CLAMOROSA INJUSTICIA. NO HAY NINGUN ASESINO DETENIDO

 A DOS AÑOS DE LA MASACRE

Ybrahim Luna

En HILDEBRANDT EN SUS TRECE Nº 711, 29NOV24

E

n el Perú, los ciudadanos que son perforados por el plo­mo oficial se convierten en cifras simbólicas. El tiempo, principal aliado de los que buscan impunidad, borra las fotos, las historias personales y los lamentos de los caídos en conflictos sociales y los convierte en estadísticas dramáticas,

incómodas, corrosivas, pero cifras, al fin y al cabo. La valla de “cierta cantidad de muertos”, 49 por arma de fuego, es la que se ha establecido en la memoria po­pular junto a una peligrosa cer­teza: un puñado de muertos de provincia ya no cambia nada, es el nuevo costo-beneficio de la gobernabilidad.

En el mes de diciembre se conmemorarán dos años de la masacre de Ayacucho, ocurrida en 2022, durante los primeros días de gobierno de la presidenta Dina Boluarte, en medio de la convulsión social generada por su asunción y tras el fallido golpe de Estado del hoy preso Pedro Castillo. Son dos años en que los familiares de los caídos han sido mecidos por un Ministerio Público que debilitó las fiscalías provinciales especializadas en Derechos Humanos para argu­mentar una supuesta incapacidad de reconocer a los autores materia­les de las ejecuciones. Varios fiscales se esmeraron en aquellas fechas en no ir al lugar de los hechos, en no pedir los videos de las cámaras de vigilancia, en no registrar las declaraciones de los testigos directos; en suma, en echar más tierra a los muertos y en asustar a los familiares con la posibilidad de ser investigados por los hechos violentos. Todo bajo la tute­la de la hoy defenestrada ex Fiscal de la Nación Patricia Benavides.

“La masacre de Ayacucho” ocurrió en­tre los días 15 y 16 de diciembre de 2022 en la ciudad de Huamanga, durante un estado de emergencia decretado por el Ejecutivo. Un grupo de ciudadanos que se manifestaba en la plaza de armas se dirigió hasta el aeropuerto Alfredo Mendívil Duarte con la intención de tomar­lo. El ejército y la Policía, instruidos por el Ejecutivo para combatir “amenazas terroristas”, contuvieron a los manifes­tantes con bombas lacrimógenas y luego salieron en su persecución por calles y avenidas aledañas, registrándose dispa­ros de las fuerzas del orden por casi dos horas. En esas circunstancias murieron 10 manifestantes: Josué Sañudo (31 años), Jhon Mendoza Huarancca (34), Edgar Prado Arango (51), Clemer Rojas (22), Cristofer Ramos Aime (15), Raúl García Gallo (35), José Luis Aguilar Yucra (20), Leonardo Hancco (32), Jhonatan Alarcón Galindo (19). Todos fallecieron por impacto de proyectil de arma de fuego (básicamente fusil Galil) en cabeza, tórax o abdomen. Por entonces, la historia fue portada del diario estadounidense “New York Times”, que subtituló: “9Are Killed in a Protest Over the Arrest ofthe Ex-President”. Ayacucho significó más que nunca -en quechua- “el rincón de los muertos”.

Semanas después se produjo “La matanza de Puno – Juliaca”, el 9 de enero de 2023, con el saldo de 18 muertos.

Ahora está claro que el Ministerio Público de Patricia Benavides nunca quiso dar con los responsables de las masacres en el sur. La agenda principal de la exfiscal era coludirse con el congreso fujicerronista para capturar ei sistema judicial.

A pesar de las obvias responsabilidades, la presidenta Boluarte y su premier Otárola estaban a salvo en ese escenario. Hasta que, en noviembre de 2023, a la Fiscal de la Nación, acorralada por un operativo que la sindicaba como cabeza de una organización criminal, no se le ocurrió mejor idea para salvar su imagen que denunciar a Boluarte por las muertes ocurridas en Lima durante las protestas: “He formulado denuncia constitucional ante el Congreso contra los ciudadanos Dina Erdlia Bo­luarte Zegarra, presidenta de la república, Luis Alberto Otárola Peñaranda (...) por la presunta comisión del delito de homicidio calificado en agravio de Víctor Raúl Santisteban Yacsavilca, y lesiones en agravio de Renato Sebastián Murillo”. Se trató de las víctimas de Lima. De Ayacu­cho o Puno no se dijo nada.

 Por supuesto, esa pantomima no prosperó. Pero sí demostró la bajeza de las cabezas de nuestras instituciones. El problema no fue la denuncia en sí de Benavides, ya que Boluarte y su premier tendrán que rendir cuentas a la justicia tarde o temprano, sea la nacional o la internacional (la CIDH la espera con ansias): el problema es que la exfiscal usó la memoria de los muertos para distraer los reflectores sobre su naufragio. Lo mismo había hecho Boluarte en su momento, cuando les echó la culpa a los muertos de sus decesos. Ese juego mediático e irresponsable con la muerte, aparte de reabrir heridas e indig­naciones, solo demostró la culpabilidad de una fiscal que ya daba sus últimos manotazos de ahogado y de una presidenta que hasta ahora no sabe qué hacer con el cementerio que guarda en su armario.

Los deudos continúan exigiendo jus­ticia. <:>