domingo, 1 de diciembre de 2019

LOS RECIENTES ACONTECIMIENTOS EN BOLIVIA

NOTA DE LOS DIFUSORES: "Del árbol caído todos hacen leña", es un antiguo dicho popular, que ha empezado a tener renovado uso en el análisis y en la descripción de los hechos políticos ocurridos en Bolivia el pasado mes de noviembre.  Separando sus bondades, el articulo que sigue es un ejemplo de ello.  Como en muchos casos mediáticos, se nota un tufo oportunista y una subyacente  intencionalidad de reemplazo del caído régimen y aprovechar como propios sus indiscutibles e históricos logros. Ayer loas al proceso del hermano país altiplano y su conducción y realizaciones políticas, hoy criticas claramente intencionadas; tal es la tendencia de los analistas salidos ahora de todos los rincones. 
PCyD publica el siguiente enfoque, en aplicación del pluralismo intelectual que nos nos esforzamos en mantener.


RÉQUIEM PARA EL
«PROCESO DE CAMBIO»
UNA CRÓNICA DE LOS SUCESOS DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2019

Por: Vladimir Diaz Cuellar* revista “PUKARA” N° 160, La Paz, Bolivia

¿Cómo dar cuenta de nuestro duelo, de la sangre derramada y el colapso tan abrupto del “proceso de cambio"?
¿Crónica de una muerte anunciada?
De octubre a octubre y de motín a motín: paradoja del último ciclo político. Un motín policial abrió el descalabro del Estado neoliberal en febrero de 2003 y otro dio la estocada final al Movimiento al Socialismo, MAS, el 2019. Movilizaciones sociales abrieron y cerraron el telón. Octubre de 2003, con casi un centenar de vidas sacrificadas, puso fin al gobierno de la élite minera (Gonzalo Sánchez de Lozada) y agroindustrial (Hugo Bánzer) y posibilitó la avalancha electoral del MAS el 2005. Las movilizaciones “por la defensa de la democracia” de octubre y noviembre del 2019 son las que despiden al gobierno del MAS.
Las masas que respaldaron a Evo Morales no fueron suficientes
Nadie, ni el más recalcitrante adversario del MAS, se hubiese imaginado el dramático y rápido colapso de este partido y de su gobierno. Todas las encuestas le daban alrededor del 30% de intención de voto, aún con muchos indecisos. Sólo poco antes de la elección, en medio de los incendios que consumían el bosque chiquitano, se vislumbraba la posibilidad de que Carlos de Mesa pueda forzar una segunda vuelta. De ahí, los hechos se sucedieron muy rápidamente.

La noche del 20 de octubre las autoridades del Tribunal Supremo Electoral paralizan el conteo rápido de votos cuando al 83,85% daban a Evo Morales 44% y 39% a Carlos Mesa. La Constitución de 2009 establece que no habrá segunda vuelta si un candidato gana con más del 50% de los votos, o con más del 40% con una diferencia de 10 puntos respecto al segundo. Pero, Morales se declara ganador en primera vuelta “confiado en el voto rural”. La sospecha se transforma en furia cuando 22 horas después el TSE restablece el cómputo rápido dando, al 95,63%, ganador al MAS (46,85%) con un margen apenas mayor al 10% de diferencia sobre Comunidad Ciudadana (CC, 36,74%). El TSE justifican vagamente la suspensión del sistema. En Potosí y Sucre, la gente quema las instalaciones de los Tribunales Electorales Departamentales, y en Oruro las oficinas del MAS.
