lunes, 25 de noviembre de 2019

ENFOQUES SOBRE LA REALIDAD PERUANA


LECTURAS INTERESANTES Nº 930
LIMA PERU           25 NOVIEMBRE 2019
LA FEUDALIZACIÓN DEL PODER EN EL PERÚ
Anthony Medina,  IDEELE Revista Nº 288
E
n los últimos tres años, en el Perú hemos pasado por varias coyunturas ‘populistas’ frente a las que diversos analistas pronosticaron eventuales estallidos sociales y puntos de quiebre en el sistema político peruano, así como el surgimiento de nuevos movimientos sociales que socavarían sus raíces, bajo nuevas banderas de cambio en el país. Efectivamente, en Perú durante los últimos tres años hemos tenido marchas y contramarchas de todo tipo: contra la televisión basura, contra el empresariado, contra leyes antitrabajadores, contra la violencia machista, contra la ‘ideología de género’, contra el terrorismo, contra la corrupción como idea abstracta, y ahora, últimamente, pidiendo la disolución del Congreso, lo que finalmente se logró.
En su momento, cada una de estas causas generó un amplio debate, principalmente en ciertos medios y redes sociales en Lima, movilizaron la legítima indignación ciudadana, y favorecieron la idea de un hartazgo generalizado y la aparición de una coyuntura crítica en la política peruana similar a la de otros movimientos como Occupy Wall Street en Estados Unidos o Indignados en España, Portugal y Grecia. Sin embargo, el resultado de esa efervescencia social siempre ha sido el mismo: olvido progresivo, calma chicha, y retorno al statu quo, al menos hasta que por alguna razón el tema volviera a instalarse en agenda debido a un escándalo mediático. Luego de la disolución del Congreso, pareciera que en el Perú la calma vuelve a pesar de algunos conflictos de alcance limitado distribuidos aquí y allá (el último de ellos, Tía María) que no generan mayor influencia en la forma en cómo se distribuye y se juega con el poder en Lima.

