REPRIMIR BRUTALMENTE FUE UNA DECISION POLITICA
ASI LO
DEMUESTRAN LOS DOCUMENTOS (ORDENES DE OPERACIÓN) QUE SE PUBLICAN. LA FUTURA
RESPONSABILIDAD DE LA PRESIDENTA Y SU PRIMER MINISTRO QUE MÁS CLARA QUE NUNCA
Por Américo Zambrano
En HILDEBRANDT EN SUS TRECE N° 637, 27MAY23
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na de las preguntas centrales en la investigación
de la Fiscalía sobre las responsabilidades de la presidenta Dina Boluarte y
otros altos funcionarios en las muertes ocurridas durante las protestas es por
qué el Ejército y la Policía Nacional hicieron un uso desproporcionado y letal
de la fuerza contra manifestantes y civiles desarmados.
Boluarte deberá responder estay otras interrogantes
ante la Fiscalía de la Nación, que la ha citado a declarar el miércoles 31 de
mayo.
En su defensa, Boluarte aseguró que ella impartió
órdenes expresas para que se evitara la pérdida de vidas durante el control de
las manifestaciones. Y sostuvo que, a pesar de ser la jefa suprema de las
Fuerzas Armadas y la Policía, no tiene ningún mando real para decidir o interferir
en los protocolos de los jefes militares y policiales que, según dijo,
obedecen únicamente a sus comandos institucionales.
Pero los planes operativos elaborados por las
fuerzas de seguridad que fueron enviadas a reprimir las protestas revelan otra
historia.
Este semanario tuvo acceso al “Plan de Operaciones
N° 016 Emergencia Nacional Conflictos Sociales 2022”, elaborado por la
Comandancia General de la Policía, y a otras cuatro órdenes de operaciones
policiales, que dan cuenta de la preparación y ejecución de los operativos
para sofocar los disturbios y restablecer el orden interno en la ciudad de
Juliaca, donde hubo más víctimas mortales.
El 9 de enero pasado, en Juliaca, 18 civiles fueron
asesinados a causa de disparos de proyectiles de armas de fuego que impactaron
en la cabeza, ojos, cara, tórax y abdomen de los manifestantes, en circunstancias
que podrían ser catalogadas como una “masacre”, según la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH).
Los documentos clasificados como reservados
muestran que el alto mando de la Policía Nacional planificó sus acciones bajo
el lineamiento político de que combatían contra “fuerzas adversas”, infiltradas
por supuestos “delincuentes terroristas”, como en la década del 80.
Este hecho indica, de acuerdo con los planes
operativos del Comando de la PNP, que los policías fueron enviados a reprimir
las protestas y a enfrentarse con los manifestantes como si se tratara de
miembros de la “OT/SL” (organización terrorista Sendero Luminoso) o de “delincuentes
comunes” que se organizaron al margen de la ley para desestabilizar a este
gobierno a través de actos de violencia en contra de la infraestructura crítica
del país y las fuerzas de seguridad.
Los protocolos policiales se ejecutaron, según revelan
los documentos, en función a criterios políticos en materia de Seguridad
Nacional que quedaron establecidos en el Decreto Supremo N° 143-2022-PCM, del
14 de diciembre del 2022, que estableció el estado de emergencia nacional por
30 días y que habilitó la intervención de la Policía Nacional y las Fuerzas
Armadas en el control de los disturbios civiles.
La decisión política de enviar a los policías y
militares a reprimir masivamente las protestas fue dispuesta por el gobierno de
Dina Boluarte, la jefa suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional,
y se basó en la especulación de que las manifestaciones antigubernamentales
eran promovidas por supuestos terroristas.
Así consta en el acta del Consejo de Ministros extraordinario del 12 de diciembre que aprobó por unanimidad el Decreto Supremo N° 143-2022, mediante el cual se ordenó el estado de emergencia nacional.
“La medida se adoptaría (..) según lo indicado en el
Informe Técnico N° 010-2022 CCFFAA/D-3/DCT (S) y Dictamen N° 664-2022/CCFFAA/
OAJ (S), debido al accionar de la Organización Terrorista Sendero Luminoso
facción VRAEM y la simbiosis existente entre esta organización terrorista y
las organizaciones criminales nacionales con vínculos internacionales que se
dedican al tráfico ilícito de drogas”, señala el acta de la PCM en poder de
esta publicación.
