MI CARAMELO
En una demostración casi psiquiátrica de
inconsciencia moral y ceguera política, la autora mediata de 49 muertes fue a
Ayacucho a repartir golosinas. La mecha estaba prendida y los servicios de
inteligencia se lo habían advertido
Ricardo Velazco
Hildebrandt
en sus Trece Nº 670 26ENE24
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ina Boluarte estaba
avisada: varios reportes de inteligencia habían advertido de los riesgos de un
viaje a Ayacucho. Uno de los informes es de hace tres semanas y lo elaboró la
Dirección de Inteligencia (DI- RIN) de la Policía Nacional. El documento tiene
carácter de reservado y señala explícitamente que los viajes de la presidenta
a Puno, Ayacucho, Apurímac y Junín son de “alto riesgo”, dice a esta
publicación una fuente de la comandancia general de la PNP. La Dirección
Nacional de Inteligencia (DINI) también emitió varios reportes similares. Los
pronósticos policiales se cumplieron y en Palacio aprovecharon para sacarle el
jugo al apanado ayacuchano.
Al día siguiente de la
agresión, Boluarte ordenó el despido intempestivo del jefe de la DINI, el
general (r) PNP Roger Arista. Lo reemplazó el contraalmirante (r) Luis García
Barrionuevo.
Fuentes del entorno de
confianza de Arista señalan que la razón de su despido no fue la agresión
presidencial. Se trataría de una exigencia del hermanísimo de la presidenta,
Nicanor Boluarte. “Nicanor siempre reclamaba que Arista reportaba a Otárola y
no le daba información a la presidenta. Que era un empleado del premier y que
los últimos reportajes sobre el partido político y los prefectos venían de la
DINI. Por esa razón, se habría colocado a Luis García, quien trabajó en
proyectos mineros en Cajamarca, una de las áreas de influencia del hermano de
la mandataria”, señala la fuente.
Boluarte también expectoró
al excomandante general de la Policía Jorge Angulo acusándolo de “negligencias
muy graves en el comando de la institución policial”. La resolución de despido
lleva la firma de la presidenta y del ministro del Interior Víctor Torres. El
general Angulo denunció que la agresión de Ayacucho fue una coartada para
removerlo. “Todo apunta a que esos cambios buscan acabar con el equipo policial
del coronel Harvey Colchado que investiga al poder”, señalan en el círculo del
defenestrado general.
Boluarte acudió a
Ayacucho el pasado 20 de enero por invitación de la ministra de Vivienda Hania
Pérez de Cuéllar. El tour se organizó para inaugurar dos obras de agua y
saneamiento. De armar la portátil que aplaudió a la jefa de Estado durante el
paseo se encargó el gobernador Wilfredo Oscorima. Aunque el ambiente era tenso,
todo parecía ir según lo planeado cuando, en medio del recorrido, Ruth Bárcena
e Hilaria Ayme, ambas hondamente afectadas por la masacre de Ayacucho
perpetrada por el Ejército en diciembre del 2022, aprovecharon las deficiencias
del cordón policial que protegía a la mandataria y la agredieron físicamente.
Ruth Bárcena es la presidenta
de la Asociación de Víctimas y Heridos del 15 de diciembre del 2022. Hilaria
Ayme es la tesorera.
“Ya le habíamos gritado
asesina, pero ella nos miró y se rio. Yo me acerqué porque fue la única manera
de decirle que yo era la que estaba gritando, que estaba esperando justicia”,
relata Ruth Bárcena, quien, tras romper el cerco de seguridad, jaloneó del
brazo a Boluarte. Dice que mientras la zarandeaba le exigió explicaciones por
el crimen de su esposo.
La Fiscalía Penal de
Ayacucho le abrió un proceso a Bárcena y le imputó el delito de obstrucción a
la función pública.
“Hace 29 años nací en el distrito de Ocros, en Huamanga. Mi familia es de agricultores. Tengo parientes a los que el Ejército desapareció durante los ochenta y mi familia siempre habló con bastante temor sobre ese tema”, cuenta Bárcena.
A su marido, Leonardo
Hancco, lo conoció en el 2012. Él había llegado a su pueblo buscando trabajo.
“Nos hicimos amigos, intercambiamos números de teléfono y comenzamos a
hablar. Luego nació el sentimiento de amor”, recuerda la dirigente. Se casaron
y tuvieron una hija.
