzo próximo la bicameralidad diseñada por el peor Congreso de la historia
del país estará oleada y sacramentada. No sólo se trata de una reelección
encubierta. Para muchos ‘políticos” será el pasaporte a la impunidad. El plan
es blindar con el aforo político a los “próximos” senadores.
En la Comisión de Constitución
se aprobó el martes pasado la eliminación de las elecciones primarias en los
partidos. De los 20 congresistas que están en Constitución, solo tres votaron
en contra: Luis Picón, Luis Aragón y Darwin Espinoza. ¿Qué tienen en común?
Voluminosos y públicos expedientes fiscales, que hacen difícil que algún
partido los quiera incluir en sus filas en las próximas elecciones.
La eliminación de las
PASO se verá en diciembre en el Pleno y es un hecho su aprobación. Su entrada
en vigor será una redundancia: se decretará oficialmente la muerte de la
democracia interna en los partidos.
Con la finalidad de
tener el control absoluto de las próximas elecciones, el fujimorismo y sus
socios han puesto en la mira a los movimientos regionales. Moyano tiene listo
un predictamen para impedir que compitan en las elecciones. ¿El argumento?
"Fortalecer” a los partidos políticos.
"El Congreso está
acelerando una serie de modificaciones, tocando puntos neurálgicos de la
Constitución y el sistema político del país. La bicameralidad les interesa
porque hay reelección. Están desbaratando lo poco que se había avanzado y hasta
meten temas, como el de los movimientos regionales, que nunca estuvo en
debate”, dice Femando Tuesta, uno de los arquitectos de la reforma política que
se está desmantelando.
"Hay -añade Tuesta-
una combinación de intereses: por un lado, concentrar en las cúpulas
partidarias la mayoría de las decisiones y, por el otro, tirarse abajo todo lo
que hizo la reforma”.
En la Comisión de Constitución
hay más contrarreformas en marcha que se trabajan "con discreción”. Una
de ellas es la restitución de la inmunidad parlamentaria. La propuesta es de
Wilson Soto, congresista de Acción Popular, un servicial NN. La inmunidad
parlamentaria se anuló en diciembre del 2020. Gracias a esa decisión, Freddy
Díaz, excongresista acusado de violación, fue detenido de inmediato.
Patricia Chirinos, la
alumna aventajada del fujimorismo, está proponiendo que el Congreso tenga
control sobre los estados de excepción y emergencia que dicta el Ejecutivo.
José Cueto, de
Renovación Popular, quiere que el Parlamento sea el ente rector de la política
exterior. La semana pasada Cueto presentó una iniciativa para que el Parlamento
tenga la potestad de romper relaciones con países extranjeros o reconocer a los
presidentes electos. Palacio y Torre Tagle guardaron obediente silencio.
El Congreso hace tres semanas creó una comisión para revisar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. ¿A quién han ordenado que asuma la presidencia de ese grupo? Al canciller. Según expertos consultados, eso nunca se había visto. Javier González Olaechea, seguramente, no objetará el encargo del Parlamento.
En la Comisión de
Justicia hay un nuevo intento por limitar el proceso de colaboración eficaz a
8 meses. También hay un proyecto para que los partidos políticos no puedan ser
investigados ni procesados como organizaciones criminales. Esta ultima
iniciativa es de Waldemar Cerrón, cuyo partido, Perú Libre, está investigado
por corrupción y finandamiento ilegal. La propuesta le viene como anillo al
dedo al fujimorismo.
Para llenar plazas, en
caso fuera necesario, el Parlamento acaba de nombrar de un plumazo a más de
cinco mil profesores de institutos y ha creado cuatro universidades públicas:
la de Cutervo (Cajamarca), Sur de Ayacucho, la Folclórica José María Arguedas y
la Tecnológica de San Juan de Lurigancho.
Y para rematar la faena,
los padres de la patria alistan un nuevo petardo contra la reforma
universitaria: permitir que profesores sin maestría vuelvan a enseñar en universidades.
También apuestan a premiar a sus aliados Nelson Shack y Josué Gutiérrez con un
proyecto legislativo que los mantendrá en el puesto hasta la elección de un
sucesor.
Sinesio López, sociólogo
y profesor de San Marcos, defiende la idea de que en el Perú “la forma de
gobierno ha cambiado”. Sostiene que antes se tenía un “presidencialismo
parlamentarizado”, pero ahora lo que hay es un “parlamentarismo presidencializado”.
Hay un hecho hasta hoy desconocido que grafica que el Congreso es el que
realmente gobierna.
El martes 7 de noviembre
Boluarte, el premier Alberto Otárola y cinco ministros fueron a la casa de
César Acuña, en Surco, para almorzar y tener una “reunión de Estado”. Dos
testigos de la reunión señalaron a esta publicación que la actitud de Boluarte
fue de subordinada de Acuña.
“Le hizo una exposición
de las medidas que estaba tomando el gobierno. Era como si Acuña mandara”,
dice uno de los invitados. Las fuentes, ambas de Palado, señalan que se han
producido reuniones similares con Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga. Todas
ellas en la penumbra.
El fujimorismo y sus
satélites saben que tienen vía libre para censurar ministros sin que en
Palacio se inmuten. Ocurrió con la excanciller Ana Gervasi a la que le tomó la
posta Javier González Olaechea, integrante de la barra brava del fujimorismo
en las pasadas elecciones.
Tras pasar por la
guillotina a Gervasi, le siguió Vicente Romero. El siguiente en la cola es el
titular de Energía y Minas, Óscar Vera. Será interpelado el próximo miércoles
29. Otra en la mira es Jennifer Contreras, la fantasmal ministra de
Agricultura.
“Con el gobierno hay cierto consenso. Los tiempos
de confrontación, que hubo con Vizcarra y Castillo, quedaron atrás. Creemos que
la presidenta Dina Boluarte sí reconoce que el Congreso es el primer poder del
Estado”, dice una congresista de Avanza País.
¿Cuál es el papel que Alejandro Soto en este pacto?
Los parlamentarios con los que conversó esta publicación señalan que “no es
una piedra en el zapato” y “facilita las cosas” con el Ejecutivo. El largo
legajo de Soto, entre ellos el hecho de cobrar por entrevistas en el programa
que tenía en Cusco y colocar a su cuñada en el Congreso, lo hace “manejable”.
Ayer jueves comenzó el debate por el presupuesto del
2024, pero la semana pasada hubo un cambio clave en el equipo del MEF que
negocia las partidas presupuestales y los proyectos con los congresistas. Lenka
Zayec fue retirada del puesto de coordinadora parlamentaria y en su lugar
pusieron a Marco Castro, hasta hace poco asesor de María del Carmen Alva.
Hasta en esos “pequeños detalles” el Congreso manda y el gobierno acata. ■
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