ACTAS COMPROMETEDORAS
LOS
REGISTROS DE LOS CONSEJOS DE MINISTROS REALIZADOS DURANTE LAS PROTESTAS QUE
PRODUJERON REPRESIÒN Y MUERTE DEBERÌAN SER INCORPORADOS A LA CARPETA FISCAL DE
DINA BOLUARTE Y ALBERTO OTÀROLA
Por: Sonia Suyòn
En HILDEBRANDT EN SUS TRECE Nº 639, 9JUN23
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ina Boluarte ha dicho que ella como presidenta no
decide sola, que es el Consejo de Ministros el que evalúa y toma las decisiones
de gobierno. Esa premisa no la libera de culpas. Una mirada a las actas de los
Consejos de Ministros que presidió Boluarte durante las semanas del estallido
social y la tenaz balacera policial y militar que acabó con la vida de 60
personas, entre ellas 5 menores de edad, da cuenta de la indolencia y la
responsabilidad mediata y política de la jefa de Estado.
El 13 de diciembre de 2022 (dos días antes de la masacre
en Ayacucho), en medio del ruido y de la furia de las protestas en el sur del
Perú, Dina Boluarte presidió su segundo Consejo de Ministros. Muy segura de
sí, se dirigió a los miembros de su gabinete para decirles que había recibido
el respaldo del Consejo de Estado y que este le había pedido que se
restableciera el orden público. ¿Cómo conseguirlo? Aludidos, los entonces
prestos ministros César Cervantes Cárdenas y Alberto Otárola, de las carteras
del Interior y de Defensa, respectivamente, dieron cuenta en ese momento de
los diversos conflictos sociales que se desbordaban a nivel nacional desde el
7 de diciembre de 2022. Hablaron de “actos de violenda y vandalismo que han
afectado a las instituciones y a la infraestructura pública y privada”,
relataron “actos de agresiones contra la integridad de las personas y
autoridades”, se quejaron también del “bloqueo de las vías públicas, lo que
genera una grave situación de crisis a nivel nacional”, de acuerdo a lo que
recoge el acta del Consejo de Ministros de ese día.
De hecho, el día anterior, el 12 de diciembre, según
el acta del Consejo de Ministros de ese día, se había aprobado decretar el
Estado de Emergencia en siete provincias de Abancay, la tierra natal de Dina
Boluarte, que fue la primera región en levantarse y donde se dieron los primeros
tres muertos a manos de la policía, entre ellos un escolar de 15 años.
El mismo 13 de diciembre, unas horas después de f
haberse levantado la sesión de Consejo de Ministros, y para no quedarse atrás,
el entonces titular de Defensa, Alberto Otárola, comunicó en el grupo de
WhatsApp del gabinete que él también tenía su propuesta desde el Ministerio de
Defensa. Fue entonces que Boluarte convocó nuevamente a Consejo de Ministros,
esta vez vía Zoom. El único punto de la agenda era aprobar el proyecto de
Otárola de declarar el Estado de Emergencia por 60 días en varios distritos de
Ayacucho, Huancavelica, Cusco y Junín. Otárola justificó su proyecto en base a
unos supuestos informes secretos del Comando Conjunto de las FF.AA. Mencionó,
por ejemplo, el Informe Técnico 010-2022- CCFFAA D-3-DCT y el Dictamen 664-
2022 CC.FFAA/OAJ, del que extrae un delirante párrafo para leer a los ministros
y a la jefa de Estado, con el fin de justificar el estado de emergencia:
“Debido al accionar de la Organización Terrorista Sendero Luminoso facción
VRAEM y la simbiosis existente entre esta organización terrorista y las
organizaciones criminales nacionales con vínculos internacionales que se
dedican al tráfico ilícito de drogas, tala ilegal de madera, entre otros
ilícitos y con la finalidad de restablecer plenamente el orden interno y el
Estado de derecho (...)”, se lee en el acta del Consejo de Ministros. Es decir,
Otárola echó mano de anacrónicos y trasnochados informes antiterroristas para
enviar a personal del Ejército y de la Policía Nacional armados hasta los
dientes a luchar contra los que protestaban como si fueran temibles huestes de
Sendero Luminoso en varios distritos de Ayacucho, Huancavelica, Cusco y Junín.
El Decreto de Otárola también proponía “que las Fuerzas Armadas asuman el
control interno con apoyo de la Policía Nacional”.
El 15 de diciembre del 2022, cuando la capital ayacuchana
era presa de una balacera infernal, tras la toma del aeropuerto por parte de
algunos manifestantes, Dina Boluarte convocó a una sesión virtual del Consejo
de Ministros. Aunque parezca mentira, el primer punto que se tocó fue el
proyecto de Decreto Supremo para aprobar una operación de endeudamiento
externo con el BID por 100 millones de dólares.
