ENEMIGOS DE PUNO: VIZCARRA Y DEL SOLAR

PREMIER DEL SOLAR: PROMINERO Y PROBADO ENEMIGO DE PUNO

MINISTRO VISITADOR

Ricardo Velazco en HILDEBRANDT EN  SUS TRECE N° 436  15MAR19

El actual premier abogó por empresas minera cuando fue ministro de Cultura de señor Kuczynski. ¡Toda una joya! No dudó en visitar a miembros del Tribunal Constitucional para ejercer presión en desmedro de loa comuneros de Tiquillaca, Puno

El flamante primer ministro, Salvador del Solar Labarthe protagonizó un episodio hasta ahora desconocido en su breve paso por el Ministerio de Cultura. A principio del 2017,  apenas un mes después de haber asumido aquella cartera, se presentó personalmente en el Tribunal Constitucional y se re­unió con cuatro magistrados. En aquella cita Del Solar les “solicitó” que desestimaran la acción de am­paro de una comunidad campesi­na puneña que aspiraba a llevar a cabo una consulta previa. ¿Y por quién abogó el ministro de Cultura ante los jueces del Constitucional? Nada menos que por tres empresas mineras. El salvador de Vizcarra ha resultado toda una caja de sor­presas.

"PANTITA"

El prólogo de esta telenove­la se escribió en septiembre del 2011, cuando la administración Humala otorgó a la empresa ca­nadiense “Beer Creek Mining Company” varias concesiones mi­neras en el distrito de Tiquillaca, en Puno. Tras aquella decisión los vecinos del distrito acudie­ron al Tercer Juzgado Civil de Puno para solicitar que se llevase a cabo una consulta previa en la zona. “Nosotros presentamos una acción de amparo pidiendo que se respete el Convenio 169 de la OIT, que ordena que el Estado consul­te a estas comunidades antes de otorgar una concesión minera”, dice a este semanario el abogado de la comunidad José Bayardo.

De acuerdo a Bayardo, lo que más molestó a los puneños es que algunas de aquellas conce­siones se superponían a los res­tos arqueológicos las Chulpas de Sillustani, declarados Patrimonio Cultural de la Nación en el 2001 y una de las fuentes locales de ingreso en el sector turístico.

El Poder Judicial desestimó el amparo en primera y segunda instancia. Y, a inicios del 2012, los dirigentes campesinos jugaron su última carta y llevaron la deman­da de amparo al Tribunal Constitucional, donde el tema quedó congelado. Cinco años después, cuando por fin la demanda de los campesinos entró en la agenda de los magistrados, apareció en esce­na un actor inesperado: el minis­tro de Cultura, Salvador del Solar.

Teniendo en cuenta que Del Solar era el jefe de “Cultura”, el guion más previsible era que su intervención tuviera que ver con la defensa del patrimonio cultural de la Nación. Pero, como en las buenas películas, el bueno resultó que era el villano.

En enero del 2017 los magis­trados del TC recibieron una so­licitud del Ministerio de Cultura para intervenir en el proceso. El argumento era que quería ase­gurarse de que se cumpliera con proteger el derecho a la consulta previa. En el documento también se incluía un análisis sobre los criterios a tener en cuenta para realizar una consulta previa. Y, en esa línea, argumentaba que “la concesión minera no es una me­dida administrativa que deba ser consultada debido a que desnatu­ralizaría el contenido constitucionalmente protegido del derecho a la consulta previa”. Con este enredo de palabras lo que pretendía decir el señor Del Solar es que una concesión no requería de autorización alguna.

Semanas después de enviar el documento, Del Solar decidió tomar el toro por las astas y abordar el asunto personalmente. En esa época dentro del TC sólo había a dos magistrados que tenían los votos definidos: Marianella Ledesma, ponente de la causa, que votaría a favor de la consulta, y José Sardón de Taboada, que, de arranque, había dejado claro que lo haría en contra. Por esta razón, el ministro de Cultura puso la puntería en los cuatro vocales indecisos, según confirmaron a este semanario dos magistrados que pidieron la reserva de su identi­dad.

