HECHOS INFAUSTOS EN LA POLITICA PERUANA

 LA SUSPENSIÓN DE LA FISCAL DELIA ESPINOZA:

CONSOLIDACIÓN DE UN RÉGIMEN NARCO-CRIMINAL EN EL PERÚ.

Por: Ángel Gabriel Apaza

Introducción

L

a decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de suspender por seis meses a la fiscal suprema Delia Espinoza representa un punto de inflexión en la crisis institucional del Perú. Espinoza, conocida por liderar un amplio número de investigaciones contra actores clave del poder político, judicial y administrativo, se convirtió en un blanco incómodo para sectores que hoy integran una coalición informal con rasgos de captura mafiosa del Estado. Esta acción no solo evidencia un patrón de represalia institucional, sino que pone en relieve un proceso más amplio: la consolidación de una república narco-criminal, carente de contrapesos reales y legitimidad social.

1. Contexto:

Entre la persecución judicial y la captura del Estado

Entre 2022 y 2025, el sistema político peruano ha sido escenario de una acelerada reconfiguración autoritaria, impulsada por el debilitamiento de las instituciones democráticas y la creciente influencia de economías ilegales sobre la política nacional. La destitución de Pedro Castillo y la llegada al poder de Dina Boluarte en diciembre de 2022 dieron inicio a un proceso de rearticulación del poder, en el cual el Congreso asumió un rol protagónico mediante el control de organismos clave como la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional y la propia JNJ¹.

La fiscal Delia Espinoza, en ese contexto, lideró investigaciones contra una diversidad de actores —desde la presidenta Boluarte y su entorno familiar (incluido su hermano Nicanor), hasta miembros del Congreso, la JNJ y otros altos funcionarios públicos— lo cual generó una fuerte tensión entre el Ministerio Público y el resto del aparato estatal. Su suspensión por parte de la JNJ se percibe como un ajuste de cuentas motivado por la incomodidad que sus indagaciones generaban en el poder político y judicial².

2. Del fujimorato a la dictadura parlamentaria

A diferencia del modelo autoritario de los años noventa —centralizado en la figura de Alberto Fujimori—, el poder actual se expresa bajo una lógica colegiada, donde el Congreso opera como órgano rector de una coalición multipartidaria con características mafiosas. Partidos como Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País y Alianza para el Progreso articulan intereses que trascienden lo ideológico, guiados más bien por la impunidad, el control institucional y la defensa de intereses particulares³.

Salida muy digna

Este modelo ha sido caracterizado por el sociólogo Sinesio López como una "dictadura parlamentaria sin legitimidad social"⁴. El término hace alusión a un tipo de régimen donde el poder legislativo, lejos de cumplir su rol de fiscalización y representación, actúa como estructura de dominación autoritaria, blindando a sus aliados, persiguiendo a disidentes y debilitando toda forma de independencia institucional.

3. Narcoeconomía y sistema político

El debilitamiento institucional no puede entenderse sin considerar el crecimiento exponencial de las economías ilegales en el Perú. A partir del año 2000 —y con especial fuerza entre 2002 y 2025— se consolidaron circuitos de criminalidad organizada vinculados al narcotráfico, la minería ilegal, la tala indiscriminada, el tráfico de personas y el lavado de activos. Estas redes no solo operan en los márgenes del Estado, sino que han logrado penetrar sus estructuras mediante la cooptación de funcionarios y la financiación de campañas políticas⁵.

Delia Espinoza fue una de las pocas figuras institucionales que se enfrentó abiertamente a esta lógica, abriendo procesos contra altos funcionarios y denunciando el vínculo entre el poder político y las redes criminales. Su suspensión simboliza el triunfo, al menos temporal, de estas estructuras sobre los mecanismos republicanos de control y justicia.

4. La institucionalización de la impunidad

La actual coyuntura ha sido descrita por diversos analistas como la instauración definitiva de una república narco-criminal. Esta se caracteriza por tres elementos: i) el control institucional por parte de una coalición político-criminal, ii) la persecución sistemática de actores judiciales independientes, y iii) la expansión territorial y económica de circuitos delictivos bajo la tolerancia o protección estatal⁶.

Con la suspensión de Espinoza, el Ministerio Público queda descabezado, y con ello se debilita uno de los últimos espacios de resistencia institucional. La legalidad se convierte en un instrumento de persecución, mientras el principio republicano de división de poderes se desvanece ante el avance de intereses subterráneos.

Conclusiones

El Perú enfrenta un momento crítico de su historia republicana. La suspensión de la fiscal Espinoza no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia más amplia de consolidación de un régimen autoritario, criminalizado y sin legitimidad social. Como en los años noventa, pero con una nueva configuración, el país se enfrenta a una dictadura sin rostro único, pero con múltiples brazos extendidos sobre las instituciones del Estado. La diferencia es que ahora, el enemigo ya no es solo político: es estructural, económico y transnacional.

Notas:

1. Véase Dammert (2023), quien analiza la captura institucional como fenómeno regional, con especial atención a Perú y Centroamérica.

2. IDL-Reporteros (2025) documenta que la mayoría de los miembros de la JNJ se encontraban siendo investigados por Espinoza, lo que plantea un claro conflicto de interés.

3. Esta coalición ha sido denunciada en múltiples ocasiones por organizaciones civiles como Proética y el Instituto de Defensa Legal.

4. López (2024) sostiene que el Congreso ha dejado de representar a la ciudadanía para convertirse en garante de impunidad.

5. Estudios del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) y el Instituto de Estudios de las Drogas y Seguridad Humana (DEVIDA) coinciden en señalar la relación entre economías ilegales y poder político.

6. Se puede consultar el informe de Insight Crime (2024) sobre la criminalidad organizada en el Perú para una caracterización más detallada.