miércoles, 20 de febrero de 2013

ANALISIS DE LA COYUNTURA PUNEÑA



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Violencia y conflictos en el Altiplano
Gilmer Inquilla 13/02/2013  ONG SER
El empleo de métodos violentos o el uso de recursos fuera de la ley para la resolución de controversias sociales se ha vuelto una constante en el departamento de Puno. Lo acontecido recientemente con el alcalde  del centro poblado de Hachoco Huaroco, provincia de El Collao – Ilave, Edgar Mena Sora, así lo de demuestran. El burgomaestre fue retenido y maniatado por sus propios paisanos durante varias horas por no rendir cuentas de su gestión desde hace dos años. Este hecho guarda estrecha similitud con otros eventos en donde las protestas terminan en hechos de violencia.
Según el último reporte de la Oficina Defensoría de Puno, el departamento cuenta con 20 conflictos sociales, de los cuales 11 son activos y 9 latentes. De este número, la mitad son socioambientales.
En un conflicto social, la crisis no se da de improviso; generalmente, se da por acción de uno o más grupos humanos, con la finalidad de producir un cambio en una situación o relación. Las manifestaciones de fuerza se producen cuando los canales ordinarios no han podido desarrollar seguridad en la resolución de los problemas de fondo. (1)
Análisis
Para el biólogo y regidor de la Municipalidad Provincial de Puno, Gilmar Goyzueta, el punto crítico de los conflictos socioambientales está en la desatención del Estado a los temas ambientales porque se otorgan libremente concesiones mineras o petroleras, sin considerar que se está agrediendo a la naturaleza y permitiendo que los índices de contaminación permisibles excedan. “Por lo tanto, la población reacciona ante la  necesidad de cuidar su espacio geográfico, su espacio natural desatándose los conflictos como los que tenemos aquí”.
Agrega, además, que no se termina de dar una adecuada solución al tema de la minería ilegal y sus procesos de formalización, mientras tanto la contaminación en las principales cuencas del altiplano persisten.
Lo mismo ocurre con la minería formal porque se trata de transnacionales que se benefician de la economía del Perú. “Nos hacen creer que la bonanza económica es por el aporte de la minería formal cuando no es así, y sin embargo, se llevan todos nuestros recursos. En Bolivia, por ejemplo, lograron que las regalías sean de un orden 50 al 60 por ciento, y ninguna empresa se retiró y siguen aportando, pero eso no ocurre en el Perú, se favorece a las empresas mineras y petroleras”, sentenció.
En el caso de los eventos relacionados a problemas con gobiernos locales, el analista Adolfo del Cóndor y Condori considera que se debe a la falta de coordinación entre las autoridades y sus bases porque una vez que las autoridades son elegidas se alejan de todas las organizaciones  que las llevaron al poder. “Quienes están en cargos de alta dirección tienen que asumir riesgos y decisiones de orden político y no solamente temas administrativos dejando pasar el tiempo una y otra vez. Definitivamente generan plazos y plazos, con demoras sin resolver efectivamente los problemas”, refiere.
El caso Hachoco Huaroco
Sobre el hecho del alcalde del centro poblado de Hachoco Huaroco, Edgar Mena, consejero regional por la provincia de El Collao, Ilave, Lucio Atencio dijo que este es un caso con indicios de justicia popular. “Es cierto que un alcalde menor tiene autoridad por haber sido elegido con las mismas potestades que un alcalde distrital, pero también los tenientes gobernadores que representan a una comunidad lo tienen y además de ello, establecen normas. El problema está en el presupuesto y en la poca información”.
Añade que el alcalde debió informar que el monto que se le asignó era mínimo. “Debió informar que administraba tan sólo mil soles mensuales; por otro lado, los tenientes gobernadores tenían la expectativa que esa suma era mayor. Entonces, cualquiera que fuera la cantidad, por más mínima que sea, se debe informar. La idea es hacer transparente la gestión”, añadió.
