miércoles, 20 de diciembre de 2017

LA COYUNTURA ESTA QUE ARDE

LECTURAS INTERESANTES Nº 798
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LIMA PERU          20 DICIEMBRE 2017
CARETAS Edición 2519: miércoles, 20 de diciembre de 2017
Editorial
Al Caballazo
Es poco todo lo que pueda decirse sobre la gravedad de la situación que podría desembocar en la vacancia de la Presidencia de la Republica. De allí que sea muy importante que las decisiones que se adopten sean inobjetables desde el punto de vista jurídico e institucional.
Un primer elemento a tener en cuenta es la necesidad de llegar a la verdad de lo ocurrido: si hubo conductas ilegales o contrarias a la ética por parte del Presidente en asuntos involucrados en las actividades de la empresa Odebrecht en el Perú mientras él era  funcionario público.
Para llegar a ese dictamen, es necesario aplicar un debido proceso en el que se respeten los derechos del Presidente, en especial el derecho a la defensa. Ello supone precisar la acusación de los actos contrarios a la ley o a la ética para poner en movimiento ese proceso.
Resulta esencial para la convivencia de los peruanos que se llegue a la verdad y a definir  la naturaleza de las conductas que ellos involucran. Es necesario, a toda costa, evitar que se dé la impresión de estar buscando fines políticos aprovechando transitorias mayorías.
El argumento del “juicio político” que califica las actuaciones del Congreso no puede ser una bandera de pirata que encubra abusos e injusticias. Tal situación sería el origen de nuevos y graves problemas para nuestro país y es sabido que cuando se crean esos monstruos, acaban tragándose a quienes los originaron.
Debe tenerse presente que la gravedad de los asuntos involucrados exige una decisión rápida pero no apresurada. La Fiscalía deberá emitir un sólido y fundamentado dictamen a la brevedad.
Llegado a ese punto, se estará en condiciones de adoptar las decisiones que corresponda a las instituciones de la República. El combate sin cuartel contra la corrupción exige hacerlo en el marco de las instituciones constitucionales y del respeto a los derechos individuales.
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ESCALOFRÍO DE LA 
VACANCIA
Movidas de última hora en medio de gabinete fracturado. Abogado Alberto Borea sale a la cancha y PPK se juega su mandato.
“Es como que te entreguen un partido con 5 a 0 en contra a la mitad del segundo tiempo”.
Así describe un colaborador del presidente Pedro Pablo Kuczynski las horas frenéticas que corren al comenzar la semana. Un gabinete desconcertado y un mandatario errático tenían al otro lado a la minoritaria bancada oficialista que, mal que bien, trataba esta vez de mantener un frente unido en el más adverso de los escenarios.

