Escribe: Christian Reynoso
LOS ANDES. Política - 29 jun 2011
Foto: La Rinconada
En la edición del domingo último de La República, en las columnas de Lauer, Álvarez Rodrich y Rospigliosi, se publicaron fragmentos de una carta no pública, hasta entonces, enviada por la socióloga y empresaria puneña Martha Giraldo sobre la situación de Puno . Tras leer dichos fragmentos sentí que en aquellas palabras había un cierto tono de queja, lamento e incluso no poco revanchismo, seguramente producto de la impotencia e indignación de lo sucedido en Puno. Pero esto es solo una visión del problema, legítima por cierto.
Resulta curioso que los tres principales columnistas de La República citaran y reprodujeran fragmentos de esa carta, al unísono, en una misma edición de sus columnas. ¿Por qué? Quizá porque han visto en ella una explicación “confiable” a lo que viene sucediendo en Puno, en medio de los discursos y demandas de los dirigentes aymaras y quechuas que se han venido escuchando a lo largo de las últimas semanas. Quizá han querido dar a conocer la posición de una vieja conocida “militante cristiana de izquierda”, a contraposición de los demás discursos.
Lo que dice Giraldo es cierto, y nosotros, los puneños, lo sabemos desde siempre. Sin embargo, quizá en medio de este contexto, resulta chocante asumir que la realidad de Puno es así, informal en sus dimensiones económicas –que para un sector de la población es contraproducente– pero que para la gran mayoría, es la manera de vivir y sobrevivir, diariamente. Y que para un gran sector de esta mayoría, este tipo de actividades les permite acrecentar una gran fortuna sobre la base de lo ilegal. Contrabando, minería informal, narcotráfico y corrupción, son las aristas de esta informalidad.
¿A dónde irá Puno con este cauce informal que lo guía desde hace años? Quizá las movilizaciones, muertos y bloqueos de estos días, representen, en el fondo, la defensa de la informalidad. ¿Queremos que Puno sea una región informal, sin posibilidades de un verdadero desarrollo enmarcado en la legalidad? De repente nos hemos acostumbrado a esta manera de vivir y creemos que Puno se desarrolla “con modernidad” porque se construye un nuevo hotel en el centro de la ciudad, o se instala un Plaza Vea en Juliaca. Quizá no estamos viendo que Puno en su conjunto, es la expresión a otro nivel, del microcosmos informal que se vive en La Rinconada, por hacer una analogía.
Sin embargo, Puno y la belleza de su paisaje a lo largo de la región junto a su lago Titicaca y su selva aún sin descubrir, es el otro lado de la moneda. Justamente la razón por la que los sectores del empresariado turístico puneño –inversión local y externa– han sido los primeros en pronunciarse ante las pérdidas económicas. Con mucha razón. La carta de Giraldo puede resumir ese sentir. Pero también de los pequeños empresarios urbanos puneños que, por ejemplo, de acuerdo a las versiones de algunos de ellos, y para extrañeza mía, habían empezado a organizar de forma velada, luego de los saqueos y destrucción del 26 de mayo, un frente de asalto, para enfrentarse a los pobladores aymaras movilizados si éstos volvían a la ciudad. Palos contra chicotes. La lógica era: Al comienzo los hemos ayudado, pero luego han destruido nuestros negocios. No podemos permitir que destruyan nuestra ciudad y trabajo.
Giraldo / Aduviri
Si a un lado tenemos a Martha Giraldo, que muy bien su carta puede interpretarse como la opinión de la elite empresarial puneña “ilustrada”; al otro lado, tenemos a un Walter Aduviri convertido en un “héroe” para algunos sectores, quizá mayoritarios, de la población aymara por haber puesto en jaque al gobierno nacional, con cobertura televisada incluida, y finalmente haber logrado sus objetivos. Para el gobierno, por supuesto, Aduviri es un delincuente. En ese sentido, cabe preguntarse, ¿qué nos espera de Aduviri para el futuro? ¿Será otro Pizango con sus cinco minutos de gloria y luego se perderá en el tiempo? ¿Podrá capitalizar este liderazgo y en qué términos, políticos, económicos? ¿Qué es lo que busca? ¿A quién representa? ¿Representa a esa llamada Nación Aymara, que para el caso también podría ser considerada de informal? Sea como fuera, Aduviri ha dado treinta días, a partir de 28 de julio, al presidente electo, Ollanta Humala para resolver las demandas de Puno. Y, si no, ¿qué?
Las demandas de los pobladores aymaras y quechuas son justas. Tienen todo el derecho de protestar y de hacer conocer su posición frente al atropello del actual gobierno que, por ejemplo, prefiere inaugurar Cristos y recibir bendiciones papales en vez de proponer soluciones urgentes a una situación de conflicto que llevaba más de 40 días. Es que sencillamente, y una vez más, Alan García ha demostrado que se zurra en lo que pase fuera de Lima.
