viernes, 9 de enero de 2015

LAS CONCESIONES MINERAS EN PUNO

Enviado por SER el 07/01/2015
Por: Soledad Rosario y Eliana Huallpa
El 26 de junio del 2014 dejó de tener vigencia el Decreto Supremo Nº033-2011-EM, que suspendía la admisión de petitorios mineros en todo el departamento de Puno por un lapso de 36 meses (tres años). Sin embargo, al día siguiente, el ministerio de Energía y Minas emitió el Decreto Supremo Nº 021-2014-EM, que dispuso la ampliación de la suspensión por tres meses más; es decir, hasta el 26 de setiembre del año pasado. En las siguientes líneas, se ofrece un panorama de lo sucedido desde entonces, respecto a las concesiones mineras.
Durante el día en que fue posible admitir petitorios mineros, el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET) recibió 70 solicitudes, y desde el 29 de setiembre al 17 de noviembre 2014, recibió 78 más, lo que hace un total de 148 petitorios. Mientras tanto, la Dirección Regional de Energía y Minas, recibió 21 solicitudes más, durante las fechas antes mencionadas, todas ellas para lugares ubicados en el distrito de Quilcapunco, provincia de San Antonio de Putina.
Resulta importante recordar que, en el año 2011, pobladores de la zona sur hicieron una huelga en contra del proyecto minero Santa Ana. A dicha protesta se sumaron las de los habitantes de la provincia de Melgar, en contra de las concesiones mineras, y las de los hombres y mujeres de la cuenca del Ramis, en contra de la minería ilegal.

En medio de este escenario, fue emitida la Resolución Suprema Nº 131-2011-PCM, mediante la cual se creó una comisión multisectorial, presidida por el ministerio de Energía y Minas, con el objetivo de estudiar y proponer acciones respecto a concesiones mineras en las provincias de Chucuito y Yunguyo. Posteriormente, el ámbito de aplicación de la norma, fue ampliado a las provincias de Puno y el Collao, mediante la Resolución Suprema 142-2011-PCM y la Resolución Suprema Nº 161-2011-PCM. Mientras, en la zona norte, mediante Resolución Suprema Nº162-2011-PCM, se creó otra comisión multisectorial, de carácter temporal, para la provincia de Melgar.
La comisión multisectorial formada para las provincias de Puno, El Collao, Yunguyo y Chucuito consideró, entre sus recomendaciones: Construir información territorial geo referenciada de áreas urbanas y de expansión urbana, así como de patrimonio cultural, tierras de comunidades campesinas, predios rurales, áreas naturales protegidas y proyectos especiales. La finalidad era múltiple: Levantar y/o ampliar un catastro de áreas restringidas a la actividad minera; continuar con el trabajo de integración y actualización catastral de comunidades campesinas; evaluar el patrimonio cultural de estas provincias; iniciar el proceso de ZEE y OT en las provincias a nivel meso; organizar instrumentos de gestión ambiental en la provincia, crear mecanismos de vigilancia ciudadana e  invertir en la gestión de los residuos sólidos, entre otros.
Según información del coordinador regional del Proyecto de Zonificación Ecológica, Económica de la región de Puno, Alfonso Mamani, actualmente, los trabajos de zonificación presentan un avance significativo, que está en su etapa final. Por ello, fue evaluado y validado por el Ministerio del Ambiente de Lima. Mamani ha remarcado que la zonificación tiene un avance del 96% y ha estimado que se alcanzará el 100% antes de fin de año.
Luz Herquinio, jefa de la Oficina Defensorial de Puno, refiere que la entidad que lidera ha participado en algunas comisiones, específicamente de la zona sur, en el rol de observadora, y desde esa posición, ha podido notar que la sociedad civil no ha estado participando. Al parecer, los municipios provinciales y distritales, que eran parte de la comisión, no se interesaron en acreditar a las organizaciones. “Luego de varias reuniones, las comisiones emitieron conclusiones y recomendaciones, que se esperaba que pudieran ser implementadas durante este tiempo de suspensión de concesiones mineras. No obstante, se pudo constatar que muchos ignoraban la existencia de estos informes. También insistimos con el gobierno regional para que permitiera la revisión de los mismos, pero no hubo mayor interés. Ahora, cumplido el plazo de suspensión de los petitorios, existe una profunda preocupación, porque nada ha cambiado en la normatividad de otorgamiento de concesiones, en el INGEMET o la DREM”, sostuvo Herquinio.
Por su parte, Rufino Machaca, ex dirigente de la zona sur, indica que si en tres años no se hizo nada para resolver los reclamos en cuanto al tema de concesiones mineras, difícilmente se podrían solucionar en tres meses. “Hay una desidia de parte de las autoridades y del gobierno central, que no hicieron nada al respecto a este tema, porque persiste el abandono de las comunidades y del sector agropecuario. Lo mismo sucede con las autoridades regionales y locales. Menos aún se ha hecho algo por implementar el convenio 169, por lo cual las comunidades están molestas, y no dudo que puedan emprender nuevamente acciones de protesta”, finalizó Machaca.
Sin embargo, Víctor Vargas, ex representante del ministerio de Energía y Minas explicó que el gobierno regional es la entidad encargada de implementar las recomendaciones de los mencionados informes, porque incluyen temas de su competencia, como son el saneamiento a través de Cofropri, los títulos de las comunidades, continuar con el mapa catastral integrado. “Además, se conformó un grupo de trabajo, al interior del cual fueron definidas las entidades llamadas a trabajar por el saneamiento de estos aspectos. Entonces, hay que saber cuál es el trabajo que se realizó. La comisión remitió un informe final; ahora corresponde a las entidades involucradas ver cómo cumplir sus funciones. Supongo que la PCM hace el seguimiento”, declaró Vargas.
Este es el panorama de las concesiones mineras en la región de Puno: Incumplimiento en la entrega de los informes de las comisiones multisectoriales y reactivación de petitorios mineros, sin que los candidatos a la presidencia regional, mostraran una posición clara frente al tema.

Esperemos que, a futuro, Puno deje de estar en las listas de la regiones con más conflictos sociales; que los procesos ya iniciados por la gestión saliente sean valorados y continuados, para así poder avanzar y no empezar con el “borrón y cuenta nueva”. Son necesarias, pues, las iniciativas de políticas públicas, así como el desempeño más activo de roles en la Mesa de Minería y en la Comisión Ambiental Regional, de modo que apoyen en la presentación de iniciativas de desarrollo minero, sin dejar de lado la Ley de Consulta Previa que para estos casos también debe darse.

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