OPINOLOGOS PERUANOS

 

CUATRO APUNTES SOBRE

LA PRESIDENTA

Por: Isaac Bigio

UNO

En 2021 el principal motivo por el cual la derecha se unió tras Keiko Fu­jimori fue porque esta llamaba a evitar que en el Perú llegase a la presidencia “un comunista”. Sin embargo, la única persona de la plancha presidencial de Perú Libre (PL) que había llegado a su puesto reclamándose como tal y como “marxista-leninista-mariateguista’ fue Dina Boluarte.

A diferencia de Pedro Castillo, quien se había educado una década y media en Perú Posible, desde que este partido hizo un gobierno de centro-derecha en 2001-2006, hasta que este se disolvió en 2017, Boluarte había sido colocada como la número 2 por el mismísimo secretario general del partido Perú Li­bre, Vladimir Cerrón. El la consideraba como su persona de confianza, la misma que iba a defender su ideario y su devo­ción a los autoproclamados gobiernos “revolucionarios antiimperialistas” de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia.

Mientras Castillo era un invitado de PL (tal y cual lo habían sido sus cabezas electorales Ricardo Belmont, para la al­caldía de Lima en 2018, e Isaac Humala, para el Congreso por Lima en 2020), Boluarte era una militante orgánica de un partido que requería que todos sus miembros se identifiquen con el “marxismo-leninismo-mariateguismo”. Ella fue su candidata en tres elecciones consecutivas (municipales del 2018, legislativas del 2020 y generales del 2021). En las dos primeras tuvo una muy baja votación y en la tercera no dirigió ningún mitin de masas y apa­reció casi desapercibida a la sombra de Pedro Castillo, cuyo arrastre popular fue el único responsable en llevarla a la vicepresidencia.

Paradójicamente, Boluarte ha deci­dido liderar al país con y para el fujimorismo, cuyas políticas sigue y de cuyas canteras recolecta a varios de sus ministros. Ahora el nuevo alcalde capitalino es su hincha. Si antes López Aliaga prometió una guerra entre los dos palacios que dan a la plaza mayor, ahora ha decidido convertirse en un castillo que protege a Dina.

Montoya, cuya estrategia era prime­ro sacar a Boluarte, luego a Castillo y después ir a elecciones generales, ahora quiere quedarse como congresista y le pide a Dina que militarice los aeropuer­tos y ordene que las fuerzas del orden disparen a los manifestantes. Quien dirigió la comitiva que fue a la OEA y luego la comisión para investigar el su­puesto fraude electoral del 6 de junio del 2021, ahora quiere que Boluarte, a quien antes acusaba de haber llegado a palacio con un “anforazo”, siga en el poder la mayor cantidad de tiempo posible.

En la historia continental hemos visto varias figuras que se iniciaron en la izquierda y acabaron en la derecha. En Bolivia, Víctor Paz Estenssoro fue en abril de 1952 el líder de la revo­lución más radical de Sudamérica, pero en agosto de 1985 decretó el mayor shock thatcherista continen­tal previo al de Fujimori en 1990. En Ecuador, Lenín Moreno fue vi­cepresidente de Rafael Correa en 2007-2009 y 2009-13, luego fue su delfín y después el candidato de su movimiento para remplazarlo en el cargo en 2017 pero, cuando fue electo mandatario en 2017, Moreno rompe con el “socialismo del siglo XXI” y se alinea con la derecha y EE.UU. encarcelando a los correístas y pidiendo la invasión de Venezuela.

Sin embargo, todos ellos demora­ron mucho en alterar radicalmente sus posiciones (el primero un tercio de siglo y el segundo más de una déca­da). El giro de Boluarte ha sido brusco y radical, lo que evidencia que es una persona carente de cualquier ética.

Boluarte se ha convertido en el mejor instrumento que tiene el fujimorismo para poder implementar sus planes de contrarreformas elec­torales, tributarias, sociales y econó­micas. Si ella fuese remplazada por el presidente del Congreso, el general (r) Williams, él no tendría esa mis­ma legitimidad para implementar los cambios propuestos y la represión. Ahora los fraudistas se acuerdan que Boluarte sí fue electa en las urnas y que debe gobernar.

Boluarte pretende tener más legi­timidad que cualquier posible relevo congresal por esa misma condición, además de que se jacta de ser mu­jer, provinciana y quechuahablante. Ella es el guante de seda que cubre el puño de hierro. Si ella cae se de­rrumba todo el tinglado.

Los que perdieron en tres balota­jes consecutivos han logrado llegar al Gobierno con una tránsfuga.

