lunes, 22 de junio de 2015

GABINETE BILATERAL PERU-BOLIVIA

¿En qué debería incidir la reunión bilateral entre Perú-Bolivia?

LOS ANDES 23JUNIO2015

Por: Guillermo Vásquez Cuentas 
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FOTO: Diario Correo
FOTO: Diario Correo

El encuentro presidencial entre Ollanta Humala y Evo Morales y la reunión del Gabinete Ministerial Binacional que se realizan en la ciudad de Puno, tienen como marco o referente normativo al “Tratado General de Integración y Cooperación Económica y Social para la Conformación de un Mercado Común entre la República del Perú y la República de Bolivia”, suscrito por los Ministros de Relaciones Exteriores del Perú y de Bolivia, Manuel Rodríguez Cuadros y Juan Ignacio Siles del Valle, respectivamente, el 3 de agosto del 2004. La oportunidad es propicia para formular –con la óptica de los intereses puneños– algunas disquisiciones al respecto por las implicancias de algunos contenidos de ese Tratado en el desarrollo y la cultura regionales. Veamos.
En primer lugar, una somera lectura del Tratado nos hace ver que entre los objetivos de este instrumento jurídico internacional aparecen los siguientes:
“a) Profundizar la integración binacional, como un aporte a la consolidación de la Comunidad Andina y a la construcción de un espacio sudamericano integrado”.
Sabemos bien que la Comunidad Andina languidece por obra y gracia del gobierno peruano, que ha levantado tienda aparte junto con Chile, Colombia y México, alianza “del Pacífico”, que está informada por criterios neoliberales y globalizadores. Nada que profundizar.
“b) Favorecer el desarrollo sostenible e integral de ambos países, con especial énfasis en los aspectos económico, social, político, cultural y ambiental; y c) Promover el desarrollo armónico y equilibrado de ambos países, de modo de elevar los niveles de vida de sus poblaciones”;
Bonitas frases propias del sibilino lenguaje diplomático, pero cualquier lector puede convenir con nosotros que son eso que llaman “saludo a la bandera” o buenas intenciones, con las cuales está empedrado aquel sitio del imaginario de muchos creyentes religiosos.
“d) Armonizar gradualmente las políticas económicas y sociales”¿Cómo armonizar políticas económicas de los actuales gobiernos de Bolivia y Perú, cuando Evo Morales nacionaliza y estatiza actividades económico-productivas, mientras que Ollanta Humala las entrega a la voracidad del capital transnacional? No hay compatibilidad entre las concepciones ideopolíticas de esos gobiernos, sobre todo en el campo económico. Por este hecho, tal armonización se torna imposible.
Aparte de los objetivos brevemente comentados, hay otros, pero ellos no revisten importancia para un Tratado tan importante, porque constituyen juicios puramente declarativos sin mayor significación en la compleja y tozuda realidad puneña.
LOS “MECANISMOS INSTITUCIONALES”
A fin de viabilizar la ejecución de este extenso tratado de 6 partes, 20 capítulos y 94 Artículos, se ha previsto como “Mecanismos Institucionales”, los siguientes:
· Los Encuentros Presidenciales
· El Gabinete Ministerial Binacional
· La Comisión Ministerial
· El Comité Ejecutivo
De acuerdo a lo previsto en el Artículo 8°, los Encuentros Presidenciales, “definirán los lineamientos políticos de la vinculación binacional y tendrán una periodicidad anual”.
El Gabinete Ministerial Binacional (Artículo 9°), como el que se reúne ahora en Puno, “tratará asuntos sectoriales y se reunirá en ocasión de los Encuentros Presidenciales”.
A su vez, la Comisión Ministerial, conformada por los Ministros de Relaciones Exteriores y los Ministros encargados de Comercio Exterior e Integración y de Desarrollo Económico de ambos países, según corresponda, “evaluará el proceso de la integración binacional, adoptará las medidas para el desarrollo de los objetivos de este Tratado y dará cumplimiento a las directrices que se impartan en los Encuentros Presidenciales. La Comisión Ministerial podrá invitar a otros Ministros responsables de las áreas involucradas en los temas que requieran particular atención. La Comisión se reunirá por lo menos dos veces al año”. Todo ello según el Artículo 10° del Tratado.
La competencia y el funcionamiento del Comité Ejecutivo está normado en el Artículo 11°, en el cual se precisa que este Comité “está constituido por altos funcionarios de los respectivos Ministerios de Relaciones Exteriores y de los Ministerios encargados de Comercio Exterior e Integración y de Desarrollo Económico de ambos países, según corresponda, tendrá la responsabilidad de articular, orientar y supervisar la ejecución del presente Tratado, coordinar con los respectivos sectores y entidades nacionales, regionales y locales y convocarlos según sea el caso, elaborar y/o canalizar iniciativas sobre acuerdos complementarios al presente Tratado y recomendar cursos de acción a la Comisión Ministerial”.
