LA MARINA Y EL
TERROR
Por Alexandra Ampuero
Tomado de HILDEBRANDT EN
SUS TRECE N° 553, 20AGO21
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Institución que se sintió ofendida por los decires de Héctor Béjar tiene,
fatalmente, un nutrido historial de violaciones de derechos humanos
Este semanario ha
buceado en el turbulento pasado reciente de la Marina de Guerra. A
continuación los casos más emblemáticos de violaciones a los Derechos Humanos
(DDHH) cometidos por estos uniformados entre 1980 y 2000.
LA LLEGADA: EL ESTADIO
DE HUANTA
En enero de 1983 se
estableció el Comando Político Militar en Ayacucho, liderado por el general
EP Clemente Noel Moral. Una de sus primeras órdenes fue que la provincia de
Huanta quedara bajo el control de la Marina.
Y así fue. El 21 del
mismo mes se instaló el Cuartel General en el Estadio Municipal de la ciudad
de Huanta, bajo el mando del Capitán de Corbeta AP Alvaro Artaza Adrianzén,
también conocido como “Comandante Camión”.
Según los testimonios recogidos en el “Informe Final de la Comisión de la
Verdad y la Reconciliación (CVR)”, el cuartel “funcionaba como un centro
clandestino de detención y tortura”.
“En los años de 1983 y
1984, se cometieron la mayor cantidad de asesinatos de civiles en la provincia
de Huanta, convirtiéndola en uno de los escenarios de violencia de mayor intensidad
en el departamento de Ayacucho, como consecuencia del accionar del Partido Comunista
del Perú Sendero Luminoso (PCP-SL) y de la respuesta indiscriminada de las
Fuerzas Armadas, en particular de la Infantería de Marina”, dice el Informe
de la CVR.
LOS EVANGÉLICOS DE CALLQUI
Calificado como una
“ejecución arbitraria” por la CVR, el atentado contra seis feligreses en el
local de la Iglesia Evangélica Presbiteriana de la Comunidad de Callqui en
1984 es uno de los episodios que la institución quisiera borrar de su
historial.
El primero de agosto de
aquel año, dieciocho efectivos del “Destacamento
de Infantería de Marina de Huanta y La Mar”, liderados por el teniente segundo
de las Fuerzas de Operaciones Especiales Luis Alberto Celis Checa,
irrumpieron en el culto evangélico. De los 27 feligreses presentes, seis fueron
asesinados. Las investigaciones de la CVR determinaron que el atentado fue
parte del operativo “Caimán XIII”, ordenado por alias “Camión”.
En febrero de 1985 se
presentó la denuncia por homicidio calificado contra “Camión” y Jesús Vilca
Huincho, quien fungió de guía en el operativo. Luego se abrió otro juicio contra
el teniente Celis Checa. En ambos procesos la Marina trató de ejercer presión
sobre las autoridades judiciales para que el caso quedara en manos del Fuero
Militar.
“Era una estrategia. Se
pretendía llevar el caso al Fuero Militar para quitárselo al Poder Judicial,
porque cuando hay dos casos iguales en dos fueros diferentes, se origina una
contienda de competencia y la Corte Suprema tiene que dirimir en dónde se
queda el caso”, explica el abogado Germán Vargas Farías, de la Asociación Paz
y Esperanza, entidad que defiende a los familiares de las víctimas de este
crimen. “Hubo varias decenas de casos similares. La CVR identificó cerca de 30
donde se “hizo lo mismo”, añade Vargas.
En primera instancia la
Fiscalía de Huamanga decidió que el asesinato múltiple “no podía considerarse
como actos de función sino que se trataba de acciones delictivas” y debía juzgarse
en el fuero civil. Pero la Primera Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia
dirimió a favor del Fuero Militar. Y una vez en sus manos, los uniformados
archivaron el caso. El argumento “legal”: “El teniente a cargo de la operación
alegó que dio la orden de dar alto al fuego pero esta fue ignorada por sus
subalternos”.
La CVR describió la
“intensa presión” que ejerció el presidente del Consejo de Guerra Permanente
de Marina, Capitán de Navío AP Luis Polar Echeandía, para que el caso quedara
en los cuarteles.
En 2003 el caso regresó al Poder Judicial y en el 2014 la Sala Penal Nacional condenó a cuatro años de prisión condicional al guía Jesús Vilca Huincho. El teniente Celis Checa fue capturado en el 2019 y condenado a 10 años de cárcel.