Y mientras los fusiles AKM disparaban a matar en
Huamanga, el segundo punto que vieron Boluarte y sus ministros fue el déficit
del recurso hídrico en algunas provincias de Huancavelica. Y, por último, se
tocó el tema de las protestas que exigían la renuncia de Boluarte y el cierre
del Congreso, pero con otra medida represiva: se aprobó un Decreto Supremo que
declaraba la inmovilización social por cinco días a nivel nacional. Pese a los
muertos, en ningún momento, de acuerdo a las actas, Boluarte ordenó a los
ministros de Defensa e Interior que se dejara de usar armas letales contra los
manifestantes.
Y el 17 de diciembre, mientras Ayacucho amanecía
con la resaca de todo lo sufrido y la Defensoría contabilizaba 10 muertos y 72
heridos en Huamanga, el gabinete de Boluarte respondía con más represión. Ese
día la sesión de ministros tuvo como único tema de agenda declarar la
inmovilización social obligatoria en la provincia de Huamanga. No asistieron a
la sesión de Consejo de Ministros ni la ministra de Educación, Patricia Correa
Arangoitia, ni el ministro de Cultura, Jair Pérez Bráñez: habían renunciado a
sus cargos.
El 21 de diciembre del 2022 el gabinete ministerial
de Boluarte estrenaba un nuevo primer ministro. Así, mientras la población
demandaba la renuncia de los ministros del Interior y de Defensa por los
asesinatos de más de veinte manifestantes, Alberto Otárola había sido
premiado por la jefa de Estado, otorgándole el premierato. Ese día, en sesión
de Consejo de Ministros, Boluarte dio la bienvenida al gabinete y solicitó a
los ministros “trabajar en equipo y con lealtad al pueblo peruano”. Otárola,
por su parte, exhortaba irónicamente a los ministros para que “la presente
gestión debe ser presentada como el gobierno de la paz, el diálogo y la
democracia”, al tiempo que el Viceministerio de Gobernanza Territorial
alcanzaba el balance de las protestas a nivel nacional: se contaban ya 26
muertos. Entre las organizaciones y movimientos sociales que participaban en
las protestas no se mencionó en ningún momento a los “remanentes de Sendero
Luminoso”.
El 21 de diciembre de 2022 la principal inquietud
del gabinete parecía ser el discurso de investidura de Boluarte ante el
Congreso, aunque en algún momento ella expresó su “preocupación por la
situación de las protestas en Puno”. Y señaló, de acuerdo al acta de la sesión
de Consejo de ese día, que “al tratarse de demandas de carácter eminentemente
político, se debe contar con una estrategia política, a fin de trasladar las
demandas políticas a demandas sociales, porque al Poder Ejecutivo no le
corresponde atender demandas políticas sino demandas sociales” (sic). Ningún
comentario sobre el excesivo uso de armas por parte de las Fuerzas Armadas.
Aquí están, estos son
El día 5 de enero de 2023, en sesión de Consejo de Ministros, Dina Boluarte no parecía expresar indignación alguna por los más de 30 muertos que por entonces ya cargaba su gobierno, mientras el sur del país seguía en pie de protesta. Lo que más parecía mortificarle era que las carreteras siguieran bloqueadas. “La señora presidenta de la República señaló que a pesar de las acciones realizadas, las vías públicas siguen bloqueadas, situación que afecta gravemente los derechos fundamentales de todos los ciudadanos”, señala el acta de Consejo de Ministros de ese día. Acto seguido Boluarte preguntó al ministro del Interior a cuántas personas que bloqueaban las vías se había detenido y puesto a disposición de la Fiscalía. Boluarte pidió también al ministro de Economía y al del Interior que coordinen el pago de los bonos adeudados a los miembros de la Policía Nacional. Y por último exhortó a todos los ministros a recibir y escuchar a los congresistas que pidan audiencia, a fin de solicitarles su apoyo en la promoción del diálogo en sus zonas de representación. Boluarte no dijo ni una sola palabra sobre los deudos de las víctimas de las protestas. Tampoco planteó ninguna exigencia a los ministros de Defensa y del Interior para que dejasen de disparar a matar contra los protestantes. Cuatro días I después ocurría la matanza en Puno, donde las Fuerzas Armadas aniquilaron a 18 manifestantes, entre ellos dos menores de edad. Boluarte se limitó a pedir a los ministros del Interior y de Defensa “que hagan un informe en el que se explique las circunstancias de la intervención de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas y el cumplimiento de los protocolos sobre el uso de la fuerza”. Sin un alto al fuego dictado por la jefa suprema de las Fuerzas Armadas, la Policía y el Ejército siguieron disparando a los manifestantes.
El 9 de enero del 2023 el Consejo de Ministros
discutía un proyecto de ley que delegara facultades al Ejecutivo para legislar
en materia de reactivación económica y tributaria.
Al día siguiente, con los 18 fallecidos en Puno, el
recuento de muertos a causa de la represión militar y policial superaba las 50
personas. La única reacción del Consejo de Ministros de Dina Boluarte fue
“declarar la inmovilización social obligatoria en el departamento de Puno por la
situación de conflictividad actual”. La misma respuesta que se había dado tras
la masacre de Ayacucho. ▒▒
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