DOS

En enero, las encuestadoras IEP e l IPSOS han coincidido en que el nivel de desaprobación de Dina Boluarte es del 71%. Estas cifras de rechazo a solo un mes de debutar en la presidencia no tienen precedentes desde que se dieron los primeros sondeos de opinión pública en la historia peruana.

Los que aprueban la nueva gestión se reducen al 19% en el caso de IEP y apenas 1 punto más en el de IPSOS, lo que im­plica que solo un quinto de la población avala el inicio de este nuevo mandato.

Este nivel de altísima impopularidad no lo ha padecido ninguno de los man­datarios electos desde, al menos, seis décadas atrás. En los dos periodos de Femando Belaúnde (1963-68 y 1980- 85), Alan García (1985-90 y 2006-11) o Alberto Fujimori (1990-95 y 1995- 2000) los niveles de aprobación de los primeros días bordeaban o superaban al 50%. Algo similar ha ocurrido con las primeras encuestas durante los manda­tos de Ollanta Humala (2011-16), Pedro Pablo Kuczynski (2016-18) o Pedro Castillo (2021-22). Valentín Paniagua (2000-2001), Martín Vizcarra (2018-20) o Francisco Sagasti (2020-21), quienes llegaron a la presidencia tras un proce­so de renuncia o vacancia del anterior mandatario, tampoco debutaron con una opinión pública tan adversa.

Un caso especial es el del tercer perio­do de Fujimori, el cual solo duró menos de cuatro meses (julio a noviembre del 2000), fue inconstitucional y fraudulen­to y generó fuertes protestas sociales. Entonces muchas encuestadoras esta­ban compradas, por lo que los datos reflejados no son confiables. Sin embar­go, debido a que el autócrata mantenía una amplia base de apoyo clientelista, es probable que él realmente no haya tenido en el primer mes de su tercer mandato a más de 7 de cada 10 perua­nos que lo rechacen. No tomamos en cuenta a Manuel Merino (noviembre 2020) pues solo duró cinco días, menos tiempo que lo que dura organizar un muestreo. Y ni siquiera Alejandro To­ledo, que llegó al dígito de aprobación, tuvo un debut tan desastroso.

Según IEP, en el Perú urbano solo el 18% apoya a Boluarte y en las zonas ru­rales este porcentaje baja a la mitad (9%), mientras que en todas las macrozonas cuenta con un rechazo generalizado (solo la aprueban el 6% en el centro, el 13% en su natal sur, el 16% en el oriente, el 19% en el norte y el 28% en Lima metropolitana).

IPSOS evidencia que los que mues­tran mayores simpatías con Boluarte son quienes poseen mayores ingresos. El único sector social donde ella tiene amplio apoyo es el de los más ricos (ni­vel A), donde es aprobada por el 49% y desaprobada por el 40%. A medida que se desciende en el nivel de poder adquisitivo, más se invierten esas cifras. Dentro de los más pobres (segmento E) Boluarte es aprobada por solo el 10%, mientras que es desaprobada por el 83%.

Ambos sondeos demuestran que Boluarte es hoy rechazada en los que fueron sus anteriores baluartes. La gran mayoría de los 8,8 millones de peruanos que votaron por la plancha presidencial donde ella figuraba casi anónimamente fueron los estratos con menos ingresos y, sobre todo, del campo, del interior y de las macrozonas centro y sur. Quienes hoy tienden a apuntalarla son funda­mentalmente aquellos quienes antes apoyaron a Keiko Fujimori.

A pesar de que Boluarte se ufana de ser una mujer, según IPSOS, es desa­probada por el 71% del sexo femenino.

TRES

Antiguos guerrilleros están hoy en la presidencia de Colombia y Nicaragua, como hace poco lo han estado en las de Brasil, Uruguay y El Salvador (en donde, además, su actual mandatario proviene del Frente de Liberación Farabundo Mar­tí). Quien más tiempo ha estado en una vicepresidencia en Occidente es García Linera (Bolivia, 2005-19), quien lideró la guerrilla altiplánica katarista.

Sinn Fein, el antiguo brazo legal del IRA, la mayor organización armada y terrorista dentro de la OTAN, acaba de lograr el primer puesto en las elecciones generales de las dos Irlandas.

Las democracias occidentales buscan que los antiguos subversivos truequen las armas por las urnas. Permitiéndoles incursionar en la política legal a través de la competencia electoral es que se ha logrado en todas estas naciones reducir la violencia letal.