El 22 de octubre se dan las primeras renuncias en el órgano electoral. El 23, la misión de la OEA sugiere ir a una segunda vuelta. Morales denuncia un intento de golpe de Estado y llama a la “defensa de la democracia”, luego al “cerco a las ciudades”. En tanto, los paros cívicos contra el “fraude” son contundentes en varias ciudades; la movilización se hace nacional. Sus epicentros son las ciudades capitales. Las líneas de clase y de color de piel en las movilizaciones son manifiestas: de un lado, la “defensa de la democracia” es de clases medias, y “la defensa del voto rural” de campesinos y trabajadores; los más blancos contra los más morenos. Sin embargo, en Santa Cruz y Potosí tienen un carácter más amplio y popular que en La Paz y Cochabamba. Entre el 23 y 25 se dan los primeros enfrentamientos en Santa Cruz, Cochabamba y Yapacaní. El 25, el TSE concluye el conteo oficial y da por ganador al MAS. Los vocales no dan explicaciones por una semana. Luego, uno de ellos afirmará que los resultados son “sagrados”. La semana siguiente está plagada de enfrentamientos en varias ciudades y poblaciones menores; los heridos son ya decenas. Mientras se incuba el cerco campesino la oposición y el oficialismo se miden en sendos cabildos y concentraciones en las ciudades.
"....cuando les meten al oido sotanas y regimiento..."
El 30 en Portachuelo y Montero se producen heridos de bala y dos muertos entre los opositores. Los autores, según la policía, estarían vinculados a la alcaldía y a la diputada electa de zona, ambos del MAS. Las denuncias de fraude, al inicio desordenadas y hasta falsas, cobran sistematicidad. En un medio, un ingeniero explica los posibles mecanismos de fraude y la empresa proveedora del software siembra más dudas. El 31, la OEA comienza la auditoría solicitada por el gobierno y rechazada por la oposición. Los campesinos suspenden el cerco a las ciudades. Morales, ya no desafiante como los primeros días, pide un “cuarto intermedio” al tiempo que los cabildos en Santa Cruz, Cochabamba, Potosí, Sucre y La Paz se radicalizan: piden su renuncia o la anulación de las elecciones. Las protestas adquieren tinte más popular con la participación de vecinos auto-organizados. Sin embargo, continúan los ataques a oficinas de campesinos y del MAS y el racismo marca gran parte de la movilización. El 5 de noviembre la Central Obrera Boliviana (COB), mineros de Huanuni y Colquiri, campesinos, trabajadores petroleros y miembros del CONAMAQ realizan en La Paz la última gran concentración en apoyo al gobierno. Habrá choques con la clase media. El 6, cerca de Vinto, en enfrentamientos entre campesinos y vecinos un joven pierde la vida. La gente enfurecida quema la alcaldía y humilla a la alcaldesa del MAS, sindicada como la provocadora. En La Paz, estudiantes se enfrentan con los mineros asalariados que utilizan dinamita. 

El 7 de noviembre se da la última concentración en El Alto a favor del gobierno, convocada por la junta de vecinos, la COB y gremiales. Se pide pacificación, se rechaza los actos de racismo y se pide investigar las causas de las muertes. Morales no participa en ella, sólo la “saluda” desde Twitter. Juan Carlos Huarachi, de la COB, dice: “queremos ver la participación masiva de El Alto, ese ‘león que está dormido.’ Que despierte de una vez, ¡carajo!”. Se realizan concentraciones en apoyo al gobierno en Cochabamba y San Julián (Santa Cruz). En La Paz, los líderes cívicos de Santa Cruz y Potosí, que deciden coordinar acciones, participan en un cabildo de los cocaleros de los Yungas, al que asisten estudiantes, trabajadores mineros y esposas de policías. Por la noche, el gerente de la empresa panameña Ethical Hacking, que realizó la auditoría informática al proceso electoral, afirma en una entrevista que está “viciado de nulidad”. El 8 de noviembre el balance de fuerzas está ya a favor de la alianza cívica opositora cuando un motín policial se inicia en Cochabamba y se expande a otras ciudades. Morales sólo atina a mandar más mensajes de Twitter. El comandante de las Fuerzas Armadas anuncia que no reprimirá al pueblo. Las cartas están echadas. Morales, desde la base aérea de El Alto, vuelve a pedir la movilización social, pero sólo los cocaleros del Chapare marchan sin destino conocido. El tiro de gracia a Morales se dio en la madrugada del 10 de noviembre: el informe preliminar de la OEA, que debía ser entregado un par de días después, concluye que existieron múltiples irregularidades y sugiere nuevas elecciones.