El Decreto Supremo N° 143-2022-PCM lleva la firma de
la presidenta Dina Boluarte, del expremier Pedro Angulo Arana y de los
entonces ministros de Defensa Luis Alberto Otárola, hoy presidente del Consejo
de Ministros, del Interior César Cervantes y de Justicia José Tello.
Este esquema político sirvió de marco para que la
Policía Nacional y las Fuerzas Armadas planifiquen y ejecuten las respectivas
operaciones de campo, de acuerdo con lo dispuesto por el gobierno.
De tal manera que las fuerzas de seguridad no
actuaron por su cuenta, como sostiene ahora la presidenta Dina Boluarte, sino
que lo hicieron en estricto cumplimiento de una decisión de carácter político.
La criminalización de las protestas, impulsada desde
las altas esferas del gobierno, alentó el uso desproporcionado y letal de la
fuerza y, en los hechos, llevó a los agentes del orden a enfrentar a los manifestantes
como si fueran terroristas, según los documentos.
Los resultados trágicos de esta política mortal no
se hicieron esperar.
El 15 de diciembre pasado, un día después de publicado
el Decreto Supremo N° 143-2022-PCM, soldados del Ejército abrieron fuego contra
manifestantes que intentaban ingresar al aeropuerto de Ayacucho, provocando la
muerte de 10 civiles. Todos fueron asesinados por disparos de armas de fuego en
órganos vitales.
La CIDH recibió información que indica que también
hubo disparos del Ejército fuera del terminal aéreo, que impactaron en
transeúntes, adolescentes y en personas que huían o auxiliaban a los heridos.
“La tropa y todos los elementos del Ejército que
fueron a Ayacucho fueron convencidos de que estaban enfrentándose a una
organización terrorista, como en la década del 80, cosa que es falso. Y si les
dicen que van a ir a combatir a terroristas, ¿entonces qué van a hacer? Van a
hacer uso de sus armas”, aseguró a este semanario el general EP (r) Wilson
Barrantes Mendoza, quien era el jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia
(DINI), cuando se produjo la masacre de Ayacucho.
El ministro de Defensa en ese momento era Luis
Alberto Otárola, quien fue promovido luego al cargo de presidente del Consejo
de Ministros.
Entre el 26 de diciembre del 2022 y el 6 de enero
del 2023, la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía (DIROPESP)
elaboró por lo menos cuatro órdenes de acciones (N° 329-2022, 032- 2022,
035-2022 y 01-2023), dando cuenta de la ejecución de los operativos para recuperar
el orden interno en Puno en cumplimiento de los lineamientos políticos
dictados por el gobierno de Dina Boluarte.
Los documentos describen un mismo patrón de acción
que divide en dos a los supuestos Bandos en combate: “fuerzas amigas”
conformadas por entidades del Ejecutivo, las instituciones de justicia, los gobiernos
locales y regionales, así como las Fuerzas Armadas, y “fuerzas adversas”,
constituidas por “delincuentes terroristas, organizaciones delincuenciales,
familiares y simpatizantes vinculados con actividades delincuenciales, organizaciones
sindicales, ONG ambientalistas, opositores al gobierno de tumo”, entre otros.
Los protocolos de la Policia coinciden en señalar
que “es probable que personas pertenecientes a OT/SL (organización terrorista
Sendero Luminoso) se infiltren en las masas, con la finalidad de azuzar a la
población para incrementar los niveles de violencia y, de esta forma, presionar
al gobierno para la atención a su plataforma de lucha”.
Y aseguran también que “el escenario político nacional
se presenta con un muy alto nivel de riesgo para la gobemabilidad y el estado
democrático, toda vez que la asunción al cargo de la presidenta Dina Boluarte
(...) abrió un nuevo frente de conflictividad político social”.
Pese a que el Comando de la Policía asegura en estos
planes operativos que “el accionar policial deberá circunscribirse dentro del
marco legal vigente, teniendo presente el respeto a los derechos humanos
conforme al manual de derechos humanos a la función policial. Se advierte
también que se empleará la fuerza “única y exclusivamente contra individuos
identificados que ofrezcan resistenda física y/o agredan a los efectivos
policiales”.
