LECTURAS
INTERESANTES Nº 943
LIMA PERU
7 FEBRERO 2020
LOS LADRONES NOS DENUNCIAN
Américo Zambrano
en
HILDEBRANDT EN SUS TRECE N° 478, p. 2 y ss. 7FEB20
Odebrecht
demanda al Perú por 1,200 millones de dólares. La cutra brasileña está
convencida de que los peruanos cloquean y ponen huevos. El fiscal Rafael Vela
se enteró del asunto el 24 de enero y no dijo nada. El gobierno tampoco
Desde
hace tres semanas, concretamente desde el 24 de enero pasado, el fiscal
coordinador del Equipo Especial del “caso Lava Jato” Rafael Vela Barba y el
procurador ad hoc Jorge Ramírez sabían que Odebrecht había demandado al Estado
peruano por 1,200 millones de dólares. Sin embargo, ambos guardaron silencio.
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| Jugando sucio. Capo Odebrecht |
¿Por
qué? Vela alega que a él no le correspondía hacer pública esta información sino
al Ministerio de Justicia o a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM),
dado que el contencioso es contra el Estado peruano. De tal forma que optó por
ocultar la información al país.
El
Consejo de Defensa Jurídica del Estado, que depende del Ministerio de
Justicia, fue advertido de la multimillonaria demanda de Odebrecht el pasado
martes 28 de enero, según un documento oficial al cual tuvo acceso esta
revista. Sin embargo, el gobierno de Martín Vizcarra no comunicó este hecho a
la opinión pública. El fiscal José Domingo Pérez también fue puesto al tanto
del tema, el pasado 29 de enero. Pérez también prefirió quedarse callado.
El
encubrimiento llegó a tal punto que, el jueves último, una fuente próxima al
presidente Martín Vizcarra aseguró a este semanario que el gobierno se había
enterado recién el pasado miércoles 5 -y a través del Tuíter- que la empresa
brasileña había presentado una demanda multimillonaria ante el Centro
Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) del
Banco Mundial. “Nos enteramos por el Tuíter. Nadie nos avisó con anticipación.
Nadie nos dijo nada. (Los fiscales) debieron avisarnos inmediatamente para que
el gobierno tome las medidas del caso. Se hubiera podido contratar a un estudio
de abogados, por lo menos. Esta noticia nos agarró por sorpresa”, afirmó un asesor
presidencial a esta revista.
En
efecto, al cierre de esta edición el gobierno ni siquiera había contratado a un
bufete de abogados para analizar la demanda de Odebrecht. La empresa
brasileña, en cambio, es patrocinada en este caso por la firma multinacional
Clifford Chance LLP, uno de los 10 estudios más grandes del mundo con sede en
Londres, Inglaterra.
El
miércoles 5, por la tarde, el premier Vicente Zeballos concedió una entrevista
a Ideele radio en la que se mostró sorprendido por la demanda de Odebrecht.
“Decir que nos causa extrañeza resulta diplomático. Este es un acto de
provocación a lo que es la justicia. No tiene lógica y nos parece un
contrasentido”, se quejó Zeballos.
Pero el
Premier no estaba en lo cierto. Documentos a los que tuvo acceso esta revista
señalan que todo el sistema de justicia estaba al tanto de la demanda de
Odebrecht desde hace algunas semanas.
La
trama se inició hace más de un mes, cuando el director jurídico de Odebrecht,
Rogerio Bautista de Nova Moreira, se reunió con altos funcionarios de los
Ministerios de Energía y Minas y de Economía y Finanzas para tratar “de manera
amigable” la controversia relacionada al Gasoducto del Sur. Odebrecht pretendía
“negociar” la venta de los bienes inmovilizados tras la paralización del
proyecto en febrero del 2017, durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski,
para ganar liquidez y pagarles a sus acreedores. Los directivos de Odebrecht
estaban fascinados porque, desde que estalló el escándalo a fines del 2016,
ningún directivo del grupo brasileño había pisado una dependencia importante
del gobierno peruano.