Esa misma mañana Morales anuncia la convocatoria a nuevas elecciones. En tanto, se dirige a La Paz una caravana de más de 100 buses de Sucre y Potosí, transportando cerca de 8 mil cívicos, estudiantes, cooperativistas mineros (del Cerro Rico y Porco), mineros asalariados (de Porco, San Lorenzo, San Cristóbal y otras minas). El 9, un primer grupo de esa caravana es interceptado y atacado por campesinos, aparentemente instigados por un alcalde del MAS, en Vila Vila, resultando en varios heridos. El 10, un segundo grupo es atacado con armas de fuego cerca a Challapata: hay un muerto. En Potosí, la muchedumbre enfurecida al conocer esas noticias se moviliza, presiona a sus autoridades regionales, todos del MAS, para que renuncien, queman la casa de uno de éstos y de un ministro. En Oruro, también queman la casa del gobernador del MAS, acusándolo ser responsable del ataque, y la casa de la hermana de Morales.
Entre el 9 y el 11 de noviembre, viene la ola de renuncias de ministros, gobernadores, alcaldes y asambleístas del MAS, comenzando por las autoridades potosinas. El MAS, como aparato de Estado y como partido, colapsa en un par de días. El 10, las Fuerzas Armadas y la COB piden la renuncia de Morales. Los líderes del movimiento cívico, atravesando una Plaza Murillo antes llena de multitudes masistas y ahora vacía, entran a Palacio Quemado tienden la bandera tricolor en el piso, se arrodillan y junto con una Biblia dejan la carta de renuncia que habían redactado para que la firme Morales. Este ya está rumbo a Chimoré (Chapare) junto al vicepresidente Álvaro García Linera y la ministra Gabriela Montaño. Allí anunciará su renuncia a la presidencia. Ninguno de ellos reconoce el fraude. Ni una palabra sobre los muertos o heridos. Según ellos, “el golpe se ha consumado”. Los festejos se desatan en varias ciudades. Al caer la noche la anomia social prevalece. Vándalos y grupos de choque del MAS queman los buses del transporte público de la alcaldía opositora de La Paz, las casas de algunas figuras de la oposición y saquean algunos negocios. Al festejo de las clases medias le sigue una histeria colectiva.
¿Golpe de Estado o fraude?
¿Hubo un golpe de Estado? Es lo que el gobierno del MAS aseguró desde el inicio del conflicto. Sin embargo, con fundamentos siempre genéricos. Incluso en los momentos más críticos Morales nunca explicó cómo el supuesto golpe estaba funcionando. El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, sólo habló del plan de convertir a Bolivia en un nuevo Vietnam. El ministro de Gobierno le dedicó algo al asunto. Dijo: “tiene tres dispositivos fundamentales. El primero es la conculcación de las garantías constitucionales de los ciudadanos, incluida la libertad de expresión y la libertad de prensa. Segundo, la activación de un sentimiento racista para generar confrontación a nivel de la población civil de Bolivia y tercero, la confrontación violenta contra las instituciones del Estado, particularmente la Policía”. Lo dijo el 4 de noviembre, cuando el “golpe” ya tenía dos semanas de estar en curso. Mencionó que los opositores habrían adquirido “armas y municiones en Estados Unidos”. Esas aseveraciones sirvieron solo para que la gente haga graciosos memes al respecto. El gobierno antes y en diversas oportunidades, había llamado “golpe de Estado” a las movilizaciones sociales en su contra. Extrañamente, en esas denuncias el líder “golpista” Luis Fernando Camacho no era mentado, estaba fuera del radar del gobierno.
Entrenado y digitado por Estados Unidos,
para estas y cosas similares
¿Hubo fraude? Los indicios son varios. En julio de 2015 se renueva el TSE con la designación de 6 nuevos vocales por la Asamblea controlada por el MAS y uno por el presidente Morales. Tras las renuncias de los vocales “institucionalistas”, el oficialismo los remplaza el 2018, según la prensa, con vinculados en el pasado al MAS (como el único vocal “institucionalista” quedó Antonio Costas). Siguió en el último año despidos y cambios de funcionarios. El 28 de noviembre de 2017 el Tribunal Constitucional dispone que Morales y García Linera tienen el “derecho humano” a la repostulación, desconociendo el resultado del referéndum del 21 de febrero de 2016. Hay que notar también el incremento inusual del padrón electoral; los notarios de Pando encontrados flagrantemente inscribiendo a ciudadanos en Riberalta; la autorización a una sola compañía para transmitir los resultados en boca de urna; las renuncias de vocales y funcionarios de los tribunales electorales departamentales los días inmediatamente posteriores a la elección; y, finalmente, el silencio del TSE cuando era necesaria la voz técnica de la institución para despejar cualquier duda sobre el proceso electoral. Lo anterior, aunado a las encuestas que daban una posible victoria al MAS pero sin superar el 50% de los votos o sin alcanzar la diferencia de 10% sobre el segundo, hicieron pensar a muchos que el gobierno planificó un fraude. Los informes de la OEA confirmaron lo que los ciudadanos movilizados presumieron desde la noche misma de la elección.