El 12 de diciembre, la empresa Odebrecht remitió un oficio a la Comisión Lava Jato en el que revela que contrataron los servicios de Westfield, la empresa personal de asesoría financiera del presidente, para siete consultorías entre los años 2004 y 2007 por un monto total de US$ 782 mil. Las asesorías fueron realizadas para los proyectos Olmos e IRSA Norte –carretera Interoceánica- en sus tramos 2 y 3.
Kuczynski afirma que, mientras fue ministro MEF, presidente del Consejo de Ministros y jefe de Proinversión en el gobierno de Alejandro Toledo, Westfield fue administrada por su socio chileno Gerardo Sepúlveda, ya conocido por su papel de propietario de la “boutique” financiera First Capital.
Pero el Presidente no presentó ningún documento que formalice su alejamiento de la empresa durante ese período. Odebrecht también reveló que pagó a First Capital US$ 4.043 millones como monto total por distintos trabajos de asesoría.  
El Presidente ofreció una entrevista conjunta a cinco periodistas el domingo 18 por la noche. En un formato que le jugó en contra a un personaje poco enfático y de pobre retórica televisiva –un mensaje a la nación leído y documentado, con la narrativa completa de su defensa era un camino más pertinente– el Presidente dijo que en los últimos días debió practicar una “arqueología” documental de negocios que tienen más de 10 años de antigüedad.
Pero al menos desde febrero de este año, CARETAS publicó que su sociedad con el chileno Sepúlveda podía traerle problemas y solicitó a Palacio explicaciones. Se trataba de “informaciones que de no ser rebatidas”, advirtió la revista, “pueden ser moduladas políticamente según la presión que pueda percibir sobre sí misma la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien controla el Congreso”.
Muy advertido, estaba.
Diez meses más tarde, y ante la inminencia de la vacancia, el Presidente denuncia un complot en dirección “a la autocracia”, donde las otras piezas son los intentos fujimoristas por controlar el Tribunal Constitucional y la Fiscalía de la Nación.
Probablemente cierto. Pero el Presidente recién lo denuncia ahora, cuando ambos atropellos están en marcha desde hace varias semanas.
BOREA EN LA CANCHA
El Frente Amplio anunció la presentación de una moción de vacancia presidencial que al final tuvo carácter multipartidario, con el martillo fujimorista a la cabeza. Luego de cinco horas de debate, el Pleno la aprobó el viernes 15 con 93 votos a favor, 17 en contra y ninguna abstención.  
Se trata de una fórmula simple: con 44 votos en contra de la moción de vacancia –o de abstenciones– se salva la cabeza de PPK. Pero las negociaciones indicaban que era muy probable que la vacancia procediera al menos con los 87 votos requeridos.
La sesión fue convocada para el jueves 21 a las 9 de la mañana. La mesa directiva del Congreso anunció que el Presidente tendrá el tiempo que considere necesario para ejercer su defensa, más allá de la hora que establece el reglamento. El equipo especial dirigido por el fiscal Hamilton Castro, que esperaba recabar el testimonio del mandatario esa misma mañana, reprogramó la citación para una semana después.
El abogado del Presidente es el excongresista Alberto Borea. La historia demócrata y antifujimorista del jurista promete un casus belli digno de ser atendido.
LÍNEA DE DEFENSA
El ministro de Defensa, Jorge Nieto, y el de Cultura, Salvador del Solar, asumieron un rol protagónico en la estrategia de defensa del Presidente en los últimos días. PPK reconoció que el ministro del Interior, Carlos Basombrío, había presentado su renuncia.
La primera ministra, Mercedes Aráoz, acompañó al Presidente en su alocución del jueves 14, emitida al filo de la medianoche. También ofreció declaraciones en su defensa. Pero otras que brindó a la agencia Reuters produjeron fastidio entre los que buscaban jugarse la permanencia de Kuczynski a como diera lugar. Aráoz aclaró que ni ella ni el vicepresidente Martín Vizcarra renunciarían en caso se diera una vacancia (“vamos a asegurar que este gobierno continúe en el poder”). Parecido efecto tuvo el tuit de Vizcarra del viernes 15 (“nuestro compromiso es con la gobernabilidad, respetando la Constitución”).

El Perú es más grande que sus problemas. Nuestro compromiso es con la gobernabilidad, respetando la Constitución y las instituciones democráticas, sin importar los colores políticos. #ElPerúPrimero!

Los que proponían la doble renuncia, como el congresista Juan Sheput, movían el cuco del ófrico escenario con Luis Galarreta de presidente de transición. Una pesadilla antifujimorista que tampoco suena muy potable para la misma Fuerza Popular.
Había trascendido la molestia de Aráoz con el presidente por los pagos revelados por Odebrecht y su defensa desprolija. Como también el fastidio del canciller Ricardo Luna, su amigo cercano desde los días felices en el campus de Princeton. De ahí los semblantes fúnebres de aquél mensaje. Pero, para la primera línea de defensa de PPK, el enojo habría llegado demasiado lejos.
LUNA MENGUANTE
Según miembros del gabinete consultados, el canciller se negó a oprimir el botón de la Carta Democrática de la OEA. Tampoco exploró la posibilidad de pedir medidas cautelares al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, como ha ocurrido con mucha efectividad en el caso del Tribunal Constitucional.    

Estamos ajustando detalles para envío de delegación de @OEA_oficial a #Peru según invitación del gobierno del Presidente  @ppkamigo para hacer seguimiento a la actual situación política.

Al respecto, al expremier Pedro Cateriano le llama la atención “la inacción internacional del gobierno” y cree que la pregunta hay que trasladarla “al Presidente, a la señora Aráoz y, por supuesto, al canciller Luna. Los funcionarios de Torre Tagle parecen más interesados en preservar sus puestos”.
Al cierre de esta edición, la opción de la Carta Democrática seguía siendo alentada por integrantes del gobierno. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, se encuentra muy pendiente de la situación peruana. El 29 de noviembre último se reunió con PPK en Lima, que será sede de la próxima Cumbre de las Américas en abril.
Un experto constitucional observa que la Carta está diseñada no para atornillar a los gobernantes al poder, sino para asegurar las condiciones de gobernabilidad. El adelanto de opinión de los congresistas, lo ajustado de los plazos e incluso la redacción chapucera de la moción de vacancia juegan aquí a favor del Presidente.
INCAPACIDAD MORAL
El portal utero.pe encontró que el texto hace “copy-paste” de un artículo que el abogado Abraham García publicó en el 2013 en la revista Pensamiento Constitucional de la PUCP. No solo no citan la fuente, sino que el tijeretazo está al revés. García argumenta que la vacancia por incapacidad moral es la única causal que requiere “mayor controversia o dilucidación”. La moción argumenta que “no requiere mayor controversia o dilucidación”. Hasta para copiar se requiere de alguna comprensión lectora.
Otra posibilidad era un recurso ante la Justicia local. Para recurrir al Tribunal Constitucional se deben agotar las dos instancias previas ordinarias. En este caso, un juez en el cercado de Lima tendría que conceder el amparo antes de la sesión del jueves.
Un globo de ensayo pareció lanzarse con la presentación ante la Corte Superior de Justicia de Lima de un recurso de amparo por parte de los abogados “independientes” Juan Sánchez Chiang y Francisco Dios Chiroque.
El penalista Enrique Ghersi se encontró con los ministros Nieto y Pedro Olaechea el domingo 17 en el hotel Country, pero aclara que no podría asumir ningún papel en la defensa del Presidente por un conflicto de intereses, ya que antes asumió casos de clientes relacionados. Sí cree que el adelanto de opinión de los congresistas puede jugar a favor de Kuczynski. Otros especialistas como César Nakazaki añaden la premura fujimorista de acortar los plazos. El conflicto de intereses que complica al Presidente se enfrenta al otro, el de la todopoderosa oposición.


