COMO SE PRESENTA EL NUEVO REGIMEN POLITICO

 LA CATÁSTROFE ES ELLA

*De arranque, presentó su coartada: le estaban entregando un país en calamitoso estado. Lo que no dijo es que la culpa es suya

Eloy Marchán

A

rranca su gestión con una coar­tada bajo el brazo.

Alegar que recibió el “país en estado ca­tastrófico” será el pretexto cuando le exijan resultados y no tenga algo que mostrar. El problema de Keiko Fuji­mori es la responsabilidad que tiene en la presunta hecatombe.

Desde el sabotaje al go­bierno de Pedro Pablo Kuczynski, cuando prometió go­bernar desde el Congreso, hasta la patada en las nalgas al interino José María Balcázar, las desventuras del país han sido obra y gracia de Fujimori y sus eventuales aliados.

Creación de universidades a lo bestia

“La vulneración fiscal ac­tual del país ha sido provo­cada por la organización que jefatura la señora Fujimori. Fuerza Popular ha cumplido un rol activo y entusiasta, por ejemplo, en darle los beneficios tributarios a las agroexportadoras que cuestan S/ 20,000 millones. También fueron los que im­pulsaron las leyes que bene­ficiaron tributariamente a los restaurantes, peluque­rías y hoteles, sectores que no son parte de la matriz económica del país”, anota Eduardo Recoba, economis­ta de la agencia financiera iForex Latam.

Para Recoba, el objetivo de Fujimori es “crear una narrativa” que deje bien pa­rado a su gobierno. “Cuan­do dijo que el país está en estado catastrófico fue ex­tremadamente ligera. Solo en temas económicos metió en el mismo saco la política monetaria y la política fiscal, que son cosas distintas. Creo que ella suelta cosas porque no tiene argumen­tos ni experiencia en gestión pública. Esperamos que con Elmer Cuba la señora Fuji­mori sea más responsable”, señala el economista.

Antes de enfundarse la banda presidencial, Fuji­mori y el jefe del Equipo de Transferencia, Marco Vinelli, se comprometieron a entregar un informe del estado en el que recibían el país. El día clave era el sá­bado 25 de julio. Al cierre de este reportaje, no había rastro del informe.

“Lo que hizo la señora Fujimori es una lavada de manos. Ella y su partido han sido actores en primera línea de la situación en la que está el país. En el 2016 se dedi­caron a destruir el gobierno de PPK y lo que ocurrió en el 2021 en adelante, sobre todo con Boluarte, fue ente­ra responsabilidad de ella y sus aliados”, dice Flor Pablo, exministra de Educación y excongresista.

“Si Keiko Fujimori quiere empezar bien su gobier­no -añade-, primero debe hacerse cargo de los des­trozos de su bancada. Hizo tantos que da que pensar que nunca quiso gobernar. El sello de Fuerza Popular está en el desequilibrio de poderes, en las millonarias exoneraciones tributarias a las agroexportadoras y en el hecho de que las víctimas de las masacres no encuentran justicia”.

Tres de las catorce pági­nas que tenía el Mensaje a la Nación de Fujimori están dedicadas al presunto des­calabro del Perú. Dijo que recibía un “país marcado por el abandono”, “un Es­tado debilitado por la improvisación” y “un Estado a la deriva por la carencia de una gestión estratégica”.

Y ejemplificó la catástro­fe recordando que el Perú tiene “la mayor desigualdad de ingresos de toda América Latina”. Omitió mencionar la política fiscal impuesta a punta de leyes por Fuerza Popular y sus satélites par­lamentarios.

Fueron en total 268 leyes con impacto fiscal adverso, según los especialistas en materia económica. Suman­do gastos extraordinarios y restando exoneraciones tri­butarias el golpe en recau­dación significó S/109,600 millones, equivalente al 9,l % del PBI.

En julio del 2024 Fuerza Popular (en mancha) votó a favor de la ley que en­trega una bonificación por preparación de clases a los profesores y que costó al fisco S/ 40,500 millones. La fujimorista Rosangella Barbarán, como presidenta de la Comisión de Economía, defendió la ley para entregar un bono de reconocimiento a los afiliados a la ONP, que significó un desembolso de S/ 6,380 millones.

La gastadera contó con la bendición del Tribunal Constitucional. Los tribu­nos, que le deben el puesto al Congreso, metieron pata de cabra al candado del ar­tículo 79 que impedía al Parlamento promover le­yes que implicaran gasto al Estado. Ahora que Fujimori se instaló en Palacio, el TC ha repuesto el candado.

En el Mensaje a la Nación, Fujimori mencionó 15 “obras bandera” que se compro­metió a ejecutar durante su gobierno. Solo diez de ellas -cuatro aún no tienen estu­dios técnicos: Líneas 5 y 6 del Metro de Lima y los metros de Trujillo, Piura y Arequipa- suman S/ 76,900 millones.

¿Si el país está hecho un caos, cuántos ministros cen­suró el fujimorismo? Sólo tres desde que en diciembre del 2022 Dina Boluarte llegó al poder. Los ministros del Interior Vicente Romero y Juan José Santiváñez se fueron en medio de escán­dalos por la inseguridad ciudadana. Rómulo Mucho se fue por la presión de los mi­neros informales e ilegales.

“La señora Fujimori no puede decir que hereda un país inseguro sino el que ella construyó con sus aliados. Lo que corresponde por lo tanto es un mea culpa y, so­bre la base de ello, corregir la legislación favorable al crimen que armó su ban­cada”, dice Víctor Manuel Quinteros, especialista en seguridad ciudadana y pro­fesor de la PUCP.

Para Quinteros, Fujimori debe “rectificar el escenario caótico” que impulsaron el fujimorismo y sus aliados en el Parlamento anterior.

Algunas de esas normas son la llamada “Ley Soto”, que acortó el plazo de prescripción de los delitos, la ley que impide a la Policía incautar equipos de la minería ilegal, la que restringe la colabora­ción eficaz, la que condiciona la tipificación de organización criminal y la que debilita los allanamientos.

Pero lo cierto es que Keiko Fujimori ha desbaratado su propia coartada el 28 de julio en la tarde al nombrar a tres ministros con cargos protagónicos en las últimas gestiones.

El ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, fue pre­mier durante los cua­tro meses del manda­to de José Jerí, entre octubre del 2025 y febrero del 2026.

César Astudillo, ministro del Interior y nuevo zar de la lu­cha contra la insegu­ridad ciudadana, fue comandante general del Ejército, primero, y luego jefe del Co­mando Conjunto de las Fuerzas Armadas (2017-2021). Astudi­llo afrontó cinco esta­dos de emergencia sin resultados de los que presumir en su foja de servicio.

Juan Carlos Reque­jo, flamante ministro de la Producción, ha desfilado por varios entes estatales desde el 2020. Fue jefe de SUNAFIL, viceminis­tro de Trabajo, gerente central del SENAMHI y re­cientemente viceministro de MYPE e Industrial.

El hoy senador fujimorista José Arista fue entre febrero del 2024 y enero del 2025 ministro de Economía de Dina Boluarte. Arista fue quien abrió el candado para el aumento de las pensiones a militares y policías, me­dida que costará al fisco S/ 23,000 millones.

“Decir que recibe un país catastrófico es una narra­tiva de victimización, para venderse como buena y no asumir su responsabilidad. Todos los peruanos hemos visto lo que la señora Fujimori, su bancada y aliados han hecho en los últimos diez años. No me lo están contando, yo lo vi, como ministra y congresista. Ella ahora dice que busca la reconciliación, pero primero debe hacer un mea culpa”, dice Flor Pablo. <>