¿Por qué los peruanos no somos capaces de articular un movimiento popular anticorrupción que sea coherente y permanente en el tiempo, y que presione por reformas concretas para responder a los desafíos que plantea el bicentenario de la República (del que, por cierto, ya solo nos separan dos años y medio)? A mi juicio, esto sucede por dos razones: la primera es la derrota histórica de la izquierda y su incapacidad para regenerarse sin autodestruirse en el camino; la segunda, la creciente feudalización y el anonimato del poder político en el Perú. Ya bastante se ha dicho sobre la primera, así que me enfocaré en lo segundo.
En el Perú contemporáneo, han concurrido al menos tres elementos que dificultan nuestra comprensión de la forma como se ejerce el poder político. El primer elemento, una reforma institucional trunca y sin lineamientos generales de política pública, que ha sido promovida sólo por cumplir con estándares internacionales que (en teoría) estarían alineados con nuestros más caros objetivos nacionales, de los cuales el más importante es el tan ansiado ingreso a la OCDE. El segundo, la derrota de los partidos nacionales históricos luego de la transición a la democracia, acompañado por un proceso de descentralización que ha generado una expansión desmedida de movimientos regionales cuya conexión con Lima es informal y asimétrica. El tercero, la consolidación de una economía donde se ha hecho tan difusa la frontera entre lo informal y lo ilegal que ya no es posible endurecer medidas en contra de ella sin afectar seriamente el producto bruto interno y el empleo nacional.
Estos elementos ya constituyen una parte inseparable de lo que llamamos el ‘modelo peruano’ y han generado un conjunto de reglas, saberes y sentidos comunes sobre qué es hacer política en el Perú y cómo ésta debe hacerse si se desea tener cierto éxito. Es por eso que el escándalo del CNM nos ha indignado, pero no nos ha sorprendido. Cualquier persona con una aproximación o experiencia mínimas en la realización de trámites judiciales sabe cuáles son las reglas informales para que una demanda prospere o caiga en el olvido. Si sumamos a esto el miedo legítimo de cualquier actor revisionista a quedar expulsado del juego político por oponerse a estas reglas, lo que tenemos es un sistema casi invencible. En pocas palabras, nadie quiere quedarse fuera por ser considerado excesivamente ‘rebelde’, así que lo más sano si se quiere tener una vida tranquila es ‘callar y cobrar’.
Por esto, como señala Roger Merino, en el Perú tenemos es un gobierno reactivo que gobierna sin gobernar, es decir, no genera lineamientos obligatorios de política a ser seguidos por los organismos del Estado. Por el contrario, el gobierno gobierna como en modo avión, permitiendo que funcionarios de varios gobiernos anteriores convivan en puestos clave debido a su incapacidad de generar cuadros propios alineados con su propio proyecto político (en caso de que este existiera, por supuesto).
El Perú desde los 2000
En el año 2000, Alberto Fujimori utilizó el fraude electoral para bloquear la victoria de Alejandro Toledo y lograr su segunda reelección. La reacción del pueblo fue salir a las calles y traer abajo el gobierno. En el 2016, el Jurado Nacional de Elecciones tachó a los candidatos César Acuña y Julio Guzmán, argumentando formalidades administrativas que, si bien eran legales jurídicamente, eran ilegítimas políticamente. Sobre esto, la revista The Economist afirmó que las elecciones en el Perú ya estaban arregladas (Rigging Peru’s elections). Si bien no hay duda de que las elecciones del 2016 fueron arregladas, nadie sabe quién las arregló ni para qué: ¿Ollanta? ¿Nadine? ¿El JNE? ¿El APRA? ¿El fujimorismo? Tampoco sabemos a quién se buscaba beneficiar con el fraude, a no ser que creamos que Verónika Mendoza y Alfredo Barnechea tuvieron poder suficiente para influenciar al JNE bajo el frío cálculo político de la cosecha de votos.
En el 2000, Alberto Fujimori utilizaba el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) para comprar las posiciones políticas de grandes medios de comunicación y silenciar a periodistas opositores. Los medios en manos de broadcasters históricos como José Francisco Crousillat o Genaro Delgado Parker promovían la propuesta ideopolítica del fujimorismo a través de sus noticieros con el objetivo de influenciar a la población en una dirección específica. En la actualidad, casi la totalidad de medios limeños están controlados por anónimas corporaciones cuya única prioridad es promover entretenimiento (léase, entretenimiento basura), bajo la consigna de que "no hay que meterse en política", ni para bien ni para mal. ¿Quién podría decir que existe algún tipo de control político de los contenidos de los medios?
Aquel año, Alberto Fujimori también poseía una coalición política que, pese a dar indicios de hacer aguas, tenía en sus filas grandes empresarios que se la jugaban por el modelo económico. Para dicha época, integrantes de la CONFIEP como Jorge Camet o Ricardo Márquez ya habían gobernado con Fujimori como ministros y altos funcionarios. En ese sentido, los diversos sectores económicos que se alinearon con Fujimori temían que de retornar el APRA o el Toledismo implementaran reformas redistributivas en nombre de la ‘justicia social’.
La falta de una respuesta contestataria  como la Marcha de los 4 suyos  en el año 2000 se debe en buena parte a la forma en cómo está estructurado este poder anónimo y feudalizado que aún no somos capaces de entender y ni siquiera de ubicar.

