miércoles, 27 de mayo de 2026

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PERÚ: ELECCIONES

AL FILO DE LA NAVAJA

Renzo Gómez Vega

Diario EL PAIS, may25

E

n su novela Al filo de la navaja, publicada en 1944, William Somerset Maugham retrató el drama interior de un individuo desalentado por el derrumbe del mundo en que vivía. El momento en que debió optar entre quedar atrapado en un pasado que ya no existía o saltar hacia un futuro imprevisible quedó grabado en el título de la obra. Dicha imagen pasó luego al uso coloquial para describir esa situación límite e inevitable frente a la que solo resta decidir, sin saber a ciencia cierta cuál será el resultado.

La escena política peruana de estos días muestra un dilema parecido. La primera vuelta electoral del pasado 12 de abril dejó unas elecciones empañadas por dificultades organizativas, retrasos, desánimo y hasta denuncias de fraude. Tras la borrasca electoral, la situación parece haber vuelto a la normalidad. Pero no a la normalidad de un clima de estabilidad democrática capaz de procesar unos comicios difíciles. Ocurre más bien lo contrario. Lo habitual en el Perú no es la vigencia de las instituciones y las reglas de juego democráticas, sino una crisis política permanente, acompañada de inestabilidad al límite y deterioro acelerado. Ese cóctel pone en riesgo hasta lo elemental. El funcionamiento mínimo de un régimen político basado en la legitimidad de la alternancia electoral, por ejemplo.

La segunda vuelta del próximo 7 de junio, zanjará unas elecciones sujetas a las reglas de juego impuestas por el Congreso, como parte de un pacto de mutuas conveniencias entre agrupaciones políticas coludidas para mantener el control del poder. El principal beneficiario es Fuerza Popular, agrupación heredera de la dictadura que encabezó Alberto Fujimori durante la década final del siglo pasado. Debido al modo de distribución de escaños, el fujimorismo obtendrá mayoría relativa tanto en diputados como en senadores. La novedad será la reinstalación de una cámara alta tres décadas y media después de haber sido suprimida por la autocracia fujimorista. Pero el nuevo senado no responde al objetivo de incrementar la representatividad, sino más bien al interés del fujimorismo y sus aliados para ganar cupos laborales y concentrar influencia política. Será un superpoder mediante el cual el Legislativo buscará seguir controlando a un Ejecutivo maniatado.

El telón de fondo es una crisis de representación endémica que ha derruido en gran medida el tejido de mediación política. La recuperación democrática de este siglo no cuajó en la instalación de un nuevo sistema de partidos. Estos terminaron reemplazados por redes políticas de distinto tamaño y orientación ideológica: redes obedientes al mandato de dueños y caudillos que resultan ser hábiles empresarios políticos empeñados en ganar poder y otros beneficios. Los partidos programáticos del pasado simplemente brillan por su ausencia.

La elección presidencial se definirá entre dos candidaturas contrapuestas que, en conjunto, acaban de conseguir menos del 30% del total de votos válidos en la primera vuelta. Keiko Fujimori, convertida luego de un conflicto intestino con su hermano en única dueña de la herencia electoral del exdictador, por cuarta vez consecutiva busca llegar a la presidencia. En realidad, controla muchas cosas desde 2016, cuando obtuvo 73 escaños parlamentarios de un total de 130, pasando a ejercer un poder desmesurado que desató una tremenda inestabilidad presidencial sin visos de acabar pronto. Perú exhibe el triste récord de haber tenido nueve presidentes en la última década, con solo dos elegidos directamente en las urnas. El manejo mafioso del actual Congreso muestra la cara inversa del fin del presidencialismo que caracterizó al Estado peruano desde su creación republicana, a inicios del siglo XIX.

La campaña fujimorista se basó en la promesa de recuperar el orden. En un país asolado por la criminalidad, la informalidad y la pérdida de confianza, dicho mensaje capitalizó la memoria de eficacia y mano dura vinculada a la imagen de Alberto Fujimori. Pero ese cóctel discursivo busca ocultar el legado de corrupción, autoritarismo y violaciones a los derechos humanos que dejó su régimen. Con su discurso del orden, Keiko Fujimori ha asegurado el pase a la segunda vuelta, junto al control de la primera de las minorías electorales actualmente existentes en la política peruana. En medio de la extrema fragmentación política, reflejada en 35 candidaturas presidenciales, el fujimorismo ha podido rearticularse y reaparecer con cierto aparato y presencia territorial. Sin embargo, también sigue generando fuerte oposición y rechazo, los cuales resultarán decisivos en la segunda vuelta.

