EL RETORNO DE KEIKO FUJIMORI
Jacqueline
Fowks
Desde:
Centre di Ricerca, Università Cattolica di Sacro Cuore (Milano) 2 julio
2026
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oco después de las diez de la noche del 7 de junio, día de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Perú, la candidata Keiko Fujimori se reunió en un gran salón de hotel con el círculo interno del partido Fuerza Popular, así como con senadores y diputados electos. Algunas figuras del gobierno dictatorial de su padre, Alberto Fujimori, estuvieron presentes, como Luz Salgado: una de las parlamentarias más leales al autócrata en los noventa, visitante habitual del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) dirigido por Vladimiro Montesinos, jefe de facto de las fuerzas armadas y asesor presidencial.
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| "Caserita" del SIN |
La exparlamentaria Salgado aparece
en vladivideo 806, que grabó una reunión de Montesinos con el grupo
parlamentario fujimorista en 1998: el consejero explicó de forma
didáctica la necesidad de controlar el Poder Judicial para
asegurar el poder total en caso de que Fujimori obtuviera una tercera
reelección en 2000. Dicha reelección era ilegal, pero en 1996 Montesinos
maniobró la aprobación de una ley de "interpretación auténtica" de la
Constitución para que el autócrata pudiera presentarse de nuevo, y en 1997 los
tres miembros del Tribunal Constitucional que no se inclinaron y rechazaron la
norma fueron destituidos.
La
actualidad peruana evoca un poco de ese horrible pasado. Basta con revisar las
palabras de Montesinos en vladivideo 806 para compararlas con
la política criminal del Estado que el fujimorismo ha cambiado desde diciembre
de 2022, tras concentrar el poder en un pacto de corrupción con
otros partidos políticos aliados en el Congreso, y con el apoyo de
las empresas y casi todos los medios tradicionales. Para que esa alianza
pro-impunidad funcionara, el poder político —con su núcleo en el
Congreso— capturó al Ejecutivo, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal
Constitucional, la Junta Nacional de Justicia y el Ministerio
Público. Además, a través de sanciones recientes e ilegales contra jueces
honestos y destacados, este año ha acorralado al poder judicial.
"Estamos
en abril del 98, en el gobierno no podemos dejar de reconocer que
tenemos el control del Poder Judicial y del Ministerio Público, tuvimos
al Consejo Nacional de la Magistratura en nuestra contra, y el
Tribunal Constitucional estaba en contra del asunto que ya conoces.
"Hemos pasado a tener una situación positiva aquí, y aquí, y aquí. Mi pregunta es: vayamos al año 2000, gana el presidente Fujimori. ¿Qué ocurre en ese momento? No sabemos si tendremos mayoría en el Congreso. ¿Qué ocurre si perdemos el control del Poder Judicial y de la Fiscalía y tenemos un Consejo del Poder Judicial en contra? ¿Qué pasará con el Ejecutivo?"
preguntó Montesinos al grupo parlamentario fujimorista del que Salgado era miembro."Nos
matan", "nos dan una paliza", "nos cuelgan",
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| Dos cabezas, pero un solo pensamiento |
Montesinos respondió
que, para evitar otro autogolpe como el del 5 de abril de 1992, estaban
trabajando para asegurar que la reforma del Poder Judicial "dure hasta las calendas griegas, porque es
la única forma para que el Gobierno controle el Tribunal Supremo con los
magistrados provisionales".
El
régimen autoritario liderado por Keiko Fujimori desde el parlamento, que
terminará el 27 de julio con un presidente títere llamado José Balcázar,
sigue pendiente de la aprobación de un proyecto de ley para modificar la Ley
Orgánica del Ministerio Público y la Ley de la Carrera Judicial. Ambos buscan
derribar completamente la autonomía e independencia del Poder Judicial, aunque
ya han dado pasos en esta dirección con un nuevo marco regulatorio y con los
organismos estatales ya capturados. Por esta razón, la perspectiva de un nuevo
gobierno de la hija mayor del autócrata parece más autoritaria que nunca, en la
línea de lo que Montesinos sugirió a finales de los noventa:
extender la concentración del poder "hasta las calendas griegas".
Un
poder no legítimo
El
pasado lunes 29 de junio, la Oficina Nacional de Procesos
Electorales (ONPE) concluyó la votación oficial de la segunda vuelta, y la
diferencia entre Fujimori y el candidato izquierdista Roberto Sánchez fue de
49.461 votos. La lideresa de Fuerza Popular obtuvo el
50,1% y el líder de Juntos por el Perú el 49,8% de los votos
válidos. Considerando solo los colegios electorales en territorio peruano,
Sánchez obtuvo el 50% y Fujimori el 49,9%. Entre los votantes peruanos en el
extranjero, Fuerza Popular obtuvo un 63,2% frente al 36,7% de Juntos por el
Perú, el partido que representaba al expresidente Pedro Castillo, quien està en
prisión por el fallido intento de autogolpe en diciembre de
2022.