VELASCO
Las alarmas se reactivaron con el Ollanta ‘chavista' de 2006 y ‘lulista’ de 2011, contra el que enfilaron todas sus baterías en virtud de la defensa del modelo. Hoy, fuera de su círculo ‘moqueguano’ de confianza, Martín Vizcarra gobierna con una mayoría de funcionarios heredados del gabinete de Kuczynski, que a su vez los había heredado de Humala, que por su parte los había heredado de García, y así ad infinitum. Ahora bien, esa herencia no les ha garantizado la aprobación del empresariado, sino que por el contrario la economía ha seguido desacelerándose, a pesar de la victoria del candidato supuestamente más pro-empresarial de todos, a la vez que su intento de partido político difícilmente podía ser considerado como representativo de la élite empresarial limeña. ¿Quién, entonces, podría decir que la crisis actual es producida por el modelo (neo)liberal?
El poder feudalizado y anónimo
La única conclusión que podemos extraer de todo esto es que, en verdad, ya no sabemos quién ejerce el poder en el Perú. O mejor dicho, sí lo sabemos, pero no disponemos de mecanismos para generar algún tipo de contrapoder en el marco de las actuales reglas de la democracia representativa. Por eso, las marchas se articulan contra actores que, si bien formalmente no están en el gobierno, se sabe que ejercen poder. En esto difiere el Perú actual del Perú de Fujimori, cuando se sabía bien contra qué y contra quiénes se protestaba, así como se conocía la forma en la que el poder se ejercía y con apoyo de quiénes se expresaba. Así como había un 'adentro' de la coalición fujimorista, se podía reconocer qué cosa estaba fuera de sus límites.
En cambio, hoy ni siquiera podemos hacer esa distinción. Protestamos contra una CONFIEP que formalmente no influye en los resultados electorales; protestamos contra medios de comunicación que formalmente solo transmiten realities y entretenimiento; protestamos contra un Poder Judicial que formalmente es autónomo, pero termina por definir el bien y el mal en el país, y finalmente protestamos contra un partido político que formalmente no está en el gobierno, pero del que sabemos que tiene poder de veto para torcer el brazo del gobierno cuando lo desee.
Dado que, formalmente, ninguno de estos actores influye en la forma de ejercer el poder en el país, entonces es difícil exigirles accountability, y mucho más que asuman la responsabilidad por sus actos. Efectivamente, pareciera que el fujimorismo estaría detrás de cada intento por copar instituciones públicas, pero no con el objetivo de hacerse del poder sino solo de representar intereses ilícitos tercerizándole los costos políticos al gobierno ‘formal’. Sin duda, el sector informal-ilegal del que hablábamos se encuentra mejor representado políticamente por Fuerza Popular y es la principal fuente de su poder, por lo que aquí sí podría decirse que hay una comunión directa entre sus intereses con los de otros grupos conservadores como el de #ConMisHijosNoTeMetas. El mantra de los politólogos peruanos sobre la necesidad de fortalecer los partidos políticos aquí nos explota en la cara.
Comunicación
Vistas así las cosas, lo que viene luego de la disolución del Congreso se ve como un proceso bastante mecánico y aburrido, casi de mesa de partes: Búsqueda de reemplazos para los Congresistas disueltos
entre 2020 y 2021 y luego elecciones presidenciales. No hay grandes debates ni discusiones (‘populistas’ o no) de por medio. Pareciera que el Bicentenario de la República fuese una fecha más en el calendario de programación de actividades de Palacio de Gobierno; quizás porque no hay nada nuevo qué ofrecer, o quizás porque, siendo francos, no hay demasiado qué celebrar.
Sin embargo, a diferencia de quienes consideran que esto se debe a algún carácter pasivo, conformista o cínico de los peruanos, nosotros consideramos que la falta de una respuesta contestataria del tipo de las jornadas de lucha conocida como Marcha de los 4 suyos y que trajeron abajo el gobierno de Alberto Fujimori en el año 2000 se debe en buena parte a la forma en cómo está estructurado este poder anónimo y feudalizado que aún no somos capaces de entender y ni siquiera de ubicar, como a la carencia de canales de respuesta por vías democráticas. Lo que no puede entenderse, no puede ser comunicado. Y sin comunicación, no hay política, ni contenciosa ni de ningún otro tipo. Vistas así las cosas, vale la pena preguntarse qué condiciones tienen que darse para transformar la indignación ciudadana en algo real y viable antes de ser tragada nuevamente por la calma chicha y la aceptación tácita del statu quo <>
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ANTHONY MEDINA es Politólogo UNMSM. Director de la Escuela de Ciencia Política UCSM-Arequipa.

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