TESTIMONIO CLAVE
*EI policía Javier Rivadeneyra Mesías admite ante un fiscal que se emplearon en Juliaca fusiles de asalto
AKM con cuatro cacerinas de 30 cartuchos cada una. En suma, fueron armados
como si de una guerra se tratara
Por: AMÉRICO ZAMBRANO/
SHANNA TACO
En HILDEBRANDT EN SUS TRECE Nº 638, 2JUN23
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efundido en el tomo número 21 de la voluminosa
carpeta fiscal sobre la muerte de 18 civiles durante las protestas en la
ciudad de Juliaca, el 9 de enero pasado, se encuentra un testimonio clave que
contradice las versiones de la presidenta Dina Boluar te y de su gobierno sobre
el uso de armas letales contra manifestantes y ciudadanos desarmados por parte
de las fuerzas de seguridad.
Se trata de la declaración del policía Javier Ángel
Rivadeneyra Mesías, quien fue el jefe de una de las escuadras policiales
encargadas de reprimir los disturbios civiles y reforzar la seguridad del aeropuerto
‘Inca Manco Cápac” de Juliaca, donde murió la mayor cantidad de personas en la
jomada más letal desde que estallaron las manifestaciones antigubernamentales
en diciembre del 2022.
Rivadeneyra, de 60 años, formó parte de un contingente
de policías de élite de la Dirección de Operaciones Especiales de la PNP
(DIROESP), cuya sede se encuentra en el distrito de Ate-Vitarte, que fue
enviado desde Lima a Juliaca en cumplimiento de los planes de operaciones
elaborado por el alto mando de la Policía Nacional.
Los policías de la DIROESP estuvieron en Juliaca
desde el 27 de diciembre hasta casi un mes después de los graves hechos de
represión ocurridos en las inmediaciones del aeropuerto “Inca Manco Cápac” y
otras zonas de Juliaca, que dejaron 18 civiles muertos y 226 heridos.
El 27 de febrero pasado, a las 11 y 15 de la mañana, Rivadeneyra brindó su manifestación “libre y voluntaria” -y en calidad de testigo- ante el fiscal provincial Ernesto Rojas Cayllahua, de la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de la provincia de San Román, en Juliaca. Este semanario tiene una copia de dicha declaración oficial.
En su testimonio ante el fiscal Rojas, Rivadeneyra
reconoció que a él y a otros efectivos policiales se les dotó de un
equipamiento antidisturbios que incluía armas letales, como fusiles de asalto
AKM, calibre 7.62 x 39 milímetros, para sofocar las protestas en
Juliaca.
Rivadeneyra también reveló que realizó disparos con
su fusil AKM el 9 de enero pasado, el día en que 18 ciudadanos, entre ellos
tres adolescentes, fueron asesinados por impactos de proyectiles de armas de
fuego, según el acta de su declaración testimonial.
Es la primera vez que un miembro en actividad de la
Policía Nacional confirma en un interrogatorio ante el Ministerio Público que
sí se utilizaron armas letales durante las protestas de enero en Puno.
La confesión del efectivo de la DIROESP se produjo
cuando el fiscal Rojas le preguntó acerca de una relación de agentes
policiales descrita como “Afectación Fusil AKM Comisión Juliaca”, en la que
aparecen anotados su nombre y firma junto al número “803171”.
El testigo contestó que dicho código corresponde al
número de serie del fusil AKM, calibre 7.62 x 39 mm., con cuatro cacerinas y 120
cartuchos, que le fue asignado el 28 de diciembre pasado. Es decir, al día
siguiente de haber llegado a Juliaca en “comisión de servicio”.
Rivadeneyra dijo que tuvo el arma en su poder “hasta
el 6 o 7 de febrero”.
En su declaración Rivadeneyra admitió que usó el
fusil AKM para disparar tres cartuchos el 9 de enero de este año en Juliaca.
El policía dijo que aquel día se encontraba al mando
de una escuadra de 10 efectivos en el puesto de cabecera N° 12 del aeropuerto
“Inca Manco Cápac”. De pronto, relató, “en el lugar se presentaron 200
manifestantes aprox (...) provistos de combas (que) agarran y tumban una
pared”.
“Al tumbar una pared -prosiguió- mi persona trató de
verbalizar con una de las personas que se encontraban ahí (...) No se pudo
lograr conversar con ellos. También usaron bombardas, huaracas, botellas con
combustible y otras cosas más. Eso pasó entre las 13:00 y 14:00 horas, aprox.
Luego de ello tumbaron dos paredes más y seguían atacándonos. Entonces realicé
el uso de armas no letales, así como cápsulas de gas. Y como seguían atacando
(...) entonces yo me vi obligado a hacer uso de mi arma de fuego, disparando
al suelo tres veces, para no dejar que ninguno ingrese al aeropuerto”.