Minería en la selva puneña
Las coincidencias en el sentido de que el Estado no ha asumido un papel proactivo no son pocas. El presidente de la Asociación de Residentes de la Provincia de Sandia en Puno, Juan Mercado, contó que fueron los propios pobladores de la provincia de Sandia, organizados en Rondas Campesinas, quienes asumieron medidas para evitar la contaminación de la cuenca del Tambopata. “Los roderos se organizaron cuando vieron que estaba ingresando maquinaria pesada para explotar minerales en esta cuenca. Les dieron un plazo para retirar la maquinaria o de lo contrario la iban a fondear, todo ello para evitar que actividad irracional contamine la cuenca del Inambari”, sostuvo.
Problemas limítrofes
El presidente del Frente de Defensa del Territorio y Recurso Hídricos, Arnaldo Flores, el conflicto limítrofe entre los departamentos de Puno y Moquegua surge por el hecho de que a nivel nacional los límites entre departamentos no están definidos y por una línea referencial que estableció el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en el caso puneño. “Para resolver esta controversia tienen que participar ambas regiones, pero la parte moqueguana no desea someterse a las normas porque no cuenta con documentos para sostener su posición. Y por otro lado, la PCM no ha mostrado la suficiente firmeza para convocar a las partes que conversan en esta mesa de diálogo porque se dejó en suspenso el  Estudio de Diagnóstico y Zonificación de la provincia Mariscal Nieto”, concluyó.
Todas estas situaciones grafican la manera cómo se viene afrontando y asumiendo los conflictos sociales en la región, que muchas veces no encuentran solución y más bien se prolongan con la amenaza siempre latente de que puedan explotar y generar hechos de violencia.
Nota:
(1)    Nikolai O.G. Withelmi Chirinos. “Manuel de Gestión de Conflictos Sociales”. W.R. Impresores. 2010.
Poder Judicial y la minería ilegal
César Ipenza, 13/02/2013 ONG SER
Los decretos legislativos vinculados a la minería ilegal, innovaron en el tema al tipificar el delito de la minería ilegal y sus agravantes, como el D.L. 1102. Si bien es un avance, y contribuye a combatir esta ilegal actividad, un punto deficiente es la aplicación y efectividad de los procesos, más aún por la corrupción instaurada en el nivel local y regional.
Esto ha llevado recientemente al Poder Judicial a través de su Consejo Ejecutivo (CEPJ) a desarrollar acciones y actividades destinadas a investigar, juzgar y sancionar de manera eficiente y efectiva los delitos de la minería ilegal, entre otros puntos. Lo cual es un precedente importante para combatir estas actividades que han extendido sus actividades a nivel nacional.
En ese contexto se ha ampliado la competencia de la Sala Penal Nacional para el conocimiento de la minería ilegal, siempre y cuando ésta haya sido cometida por organizaciones criminales, lo cual nos llevaría a analizar diversos casos como por ejemplo, los grupos de personas o personas organizadas en diversos departamentos como Madre de Dios, Huánuco, Lima, Barranca, que desarrollan actividad minera sin autorizaciones y aprovechando la interpretación de las normas. Situación que resulta compleja por los roles de autoridades ambientales, regionales, fiscalías ambientales y autorizaciones diversas a distinto nivel que existen.
Resulta pertinente la ampliación de las competencias de la Sala Penal Nacional a fin de que el Poder Judicial tenga una respuesta efectiva que debe ir muy de la mano con otras medidas a implementar contempladas por el Poder Judicial como la capacitación en temas como criminalidad organizada y nuevas formas de delincuencia en delitos ambientales, que recientemente han sido tipificados y modificados.
El tema penal es importante pero debe estar vinculado a la parte administrativa de las autoridades nacionales. Por ejemplo, las acciones del Ministerio de Energía y Minas, que permitan un registro único del tema de comercialización de minerales y que, adicionalmente, sincere y analice las declaraciones de compromiso, para luego hacer un cruce con la información a nivel nacional y lograr elementos y procesos efectivos. Por tanto se requiere como nunca de una estrecha articulación del Poder Ejecutivo con el Poder Judicial además con otros organismos autónomos como la Fiscalía de la Nación.
Autoridades puneñas anuncian movilización contra Moquegua por conflicto de límites
Gilmer Inquilla, 13/02/2013 ONG SER
Luego de que autoridades y representantes de la sociedad civil puneña acordaran realizar una movilización en protesta por la inasistencia del equipo técnico moqueguano a las reuniones que convocó la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para seguir abordando el tema limítrofe entre ambos departamentos, ahora sólo se espera definir una fecha la cual podría ser la primera semana de marzo, para llevar adelante una movilización.