JAIME AYALA
La CVR determinó que el periodista de “La República” Jaime Ayala Sulca “fue víctima de desaparición forzada, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes y ejecución arbitraria por parte de integrantes de la Marina de Guerra, en el cuartel ubicado en el Estadio Municipal de Huanta en agosto de 1984”.
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| JAIME AYALA |
El 2 de agosto de aquel
año, varios testigos, vecinos de la ciudad, vieron al periodista entrar a la
Base Militar. Un exinfante confirmó ante la CVR que el periodista fue detenido
por el Comandante “Camión”, quien se lo habría ocultado a sus superiores. “Lo
consideraba como un enemigo para su institución debido a las denuncias sobre
violación a derechos humanos que había publicado”, declaró uno de los testigos
para el informe de la CVR.
Un día antes de que
llegara la Fiscalía para verificar la denuncia por la desaparición del
periodista, “Camión” ordenó desaparecer a Ayala. “Luego de eliminarlo había que
desaparecerlo, entonces lo seccionan. Primero lo matan con golpes, no hay
armas. Lo seccionan y luego lo entierran en diferentes puntos en el estadio”
declaró un oficial de la Marina a la CVR.
Como en el caso
anterior, la institución trató de llevar el caso al Fuero Militar.
“A pesar de que el fuero
militar reclama el caso, la Corte Suprema, por ser un periodista de ‘La
República’, determina que el caso se quede en el Poder Judicial”, cuenta el
abogado Carlos Rivera Paz, del Instituto de Defensa Legal (IDL), quien actualmente
lleva el proceso.
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| COMANDANTE "CAMION" premiado después de la matanza con destaque a la Base Naval de San Diego, USA para luego vivir en Los Ángeles. El muerto enviaba regalos a parientes |
Para los abogados
especialistas en la materia, el secuestro de “Camión” fue orquestado por la
Marina, como parte de su estrategia para limpiarse de polvo y paja. Los
abogados Gloria Cano, Carlos Rivera y Germán Vargas, consultados para esta
nota, llegan a la misma conclusión.
“Nosotros tenemos la
convicción de que fue así. Tengamos en cuenta que sucede el año 86, donde
había una impunidad total en el gobierno aprista. Llegaron al extremo de
simular el secuestro y la desaparición y lograron que se oficialice la muerte
presunta de este oficial”, opina Vargas. “No es coincidencia que la Marina prepara
inmediatamente, después del secuestro, un proceso para que se declare la muerte
de ‘Camión’”, añade Cano.
La abogada recuerda que
en el año 2004, cuando se reabrió el caso, llega la información de que “Camión”
había ingresado al Perú con el pasaporte de un hermano suyo que vivía en Los
Ángeles. “Le solicitamos a la oficina de Migraciones los videos del ingreso de
esta persona y sospechosamente, tres meses después, nos respondieron que luego
de un mes se borraban los videos. Hasta donde tenemos entendido, “Camión” ahora
vive en Estados Unidos. Está vivo, todos sabemos que está vivo”, dice Cano.
Los abogados calculan
que Artaza, de no estar “judicialmente muerto”, enfrentaría como mínimo 25
años de prisión por asesinato y desaparición forzada.
CAÍDOS DEL CÍELO
En 1989 la Marina sale
de Ayacucho y se instala en Ucayali. “La Marina sale de Huanta porque siente
que hay un fuerte compromiso que ya está involucrando la propia institucionalidad
de las Fuerzas Armadas en los casos de violaciones a los derechos humanos. Es
evidente que en ese momento el diagnóstico de los propios militares es que
están perdiendo la guerra contra Sendero”, señala Rivera.
La CVR describe una de
las primeras acciones de la Marina una vez que se instalaron en la selva: los
“vuelos de la muerte”.
El pasaje de ida sin
retorno era para presuntos senderistas a los que subían en helicópteros y
tiraban al vacío en costales o amarrados de pies y manos. No se trata de ningún
método de aniquilamiento original. Los marinos se limitaron a copiar a sus
pares chilenos de la época de Pinochet y a los argentinos de Videla. “De este
modo los aguajales de Pucallpa se convirtieron en cementerios ambulantes de
decenas de personas que fueron secuestradas o detenidas por las fuerzas de
seguridad en operaciones de rastrillaje”, detalla el “Informe Final” de la CVR.
“Un testimonio cuenta que el sacerdote del Vicariato de Pucallpa decía que los cuerpos quedaban colgados de los árboles. Así se dieron cuenta de estas ejecuciones”, dice la abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos Gloria Cano. La CVR apunta a la Marina de Guerra como la principal responsable.