El MAS fue incapaz de generar dirigentes que pudiesen tomar la posta del binomio Morales-García Linera, o tal vez no se quiso hacerlo. Cuando Santos Ramírez fue encarcelado por los escándalos de corrupción en la empresa petrolera estatal, se cerró la vía del que parecía sucesor natural de Morales. Igualmente, cuando el excanciller David Choquehuanca fue apartado como delegado ante el ALBA en 2017 se creó la situación de Morales como el único presidenciable. El MAS se puso a sí mismo en el callejón sin salida de la Constitución por ellos mismos aprobada en 2009, que prohibía la reelección del presidente y vicepresidente más de una vez continua (artículo 168). Morales y García Linera se consideraron insustituibles y forzaron la vía para un cuarto mandato consecutivo. De hecho, García Linera lo había dicho: sin Morales “el sol se va a esconder y la luna se va a escapar”. Llegada la elección, ellos sabían que no podrían ganar en primera vuelta y que de ir a segunda vuelta perderían con Carlos de Mesa. Esa noche apostaron al suicidio.
Cuando la hegemonía se esfuma
René Zavaleta decía que la crisis muestra a la sociedad en su desnudez. El MAS fue el gobierno de los sectores populares: una macro articulación de campesinos, asalariados, cooperativistas, comerciantes, cuentapropistas y transportistas. Y en un inicio, también de una parte de la clase media. El empresariado de opositores radicales los primeros años pasaron, muchos, a conversos del gobierno a partir del pacto del 4 de febrero de 2011. Al inicio de la crisis, campesinos y trabajadores se alinearon detrás del MAS, pero los acontecimientos y la información sobre el fraude electoral cambiaron la correlación de fuerzas. A la convocatoria de Morales para defenderlo, respondieron los campesinos en el eje troncal, incluido cocaleros del trópico y ayllus de norte Potosí, mineros estatales de Huanuni y Colquiri, cooperativistas auríferos y juntas de vecinos. Pero, amalgamado con el apoyo al “proceso de cambio” estaba también la mediación prebendal. El aparato quasi-estatal del partido -alcaldes y otras autoridades-, funcionó para movilizar a la gente; los funcionarios públicos fueron utilizados para inflar las concentraciones masistas. Pero uno a uno estos sectores dejaron de responder al llamado hasta que prácticamente nadie lo hizo. Cuando los policías de La Paz se amotinaron, los mineros de Huanuni y Colquiri, que por días habían hecho vigilia en la Plaza Murillo, habían ya desaparecido.
El campesinado fue el sustento fundamental del MAS. La reconducción de la Reforma Agraria como masivo proceso de transferencia de tierras tiene paragón únicamente con lo sucedido en 1953. Pero la propiedad de la tierra no garantiza su posesión permanente. De hecho, en el mercado nada impide que se concentre. El censo agropecuario de 2012 mostraba que las unidades agropecuarias con superficie mayor a 500 hectáreas utilizaban el 66% del total de la superficie para la producción agrícola, ganadera o forestal; si bajamos la marca a 100 hectáreas, aún una superficie grande para ser trabajada por una familia campesina, tenemos el 79% (27.471.259 hectáreas). Los campesinos se beneficiaron de la distribución de tierras, pero esta no afectó el dilatado proceso de conversión de la agricultura y ganadería del país en industriales, que producen esencialmente soya, maíz, girasol, sorgo y carne bovina y avícola.