La opción opuesta la encarna Roberto Sánchez, actual congresista de izquierda y exministro durante el gobierno de Pedro Castillo. Su candidatura proviene de la alianza pragmática de varios grupos de izquierda y nacionalistas interesados en alcanzar alguna cuota de poder. Jalando a su favor el respaldo popular que Castillo obtuvo en los comicios de 2021, consiguió irrumpir como sorpresa electoral, sacudiendo el tinglado político en el último tramo de la primera vuelta. Con buen cálculo electoral, Sánchez impulsa su campaña llevando el sombrero típico que Castillo exhibió en la elección anterior, ofreciendo liberarlo e impulsar un cambio de rumbo estructural en el país. Esto le permitió captar el voto provinciano, rural y campesino, en lo que ha sido visto como una repetición de los resultados electorales de 2021. Pero dicho voto no es una simple réplica de los resultados obtenidos anteriormente por Castillo.

El gobierno castillista fue una exhibición de falta de rumbo, ineficacia e improvisación, que debió enfrentar, además, la arremetida del Congreso. El triste corolario ocurrió el 7 de diciembre de 2022, cuando Castillo decretó un golpe de Estado que nadie obedeció, regalando a sus opositores del Congreso el motivo perfecto para destituirlo y enviarlo a la cárcel. Posteriormente, a pesar del descrédito de su gobierno, Castillo pasó a convertirse en una víctima, una suerte de mito movilizador que, desde los ojos de sus votantes, tiene que ser reivindicado en las urnas. El factor que explica esto se halla en la avalancha del pacto congresal que defenestró a Castillo, así como en el nefasto gobierno de quien fuera su exvicepresidenta y sucesora, Dina Boluarte. Prestándose a ser la herramienta de los enemigos de Castillo, Boluarte asumió la presidencia sin imaginar que ello desataría un estallido social de protestas en exigencia de su renuncia. La respuesta fue una represión estatal brutal causante de medio centenar de muertos, la gran mayoría de origen provinciano e indígena.

Roberto Sánchez
Tras pasar a la segunda vuelta, imitando a Castillo, Sánchez necesita ampliar el respaldo político que ya ha conseguido, articulando las expectativas de cambio y rechazo al fujimorismo y la derecha. Esto en medio de un escenario que muestra una fuerte fragmentación socio territorial del voto, pues con el derrumbe del sistema de partidos, las ánforas ya no expresan horizontes programáticos o partidarios, sino más bien expectativas subjetivas que mezclan temores y anhelos sobre el presente y futuro. La división territorial de las preferencias electorales muestra el empalme de las diferencias clasistas, étnico-culturales y políticas vigentes en la sociedad peruana. En Lima, la parte costera del Norte y la Amazonía urbana predomina un sentido conservador que busca mantener el modelo de desarrollo neoliberal, expresándose en el respaldo al fujimorismo y la derecha. En cambio, en las zonas rurales y provincianas, especialmente en el sur andino, prevalece una demanda de cambio y rechazo al fujimorismo, que se expresa en un voto contestario y de izquierda. Este clivaje socio territorial es el que definirá quién será el ganador en las elecciones.

El mayor perdedor de la primera vuelta ha sido Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima y candidato de extrema derecha, a quien Sánchez superó por poco más de 20 000 votos. Tras denunciar un presunto fraude, López Aliaga cuestionó a los organismos electorales y promovió movilizaciones para obligarlos a anular los comicios o realizar elecciones complementarias, donde se presentaron dificultades para instalar las mesas de votación. Su rabieta incluyó, además, la exigencia de anular el voto de centros poblados alejados de Lima, mayoritariamente rurales e indígenas. Esto evidencia el racismo y clasismo de la nueva derecha peruana, con el respaldo de parte de la élite empresarial y mediática, alarmada por los resultados de las urnas.

Puestas así las cosas la campaña de segunda vuelta recién parece activarse, faltando apenas dos semanas para los comicios. La interrogante que plantea el desempeño político ya conocido de Keiko Fujimori es hasta qué punto, y de qué forma, buscará concentrar el poder y dar nuevo impulso al modelo de desarrollo neoliberal autocrático legado por su padre. En el caso de Roberto Sánchez, la gran pregunta es si podrá llevar adelante sus promesas de cambio de ese modelo, sacudiéndose de sus antecedentes políticos pragmáticos e inescrupulosos, para asumir la representación de un bloque popular y de izquierda suficientemente amplio. Lo que queda de la democracia peruana parece sucumbir frente a dicho dilema. La polarización en las urnas, otra vez, refleja la encrucijada de unas elecciones situadas al filo de la navaja, entre el riesgo de la regresión al pasado autoritario o el simple salto al vacío. <-> 

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