LA INTERPELACIÓN PARLAMENTARIA
AL MINISTRO IBER MARAVÍ
Y EL
ESTADO DE DERECHO
Por Jorge Rendón Vásquez
Casi todo el
país vio por televisión o se enteró de la interpelación al ministro de Trabajo
Iber Maraví Olarte, pedida por el grupo de congresistas de la derecha
recalcitrante, cuyo segundo tramo tuvo lugar el 30 de setiembre.
El primero fue
la remisión al ministro de siete preguntas conformantes del pliego
interpelatorio sobre relaciones que él, dicen, habría tenido con ciertos grupos
acusados de terrorismo o algunas intervenciones sindicales (las preguntas fueron
publicadas por el diario oficial El Peruano en su edición virtual del
1/10/2021). Ninguna de estas preguntas estuvo fundamentada en documentos
probatorios.
El segundo tramo fue la exposición del ministro Maraví en el Congreso de la República el 30 de setiembre en la que, basándose en los expedientes penales relativos a esas imputaciones, demostró que nunca ha sido condenado por el Poder Judicial por ellas o por otras. Siguieron las intervenciones de los congresistas de Perú Libre y Juntos por el Perú que lo defendieron y de los pertenecientes a las bancadas interpelantes que repitieron lo dicho en su pliego, sin presentar ninguna prueba documental que las acreedite. A lo más algunos invocaron las publicaciones de un pasquín limeño, de pretendida seriedad, que se ha dedicado a atacar, ¿por precio?, al gobierno, a sus ministros y a los dirigentes del partido Perú Libre. Otros se fueron por los ramas, hablando de temas que nada tenían que ver con sus preguntas y otros terminaron pidiéndole al ministro que renuncie.
El tercer tramo
será el de la votación por los congresistas del pedido de censura que ya
circula.
La gran ausente
en este episodio de la guerra de la derecha recalcitrante contra el gobierno es
la Constitución política a la que esa derecha viola, a pesar de proclamar que se
halla en amores con ella.
Constato esta
afirmación.
1) El artículo 128º de
la Constitución dispone que “Los ministros son individualmente
responsables por sus propios actos y por los actos presidenciales que
refrendan.” En consecuencia, la interpelación debe tener por causa algún hecho
de los ministros en su gestión como tales. No pueden responder por hechos
sucedidos antes de haber asumido el cargo de ministro o extraños a su gestión
como tales.
2) El artículo 2º.24.e
de la Constitución establece que “Toda persona es considerada inocente
mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad.” Este
principio, al que la doctrina jurídica denomina presunción de inocencia, es
válido erga omnes, es decir en cualquier instancia, momento o situación
y ante todos. Si una persona no ha sido condenada en un debido proceso por
algún hecho, nadie debe imputarle la comisión de ese hecho. Hacerlo es
difamarlo.
3) Por el artículo 139º
de la Constitución “Son principios y derechos de la función jiurisdiccional: 1.
La unidad y exclusividad de la función jurisdiccional. 2. Ninguna
autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional
ni interferir en el ejercicio de sus funciones. Tampoco puede dejar sin
efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni cortar
procedimientos en trámite, ni modificar sentencias ni retardar su ejecución.”
Cuando los
congresistas interpelan y censuran a un ministro, aludiendo a hechos que ya
fueron conocidos por el Poder Judicial y que este no consideró delitos o que no
fueron cometidos por esa persona, vuelven a juzgarlo y lo sancionan,
desposeyéndolo del cargo de ministro, prescinden del principio de presunción de
inocencia que en su caso es absoluto, puesto que el Poder Judicial no lo
consideró autor de delitos, y lo juzgan por hechos ajenos a su gestión como
ministro.
Ante tamañas
infracciones de la Constitución, algunos congresistas sostenedores de la
acusación manifestaron que no estaban juzgando al ministro, sino ejerciendo el
control político. ¿Qué clase de control es este? La política es un conjunto de
técnicas de gobierno de una sociedad y debe ajustarse ciento por ciento a la
Constitución que contiene las reglas que los ciudadanos se dan por el pacto
social. A esto se le llama el Estado de Derecho, del que forman parte las
sentencias del Poder Judicial que tienen el carácter de cosa juzgada. Los hechos
de quienes conforman los poderes y otros órganos del Estado mientras ejercen
sus funciones son, por lo tanto, necesariamente jurídicos (y no familiares,
de negocios, religiosos o de club). Si se apartan de la Constitución o la
infringen proceden arbitrariamente, y se colocan fuera de la ley (convirtiéndose
en outlaws si prefieren esta expresión).
Los congresistas que transgreden de tal modo la Constitución se sienten seguros de su impunidad en la creencia de que el artículo 93º de esta los blinda para cometer arbitrariedades. Este artículo dispone que los congresistas “No son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones.” No tienen en cuenta, sin embargo, que “el ejercicio de sus funciones” es el ejercicio constitucional y legal, ordenado por el artículo 45º de la Constitución que dice “El poder del Estado emana del pueblo.
Además, contra
las arbitrariedades de los congresistas se podría interponer la acción de
amparo que “procede contra el hecho u omisión, por parte de cualquier
autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza los demás derechos
reconocidos por la Constitución…” (Constitución, artículo 200º.2).
La ilegítima interpelación al ministro Maraví muestra que en la
Constitución hace falta una norma que diga que los congresistas pierden su
curul por infringir la Constitución con sus votos y dictámenes, luego de la
verificación del acto sancionable por el Tribunal Constitucional.
Esta norma se justifica, porque los congresistas representan a los
ciudadanos para el cumplimiento de la Constitución y no para infringirla de
cualquier modo que sea.
(Comentos, 1/10/2021)