García olvida que es gracias a su política extractivista al caballazo que se han generado estos escenarios de conflictividad social. Para él, la Ley de Consulta solamente ha sido letra muerta. Así, García se irá del gobierno cargando en los hombros, 6 muertos en Puno, 3 en Huancavelica, 2 en Islay y más de 30 en Bagua, teniendo como denominador común, la falta de su voluntad política y el oportuno diálogo para resolver los conflictos.
Denunciar las infiltraciones
¿Cuál fue la razón para que el día viernes 24 de junio –en que se produjeron los enfrentamientos y muertos en el aeropuerto de Juliaca–, si desde muy temprano las radios locales puneñas habían informado a la región, sobre los acuerdos a los que se habían llegado en Lima para la zona sur y las negociaciones que se daban para la zona norte; se decida atacar el aeropuerto Inca Manco Capac y generar un escenario de ultra violencia, que incluso continuó hasta el día siguiente, con los resultados ya conocidos?
Podemos ensayar algunas respuestas. Mantener la protesta a toda costa. El desborde natural de una turba o la simple terquedad y falta de entendimiento y comunicación. Pero también cabe preguntarse, si hay otras razones detrás, como la infiltración y manipulación de elementos radicales en estas movilizaciones y ataques. (Leáse también la incursión y destrucción de Sunat, Contraloría y Aduanas el 26 de mayo)
En Puno es vox pópuli la presencia e influencia de elementos radicales, claramente identificados, que forman y/o formaron parte de Sendero Luminoso, en estas movilizaciones. Pero más allá de las fotos que los muestran en medio de las marchas y sin caer en la especulación, ¿existen pruebas concretas de su intervención en estas movilizaciones? En ese sentido, debería abrirse una investigación que atienda de forma puntual este tema, para frenar esta intervención que de seguro continuará presente en toda y futura movilización puneña. Inteligencia y la Policía Nacional deberían mostrar resultados concretos. Mientras no se prueben y condenen este tipo de intervenciones, tendremos más de lo mismo en cada protesta social.
Click de la violencia y responsabilidad
Es inaceptable por donde se le vea, que la violencia y destrucción de la propiedad pública y privada sea un medio de presión. A la larga, la región Puno y sus propios ciudadanos son los únicos perjudicados. ¿No resulta contradictorio, acaso, que se destruya o que se pretenda destruir la propia región donde uno vive y desarrolla sus actividades? ¿Y no resulta absurdo, que ello mismo ocasione muertos? Que luego sean considerados mártires ya son huachafadas.
Este conflicto ha puesto también de manifiesto la falta de carácter y liderazgo del presidente regional de Puno. ¿Inexperiencia política y falta de ubicación en la negociación? Seguramente. Un presidente desinformado con un aparato de asesoría, prensa y comunicación que no le funciona de manera efectiva tiene su costo. A Rodríguez le preguntaron el día viernes, si se sentía responsable de las muertes de Puno. Dijo que no. Sólo tenía cinco meses en el cargo. Seguidamente le preguntaron si Aduviri era el responsable. No contestó puntualmente. ¿Qué se puede pensar de ello?
Todos tenemos responsabilidad de parte. Las autoridades locales y nacionales, que no tuvieron pulso para alcanzar iniciativas concretas ni voluntad de solucionar el conflicto apenas iniciado y que más bien produjo una escalada de demandas. Los dirigentes sociales irresponsables que han preferido optar por la violencia y que por ello, deben rendir cuentas. Los medios de comunicación locales que afanados en informar han olvidado su responsabilidad social de generar corriente de opinión activa además de la investigación y profundidad de los hechos; y los nacionales, para quienes es más importante cualquier suceso anodino de la farándula limeña.Los congresistas puneños que sólo aparecen como mediadores cuando las “papas queman” pero que a lo largo de su trabajo en el Congreso han sido incapaces de proponer un proyecto de ley para regular, o por lo menos aportar en la solución de la problemática del contrabando, narcotráfico o minería ilegal. Cenzano, para la muestra. De los electos congresistas que hasta el momento no se han pronunciado, dando a conocer propuestas legislativas a implementar que ayuden a resolver esta problemática. La lista podría ser larga.
Después de todo lo sucedido, todavía hay que mantener ojo avizor con todo lo que viene para Puno. Si los conflictos se solucionan y las demandas sociales son atendidas y Puno vuelve a la calma, tendrá que pensarse en una ofensiva publicitaria y cultural, que tenga bajo la manga una sólida construcción de políticas que alejen a Puno de ese click informal, ahuyentador de turismo e inseguro que parece hoy es la foto de esta región.
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