ESTRATEGIA POLÍTICA, ECONÓMICA Y MINERA EN PUNO [1]
Jaime de Althaus, 12 de Mayo de 2023
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s
posible que el gobierno esté desbordado por los desastres del norte y la crisis
de los migrantes en el sur, pero tiene que encontrar la manera de dar una
respuesta política a los problemas de Puno.
Los
paros y bloqueos han cesado, por cansancio de la población, pero aparecen
expresiones radicales como en el desfile escolar de Azángaro y el gobernador y
los alcaldes tienen prohibido reunirse con ministros y funcionarios del
gobierno central, como si estuvieran en guerra con él.
Hemos
sugerido nombrar un alto comisionado con poderes para impulsar obras de
impacto.
Es
urgente preparar un plan de emergencia para prevenir los efectos de
las heladas que vienen muy fuertes, y remediar los efectos de la sequía. Carlos
Paredes Gonzales de Sierra Productiva tiene soluciones.
Al
mismo tiempo, el gobierno debería llevar un plan concreto de formalización y
modernización de la minería de oro del distrito de Ananea y otras zonas de
Puno. Esto último, por supuesto, no es fácil. Requiere trabajo y
flexibilidad. Según José Farfán, abogado puneño especialista en minería a
pequeña escala, en La Rinconada hay alrededor de 30 mil “cachorreros” que
laboran 20 días para los dueños de las minas y luego 5 días para ellos mismos,
que es el pago que reciben. Una modalidad de trabajo pre salarial. Lo que
producen en esos 5 días lo venden al negro, sin ningún documento, a acopiadores
que a su vez les venden a empresas “facturadoras” o a Bolivia. Calcula que debe
haber unos 70 mil trabajadores mineros de este tipo en todo Puno y unos 300 mil
a nivel nacional, con distintas formas de pago.
En
teoría deberían vender con factura, pero son muy pequeños, no saben cómo
hacerlo, y no tienen contador. Lo más sencillo, según Farfán, sería que la
Sunat permitiera que pudieran vender con liquidación de compra, que era como
funcionaba hasta el 2013. La liquidación de compra es una suerte de factura
mucho más sencilla, sin RUC, con DNI, por medio de la cual se le retiene al
minero el 1.5% del valor de la venta. Esto sería clave. Permitiría registrar y
empezar a formalizar a estos productores, llevándolos paulatinamente a mejorar
sus prácticas, de la mano con el fomento a la instalación de plantas
procesadoras que trabajen con gravimetría para reemplazar a los quimbaletes que
usan mercurio.
Simultáneamente
el Banco de la Nación podría instalar una oficina en esas zonas mineras en Puno
para comprar el mineral, algo que hacía hasta los años 80 del siglo pasado. Para
comprarle también a las cooperativas formales de Ananea, que venden con
factura. Como fuere, todo este esquema debería ser materia de una propuesta
bien pensada y planificada para que el Estado incorpore a los circuitos
formales y al Estado nacional a este enorme segmento de productores informales
e ilegales.
Es
hora de formar un grupo de trabajo en el Ejecutivo que defina y coordine estas
estrategias orientadas a reintegrar Puno a la nacionalidad y a la posibilidad
de volver a crecer. No olvidemos que la gran mayoría de puneños son personas
sumamente trabajadoras y emprendedoras, que solo están esperando un marco
adecuado para lanzarse a invertir, producir y comerciar legal y formalmente. El
Perú tiene que dárselo.
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