Según algunos testimonios re­cogidos por esta revista, Del Solar visitó al entonces presidente del TC, Manuel Miranda Canales, a su sucesor en el cargo, Ernes­to Blume Fortini, y a los magis­trados Eloy Espinosa Saldaña y Carlos Ramos Núñez. Uno de los que recibió al exministro de Cultura señaló a esta publicación que este no acudió sólo a las reuniones sino que lo hizo acompañado  del entonces ministro de Energía y Minas Gonzalo Tamayo Flores,  “No voy a responder sobre eso”, se limitó a decir Tamayo cuando lo contactamos por teléfono y le preguntamos sobre esas citas. Si bien es cierto que las visi­tas de Tamayo y de su colega Del o Solar no quedaron registradas en el archivo virtual del TC, la fama del protagonista de “Pantaleón y las visitadoras” le impidió pasar inadvertido cuando llegó a la sede del Constitucional del jirón Áncash. “Como era un actor famoso la gente le pidió autógrafos y algu­nos trabajadores se tomaron fotos con él”, señala un magistrado que fue testigo de su llegada.

Después de algunas sema­nas, para reforzar su posición, en mayo de ese año, la procuraduría del Ministerio de Cultura envió un segundo documento al TC, insistiendo en los argumentos de que la demanda de amparo debía ser declarada infundada “por no vulnerar el contenido constitucio­nalmente protegido del derecho a la consulta previa”.

Días después la historia de las reuniones solicitadas por el actual premier llegó a oídos de Juan Ruiz Molleda, abogado del Instituto de Defensa Legal, quien solicitó formalmente al Ministe­rio de Cultura información sobre el asunto. El TC respondió con un escueto oficio donde admi­tían que “desde el Ministerio de Cultura se realizaron diligencias al Tribunal Constitucional con la finalidad de entrevistarse con los miembros del referido órgano constitucional y exponer la nece­sidad e importancia de la partici­pación del Ministerio de Cultura en dicho proceso”.

“En esa época el Ministerio de Cultura se convirtió en mesa de partes del Ministerio de Energía y Minas. En vez de defender el derecho de las comunidades a la consulta previa, les puso trabas”, señala Ruiz Molleda.

Cabe anotar que el ministro Del Solar, tanto en las reuniones en las que participó personal­mente como en los oficios que salieron del ministerio, omitió mencionar el nombre de las em­presas beneficiadas si la deman­da de amparo no prosperaba. De acuerdo a información recopilada por el propio TC son seis las mi­neras que tienen concesiones en el distrito de Tiquillaca, epicentro de la polémica:

Tres de ellas son canadienses: “Candente Gold” que tiene 2,700 hectáreas concesionadas, “Bear Creek Mining Company”, con cuatro concesio­nes que ocupan 900 hectáreas, y “IMGOLD Company”, dueña de un asiento minero de 300 hectá­reas. En cuanto a las locales son “Buenaventura”, la minera del presidente de la Confiep Roque Benavides, que tiene una con­cesión de 1,000 hectáreas, y las compañías “Servicios Integrales en Producción Industrial” y “Colque”, con sendas concesiones de 100 hectáreas cada una.

En diciembre del año pasado, finalmente, el Tribunal Constitu­cional emitió una sentencia ordenando que el expediente regresara al Poder Judicial y se repitiera el juicio. “El nombramiento del señor Salvador del Solar como primer ministro, definitivamente que es un tema alarmante para nosotros. Vamos a estar vigilantes de la conducta que pueda tener sobre este caso” advierte el abogado José Bayardo.

Esta publicación se comunicó con Constanza Paredes, Jefa de prensa de las PCM, a quien le solicitamos la versión del primer ministro. Al cierre de esta edición seguíamos esperando. <>

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NOTA DEL DIFUSOR: En las dos ediciones posteriores de esta revista fuente, no aparece carta rectificatoria alguna sobre la conducta pasada del premier  del Solar, a la que se contrae el artículo anterior..