LA SILLA ROTA
Guido Croxatto
www.larepublica.pe,
4 de setiembre del 2025
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Ginebra funcionan la ONU y la sede internacional de la Cruz Roja. Uno de los
monumentos más conocidos es una silla de cuatro patas, ubicada frente a la sede
central de la ONU, a la que le falta, sin embargo, una.
Esa
ausencia simboliza los riesgos de las minas antipersonales. Hoy, el derecho
internacional público enfrenta un retroceso pocas veces visto. La diplomacia
parece no tener ya ningún papel. Cada país actúa como quiere, cuando quiere y
del modo que quiere. No existe otro límite que la fuerza. El derecho
internacional ya no opera como contención, ni siquiera simbólica. Podría decirse
que hoy falta otra pata más, y que la silla —como la ONU— está próxima a derrumbarse.
Muchas funcionarias, sobre todo mujeres, han intentado marcar un límite. Pero cualquiera que busque defender la humanidad, aunque sea un poco, termina siendo perseguido. Pasó con la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda. Pasó con la relatora de la ONU de derechos humanos, Francesca Albanese, cuyos bienes fueron congelados. Pasó con la fiscal del distrito de Nueva York, Maurene Comey, despedida tras investigar crímenes sexuales. Todas mujeres, criminalizadas por buscar la paz. Lo mismo ocurrió con el profesor de geografía en California, Scott Warren, procesado penalmente hace unos años por dar agua y mantas a migrantes en la frontera. La inversión es la regla: ayudar se convierte en delito.
Mientras
tanto, nuestros jueces guardan silencio. Nadie levanta la voz. Antes la gente estudiaba
derecho para defender la justicia; hoy, la mayoría lo hace para encontrar
rápido un trabajo y ganar dinero. Las prioridades se invirtieron, y por eso la
injusticia se multiplica.
En
este contexto, resulta aún más difícil alzar la voz para denunciar la cantidad
de arbitrariedades jurídicas que suceden a diario en el Perú. Un presidente fue
mal vacado, en abierta violación de la ley, y a los jueces peruanos parece no
importarles. Como Castillo no se expresa ni se viste como ellos, pareciera que sus
derechos civiles valen menos. Pero no deberían valer menos.
Paradójicamente,
el magistrado supremo César San Martín Castro nos hace llegar, a través de sus
jóvenes asistentes, invitaciones para colaborar desde Argentina en un libro
homenaje por sus 70 años. Con Zaffaroni solemos bromear al respecto: podríamos
enviarle un artículo sobre la tentativa de rebelión en el Código Penal peruano,
o sobre el reglamento del Congreso, que explícitamente exige 104 votos para una
vacancia constitucional. No los 101 con los que dicen haber “vacado” a Pedro Castillo.
En ningún lugar del sistema jurídico peruano se establece que con 101 votos
pueda destituirse legalmente a un presidente. Eso fue lo que ocurrió en Perú:
se violó la ley, y a nadie parece importarle, tampoco a los jueces.
El
Perú es uno de los países que, como Chile, tiene Tribunal Constitucional. En
teoría, en países con control constitucional concentrado el respeto a la Carta
Magna debería ser aún más riguroso. Sin embargo, aquí se tolera que el Congreso
—la institución que hace las leyes— destituya a un presidente violando la
propia legislación y sus reglamentos. La Corte habla de “legítima celeridad”,
pero ninguna celeridad es legítima cuando mancilla procedimientos constitucionales
expresamente previstos para situaciones como la de Castillo.
Actualmente
se comete el delito de usurpación de funciones. El Tribunal Constitucional no
cumple debidamente con las suyas. Cuando habla de “legitimidad” en vez de “legalidad”,
no se trata de un accidente: es un reconocimiento tácito de que lo hecho por el
Congreso no fue legal.
Los
jueces no están para analizar legitimidad —eso corresponde a los analistas
políticos—, sino legalidad. Y en ese terreno, la destitución de Castillo no
tiene sustento. ❖
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Guido Croxatto es abogado internacional del expresidente
Pedro Castillo


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