Los trabajadores manuales apoyaron al gobierno del MAS en una relación más conflictiva y oscilante que los campesinos: alrededor de la ley de pensiones el 2008 y 2013, del gasolinazo de 2010, o de los incrementos salariales, aparte de conflictos sectoriales. El 2013, los obreros trataron de formar su propio partido y conquistar autonomía respecto al MAS. Pero, cuando vino la crisis electoral, los mineros de las empresas del Estado respondieron al llamado de Morales y lo defendieron dinamita en mano hasta que finalmente dejaron de hacerlo. Los cooperativistas mineros auríferos, que se beneficiaron de importantes áreas de trabajo en el norte del departamento de La Paz y la Amazonía -incluso dentro de áreas protegidas-, también acudieron a la convocatoria y también se retiraron a sus regiones cuando avanzó el conflicto. Aparte de estos actores plenamente visibles, la participación de los trabajadores estuvo diluida en tanto estuvo mediada en otros tipos de organizaciones barriales o cívicas.
Los sectores populares que se alinearon con la oposición y el movimiento cívico, a medida que la crisis avanzaba, lo hicieron unos directamente, y otros por la confluencia de fuerzas en flujo. Los cocaleros de los Yungas por su confrontación con el gobierno ante la ampliación de las zonas de cultivo de coca en la zona no tradicional -el Chapare- por la cual sus dirigentes fueron encarcelados. Los cooperativistas mineros de Potosí lo hicieron pues perdieron muchas vidas en diferentes batallas con el gobierno. Los trabajadores mineros de Chojlla no fueron atendidos en sus reclamos sobre violaciones de derechos humanos en la mina. No es sorpresa, por tanto, que los sectores azotados por el brazo represivo o la indiferencia del gobierno se hayan enlistado organizadamente en las corrientes políticas que lo asediaban.
Las clases medias fueron la columna vertebral de la movilización cívica opositora hasta que barrios y regiones más populares entraron en el ruedo. Los jóvenes universitarios y los jailones de las ciudades del eje tuvieron su bautismo político. Muchos los subestimamos, pero nadie más que el gobierno. Morales se burló de su capacidad de organización diciendo que no aguantarían y que sólo estaban ahí por “platita y notitas”. Ellos crearon el grito de guerra que marcó el tono de toda la movilización: “¿Quién se rinde? ¡Nadie se rinde! ¿Quién se cansa? ¡Nadie se cansa! ¿Evo de nuevo? ¡Huevo, carajo!”. No hubo crisis económica que justifique la insatisfacción de las clases medias movilizadas. La pérdida del apoyo de las sectores medios fue lenta pero constante por el manejo torpe de la burocracia estatal, pero fundamentalmente por la incapacidad del gobierno de reconocer sus errores: de reprimir con brutalidad a los discapacitados el 2012 y 2016; de reprimir a la marcha de las organizaciones indígenas opositoras el 2011; de desconocer un referéndum y de forzar la habilitación de sus candidatos violando las normas por ellos mismos aprobadas; de no reconocer siquiera los grandes incendios forestales de la Chiquitanía. La ira de las clases medias fue moral. Y en democracias, no hay hegemonía posible sin consenso con ellas.
Detrás de ellas, sacaron la cabeza los sectores fascistas que habían, callados por varios años. En Santa Cruz, durante la primera semana, salieron con ganas de patear collas -y muchos lo hicieron. Amalgamando a varios de los sectores medios vino el resurgimiento del sentimiento religioso en la política, las oraciones en cabildos, las oraciones de vecinos movilizados o de policías arrodillados y la Biblia en el palacio presidencial.
