Enviado por Servicios Educativos Rurales SER el 04/05/2016
Los reportajes difundidos hace unos días en
la web Somos Periodismo que dan cuenta de la gravedad de la
contaminación del Lago Titicaca, nos recuerdan que hasta el momento
las iniciativas propuestas por el gobierno de Ollanta Humala para dar solución
a esta grave problemática que afecta al Altiplano en su conjunto no han pasado
de ser gestos para la tribuna.
En efecto, como Humala mismo lo reconoció hace
más de dos años – cuando histriónicamente dio un ultimátum al entonces alcalde
de Puno, Luis Butrón, para que entregara el expediente de construcción de una
planta de tratamiento – este inició su gobierno sabiendo que una de las
principales demandas de la población puneña era enfrentar la contaminación del
lago sagrado. Sin embargo, casi cinco años después, indigna constatar que no se
ha ejecutado ningún proyecto serio para empezar el trabajo de descontaminación
y, por el contrario, el Titicaca viene degradándose más cada día.
Lo que en realidad ha ocurrido este tiempo es
que las diferentes instancias estatales con responsabilidad en el tema, han
priorizado los aspectos formales y normativos, demostrando una vez más que la
elaboración e implementación de una política pública debe ir más allá de la
emisión de leyes y la conformación de instancias meramente burocráticas.
En este caso, el Congreso aprobó en junio del
2012 la Ley 29906 que declara “de necesidad y utilidad pública la prevención y
la recuperación ambiental integral del lago Titicaca y
sus afluentes”. Dicha norma encarga al Poder Ejecutivo establecer los
lineamientos para desarrollar de las acciones de recuperación, en tanto que el
gobierno regional y los gobiernos locales tienen la responsabilidad desarrollar
los planes, programas y proyectos respectivos[1].
Asimismo, la ley dispuso la conformación de una
Comisión, lo que se concretó un año después, cuando el gobierno central creó la
Comisión Multisectorial para la Prevención y Recuperación Ambiental de la
Cuenca del Lago Titicaca y sus Afluentes[2] con el
objetivo de “coordinar las políticas, planes, programas y proyectos orientados
a la prevención y recuperación ambiental integral del Lago Titicaca y
establecer las metas de desempeño ambiental de cada entidad involucrada”,
disponiendo que sea presidida por el Ministerio del Ambiente y esté conformada
por distintos ministerios, gobiernos subnacionales y otras entidades.
Por otro lado, a lo largo de estos años se han
realizado múltiples reuniones de funcionarios y técnicos, se han producido
boletines informativos y organizado eventos, se han aprobado planes de trabajo,
se han conformado grupos técnicos, se han hecho anuncios de nuevos proyectos y
hasta se llevó a cabo una reunión binacional en junio del 2015 en la que los
presidentes Evo Morales y Ollanta Humala emitieron la Declaración de la Isla
Esteves, cuyo secta decisión dispone la creación de una Comisión Binacional de
alto nivel para definir los lineamientos y acciones para la recuperación
ambiental del Lago Titicaca y de su diversidad
biológica[3].
Pero tras todo este bagaje burocrático y
normativo que ha concentrado el tiempo y la buena voluntad de la burocracia
estatal, no se encuentran acciones específicas para evitar que sigan llegando al
lago las 25´134 192 toneladas de aguas residuales que año a año acaban con el
ecosistema del Titicaca, a razón de 40 litros por segundo.
Tal vez la mejor muestra de esta situación es la
demora en la construcción de las plantas de tratamiento, que fueron
identificadas por parte de la Comisión Multisectorial en octubre del 2014, como
parte de los proyectos de inversión viables acordándose la construcción de 10
plantas de tratamiento de aguas residuales en 10 provincias de Puno (Azángaro,
Chucuito, El Collao, Huancané, Melgar, Moho, Puno, San Román, Yunguyo y Lampa).
La inversión prevista fue de 437.4 millones de dólares, bajo la modalidad de
Iniciativa Privada Cofinanciada, en un periodo de concesión de 30 años.
Aunque el Ministro de Vivienda se comprometió en
noviembre del año pasado a culminar los estudios respectivos para pasar luego a
la evaluación de Proinversión con la finalidad de convocar la licitación en
mayo de este año, se ha informado que este compromiso no será cumplido dado lo
ajustado de los plazos por lo que tocará al próximo gobierno llevar adelante
estos proyectos.
Con buena suerte tal vez el 2017 se inicien las
obras. Hasta que ello ocurra el lago sagrado seguirá abandonado, víctima de la
indolencia y desinterés de la burocracia de turno.
[1] Cabe indicar
que esta norma reemplaza la Ley 27814 aprobada en julio del año 2002, que
declaraba de necesidad pública la descontaminación de la bahía interior de
Puno.
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