¿POR QUÉ UN PACTO SOCIAL
DE PACIFICACIÓN?
Carlos Angulo Rivas
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C |
uanto
antes se debe resolver la crisis política y social que tiene paralizado al Perú
desde el 7 de diciembre 2022, de no hacerlo ésta devendrá en una grave crisis
económica y en una guerra civil no deseada. La ciudadanía espera una solución
pacífica, la misma que es eminentemente política y no de otra índole. La salud
del país está primero. Este objetivo primario de las mentes sanas y patrióticas
es imposible de alcanzar con la dictadura cívico-militar instaurada por Dina
Boluarte, el Congreso y la Fuerza Armada, que por cierto continúa echando leña
a la hoguera encendida por las marchas y manifestaciones de protesta contra un
gobierno usurpador del poder al que los medios de comunicación mercenarios, los
ministros, los congresistas, los militares, los fiscales y jueces, quieren
darle la máscara de democrático y de Estado de Derecho. NADA MÁS FALSO e
HIPOCRITA. La Defensoría del Pueblo, un apéndice del gobierno de turno,
reconoce 60 asesinatos y la prensa mercenaria repite esta cifra a fin de
disminuir responsabilidades; sin embargo un listado de la realidad con nombres
propios y lugar de muerte señala 76 fallecidos desde el 7 de diciembre último
hasta el 30 de enero 2023 (10 en Apurímac, 5 en Arequipa, 12 en Ayacucho, 5 en
Cusco, 10 en La Libertad, 2 en Lima, 28 en Puno donde se incluyen 4 haitianos
en Desaguadero, 1 en San Martín y 3 en Junín; en el listado no se da cuenta de
los de Ica, barrio chino.) ¿Con esa cantidad de muertos sin contar innumerables
heridos de bala hospitalizados y los desaparecidos, se puede hablar de Estado
de Derecho?
No
vamos a repetir aquello de 200 años de república excluyente, clasista, racista
y discriminadora, sino vamos a entrar de plano a la reflexión de centrarnos en
el problema actual de la dictadura cívico-militar y la convulsión social contra
ella que destruye el país en busca de una respuesta pacificadora, sin
arrogancias, mezquindades ni complejos de superioridad. Tanto el Ejecutivo como
el Congreso; y todos sus adjuntos: fiscales, jueces, tribunos TC, militares y
prensa monopólica, vienen actuando al margen de la LEY luego del Golpe de
Estado contra el presidente Pedro Castillo. En consecuencia, los manifestantes
de la Insurgencia Ciudadana no están luchando por reivindicaciones sociales o
económicas ni por obras públicas, sino por un cambio político, económico y
social, por el cual votaron por Pedro Castillo y lo hicieron presidente; están
luchando por la verdadera democracia y un Estado de Derecho respetado por
todos, están luchando por la Soberanía Nacional y la autodeterminación del
pueblo; además, contra el Estado Mafioso y sus integrantes quienes hacen y
deshacen del Perú como les viene en gana llenándose de fortunas y privilegios.
Esa es la situación real que acontece donde la indignación, la cólera y rabia
contenida se manifiesta, en contra de la continuidad de las camarillas
políticas corruptas que han edificado esa Administración Pública de
injusticias, abusos, desprecio a los pobres, arbitrariedad y aplicación de la
ley del embudo. La títere voluntario, Dina Boluarte, repite no entender lo que
pasa, cuando bien sabe que está poniendo la cara a una dictadura sangrienta que
sigue las órdenes de los grupos de poder económicos vinculados al imperialismo
estadounidense y europeo, siendo la finalidad de ellos continuar con el saqueo
de los recursos naturales mineros, forestales, petroleros, gasíferos; y
explotar los servicios públicos de telefonía, transporte, infraestructura
portuaria, aérea y marítima, etc.