Hifala al viento, pese a todo
En Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, ex líder de las juventudes cruceñistas, es representante de una fracción del empresariado, comenzando con la de su familia, el Grupo Nacional Vida. Es certero decir que una fracción de los empresarios estuvo movilizada mientras la otra estuvo expectante, cambiando de bando cuando la victoria brilló del lado cívico. Recién el 30 de octubre, las asociaciones empresariales y la fundación de Percy Fernández comienzan a financiar las ollas comunes de los movilizados: 220 mil raciones fueron servidas en Santa Cruz hasta el 10 de noviembre. No es posible imaginar que los ganaderos, que proveyeron altos dirigentes al MAS en particular en el Beni (ejemplo, el gobernador Alex Ferrier) y se beneficiaron del decreto supremo que autorizaba el desmonte y las quemas controladas, se hayan congratulado por las movilizaciones contra el gobierno. El líder de su confederación, Oscar Ciro Pereyra, festejó junto a Morales el inició de la exportación de carne a la China, en medio de los incendios en la Chiquitanía. La banca, que se dio un festín de ganancias durante el proceso de cambio parece haber visto la convulsión desde el palco. ¿Por qué las trasnacionales mineras se aventurarían a apoyar una movilización contra el gobierno que les permitió ganar -según mis propios cálculos- US$ 1.100 millones en los pasados años? Los empresarios, dijo el ministro Romero, “están respaldando la candidatura del presidente Evo Morales, que lo digan abiertamente o no es otra cosa, pero lo están haciendo” ya que “no son miopes, saben a dónde apuntar y saben que Evo les garantiza seguir creciendo”. No es pues creíble que se embarquen en aventuras políticas cuando los negocios van muy bien. La CAINCO sólo se sumó a los pedidos de renuncia de Morales el 10 de noviembre.
Inesperados líderes de la movilización fueron el joven que trabajó de “heladero, escamador de pescado, peón de cooperativistas” e hijo de trabajador minero, Marco Antonio Pumari, y el maestro trotskista, Rodrigo Echalar, líderes cívicos de Potosí y Chuquisaca. Estos comités articularon en las protestas a estudiantes, cooperativistas mineros, trabajadores asalariados mineros y otros. Potosí, epicentro de largos paros contra el gobierno (por autonomía, mayor inversión estatal e industrialización del litio con beneficios para la misma), es sin dudas la ciudad más ignorada por el gobierno en estos años.
La policía nunca fue la favorita de Morales. Reemplazada en la guardia presidencial por las Fuerzas Armadas cuando asumió la presidencia, la policía no goza de los beneficios concedidos a aquellas: Por ejemplo, jubilación con el 100% del salario. Morales trató a los policías acorde a sus sentimientos generados en su época de dirigente sindical: hizo a un policía atarle sus zapatos en público hace unos años. Durante la confrontación social, encargó a la policía distribuir pollos a los mineros movilizados en La Paz. Sus esposas se habían movilizado desde temprano en el conflicto y están con seguridad entre los instigadores del motín de sus esposos. El cabildo de La Paz del 31 de octubre les pedirá su apoyo y el de las FFAA; y en el de Santa Cruz, el 4 de noviembre, Camacho les prometerá que el nuevo gobierno atenderá sus demandas. El gobierno se dio cuenta del riesgo muy tarde. El 1 de noviembre hizo un pago extraordinario de Bs 3.000 a todos los efectivos. Los policías le llamaron “bono lealtad” pero sin el efecto esperado -tal vez incluso el contrario-. “Ya estábamos cansados de humillaciones”, dirá uno de los amotinados.
Aparte de estos sectores movilizados hubo otros espectadores. Si excluimos la movilización del 28 de octubre, el grueso de la ciudad de El Alto sólo observó los eventos. ¿Cómo defender a un gobierno que posiblemente habría cometido un fraude? Faltaba la convicción moral de los que aspiran a la victoria, aquella que es el fundamento de los actos heroicos de la historia. El Alto, ciudad morena y trabajadora, estuvo paralizada por la consternación de ver caer a su gobierno. El líder de la COB no estaba equivocado al pedir que el león despierte. Lo hizo, pero cuando Morales ya iba camino a México, y porque policías sin empacho se quitaban la wiphala de sus uniformes y otros quemaban esta bandera. La furia de El Alto arrasó no antes de la caída de Morales sino después, el 11 de noviembre. “¡La wiphala se respeta, carajo!”, gritaba la gente. “Nos han llamado hordas, nos han humillado, han quemado la wiphala”. Muchos policías, en El Alto, y en otras ciudades pidieron perdón, incluso en aimara. En la Tamborada (Cochabamba), la estación policial también sufrió la ira de la gente. El país fue militarizado desde el 11 y la represión procedió en un significativo silencio mediático. No tardaron los primeros heridos. En Santa Cruz, se le dio una fiesta a la gente; en El Alto, en los barrios populares de algunas ciudades y en algunas poblaciones menores (Yapacaní en particular) la gente sufrió la brutalidad de la represión. La recuperación de la “democracia” tuvo lugar con el ejército en las calles siendo vitoreado por las clases medias.
