jueves, 4 de septiembre de 2025

LOS ENTUERTOS DE LA MAFIA GOBERNANTE EN EL PERU: CASO PRESIDENTE CASTILLO

 LA SILLA ROTA

Guido Croxatto

www.larepublica.pe, 4 de setiembre del 2025

E

n Ginebra funcionan la ONU y la sede internacional de la Cruz Roja. Uno de los monumentos más conocidos es una silla de cuatro patas, ubicada frente a la sede central de la ONU, a la que le falta, sin embargo, una.

Esa ausencia simboliza los riesgos de las minas antipersonales. Hoy, el derecho internacional público enfrenta un retroceso pocas veces visto. La diplomacia parece no tener ya ningún papel. Cada país actúa como quiere, cuando quiere y del modo que quiere. No existe otro límite que la fuerza. El derecho internacional ya no opera como contención, ni siquiera simbólica. Podría decirse que hoy falta otra pata más, y que la silla —como la ONU— está próxima a derrumbarse.

Muchas funcionarias, sobre todo mujeres, han intentado marcar un límite. Pero cualquiera que busque defender la humanidad, aunque sea un poco, termina siendo perseguido. Pasó con la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda. Pasó con la relatora de la ONU de derechos humanos, Francesca Albanese, cuyos bienes fueron congelados. Pasó con la fiscal del distrito de Nueva York, Maurene Comey, despedida tras investigar crímenes sexuales. Todas mujeres, criminalizadas por buscar la paz. Lo mismo ocurrió con el profesor de geografía en California, Scott Warren, procesado penalmente hace unos años por dar agua y mantas a migrantes en la frontera. La inversión es la regla: ayudar se convierte en delito.

Mientras tanto, nuestros jueces guardan silencio. Nadie levanta la voz. Antes la gente estudiaba derecho para defender la justicia; hoy, la mayoría lo hace para encontrar rápido un trabajo y ganar dinero. Las prioridades se invirtieron, y por eso la injusticia se multiplica.

En este contexto, resulta aún más difícil alzar la voz para denunciar la cantidad de arbitrariedades jurídicas que suceden a diario en el Perú. Un presidente fue mal vacado, en abierta violación de la ley, y a los jueces peruanos parece no importarles. Como Castillo no se expresa ni se viste como ellos, pareciera que sus derechos civiles valen menos. Pero no deberían valer menos.

Paradójicamente, el magistrado supremo César San Martín Castro nos hace llegar, a través de sus jóvenes asistentes, invitaciones para colaborar desde Argentina en un libro homenaje por sus 70 años. Con Zaffaroni solemos bromear al respecto: podríamos enviarle un artículo sobre la tentativa de rebelión en el Código Penal peruano, o sobre el reglamento del Congreso, que explícitamente exige 104 votos para una vacancia constitucional. No los 101 con los que dicen haber “vacado” a Pedro Castillo. En ningún lugar del sistema jurídico peruano se establece que con 101 votos pueda destituirse legalmente a un presidente. Eso fue lo que ocurrió en Perú: se violó la ley, y a nadie parece importarle, tampoco a los jueces.

El Perú es uno de los países que, como Chile, tiene Tribunal Constitucional. En teoría, en países con control constitucional concentrado el respeto a la Carta Magna debería ser aún más riguroso. Sin embargo, aquí se tolera que el Congreso —la institución que hace las leyes— destituya a un presidente violando la propia legislación y sus reglamentos. La Corte habla de “legítima celeridad”, pero ninguna celeridad es legítima cuando mancilla procedimientos constitucionales expresamente previstos para situaciones como la de Castillo.

La Constitución establecía con claridad los pasos a seguir. Pero, al no contar con los 104 votos requeridos, se recurrió a una justificación arbitraria. Con ese criterio, mañana se podría vacar con 91 votos, o con 56, o con 17, siempre en nombre de la “celeridad”. En realidad, en nombre de evitar un golpe, se terminó dando otro.

Actualmente se comete el delito de usurpación de funciones. El Tribunal Constitucional no cumple debidamente con las suyas. Cuando habla de “legitimidad” en vez de “legalidad”, no se trata de un accidente: es un reconocimiento tácito de que lo hecho por el Congreso no fue legal.

Los jueces no están para analizar legitimidad —eso corresponde a los analistas políticos—, sino legalidad. Y en ese terreno, la destitución de Castillo no tiene sustento.

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Guido Croxatto es abogado internacional del expresidente Pedro Castillo

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