Rivadeneyra relató que disparó tres veces con el fusil
AKM porque “solicitamos más granadas lacrimógenas y no llegaban”. “Entonces
para disuadir el intento agresivo de los manifestantes realicé dicho acto de
disuasión”, manifestó el policía, asegurando que no hubo ningún herido ni
lesionado en el lugar. “Desconozco si es que las otras escuadras que
estuvieron en el aeropuerto Inca Manco Cápac de Juliaca hayan utilizado o no
las armas afectadas”, declaró al fiscal.
El informe final de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) señaló que un grupo de al menos 10 personas fue impactado
por proyectiles de armas de fuego en las inmediaciones del terminal aéreo,
particularmente en la avenida Independencia, el 9 de enero.
En dicha zona murieron tanto manifestantes como una
transeúnte menor de edad y un médico brigadista en circunstancias que podrían
ser catalogadas como una “masacre”, según la CIDH. Otros civiles perdieron la
vida ese mismo día en distintos puntos de la ciudad de Juliaca, como en las
calles aledañas a los centros comerciales.
Por lo menos 17 de los 18 civiles fallecidos
recibieron impactos de proyectiles de armas de fuego en la parte superior del
cuerpo.
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| La "pareja tempestad" con caras de satisfacción por las muertes y por la impunidad asegurada por los órganos jurisdiccionales |
El fusil de asalto AKM es un arma de combate y de
uso militar que puede desarrollar un gran volumen de fuego debido a la
capacidad de la cacerina de 30 tiros. Su fabricación original es rusa, pero la
Policía Nacional del Perú adquirió una réplica de manufactura norcoreana.
Esta arma tiene un alcance efectivo de 150 o 200 metros
y un alcance máximo de 400 metros, según expertos consultados por esta revista.
El cartucho 7.62 x 39 mm. es una munición de guerra
de origen ruso capaz de penetrar una pared de ladrillos a 100 metros de
distancia. Dicha munición está prohibida para el uso civil.
Los distintos reglamentos y manuales de la Policía
señalan que, en las operaciones policiales de control, mantenimiento y
restablecimiento del orden público, o durante disturbios y concentraciones
tumultuosas violentas, el personal policial no debe emplear armas de fuego letales.
Y subrayan que el equipamiento policial para estas acciones debe tener por lo general
trajes de protección adecuados, bastones, gas pimienta, cascos antimotines,
máscaras antigás y armas no letales.
El uso de la fuerza “es excepcional, debe ser planificado
y limitado proporcionalmente, debiendo previamente haberse agotado todos los
demás medios de control, incluyendo el punitivo”, según una resolución publicada
por la comandancia general de la Policía en octubre de 2022, dos meses antes
del inicio de las protestas que exigían la renuncia de Dina Boluarte y de los
miembros del congreso.
Además, de acuerdo con esta norma, los efectivos del
orden sólo deben emplear armas de fuego “cuando se individualice a la persona
que genere un peligro real e inminente de muerte o lesión grave contra el
personal policial o terceros”. “Y -deja en claro- cuando medidas menos extremas
resulten insuficientemente o sean inadecuadas”.
Aparentemente ninguno de estos principios se cumplió
el 9 de enero pasado, según las investigaciones de la Fiscalía de Puno. El
hecho de que a los policías se les haya entregado decenas de fusiles de asalto
AKM, con munición de combate, para reprimir las manifestaciones ciudadanas en
Juliaca sugiere que los armaron para la guerra.
¿Quién o quiénes dieron la orden de que los policías
utilizaran armas letales en Puno, en aparente violación de sus propios
reglamentos?
El fiscal provincial Ernesto Rojas no le formuló
esta pregunta al policía Javier Rivadeneyra de la DIROESP. Pero este semanario
sí lo hizo.
El jueves último reporteros de “Hildebrandt en sus
trece” ubicaron a Rivadeneyra y este aceptó responder algunas de las interrogantes
que se le formularon. Las declaraciones del policía están grabadas.
Rivadeneyra reveló que fue el Comando General de la
Policía el que dio la orden de que los policías destacados en Juliaca
utilizaran fusiles AKM, con munición de alto calibre, para reprimir a los
manifestantes.
“Claro, el comando da la orden” dijo “nos proporcionaron
pertrechos y armas de fuego para que los usemos, siempre y cuando nuestras
vidas estén en peligro. Yo lo he utilizado justamente porque mi vida y la de mis
compañeros se encontraban en peligro, ya que no contábamos con más bombas
lacrimógenas”, manifestó el policía.