Odebrecht,
la coimera, había vuelto y creía que sus reclamos serían atendidos. Pero
recibieron un rotundo “no” en las carteras de Economía y Energía y Minas.
Entonces pasaron a la contraofensiva.
El
pasado miércoles 24 de enero, una semana antes de que los fiscales del Equipo
Especial viajaran a Brasil para interrogar a Jorge Barata y a otros
exejecutivos de Odebrecht, Vela Barba recibió una carta de cuatro páginas
firmada por Roy Lemos Sampaio, director presidente de Odebrecht, y por
Rogerio da Nova Moreira, director jurídico de la constructora brasileña. En
este documento las cabezas de Odebrecht comunicaron a Vela Barba que la
compañía de las coimas había decidido presentar una demanda por 1,200 millones
de dólares contra al Estado peruano por el Gasoducto Sur Peruano. Vela fue el
primer peruano en enterarse de este contencioso.
La
comunicación resultó sorprendente: los brasileños empiezan recordando la firma
del “Acuerdo de Colaboración Eficaz” que les dio la impunidad absoluta en
nuestro país, expresan su arrepentimiento por haber “participado en hechos
ilícitos” y subrayan que mantienen “la firme voluntad de preservar de forma
íntegra el Acuerdo de Colaboración, así como la relación de confianza y
transparencia” con la Fiscalía.
Acto
seguido, se lamentan asegurando que la resolución del contrato de concesión del
Gasoducto Sur Peruano fue “un golpe muy duro para la compañía, especialmente
frente a determinados y muy relevantes grupos de acreedores financieros y
aseguradoras”.
Las
cabezas de Odebrecht culpan al expresidente Pedro Pablo Kuczynski de todos sus
males y subrayan que “actualmente el Sr. Kuczynski se encuentra con arresto
domiciliario, a raíz de informaciones derivadas del proceso de colaboración
eficaz continuo con la empresa, quedando evidenciado que el acto de terminación
del contrato de concesión fue realizado por intereses personales (de PPK) al
tener el propósito de expulsar a la empresa del país y evitar que el proceso de
colaboración pudiera avanzar”.
Los
directivos de Odebrecht argumentan seguidamente que, en vista de que el plazo
para que la empresa intentara “recuperar la inversión realizada en el Gasoducto
sur Peruano” estaba a punto de vencer, buscaban llegar a un acuerdo con las
autoridades del Ministerio de Energía y Minas y del MEF para “solucionar la
controversia”. “Al no tener éxito en la gestión, la compañía no tuvo otra
alternativa que presentar la demanda arbitral ante el CIADI el 21 de enero del 2020”
El
documento recibido por Vela Barba hace suponer que Odebrecht tenía todo
calculado para salirse con la suya, a costa de las autoridades peruanas. A lo
largo de tres años, la empresa brasileña mintió sistemáticamente, ocultó
información, entregó los documentos que le convenían y suscribió un “Acuerdo de
Colaboración Eficaz” reconociendo sobornos únicamente en cuatro obras
(Interoceánica Sur, Metro de Lima, Vía Costa Verde y Vía Expresa del Cusco) y
dejando de lado la joya de la corona: el Gasoducto Sur Peruano (GSP), una obra
faraónica cuya inversión superaba los 7,000 millones de dólares.
La
estrategia de Odebrecht, de hecho, nunca fue la de reconocer actos de
corrupción en el Gasoducto del Sur. Cuando el Consorcio Internacional de Periodismo
de Investigación destapó las planillas ocultas de la “Caja 2” que demostraban
que Odebrecht sí había repartido pagos ilícitos por esta gigantesca obra, la
empresa brasileña se apresuró, con la anuencia de los fiscales, en culpar a un
pequeño grupo de abogados y lobistas, entre los que aparecía un letrado ya
fallecido: Luis Pizarro, alias “Princesa”. Jorge Barata dijo que Pizarro
recibió i’300,000 dólares por los servicios prestados a Odebrecht durante la
concesión del Gasoducto del Sur.