Ante
esta situación auténtica y concreta la PACIFICACIÓN del Perú no está en las
elecciones adelantadas que proponen sectores de centroderecha y algunos
despistados; tampoco en el diálogo engañoso de siempre que busca desmovilizar a
la población insurgente; ya que ambas salidas serían apenas paliativos
favorables al Estado Mafiosos en tanto se repetiría el esquema de inestabilidad
total iniciada con la elección de Pedro Pablo Kuczynski o sea la de tener seis
presidentes en seis años. Así, PPK es el inicio del final de una etapa signada
por el capitalismo voraz neoliberal como reino de la corrupción en el Perú,
aceptado y promovido por Washington como se demuestra mediante la creación del
nefasto Grupo de Lima. Pedro Castillo fue un quiebre electoral de algo distinto
por la promesa del CAMBIO Y DE DAR VOZ A LOS NADIES; sin embargo, él no dio la
talla en lo primero, aunque sí en lo segundo con sus visitas a provincias y la
realización de gabinetes ministeriales descentralizados. Este peregrinaje de
Castillo nos da una explicación cercana a la enorme movilización social que
acontece con su derrocamiento de la presidencia. Las marchas y protestas
regionales no quieren dádivas del Estado Mafioso sino soluciones políticas duraderas,
es decir, de largo alcance destruyendo las estructuras sociales de la
explotación capitalista insaciable y descarnada. Por estas razones, la solución
política a la CRISIS está en REFUNDACIÓN hacia la Nueva República cuyos
cimientos deben ser INCLUYENTES, incorporando a los pueblos originarios (Dueños
Originarios) a la vida nacional en igualdad de condiciones y derechos
ciudadanos. Se debe restablecer el Estado de Derecho con igualdad para todos
ante la ley, con libertades individuales y sociales plenas y el respeto
irrestricto a los Derechos Humanos; además, con una División de Poderes sin la
jerigonza de “primer poder del estado” que rompe el equilibrio; y por último
con el ejercicio del Poder Popular Constituyente ESENCIA DE TODA DEMOCRACIA
MODERNA.
Y
aquí viene la pregunta fundamental: ¿qué se quiere cambiar? Por supuesto no
“mocos por babas” como pretende este Congreso inhabilitado e ilegal. En primer
lugar, el articulado del Capítulo Económico que permitió a Fujimori vender la
patria mediante la venta de las empresas públicas y las irritas concesiones de
exploración y explotación minera, petrolera, gasífera, de servicios esenciales,
etc. creando los onerosos “contratos ley” del saqueo. A su vez, el cambio de la
estructura del Estado en lo fundamental con la democratización del mismo y
descentralización con autonomías regionales con la finalidad de ROMPER el
descomunal centralismo limeño que no tiene explicación de su excesivo
crecimiento; veamos el asunto a través de Producto Bruto Interno PBI y la
absoluta dependencia de “mendigos· de los gobernadores regionales; la mega
región Lima absorbe el 46.5% del PBI; le sigue Arequipa con 6.1% del PBI;
Ancash 5.2% PBI; La Libertad 4.9% PBI; Piura 4.3% PBI; Cusco 3.8% PBI; Ica 3,3
% PBI; Junín 3.1% PBI; y en ese orden a la baja siguen Cajamarca, Moquegua,
Lambayeque, Loreto, Puno, etc. Tal desproporción nos muestra la dependencia
total de las regiones respecto al centralismo dominante de Lima y la presencia
de la marginalidad de los pueblos originarios andinos y nativos amazónicos.
También se necesita la reestructuración del Poder Judicial y el Tribunal
Constitucional cuyos magistrados supremos deben ser elegidos por los ciudadanos
y los de primera y segunda instancia por los ciudadanos de sus respectivas
regiones; sólo con ello se podría alcanzar la IGUALDAD ante la ley como mandato
constitucional. Otra urgencia, instituir la revocatoria de mandatos para todos
los cargos de elección popular no sólo para alcaldes y gobernadores; y la
renovación por tercios de los congresistas. Establecer como derechos
fundamentales la educación, la salud, la alimentación, el trabajo, la
protección del menor, etc. Fundar la noción de estado plurinacional y
pluricultural.
La
auto convocatoria de los pueblos es de un liderazgo horizontal no comprendido
por los políticos tradicionales, toda vez que en su ignorancia desconocen el
autogobierno de las comunidades campesinas y nativas; y la lucha política
emprendida por ellos y los sectores marginados es por cambios estructurales y
Nueva Constitución de la cual he señalado algunos aspectos fundamentales de los
muchos a ser cambiados. El Estado Mafioso que gobierna el Perú está sostenido
por el ensamble articulado de los tres Poderes, Ejecutivo, Legislativo y
Judicial, o sea en la autodefensa de sus integrantes ganados por la corrupción
donde la IMPUNIDAD protege a todos los amigos y castiga a quienes considera sus
enemigos, siendo el crimen organizado desde el Estado la verdadera forma de
gobernar el país. Creo que la enorme movilización social de las marchas
multitudinarias va camino a un triunfo definitivo cuyo destino será la Nueva
República y un Estado acorde a la esquiva justicia social como meta final. Por
eso luego de dos meses de Dictadura Sangrienta estamos en la etapa de la
RESISTENCIA sin un paso atrás. <:>
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