La Champa guerra y la democracia con traje militar
En medio de la ola de renuncias masistas habían dimitido también los presidentes de la cámara de Senadores y Diputados. El desbande del MAS dejó el camino despejado a la autoproclamación de la vicepresidenta de la cámara de Senadores, Jeanine Añez, el 12 de noviembre, en medio de un parlamento casi vacío y con una Biblia gigantesca. Los parlamentarios del MAS no pudieron siquiera controlar la transición y menos evitarla. El Tribunal Constitucional le daría su bendición el mismo día. La autoproclamación de Añez y la escalada de la represión provocó en algunos casos solicitudes del retorno de Morales. Sin embargo, sólo sucedió en Cochabamba, El Alto y un par de poblaciones intermedias; el resto de las ciudades se encontraban retomando a la normalidad.
El 13, se nombrarán nuevos ministros y nuevo alto mando militar. Arturo Murillo, a quien le habían quemado su hotel en el Chapare pocos días antes, asume el ministerio de Gobierno y promete la “cacería” de altas figuras del MAS. Con el nuevo comando militar muy posiblemente volvieron aquellos “cuyas carreras fueron truncadas” por el anterior gobierno. De hecho, el nuevo comandante de las Fuerzas Armadas, Carlos Orellana, había sido edecán del expresidente Jorge Quiroga. Los líderes de los cocaleros, seguramente en coordinación con Morales (quien nunca dejó de ser su dirigente principal y desde México sigue coordinándolos), decidieron marchar a Cochabamba a ofrecer los corderos para el sacrificio. ¿Cuál el objetivo político de ir a la cancha del enemigo cuando las reglas de la política piden que se resista desde el territorio propio cuando se está en debilidad? En medio de la marcha se verán a algunos sujetos de vestir de clase media con armas largas, como si por alguna razón creyesen que podrían enfrentarse con centenas de uniformados. Luego se conoció que algunos dirigentes habían desaparecido de la marcha antes de la represión. Acá confluyeron la violencia desnuda, a pleno sol meridiano, del ejército y la policía con el deseo perverso de las últimas fracciones de dirigentes del MAS de obtener una bandera política con los muertos. La masacre cobró la vida de 9 personas el 15 de noviembre.

Masista y represor
Estando la mayoría de la población de El Alto expectante, los vecinos de una de sus zonas más periféricas iniciaron, desde el 14, el bloqueo de la planta de combustible de Senkata. No tanto a favor del MAS como en protesta por la represión desatada. El 19 de noviembre, repitiendo lo sucedido el 2003, el gobierno decide un operativo militar-policial para que camiones cisternas saquen combustible a la ciudad de La Paz. Sorprendidos los bloqueadores reaccionan. Sigue una represión brutal en la que se asesina a 8 personas. La “democracia” con traje militar no tuvo ningún pudor para darse un baño de sangre. Ni siquiera respetó a los familiares de los fallecidos que con una inmensa multitud marcharon indignados de El Alto a La Paz el 21 de noviembre: los féretros se hallaron tendidos solos en medio de la calle tras la nube de gases lacrimógenos.
Los campesinos retomaron su tradicional táctica, el bloqueo de caminos, el día mismo de la autoproclamación. Al 21 de noviembre se registraban 102 puntos de bloqueo, principalmente en las carreteras troncales. Y aunque el movimiento fue significativo no tenía perspectivas al perder apoyo en las urbes donde la desmoralización, el cansancio y los pedidos de paz se conjugaban. Los bloqueos campesinos fue el cierre del telón de un mes de eventos dramáticos. Luego, el gobierno logró acuerdos con las más importantes organizaciones sociales del país (COB, CSUTCB, interculturales, Bartolina Sisa, CONAMAQ, CIDOB y distritos de El Alto) para la convocatoria a nuevas elecciones, el repliegue del ejército y el cese de la persecución. Así se desactivaron la mayor parte de puntos de conflicto. La convocatoria a elecciones sin la participación de Morales y García Linera y con el saneamiento del padrón electoral, mediante una ley aprobada por unanimidad en el parlamento, con la aquiescencia del MAS, fue seguramente el último acto.