El 30 de diciembre pasado, dos semanas después de
los homicidios en Ayacucho, la presidenta Dina Boluarte reiteró durante un viaje
realizado al Cusco que presuntos simpatizantes del grupo terrorista Sendero
Luminoso estarían detrás de las protestas en todo el país.
“Lo que nos informa la inteligencia de la Policía es
que detrás de estas movilizaciones, no todos, hay unas personas allegadas al
Movadef (el brazo legal de Sendero Luminoso) y algunas que han estado presas
por terrorismo hace años”, declaró la mandataria, insistiendo en el discurso
del “terruqueo”. “Han cumplido su sentencia y están libres. Ellos están
azuzando”, argumentó sin exhibir ni una sola prueba.
El 6 de enero del 2023 la DIROPESP, la unidad de
élite de la Polida, envió desde Lima a un nuevo contingente de policías
espedalizados en opera- dones contra el terrorismo y el narcotráfico a redoblar
la seguridad en el aeropuerto internacional Inca Manco Cápac, de la ciudad de
Juliaca, y sus alrededores, ante posibles “actos vandálicos”
Tres días después el 9 de enero 18 civiles, entre ellos tres menores de
edad y un médico que trataba de auxiliar a un herido, murieron en las inmediaciones
del terminal aéreo y en otros lugares de Juliaca.
Según el informe final de la CIDH, en los hechos de
violencia en Juliaca se presentaron situaciones de uso excesivo e
indiscriminado de la fuerza por parte de la Policía Nacional, que dio como
resultado “graves violaciones de derechos humanos” en contra de manifestantes
y de terceras personas, como transeúntes y civiles desarmados.
En su respuesta oficial a la CIDH, que fue revelada
por esta revista, el Estado peruano insistió en la infiltración en las
protestas de grupos organizados al margen de la ley. Sin embargo, no entregó
ningún medio de prueba que confirmara dicha hipótesis, según la CIDH.
La Policía le entregó al fiscal Hugo Viscarra Mamani,
de la Fiscalía Supra Provincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad
de Puno, parte de los planes y órdenes de operaciones, así como las listas de
los policías enviados desde Lima y otras zonas del país a reprimir las
protestas en la ciudad de Juliaca.
Pero el exjefe de la X Macro Región Policial de
Puno, general PNP David Villanueva Yana, se negó a entregar la totalidad de los
documentos al fiscal Viscarra, que incluyen los informes documentados sobre la
muerte de 18 civiles el, 9 de enero en Juliaca.
El general Villanueva se am paró en los dictamenes
(N° 127 y 128) elaborados pore el asesor jnuridico de la X Regiónj Macro
Policial de Puno, mayor PNP Marco Bellido, que concluyen que el peido de
información requerido por el Ministerio Público “resulta improcedente” por
tratarse de documentos que están clasificados como “secretos”.
“Ellos (los policías) están obligados a entregar
toda la información. Ya el Ejecutivo había señalado que iban a colaborar con
las investigaciones fiscales. Lo que estamos viendo es que no es así. Lo que
están haciendo es ocultar la información”, asegura la abogada Gloria Cano,
directora de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh). ¿Qué está haciendo
la Fiscalía para tener acceso a esa información? Ellos lo que nos han señalado
es que están pidiendo la intervención de un juez de control para que este sea
el que ordene a las fuerzas del orden entregar toda la información. Pero
mientras tanto siguen pasando los meses y esa documentación no estás
incorporada a las carpetas fiscales. Este hecho indica claramente que no hay
desde el Estado una voluntad de esclarecer la verdad”, Manifiesta Cano.
El Ministerio del Interior y la jefatura de Comunicaciones
de la Policía Nacional no respondieron a los pedidos de entrevistas que se les
hizo.
El exjefe de la X Macro Región Policial de Puno,
general PNP David Villanueva Yana, fue enviado a la Dirección de Tránsito,
Transporte y Seguridad Vial de la Policía Nacional en marzo pasado.
La presidenta Dina Boluarte pidió a la Fiscalía de
la Nación reprogramar su declaración presencial para el jueves 1 de junio.
En paralelo, la Fiscalía ha citado a
declarar a los altos mandos de las Fuerzas Armadas y la Policía, además del
personal que intervino en las operaciones donde se cometieron los graves
hechos de represión.