PLAN V
Martín Vizcarra ya calienta por si se cumple la contabilidad parlamentaria. La vacancia se juega voto a voto.
Se esperaba la llegada a Lima del vicepresidente Martín Vizcarra, actual embajador en Canadá, el martes 19.
Vizcarra ha dejado en claro que no renunciará, al igual que la segunda vicepresidenta  Mercedes Aráoz. De producirse la vacancia, entonces, a Vizcarra le tocaría completar el mandato constitucional.
Para darse el escenario del presidente del Congreso Luis Galarreta como mandatario interino encargado de convocar nuevas elecciones, tanto Vizcarra como Aráoz tendrían que dimitir. Cuando Valentín Paniagua asumió como jefe del gobierno de transición, debieron efectivamente renunciar los vicepresidentes Francisco Tudela y Ricardo Márquez. Pero claro. Entonces Alberto Fujimori había sido vacado tras intentar renunciar por fax en plena huida. Y Galarreta no es Paniagua.
Por el momento, la contabilidad de los votos parlamentarios juega en contra del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Los 70 votos de Fuerza Popular, con Kenji Fujimori como solitario contreras, se suma a 10 del Frente Amplio, tres apristas y dos no agrupados (Yeni Vilcatoma y Roberto Vieira). Son 85 votos, a dos del mínimo de 87 para vacar al Presidente.
Del otro lado están los 18 oficialistas de PPK. En la duda quedan dos apristas (Jorge del Castillo y Luciana León) y las bancadas de Nuevo Perú, Acción Popular y Alianza Para el Progreso. Hay que señalar que integrantes de la última, como Julio Rozas, se han expresado abiertamente a favor de la vacancia.  
Gloria Montenegro de APP se inclina por “trasladar la decisión para el día 29 porque se necesita que PPK se agencie de todos los documentos que comprueben la veracidad de sus declaraciones. En la bancada estamos mitad a mitad sobre la materia. Esto no es una interpelación. Hay que cumplir que vaya a Lava Jato y también pase a la Fiscalía. Hay que recordar que cuando sancionaron por 90 días a Javier Diez Canseco, y luego, él fallece, el Poder Judicial declara nula esa suspensión por haberse vulnerado el derecho al debido proceso”.
Su colega Marisol Espinoza añade que “es un tema complejo. Hay que corroborar pruebas, documentación  y creo que se necesita todo el tiempo necesario. Es la máxima autoridad y deben darle tiempo razonable. El proceso ha sido demasiado acelerado”.
María Elena Foronda del Frente Amplio opina que  “para ver si procede o no la vacancia sería interesante escucharlo y agotar todas las instancias para no tomar una decisión apresurada, y que esta se vaya hasta enero. No para el día 21, y no comparto la opinión del fujimorismo y el Apra, quienes están presionando para que ya se tome la decisión”. Hernando Cevallos de la misma bancada cree en cambio “que hay pruebas e indicios para la moción de la vacancia. Los plazos se deberían dar según los procedimientos con los tiempos”.

Víctor Andrés García Belaúnde de Acción Popular recuerda que “nuestra posición fue que el presidente de la República primero debía ir a la Comisión Lava Jato y después en todo caso procesar la moción y lo que se ha hecho es que primero vaya al pleno”. Coincide con el aprista Mauricio Mulder en el sentido de que la vacancia no es un juicio penal, sino de carácter político. “No tenemos que tener el arma para saber si mató o no mató, sabemos que hubo inconductas, falsedades y ocultamiento, sobre eso hay que tomar una decisión”, afirma García Belaúnde. ▒

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