sábado, 7 de mayo de 2016

CONTAMINACION EN EL TITIKAKA. ¿HASTA CUANDO?

EL TITICACA ABANDONADO

Enviado por Servicios Educativos Rurales SER el 04/05/2016
Los reportajes difundidos hace unos días en la web Somos Periodismo que dan cuenta de la gravedad de la contaminación del Lago Titicaca, nos recuerdan que hasta el momento las iniciativas propuestas por el gobierno de Ollanta Humala para dar solución a esta grave problemática que afecta al Altiplano en su conjunto no han pasado de ser gestos para la tribuna.
En efecto, como Humala mismo lo reconoció hace más de dos años – cuando histriónicamente dio un ultimátum al entonces alcalde de Puno, Luis Butrón, para que entregara el expediente de construcción de una planta de tratamiento – este inició su gobierno sabiendo que una de las principales demandas de la población puneña era enfrentar la contaminación del lago sagrado. Sin embargo, casi cinco años después, indigna constatar que no se ha ejecutado ningún proyecto serio para empezar el trabajo de descontaminación y, por el contrario, el Titicaca viene degradándose más cada día.
Lo que en realidad ha ocurrido este tiempo es que las diferentes instancias estatales con responsabilidad en el tema, han priorizado los aspectos formales y normativos, demostrando una vez más que la elaboración e implementación de una política pública debe ir más allá de la emisión de leyes y la conformación de instancias meramente burocráticas.
En este caso, el Congreso aprobó en junio del 2012 la Ley 29906 que declara “de necesidad y utilidad pública la prevención y la recuperación ambiental integral del lago Titicaca y sus afluentes”. Dicha norma encarga al Poder Ejecutivo establecer los lineamientos para desarrollar de las acciones de recuperación, en tanto que el gobierno regional y los gobiernos locales tienen la responsabilidad desarrollar los planes, programas y proyectos respectivos[1].
Asimismo, la ley dispuso la conformación de una Comisión, lo que se concretó un año después, cuando el gobierno central creó la Comisión Multisectorial para la Prevención y Recuperación Ambiental de la Cuenca del Lago Titicaca y sus Afluentes[2] con el objetivo de “coordinar las políticas, planes, programas y proyectos orientados a la prevención y recuperación ambiental integral del Lago Titicaca y establecer las metas de desempeño ambiental de cada entidad involucrada”, disponiendo que sea presidida por el Ministerio del Ambiente y esté conformada por distintos ministerios, gobiernos subnacionales y otras entidades.
Por otro lado, a lo largo de estos años se han realizado múltiples reuniones de funcionarios y técnicos, se han producido boletines informativos y organizado eventos, se han aprobado planes de trabajo, se han conformado grupos técnicos, se han hecho anuncios de nuevos proyectos y hasta se llevó a cabo una reunión binacional en junio del 2015 en la que los presidentes Evo Morales y Ollanta Humala emitieron la Declaración de la Isla Esteves, cuyo secta decisión dispone la creación de una Comisión Binacional de alto nivel para definir los lineamientos y acciones para la recuperación ambiental del Lago Titicaca y de su diversidad biológica[3].
Pero tras todo este bagaje burocrático y normativo que ha concentrado el tiempo y la buena voluntad de la burocracia estatal, no se encuentran acciones específicas para evitar que sigan llegando al lago las 25´134 192 toneladas de aguas residuales que año a año acaban con el ecosistema del Titicaca, a razón de 40 litros por segundo.
Tal vez la mejor muestra de esta situación es la demora en la construcción de las plantas de tratamiento, que fueron identificadas por parte de la Comisión Multisectorial en octubre del 2014, como parte de los proyectos de inversión viables acordándose la construcción de 10 plantas de tratamiento de aguas residuales en 10 provincias de Puno (Azángaro, Chucuito, El Collao, Huancané, Melgar, Moho, Puno, San Román, Yunguyo y Lampa). La inversión prevista fue de 437.4 millones de dólares, bajo la modalidad de Iniciativa Privada Cofinanciada, en un periodo de concesión de 30 años.
Aunque el Ministro de Vivienda se comprometió en noviembre del año pasado a culminar los estudios respectivos para pasar luego a la evaluación de Proinversión con la finalidad de convocar la licitación en mayo de este año, se ha informado que este compromiso no será cumplido dado lo ajustado de los plazos por lo que tocará al próximo gobierno llevar adelante estos proyectos.
Con buena suerte tal vez el 2017 se inicien las obras. Hasta que ello ocurra el lago sagrado seguirá abandonado, víctima de la indolencia y desinterés de la burocracia de turno.


[1] Cabe indicar que esta norma reemplaza la Ley 27814 aprobada en julio del año 2002, que declaraba de necesidad pública la descontaminación de la bahía interior de Puno.
[2] Decreto Supremo N° 075-2013-PCM
[3] Los lineamientos fueron publicados en noviembre del 2015.

 

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