Evo Morales, por las razones que sean, no utilizó a las fuerzas represoras, más bien apostó a la confrontación civil para defender los irregulares resultados electores. Antes y después de su caída, el MAS movilizó su aparato quasi-estatal y cuando no le quedaron otros medios recurrió a la prebenda. El burdo uso de dinero para movilizar a personas humildes a quienes se les pagaba sin rubor en medio de las primeras marchas desde el 11 de noviembre, como se vio en decenas de videos, y el pago a unos pocos vándalos, leales solo a quien les haga el pago, no tienen nada que ver con las gestas que movilizan multitudes. El sacrificio de los cocaleros en aquella mórbida ofrenda es la máxima expresión de la decadencia moral de un partido que perdió el horizonte. En cualquier otra circunstancia, las masacres de Sacaba y El Alto hubieran provocado una insurrección popular, pero no en ésta. Lastimosamente, todo esto estuvo muy lejos de las heroicas jornadas de 2003. En su debacle, el MAS mostró su rostro más desagradable.
Tal vez la consecuencia más duradera de la reciente crisis no sea la caída del proyecto político de las mayorías nacionales, de su gobierno, sino la descomposición de las propias organizaciones sociales. No colapsaron sólo el aparato estatal y partidario del MAS, es posible que la estructura prebendal sindical también lo haga. Como la madera podrida por dentro, ésta también se viene desmoronando con el impacto de la crisis. Esto ha comenzado a ser visible particularmente en El Alto que por ahora se parece más a una hidra, con muchas cabezas que tratan de reorganizarse rápidamente desconociendo, en algunos casos, a dirigentes masistas y opositores. Sólo una vez que se arranque la maleza podrán crecer los cultivos. Por ahora, el estupor del 20 de octubre produjo desorganización y la violencia de la “democracia”, a su vez, desazón. La soberbia entorpece el discernir. Aquel que dio un rodillazo al contrincante frente de cámaras durante un partido de futbol, es también quien creyó que podría cometer un fraude electoral sin que nadie se de cuenta. Bebieron demasiado del poder y se embriagaron. Son ellos quienes crearon las condiciones de su propia derrota. Son ellos mismos quienes regalaron una bandera política a la derecha y a los sectores conservadores que ahora asoman la cabeza. Tras una década de “crecimiento y estabilidad económica”, el MAS tenía las mejores perspectivas para seguir gobernando al país por varios años más, si no se obstinaba a forzar la candidatura de los insustituibles. La oposición no tenía aún fuerza ni programa necesario para ser eso, oposición. Al creerse irremplazables no les importó oponer a trabajadores y campesinos contra clases medias, apostando a la confrontación civil para resolver la disputa. Son ellos que replicaron y ampliaron la champa guerra, como diría Silvia Rivera sobre los movimientistas durante su decadencia en los años 60. Son ellos los que abrieron las puertas a la reconstitución de las fuerzas conservadores: Tal como en 1964, en noviembre vino la reacción conservadora. Morales y García Linera, son los verdaderos responsables de este gigantesco descalabro social y político. La historia les juzgará.
Se cierra un ciclo político y tiene que sonar su réquiem. No podemos mirar al futuro sin mirar de frente a los errores del pasado. Cuando finalmente se produzca la crisis económica internacional, que ha estado fermentando estos años y a la que las políticas económicas del gobierno del MAS nos han convertido en el país más vulnerable, sonarán otras tonadas. Habrá que recorrer nuevos caminos. Por ahora, es tiempo de reorganización, de limpiar la casa.
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* Vladimir Diaz Cuellar Geography and Environmental Studies Carleton University vladimirdiazcuellar@cmail. carleton.ca La presente es una versión condensada (por razones de espacio) del original. El artículo íntegro será publicado por el CEDLA.

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