También se ha previsto en este Tratado posibilitar la participación de los empresarios, estableciendo un Consejo Asesor Empresarial para que recomiende sobre el proceso de integración binacional, así como un Consejo Asesor Laboral conformado por representantes de los gremios y organizaciones del sector laboral, con igual misión que el de los empresarios.
No parecen haberse instalado estos grupos asesores. Por lo demás, dada la desarticulación y pérdida de influencia política del movimiento sindical, la determinación de la representatividad del sector laboral se presenta como sumamente dificultosa.
LO QUE DEBERÍA INTERESAR A NUESTRA REGIÓN
En materia de recursos hídricos, abundantes en nuestra región, el Tratado prevé (Artículo 68°) formas de cooperación que si se ponen en práctica podrían ser beneficiosas para la población.
Se señala en el Tratado que “las Partes (Perú y Bolivia) perfeccionarán el inventario, evaluación y diagnóstico de recursos hídricos cuyos estudios se encuentren aprobados en el marco del Plan Director de la Autoridad Binacional del Lago Titicaca (ALT) y de otros organismos internacionales de cooperación”.
Nos permitimos correr traslado del comentario al PELT, aun cuando nosotros no hemos visto ni leído ni conocido que se haya hecho algún trabajo de investigación que merezca publicidad sobre estos fundamentales tópicos.
Se dice también que “Las Partes acuerdan fortalecer la Autoridad Binacional del Lago Titicaca (ALT) y dotarla de los recursos necesarios, promoviendo su desarrollo institucional y capacidad de gestión y propiciando su participación prioritaria en el mantenimiento del equilibrio del ecosistema Titicaca-Desaguadero-Poopó-Salar de Coipasa (TDPS), en el marco de la plena implementación de su Plan Director”.
Sin embargo, estamos viendo que el Ejecutivo peruano asigna cada vez menos importancia al “Proyecto Especial Lago Titicaca” PELT, órgano operativo de la ALT en el lado peruano. En estos días lo estamos comprobando con la aún suspendida concesión de más de ochenta hectáreas del lago a la empresa Mitano para la crianza de especies ícticas en gran escala de producción y de contaminación, mediante Resoluciones de la Dirección General de Extracción y Producción Pesquera para Consumo Humano Directo Nros. 080 y 120-2015-PRPODUCE/DGCHD.
Qué fácil había sido, desde un sillón burocrático capitalino ubicado en el Ministerio de Producción, ocupado por César Manuel Quispe Lujan, pasar por sobre el ALT, PELT, su Estatuto, ponerse contra su pueblo circunlacustre y perpetrar el entreguismo de nuestro recurso hídrico por 30 años renovables indefinidamente. Es así que, con esa misma facilidad, el gobierno busca y encuentra conflictos con la población, que aparejan la lamentable secuela de enfrentamientos violentos y muerte de inocentes.
El Gabinete Bilateral tiene la obligación de pronunciarse en este tema.
De otro lado, el tratado reafirma el régimen jurídico de las aguas de toda la cuenca del Lago Titicaca, al prescribir muy acertada y positivamente que “Las Partes, asimismo, reafirman que el Convenio para el Aprovechamiento de las Aguas del Lago Titicaca de 19 de febrero de 1957, constituye un acuerdo ejemplar y emblemático para el tratamiento de un cuerpo de agua sujeto a un régimen de condominio indivisible y exclusivo, cuya importancia ha sido reconocida por la comunidad internacional”.
Sin embargo, es necesario decir que falta un desarrollo mayor, más detallado, del concepto de “Condominio Indivisible y Exclusivo” de ambos países. ¿Solo se trata de los cuerpos de agua o comprende también -debido a su unidad indisoluble- el suelo y el subsuelo del fondo lacustre y del álveo de los ríos? ¿Están también en condominio los elementos químicos suspendidos en los cuerpos de agua, económicamente aprovechables, como es el caso del litio en el lago Coipasa, por ejemplo? Así, hay muchos otros asuntos que deberán ser determinados con claridad en alguna oportunidad, que no pensamos sea en esta.
En otro punto del Artículo 68°, se estipula que “Las partes, de común acuerdo cooperarán a través de la realización de estudios y proyectos y la actualización de los existentes, dirigidos a las preservación o mejora de la calidad y uso de las aguas de los ríos que atraviesan sus fronteras, actuando en armonía con principios y criterios de común aceptación para los dos países”.
No sabemos de algún estudio que acometa este laudable propósito.