Los jefes militares y policiales negarán haber
cometido ejecuciones extrajudiciales, como lo indicó la CIDH, pero difícilmente
avalarán la versión de que la presidenta Dina Boluarte no tiene comando para
aprobar o decidir sobre los protocolos de las Fuerzas Armadas y la Policía,
según dos fuentes del Comando Conjunto de las FF.AA.
Los planes operativos de la Policía indican que las
fuerzas de seguridad operaron en función de una decisión política y el
“Manual de Derechos Humanos y Derecho Internacional de las Fuerzas Armadas del
Perú” establece que el
presidente y el ministro de Defensa tienen “el control sobre el empleo y uso
de la fuerza por parte de las FF.AA”. Es decir, tienen mando y comando sobre
las operaciones militares.
La Fiscalía de la Nación podría ampararse en el
hecho de que no se puede probar que la presidenta de la República ordenó las
muertes. Pero aún está pendiente conocer qué hicieron Dina Boluarte y Luis
Alberto Otárola para evitar que el derramamiento de sangre continuara.
Un testigo de excepción sobre este hecho es el general
EP (r) Wilson Barrantes Mendoza, quien dirigía el servicio de inteligencia
cuando 10 civiles murieron por disparos de bala en Ayacucho.
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| O sea...¿recién va a tener mando? |
El exjefe de la DINI reveló que intentó advertir a la presidenta Dina Boluarte y al expremier Pedro Angulo que una declaratoria de emergencia nacional debido a las manifestaciones “no era viable”.
“La protesta tenía una plataforma política bien definida
que era el adelanto de elecciones y la salida de la presidenta Dina Boluarte y
de los miembros del Congreso. La DINI estableció que con esa plataforma era
imposible pensar que el país estaba convulsionado”, señaló Barrantes en
entrevista con esta revista. “En su peor momento los que protestaban a nivel
nacional no llegaban a 45,000. Eran grupos pequeños sin un líder claro. Entonces,
como no había ninguna plataforma de otra naturaleza ni tampoco había grupos
extremistas que estaban alterando el orden público, nosotros consideramos que
esa era una tarea exclusiva de la Policía Nacional y que no era necesaria la
declaratoria de emergencia ni el toque de queda”, contó.
No le hicieron caso. El 18 de diciembre del 2022 Barrantes
fue reemplazado por Juan Carlos Liendo O’Connor. El nombramiento de Liendo como
nuevo jefe de la DINI consta en una resolución suprema firmada por la
presidenta Dina Boluarte y el expremier Pedro Angulo.
El presunto encubrimiento continuó a lo largo de todas las protestas.
Que se sepa, ni la presidenta Boluarte ni el hoy
premier Otárola movieron un dedo para sancionar a los responsables directos de
las acciones de represión. Por el contrario, tanto Boluarte como Otárola
defendieron públicamente a las Fuerzas Armadas y la Policía, de las que dijeron
actuaron con profesionalismo, prudencia y heroísmo durante las
manifestaciones que dejaron en total más de 60 fallecidos.
Boluarte y Otárola tampoco evitaron que ocurrieran
más muertes.
El asesinato de 18 civiles en la ciudad de Juliaca,
tres semanas después de la masacre de Ayacucho, así parece confirmarlo.
Existen precedentes de condenas por omisión en este
tipo de casos.
El expresidente Alberto Fujimori, por ejemplo, fue
sentenciado por crímenes contra los derechos humanos porque, siendo el jefe
supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, no dispuso una investigación
real sobre los crímenes del denominado “Grupo Colina”.
La secretaria general de Amnistía Internacional, Agnés
Callamard, consideró que 20 de los 25 casos analizados por este organismo
podrían calificar como “ejecuciones extrajudiciales”, debido a que el gobierno
de Dina Boluarte “no detuvo la matanza” y, por el contrario, estigmatizó intencionalmente
a los manifestantes como violentos, radicales, delincuentes comunes o
simplemente como terroristas.
“En primer lugar, o los líderes militares recibieron la orden de matar o no evitaron estas muertes”, dijo Callamard en rueda de prensa. “En ambos casos existe responsabilidad por parte del gobierno”, afirmó. ◄
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