miércoles, 14 de mayo de 2008

Concesionismo gubernamental



Lluvia de concesiones en Puno, ¿desarrollo para quién?

Días pasados Perupetro anunció que Reliance Industries, invertiría en el sector de hidrocarburos en el Perú. Se dice que Reliance es la empresa más grande de la India y sus actividades en el Perú estarían orientadas a la exploración y explotación de hidrocarburos en Puno...

Según la noticia de Andina, el gerente general de Perupetro, Ronald Egúsquiza, señaló que: “el Lote 141 está ubicado en la Cuenca Titicaca donde hay un gran potencial de hidrocarburos, por ello, se han incluido tres lotes de esta área en la próxima subasta internacional que lanzará Perupetro el próximo 6 de mayo”. El lote concesionado se ubica dentro de las provincias de Melgar, Azángaro y Lampa.

A ello se suma que el 2005 la empresa Siboil del Perú S.A. y Perupetro, firmaron un contrato de concesión para la exploración y explotación de hidrocarburos sobre el lote 105, ubicado en las provincias de Puno, Huancané, San Antonio de Putina, Azángaro, Lampa y San Román en una extensión de poco más de 443 mil hectáreas.

Lo cierto es que, en los últimos dos años, se han concesionado grandes extensiones de territorio para actividades extractivas en la región. A la presencia de empresas mineras que ya vienen operando en diversas provincias, se han sumado otras que realizan exploraciones de uranio en Carabaya, además de dos lotes para la exploración de hidrocarburos en siete provincias más.

Pero más allá de la presencia de estas empresas, lo que genera muchas dudas e inconformidades es el mecanismo que utiliza el Estado para el otorgamiento de concesiones, ya que, en la mayoría de casos, se hacen sin anuencia, ni la consulta a la población y autoridades locales. En el caso de las concesiones de uranio en la provincia de Carabaya, las autoridades locales no fueron siquiera informadas sobre la presencia de las empresas en territorios de su jurisdicción, probablemente ocurra lo mismo con las autoridades y la sociedad civil de las provincias en las cuales se desarrollaran las actividades de exploración de hidrocarburos, pese a la existencia del Decreto Supremo N° 012-2008-EM que aprueba el Reglamento de Participación Ciudadana para la realización de Actividades de Hidrocarburos en el país.

Desarrollo de alto riesgo

Otro tema no menos importante, es determinar si estas actividades son complementarias con el turismo, la producción ganadera, la crianza de truchas u otras actividades económicas que se vienen desarrollando sosteniblemente en la región, ya que las exploraciones que se realizan en el lote 105 están ubicadas en las orillas del lago Titicaca lo que además de generar contaminación visual, podría restarle valor turístico a los escenarios naturales que existen en las orillas del lago. ¿El Titicaca podrá seguir aspirando a ser una maravilla natural con la presencia de estas industrias? Ello sin considerar el actual índice de contaminación que sufre a causa de la inexistencia de sistemas de tratamiento de aguas servidas en las localidades que viven en las márgenes del lago o la contaminación proveniente de algunas cuencas en las cuales se desarrollan actividades mineras informales.

Para el caso de Carabaya, las exploraciones de uranio se vienen desarrollando en zonas en las que existe un abundante legado de arte rupestre que, pese a haber sido declarado como Patrimonio Cultural de la Nación en diciembre del 2005 (Resolución Directoral Nacional N° 1658/INC), ha sido abandonado por la gestión actual del Instituto Nacional de Cultura de Puno (INC), quienes, según la misma resolución, debían de realizar un inventario y catastro de las pinturas rupestres declaradas, sin embargo el INC Puno poco o nada ha hecho para tal fin, demostrando su incompetencia, impericia y poco compromiso con el patrimonio cultural puneño.

Finalmente, ante la actual crisis energética mundial en la que los precios del petróleo condicionan la economía, es necesario promover una diversificación de la matriz energética, sin embargo ello debe hacerse respetando los derechos de los ciudadanos de ser informados oportuna y adecuadamente sobre la presencia de industrias extractivas en sus territorios. De otro lado, es la sociedad civil, junto a los gobiernos regionales y locales, quienes deben decidir si estos proyectos están o no en el marco de sus acciones de desarrollo regional y local y, sobre esa base, decidir el avance de estas industrias, de tal modo que beneficien a los sectores más empobrecidos y no sirva, como ha ocurrido en otras regiones del país, para beneficiar a un grupo de personas, acrecentando las diferencias e inequidades ya existentes.


Aldo Santos
Oficina Regional Puno Asociación SER

14 may2008

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