En Perú, Abimael Guzmán ha muerto y hace tres décadas ordenó a sus huestes abandonar la “guerra po­pular”. Su declive es tal que la única vez que lograron presentar un candidato afín en una elección nacional (Walter Humala para el Parlamento Andino) no logró ni el 0.1% de los votos.

Mientras el APRA llegó a cogobemar con Bustamante y Rivero en 1945-48, una década después de que el partido había impulsado atenta­dos terroristas como los asesinatos de Antonio Miró Quesada, director de “El Comercio”, y antes del presidente Sánchez Cerro, hoy la ultraderecha limeña necesita azuzar el peligro del “terrorismo” como su principal carta para justificar sus constantes maniobras golpistas, autoritarias y antipopulares.

Todo ello es una farsa. Según va­rios analistas, no es casual que se haya producido masacres en el VRAEM en las vísperas de cada uno de los tres ba­lotajes en los que ha competido Keiko, con los cuales ella quiso proyectarse como la mejor posicionada para apli­car la “mano dura”. El “Militarizado PCP”, a quien se le atribuyen estos atentados, luego ha brillado por su ausencia (incluso ahora, donde no saca ni un solo comunicado frente a la crisis o las matanzas).

Abimael Guzmán fue quien más pregonó la consigna de amnistiar a Fujimori y a sus asociados, como vía para lograr ser excarcelado. Montesi­nos escribió con su propia mano una carta a Guzmán implorándoles a los senderistas a aportar los pocos votos que faltaban para que Keiko ganase las presidenciales.

Boluarte hoy se alía con la misma derecha que antes la terruqueaba. Un movimiento de masas que recurre al derecho constitucional a la protesta es lo opuesto a sectas que perpetran atentados o asesinan individuos.

Con esas imputaciones se justifica el terrorismo de Estado y que las fuerzas del orden hayan tenido la orden de dis­parar a la cara y al pecho para matar. El terruqueo deshumaniza a sus contrin­cantes y justifica que se les mate como cucarachas.

CUATRO

El actual Gobierno empieza a adquirir ciertos rasgos de paria internacional. Se ha enemistado con las tres repúblicas hispanohablantes más pobladas (Méxi­co, Colombia y Argentina), las cuales no reconocen a Boluarte como presidenta.

En su mensaje presidencial ha acu­sado a extranjeros del sur en armar a los manifestantes y echó la culpa de los asesinatos a armas provenientes de allí. Así deja entrever que Argentina, Chile y, sobre todo, Bolivia, son responsables de esas muertes.

No hay evidencia de ello y hay nu­merosos testimonios de testigos, videos, fotos, periodistas y organismos de derechos humanos que prueban lo contrario. Ya se sabe que las fuerzas del orden fueron instruidas para tirar a matar. Solamente en casos extremos las recomendaciones oficiales admiten poder disparar a los pies. En cambio, en Ayacucho y Juliaca se lo ha hecho ante multitudes y teniendo como blanco rostros o pechos, con la clara intención de matar.

El Perú y el Alto Perú siempre han guardado un alto nivel de amistad, pero hoy Boluarte impulsa la fobia contra Bolivia. Paradójicamente, Evo Morales fue la figura internacional más aplau­dida cuando llegaron a palacio Castillo y Boluarte. Ahora Dina le ha prohibido entrar al país.

Cuando Boluarte entró a la plancha presidencial de su partido Perú Libre, se identificaba con las “revoluciones an­tiimperialistas” de Bolivia, Venezuela, Nicaragua y Cuba, y postulaba reconsti­tuir la Comunidad de Estados de Latino América y el Caribe (CELAC) y la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR).

Sus ataques injustificados a Bolivia han hecho que las relaciones con esta pasen por su peor momento. Se ha expul­sado al embajador de México (el artífice de la CELAC) y Lima ya no prioriza volver a la UNASUR.

La política represiva de Lima es abiertamente cuestionada por las seis repúblicas hispanoamericanas más ex­tensas (México, Argentina, Colombia, Venezuela, Chile y Bolivia), además de otras más en la región. El Brasil de Lula se encuentra absorbido en sus intentos de contrarrestar al golpismo bolsonarista, por lo que busca evitar chocar aún con Boluarte.

Algo que sostiene a Boluarte es el aval de EE.UU., cuya embajada inmediata­mente condenó el autogolpe de Castillo y fue a bendecir a la nueva mandataria. Sin embargo, si la crisis social se sigue agravando, Joe Biden puede que dinamite a Dina como antes hizxo lo mismo con su predecesor. ▓▓