Para poner un ejemplo, las aguas del fronterizo río Suches están contaminadas por la minería ilegal de ambos país, sin que se haga nada al respecto o se haya hecho muy poco. En una declaración conjunta suscrita entre los presidentes Morales y Humala, en diciembre de 2011 en Cusco, precisaron que “una comisión específica seguirá trabajando sobre el problema de la contaminación minera ambiental de la cuenca del río Suches”. Ambos mandatarios acordaron desarrollar acciones conjuntas y coordinadas para combatir la minería informal en la cuenca del río Suches, declarada como “zona crítica de daño ambiental”.
El Gabinete Binacional debe informar al pueblo de Puno sobre las acciones realizadas y debe de adoptar decisiones de próxima ejecución al respecto.
Asimismo, otro de los grandes problemas ambientales que derivan de nuestra condición de países limítrofes, consiste en el hecho de que las poblaciones de El Alto, ciudad cercana a La Paz, en Bolivia, y zonas aledañas con un millón de habitantes, vienen contaminando gravemente las aguas del “Lago Titicaca Menor” o lago de Huiñay Marka, en donde se ubica el distrito insular de Anapia. La contaminación crece día a día, poniendo en peligro la vida humana y los recursos ictiológicos. El Gabinete Binacional no puede dejar de pronunciarse y aprobar medidas sobre este álgido problema.
MEDIO AMBIENTE Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA
En el Tratado se dedica un Capítulo a esta temática. En el Artículo 71° se proclama que “Las Partes, en su condición de Países Megadiversos, y teniendo en cuenta los compromisos derivados de la Convención de las Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica acuerdan promover la conservación y uso sostenible de la biodiversidad así como el respeto a las prácticas y conocimientos tradicionales asociados”.
Los puneños sabemos que el suche, el mauri y la boga, están en peligro de extinción. El Congreso de la República del Perú, en representación del Estado, se ha negado en la práctica a la aprobación de Proyectos de Ley que determinen proteger estas especies nativas. Eso sí, con presteza protegen legalmente especies como los delfines, cuya abundancia es notoria. Se mide con distinta vara. Puno sigue siendo la última rueda del coche en la mentalidad burocrática centralista.
Este es otro tema que reclama se acuerde medidas bilaterales que encaren el problema.
En el Tratado se ha consignado también que ambos países acuerdan impulsar la cooperación en materia pesquera y acuícola, intercambiando información y coordinando el “aprovechamiento responsable de los recursos hidrobiológicos, sobre la base del conocimiento actualizado de sus componentes biológico-pesqueros, económicos y sociales, a través de los respectivos centros de investigación y desarrollo… en armonía con la conservación del ambiente”.
Bueno, ya sabemos cómo este gobierno maneja el asunto de la conservación del medio ambiente. Ahí están para decirlo los Estudios de Impacto Ambiental que, en el fondo, son documentos destinados a otorgar facilidades al inversor extranjero en perjuicio de las comunidades y pueblos en los que se ubican los recursos concesionados. Los ejemplos sobran.
No obstante, sería muy positivo que el Gabinete Bilateral arribe a definiciones
claras en este asunto.
EN CUANTO A LA CULTURA
A través del Tratado se propugna el establecimiento de “Casas de Cultura Peruana y Boliviana en sus respectivos territorios” (Artículo 82). Que sepamos, no hay ninguna entidad como la prevista funcionando en algún lugar.
El Camino Principal Andino, Qhapaq Ñan ha motivado que Bolivia y Perú se comprometan en el Artículo 83° del Tratado a “elaborar una agenda de actividades de interés nacional, orientadas al mantenimiento y la puesta en valor del Camino Principal Andino, Qhapaq Ñan, principalmente en lo que se refiere a las áreas fronterizas”. Ojalá se cumpla esta tarea.
En cuanto al Patrimonio cultural inmaterial, en el Artículo 84° se lee: “Las Partes acuerdan desplegar esfuerzos y coordinar acciones conjuntas para la preservación y revitalización del patrimonio inmaterial de sus países, la reafirmación de sus respectivas identidades culturales y la comprensión y conocimiento mutuos de sus pueblos. En ese marco convienen en fortalecer su cooperación en el marco de la Convención Internacional para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial”.
Las intenciones que subyacen en el texto, explicarían tal vez los acuerdos finales que los representantes peruanos ante la UNESCO tuvieron que aceptar a última hora, en el proceso de la nominación de la Festividad de la Virgen Candelaria como patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad.

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