LA COYUNTURA LATINOAMERICANA: ELECCIONES EN BOLIVIA

 BOLIVIA,

EXPLICADO EN SENCILLO

Angel Gabriel Apaza

D

urante los trece años de gobierno de Evo Morales, Bolivia alcanzó significativos avances sociales y económicos. Según datos oficiales, más de tres millones de bolivianos lograron salir de la pobreza, mientras que la pobreza extrema, una de las condiciones sociales más complejas de erradicar, se redujo del 38% al 15%. De manera paralela, la desigualdad medida a través del coeficiente de Gini descendió de 0,60 a 0,47 (CEPAL, 2019). Estos progresos motivaron que Bolivia fuese clasificada en el Informe Mundial de Desarrollo Humano de 2018 como un país de desarrollo alto (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD], 2018).

La base de esta bonanza estuvo sustentada en cuatro ejes fundamentales: la nacionalización de los recursos estratégicos, el estímulo al mercado interno, la inversión pública en infraestructura y la industrialización de recursos energéticos como el gas y el litio (Farthing & Kohl, 2014). A este crecimiento económico sostenido se añadió una transformación política de gran calado, expresada en la aprobación de una nueva Constitución, la cual redefinió las bases del Estado Plurinacional de Bolivia. En ese contexto, el país se convirtió en un referente para los proyectos progresistas y de izquierda en América Latina (Zegada, 2019).

No obstante, el golpe de Estado de 2019 desencadenó una crisis política, social, institucional y económica, la cual se vio intensificada por los efectos de la pandemia de la COVID-19 (Molina, 2020). A pesar de ello, los sectores populares que sostenían el proceso político lograron una proeza política: recuperar el poder en apenas un año por la vía democrática, reafirmando así la fortaleza de la movilización social y electoral en el país (Mayorga, 2021).

Sin embargo, la continuidad del proyecto político quedó en manos de Luis Arce, antiguo ministro de Economía de Morales. Su gestión adoptó medidas que, según diversos analistas, condujeron a un retroceso en el papel del Estado como actor económico central, además de priorizar disputas internas y la marginación de Evo Morales del escenario político (Laserna, 2023). Hacia el final de su mandato, Bolivia enfrentaba un panorama caracterizado por desabastecimiento, inflación y escasez de divisas, configurando una crisis multidimensional que debilitó la capacidad estatal para cumplir funciones redistributivas, estabilizadoras y productivas (CEPAL, 2023).

De este panorama pueden extraerse dos lecciones centrales. En primer lugar, se evidencia la necesidad de reflexionar sobre la elección de sucesores en proyectos políticos de gran envergadura. Tal como sucedió en Ecuador con Lenín Moreno o en Argentina con Alberto Fernández, en Bolivia dejar la continuidad de un proceso transformador en manos de liderazgos inadecuados ha significado un serio retroceso (Svampa, 2021). En segundo lugar, las fracturas internas de los movimientos populares y la falta de consensos ante un adversario común constituyen un riesgo para la sostenibilidad de los proyectos progresistas. En este marco, Andrónico Rodríguez optó por postularse sin atender la solicitud del bloque popular que exigía respaldar a Evo Morales.

En medio de esta disputa interna, emergió Rodrigo Paz, un político de derecha que se presentó como outsider y logró capitalizar el descontento ciudadano. En la primera vuelta electoral, Paz sorprendió tanto a simpatizantes como a opositores al situarse a la cabeza del proceso, revelando así la magnitud del desgaste del movimiento popular (Diario Red, 2025). Lo que viene en seguida es una persecución criminal contra Evo Morales y la satanización del progresismo en toda América del Sur y hasta la probable invasión militar a Venezuela. El fascismo va con todo. <:>