En efecto, en la reunión donde participaron el alcalde de la municipalidad de Puno, Luís Butrón; el vicepresidente regional Saúl Bermejo, el sub gerente de Demarcación Territorial del Gobierno Regional de Puno, Gerardo Chura; el presidente de Frente de Defensa Territorial de los Recursos Naturales, Arnaldo Flores, entre otros, se tomó dicha decisión aunque no se precisó el día exacto para la movilización, ya que estaría sujeta a la decisión de las bases, sobre todo de aquellas que se encuentran en el distrito de Acora, zona donde se presenta el principal conflicto en esta controversia territorial.
“Nosotros como representantes de la sociedad civil de Acora estamos preocupados y los dirigentes cuestionados; sí convocamos reiteradamente a reuniones, la población se incomoda porque tenemos que informarles básicamente lo mismo. Tenemos que realizar una programación primero a nivel de las bases y luego decisiones mayores encabezadas por el gobierno regional”, explicó Arnaldo Flores.
Sin embargo fue partidario de asumir posiciones más concretas, más allá de pronunciamientos. “Cuando Puno tiene una posición pacífica y diplomática quien gana es el departamento de Moquegua”, sentenció.
Por otro lado, el alcalde provincial Luís Butrón, manifestó que  se coordinará una reunión ampliada con la sociedad civil para tomar acciones de lucha sobre todo por la actitud del presidente regional de Moquegua, Martín Vizcarra. “Hay ineficacia por parte de la PCM, de la Dirección de Demarcación Territorial y de la Defensoría del Pueblo que como facilitadora no ha hecho cumplir el cronograma”, dijo.
Sobre este punto, el dirigente Arnaldo Flores  reiteró y respaldó estas críticas. “Lamentablemente se ha caído en las reglas de juego del presidente regional de Moquegua que no asistió en tres oportunidades a las reuniones”, finalizó.
Vientos huracanados, lluvias y granizadas afectan Puno
Gilmer Inquilla 13/02/2013 ONG SER
Fuertes vientos seguidos de permanentes granizadas arrasaron los techos de al menos siete viviendas ubicadas en el sector de San Miguel, distrito de Cabana, provincia de San Román, además de la afectación de cultivos en docenas de hectáreas. “El viento se llevó las calaminas y después cayó la granizada” contó una de las pobladoras afectadas. Por su parte, el alcalde del distrito de Cabana, Fredy Dueñas Ramírez junto a otros funcionarios recorrieron varias de las comunidades para elevar un informe al Gobierno Regional de Puno y al Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI).
Por otro lado, la pérdida de cientos de hectáreas de cultivos en el altiplano puneño debido a las lluvias ha hecho que el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) declare en alerta roja el río Ramis que la semana pasada, al sufrir un desborde, dañó gran cantidad de pastos naturales en la provincia de Carabaya.
Sixto Flores, responsable de SENAMHI en Puno, informó que en este momento el caudal del río Ramis se encuentra en niveles críticos. “Por medida de prevención hemos dispuesto la alerta roja, ya que la continuidad de lluvias podría provocar nuevos desbordes”, explicó.
Mientras tanto, el presidente regional de Puno, Mauricio Rodríguez en entrevista a Noticias SER habló de la presencia de lluvias en 30 distritos de departamento. “Todas han sido controladas, estamos monitoreando todos los problemas. Pero además existen 19 distritos con probables huaycos o deslizamientos, de ellos los más riesgosos están en la provincia de Sandia. Hemos colocado centinelas en los cerros para que comuniquen cualquier eventualidad”, explicó.
Agregó que toda esta situación ha sido comunicada al Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) para que en base a ello se pida a la Presidencia del Consejo de Ministros, la declaración de emergencia de estas zonas. Finalmente, señaló que el gobierno cuenta con 700 mil nuevos soles para ayuda humanitaria, y 1 millón 600 mil soles para el lastrado de las calles de Juliaca que se inundan por las lluvias.
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