“La Marina dice que ha
incinerado todo, de esa manera no facilitaron ningún tipo de información”,
cuenta Cano. Para el abogado Rivera esta versión resulta inverosímil. “En el
Ejército son claros en decir que no se pueden desaparecer documentos que
contengan información de operativos. Inclusive para quemar documentos hay reglamento.
En la Marina debe ser igual, aunque nunca accedimos a sus reglamentos”.
QUEMADO VIVO
El 2 de abril de 1995 un
grupo de uniformados de la patrulla “Aries”, destacamento de la Marina en
Ucayali, ingresó al domicilio de la familia Pomatanta, como parte del “Operativo
Tiburón IV”. Buscaban al hijo mayor, Indalecio, para interrogarlo. “Al muchacho
le empiezan a preguntar por unas armas y él responde que no sabe nada. Por la
insistencia del interrogatorio ya comenzaba a ser acto de tortura”, detalla
Rivera, abogado de la familia.
Insatisfecho con la
respuesta, el Capitán de Corbeta Andrés Egocheaga Salazar, jefe de la Base
Contrasubversiva que operaba en la zona, le rocía gasolina en el cuerpo y le
prende fuego. Cuando Indalecio Pomatanta, de 17 años, se estaba quemando vivo,
los marinos se retiraron del domicilio. El menor llegó con vida al Hospital
Regional y allí narra su ejecución que quedó grabada en un video. Al tercer
día, falleció.
“Fue un acto de absoluta
crueldad del que la Marina se desentiende. No se hicieron cargo del asunto
hasta el 2004 cuando IDL logró reabrir el caso”, indica Rivera.
La Marina también quiso
que el crimen se juzgara en el Fuero Militar, pero eso les fue negado. “En esa
oportunidad logramos que la Corte Suprema emitiera una sentencia en la que dijo
que los graves crímenes a los derechos humanos y de lesa humanidad bajo
ninguna circunstancia podrían ser juzgados en el Fuero Militar. Fue el aporte
del caso Pomatanta. Esa fue la última oportunidad en la que la Marina presionó
para que los militares soliciten un proceso de competencia”, recuerda Rivera.
De limpiar a la
institución se encargó Javier Villa Stein. “A pesar de que demostramos que el
crimen no fue un accidente sino que fue cometido en ejercicio de las funciones
militares de la Marina, hicieron todo lo posible en la Corte Suprema y lograron
que el juez Javier Villa Stein los saque de su condición de civilmente
responsables”, recuerda el abogado. “Esa fue la peor conducta de un juez por
casos de esta índole. Villa Stein ya venía con malos antecedentes en temas de
derechos humanos, pero después del caso Pomatanta, se vuelve más explícita su
conducta”, añade Rivera.
MASACRE DEL FRONTÓN
Otro de los métodos de
la Marina para obstruir a la justicia fue el silencio.
El 18 de junio de 1986,
133 presos rendidos fueron ejecutados en El Frontón.
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| matanza de el Frontón |
“Cuando se produce la matanza,
Alan García (entonces presidente) expone que los entierros de los ejecutados
sean sin participación de la familia. Es decir, entierros clandestinos. Y la
Marina se compromete a hacerlo. Ellos desde siempre supieron dónde estaban los
restos”, recuerda Rivera.
Sin embargo, la
institución se negó a dar la información a los familiares de los asesinados. Dice
Rivera: “La Marina sólo dio la información en el 2004, cuando se abrió la
investigación en el Ministerio Público por mandato de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos. Si no daban la información, la Fiscalía los podía
denunciar por resistencia a la autoridad. Solo así el Comando de la Marina informó
que los restos estaban en siete cementerios de la capital. Durante dieciocho
años ocultaron el paradero de las víctimas”.
NO LO RECONOCEN
Una de las conclusiones
centrales de la CVR es que “en ciertos lugares y momentos del conflicto la
actuación de miembros de las fuerzas armadas no sólo involucró algunos excesos
individuales de oficiales o personal de tropa, sino también prácticas
generalizadas y/o sistemáticas de violaciones de los derechos humanos, que
constituyen crímenes de lesa humanidad.
“Lamentablemente, la Marina
no acoge esta tesis y creen que es una afrenta. Nosotros recogimos evidencia y
sobre esta base elaboramos esta dolorosa conclusión. A diferencia del Ejército,
la Marina no ha producido un documento que, más allá de acentos y
discrepancias con el ‘Informe Final’, enmarque su labor y reflexione sobre la
misma. Es urgente que haga ese procesamiento”, señala Salomón Lerner Febres,
presidente de la CVR.
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