La disposición que recibieron del alto mando de la
Policía Nacional, según la versión de Rivadeneyra, fue “que no se permita
ningún tipo de ingreso por parte de los manifestantes a la zona del aeropuerto,
que defendamos a como dé lugar que (estos) tomen el aeropuerto”.
Rivadeneyra aseguró que estuvo al mando de una escuadra
de seguridad compuesta por 10 efectivos. “Sólo tres teníamos armas de fuego y
el único que hizo disparos fui yo”, manifestó el agente. “Y fue porque nos
habíamos quedado sin pertrechos, sin bombas lacrimógenas. No había cómo
defendemos. Yo me vi obligado”, dijo.
Resguardando el perímetro del aeropuerto “Inca Manco
Cápac” había unas 20 escuadras de la DIROESP, de 10 integrantes cada una.
El policía no dio una explicación de cómo se
produjeron las muertes de 18 civiles, todos ellos por impactos de proyectiles
de armas de fuego. ‘Yo respondo por lo mío”, dijo, deslindando cualquier tipo
de responsabilidad en los asesinatos cometidos. “De las otras partes, no sé. Yo
le puedo responder de mi lugar y espacio nada más”, sostuvo.
“Yo -subrayó Rivadeneyra- no tengo nada de qué
arrepentirme. Creo que he hecho las cosas bien. He cumplido con la orden, tengo
a mi personal sano y salvo, y de parte de los manifestantes (a los que dice que
enfrentó en el aeropuerto de Juliaca) no hubo heridos o muertos”.
La Dirección de Comunicaciones e Imagen Institucional
(Dircima) de la Policía Nacional no quiso hacer comentarios para este
reportaje.
CADENA DE MANDO
Fiscalía de Puno que el coronel PNP Juan Manuel Pedrera
Ruiz, de la Dirección de Operaciones, estuvo a la cabeza del operativo en el
aeropuerto de Juliaca el 9 de enero.
Pedrera daba cuenta de la ejecución de los planes
operativos a su comando y este, a su vez, al ministro del Interior, que
responde directamente a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y a
Palacio de Gobierno. Esa era la cadena de mando en este caso.
El titular de la cartera del Interior, cuando se
produjo la masacre de Juliaca, era el general PNP (r) Víctor Rojas Herrera.
Contactado por esta revista, Rojas no quiso hacer mayores comentarios sobre el
testimonio que el policía Javier Rivadeneyra ofreció a la Fiscalía y se limitó
a señalar que no sabe si
se usaron armas letales en Puno.
La manifestación de Rivadeneyra sobre el uso de
armas letales en Juliaca, la ciudad donde hubo más muertes durante las protestas,
coloca en un escenario complicado a la presidenta Dina Boluarte, de cara a la
declaración que dará a la Fiscalía de la Nación este martes 6.
Boluarte ha ofrecido diversas versiones sobre la masacre
de Juliaca y todas ellas parecen haber estado orientadas a esconder la verdad.
“Hay unos videos que los daré a conocer donde al parecer
agarran una huaraca y no es así. Es un arma que dispara y mata al compañero que
está a su lado. O de alguna propiedad sale un disparo y mata a alguien que
está en la protesta. No es la Policía (la) que está disparando”, declaró la
presidenta en una conferencia ante la prensa extranjera dos semanas después de
la muerte de 18 civiles en Puno.
Luego dijo que contaba con “información extraoficial”
que indicaba que el derramamiento de sangre en Juliaca, el 9 de enero, había
sido causado por armas artesanales denominadas dum-dum, traídas de contrabando
por los llamados “Ponchos Rojos”, una organización campesina afín al
Movimiento Al Socialismo (MAS) de Bolivia. La presidenta no mostró ninguna
prueba que respalde sus afirmaciones.
Ahora la defensa de la presidenta de la República
baraja la versión de que las fuerzas de seguridad podrían haber hecho un uso
letal de la fuerza durante las protestas en el marco de una ‘legítima defensa”.
“Primero se tiene que corroborar cada declaración que
exista”, señaló a este semanario Joseph Campos, abogado de la presidenta Dina
Boluarte, en respuesta a la declaración del policía Javier Rivadeneyra Mestas
sobre el uso de fusiles AKM para reprimir las protestas de Juliaca. “En ese
grupo de víctimas que todos lamentamos están los que han muerto a propósito de
una situación que se tiene que investigar. Es decir, si ha habido o no un uso
excesivo del arma que se encomienda a la fuerza de seguridad o si las han
utilizado en el marco de la legítima defensa. Eso lo determina el Ministerio
Público”, afirmó.
Boluarte declarará de manera presencial este martes
6. Dependerá de la Fiscalía de la Nación que se llegue a la verdad o que el
caso de las masacres ocurridas durante las protestas, que ha generado un escándalo
internacional, continúe en la impunidad como hasta ahora. ■
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