“Durante la pandemia mi
esposo se quedó sin trabajo, así que incursionó en el transporte de
pasajeros”, dice Bárcena. Le fue bien y no tardó mucho tiempo en convertirse en
uno de los líderes del gremio en la zona.
“Yo le increpé porque no
me interesaba el tema político. Él comenzó a participar de los paros para
pedir que el combustible baje de precio”, recuerda su viuda.
El primer paro en el que
participó Hancco tras la implosión del régimen de Castillo fue para condenar
las dos muertes en las protestas contra Boluarte en Apurímac.
El 15 de diciembre el dirigente
salió a la calle con un cartel que decía “Nueva Constitución”. “Nosotros
vivíamos a cinco cuadras del aeropuerto. Yo me enteré que a él le habían
disparado cuando entré a una transmisión de Facebook y vi que lo estaban
cargando. Salí a buscarlo y en el camino vi a soldados disparar”, dice Bárcena.
Ella entonces estaba embarazada de gemelos.
Hancco fue trasladado al
hospital con un balazo en el tórax. Falleció dos días después. Al shock
de la muerte de su marido, Bárcena sumó otra doble pena: sufrió un aborto y
perdió a los gemelos que estaba gestando.
“La asociación de
víctimas se formó el 27 de diciembre y me eligieron presidenta porque era la
más joven. Yo no sabía hablar en público, ni siquiera sabía arengar”, cuenta
Bárcena.
La dirigente señala que
asumir la presidencia de la asociación le trajo represalias. “En enero dos
personas de civil se metieron a mi casa, me golpearon y me interrogaron sobre
la toma del aeropuerto y de las instalaciones de la Sunat. En mayo, en Lima,
‘La Resistencia’ me acusó de terrorista”, dice la viuda de Hancco.
En agosto Bárcena pasó a
la ofensiva y acudió al teatro municipal de Huamanga para encarar a la entonces
Fiscal de la Nación, Patricia Benavides. “¡Estarás feliz de que haya impunidad,
maldita! ¡Lárgate con tu presidenta!”, le gritó a Benavides.
“La gente de la asociación
estaba muy enojada. Hace unos días el gobierno premió con ascensos a los
oficiales a cargo de las operaciones durante los paros. Cuando se enteraron de
que la presidenta pensaba viajar a Ayacucho, planearon emitir un comunicado,
pero al final cada familiar actuó por cuenta propia”, dice Henry Mercado,
abogado de la asociación de víctimas.
El pasado 20 de enero se
enteró por televisión que Boluarte acababa de aterrizar en Ayacucho.
Inmediatamente decidió ir a su encuentro. La acompañó Hilaria Ayme, madre de
Christopher Ramos, el adolescente de quince años también asesinado de un
balazo en el tórax el 15 de diciembre del 2022. Fue Ayme quien se acercó a Boluarte
por la espalda y puso a prueba la entintada cabellera presidencial.
“Yo nací hace 39 años en
Pampa de la Quinua. Durante el terrorismo, el Ejército se metía a nuestra casa
para pegarles a mi papá y mis hermanos mayores”, recuerda Ayme.
Madre soltera de cuatro
hijos a los que sacó adelante vendiendo salchipapas, Ayme está acostumbrada a
lidiar con la adversidad. “Logré comprar un terreno y luego vivimos en una
choza hasta que hicimos cuartos de adobe”, dice.
Su hijo Christopher la ayudaba trabajando en el cementerio y cuidando a sus hermanos cuando ella salía a vender comida. Ayme, que ahora subsiste trabajando en chacras y lavando ropa, todavía está pagando la deuda de 10 mil soles que contrajo para el entierro de su hijo.
Durante algunos meses, la gestión de Oscorima la contrató como vigilante nocturna, pero fue despedida en noviembre pasado.
Ayme dice que lo que más
la indignó del viaje de Boluarte fue el tono festivo del evento. “Pasamos el
círculo de seguridad aprovechando varios huecos entre la gente. Yo estaba
gritando que me devuelvan a mi hijo cuando vi que Ruth ya se había acercado a
Boluarte, los agentes de seguridad la habían arrinconado y la estaban
golpeando. Por eso yo entré a jalarle, pero me cargaron y me llevaron”, recuerda
Ayme. <>
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