Ni Barata
ni ningún otro delator brasileño involucraron a un solo funcionario público en
este caso. Si lo hacían, el gobierno hubiese activado la “cláusula
anticorrupción”. Y sus pretensiones para demandar al Perú por el Gasoducto del
Sur hubiesen fracasado.
Su
estratagema, en retrospectiva, consistió en alargar el proceso de
colaboración, soltando datos a cuentagotas hasta cerrar el “Acuerdo de
Colaboración Eficaz” y obtener todos los beneficios del caso. Incluso, luego de
la homologación judicial de este convenio, la empresa brasileña presionó a
las autoridades peruanas para que le devolvieran 524 millones de soles por la
venta de la hidroeléctrica de Chaglla. Odebrecht amenazó con dejar de brindar
información si es que el gobierno peruano no le pagaba esa fortuna. El fiscal
Rafael Vela y el procurador Ramírez enviaron sendos escritos a la jueza María
Álvarez Camacho para que se aprobara el desembolso. Finalmente, el 8 de
diciembre del año pasado el Ministerio de Justicia autorizó el pago de los 524
millones de soles a Odebrecht.
A
partir de entonces, Odebrecht volvió a la carga asegurando que debelaría todos
los “codinomes” de la “Caja2” y entregaría la información contenida en los
servidores My Day y Drousys.
Nada de
esto ocurrió como se había previsto. Odebrecht alego que no tenía plata para
pagarle a la empresa forense que tenía la misión de “desencriptar” los
servidores de la constructora brasileña. Los fiscales no recibieron las
planillas originales de Odebrecht sino algunas copias que todavía se encuentran
siendo “descodificadas”.
Odebrecht,
según diversas fuentes consultadas por esta revista, sólo buscaba ganar tiempo
para asestar el zarpazo final. De acuerdo a la página web del CIADI, la demanda
de Odebrecht Latinvest contra el Estado peruano fue interpuesta el pasado 21 de
enero y fue “registrada” el 4 de febrero con el código: “ARB/20/4”.
El
fiscal Rafael Vela Barba dice haber recibido la carta de Odebrecht el viernes
24 de enero, cuando estaba en Curitiba. Vela ofreció múltiples declaraciones
en Brasil, habló de las diligencias realizadas, de algunos “codinomes”, de las
planillas ocultas de My Web Day. Pero no dijo una sola palabra de la
millonaria demanda.
El 28
de enero pasado el Consejo de Defensa Jurídica del Estado fue informado de
que Odebrecht había demandado al Estado por el 1 Gasoducto. La Procuraduría ad
hoc envió un oficio (N° 88- 2020-JUS) al fiscal José Domingo Pérez
advirtiéndole de esta bomba. Pero el fiscal que investiga a “madame K” no hizo
nada al respecto.
Fuentes
del Ministerio Público señalan que este es un “litigio administrativo” que
atañe al Estado peruano, no a los fiscales del Equipo Especial que investigan
este caso. Y argumentan que el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht no
se verá afectado.
La
Fiscalía considera que, tarde o temprano, Odebrecht “aclarará” su responsabilidad
en el Gasoducto Sur Peruano y hasta podría retroceder en su demanda
multimillonaria ante el CIADI, como lo hizo anteriormente la constructora
peruana Graña y Montero.
Pero lo
ocurrido es un punto de inflexión que amenaza las investigaciones que aún se encuentran
a medio camino. Al fin y al cabo, el grueso de indagaciones de esta trama todavía
no llega a etapa de juicio oral. Hay mucho trecho por recorrer en el mayor
escándalo de corrupción de este país. Desde el año 2016, cuando se destapó el
escándalo, Odebrecht mantiene la estrategia de reconocer la menor cantidad de
casos de corrupción posibles para evadir a la Fiscalía y recuperar todo el
dinero de sus activos en el Perú. A la constructora brasileña le importa muy
poco la justicia y la verdad. Solo busca proteger sus negocios para recuperar liquidez.
Y el Ministerio Público parece haber caído en este peligroso juego.
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