Sánchez
presentó un recurso ante la justicia electoral por irregularidades en el voto
en el extranjero, ya que, a petición del Ministerio de Relaciones
Exteriores, las oficinas consulares encargadas de las elecciones no
digitalizaron los registros de votación en la segunda vuelta. Juntos por el
Perú solo tenía representantes en el 40% de los colegios electorales fuera de Perú,
y los sobres con las actas de la votación de Buenos Aires llegaron a Lima tres
días después de las elecciones, cuando el plazo para impugnar las
irregularidades ya había expirado. El candidato disputó la ausencia de una
cadena de custodia de los documentos. El actual ministro de Relaciones
Exteriores, Carlos Pareja, ha sido cercano al fujimorismo desde los
años noventa; por esta razón, ha aumentado la desconfianza sobre la
ilegitimidad de la elección de Keiko Fujimori, que se presenta a la presidencia
por cuarta vez.
"El
próximo gobierno será cívico-militar, no hay duda: la principal característica
del fujimorismo es la imposición de una autoridad fuerte, y para ello necesitan
las fuerzas armadas, en la calle o donde sea necesario. Intrínsecamente, el fujimorismo
y el militarismo son una combinación indisoluble: el fujimorismo no habría
existido sin el consentimiento militar. Como dice Sánchez, este gobierno no
será legítimo, un punto de vista compartido por millones de peruanos: ni
social, ni política, ni electoral",
No
hay garantías en justicia
Hildebrandt entrevistó a
uno de los jueces recientemente sancionados de manera irregular e ilegal. La
verdadera razón del castigo es la autonomía, no haberse sometido y algunas
decisiones que en ese momento no agradaron a los fujimoristas ni a sus
aliados. Richard Concepción Carhuancho ordenó la detención
preventiva de Keiko Fujimori al inicio de la investigación sobre el caso
Odebrecht en 2018, juicio por el que fue juzgada entre 2024 y 2025. La
candidata recibió millones de dólares en financiación no declarada de la
empresa constructora brasileña y otras empresas peruanas para sus campañas
presidenciales de 2011 y 2016; por ello fue acusada de blanqueo de dinero y
asociación criminal, entre otros delitos.
El Congreso,
que finalizará su mandato en unas semanas, ha cambiado las normas para que los
partidos políticos no puedan ser procesados por asociación delictiva, también
ha reducido la duración de los procedimientos de colaboración efectiva en casos
de corrupción y ha establecido nuevas condiciones para que los registros
judiciales no sean inesperados, sino que deben realizarse en presencia de los
sospechosos con sus abogados. Gracias a estas y otras normas, miembros
del Tribunal Constitucional cercanos al Congreso emitieron
sentencias para expulsar a dos de los coacusados de Keiko Fujimori del juicio,
y luego también a ella misma.
"¿Cuándo
cambia el sol al estilo copernicano? Cuando el actual Tribunal Constitucional
declara que ese hecho no fue un delito", comentó el juez
Concepción, cuestionado sobre la decisión que canceló el juicio en curso
contra Fujimori y otros 30 acusados, acusados de simular que la financiación
empresarial era microdonaciones de ciudadanos individuales.
El magistrado
Concepción se había dado a conocer y distinguido desde que emitió una
condena en un caso de corrupción vinculado a una organización criminal con
raíces en un gobierno regional en la última década. La Junta Nacional
de Justicia, el órgano punitivo del Congreso, le ha suspendido
durante seis meses y tiene la intención de expulsarlo de su carrera judicial
por otra razón: no querer aplicar una de las leyes pro-impunidad en favor de
las fuerzas del orden, promovidas recientemente por el conocido parlamentario
de la Fuerza Popular Fernando Rospigliosi. La mayoría de los jueces
se negó a aplicar las leyes a favor de la amnistía y el plazo de prescripción
por graves violaciones de derechos humanos cometidas por el ejército y la
policía. Esta legislación, promulgada y aprobada entre 2025 y 2026, contraviene
la Constitución y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos,
y ha recibido críticas en varias ocasiones por parte del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk.
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| Ex militante de extrema izquierda, ahora "terruquea" |
Esta maquinación ha sido orquestada por Keiko Fujimori durante los últimos tres años, en coalición con políticos de otros partidos, que también están siendo investigados o juzgados por corrupción, ya sea de derechas, de izquierdas o pragmáticos. Así que allanó el camino para que él permaneciera en el poder y asumiera, esta vez con su propio rostro, el Ejecutivo.
En
el Congreso bicameral que tomará posesión el 28 de julio, Fuerza
Popular y su aliado de extrema derecha Renovación Popular no
alcanzan la mayoría, pero los grupos parlamentarios de los partidos Obras y Buen
Gobierno no dan señales firmes de querer oponerse a ellos. Por ahora,
solo Juntos por el Perú y el centroizquierdista Ahora
Nación insisten con su promesa de derogar las leyes pro-crimen y
pro-impunidad.
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Jacqueline
Fowks es
periodista, actualmente profesora en la Pontificia Universidad Católica del
Perú (PUCP).
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