PUNO SE DESINFLA
Las
protestas y los paros anunciados para junio y julio no tendrán las dimensiones
que los voceros radicales anuncian. El cansancio y la crisis económica han
pesado más que la rabia.
Ricardo Velazco
En
HILDEBRANDT EN SUS TRECE 19MAY23
El
desprecio a Dina Boluarte y a su gobierno sigue intacto en Puno. Los dirigentes
sociales, sin embargo, reconocen que volver a acatar un paro masivo en la
región no es viable. La crisis económica que atraviesan los puneños juega a
favor de la presidenta. Al menos por ahora.
Esta
semana un equipo de la PCM al mando de la politóloga Alexandra Ames viajó de
emergencia a Puno. Se reunieron a puerta cerrada con el gobernador Richard
Hancco y con algunos alcaldes de la región. El objetivo de la reunión de
emergencia era recabar información de primera mano sobre los paros anunciados
en los últimos días.
“El
gobernador de Puno le dijo a Ames que la protesta sería menor por dos razones:
están golpeados económicamente y la resignación se ha instalado en la
población al ver que las manifestaciones
no condujeron a la salida de Dina Boluarte”, señala una fuente del Ejecutivo
con conocimiento de las reuniones.
Consultados por
esta publicación, periodistas, sociólogos y politólogos de Puno coinciden con
el análisis del gobernador.
“En la ciudad de
Puno, por ejemplo, ya no se estaba cumpliendo con las manifestaciones de un
día a la semana. Había un desgaste. Las comunidades campesinas sí estaban
resistiendo desde sus espacios”, señala Joanna Terán, dirigente del colectivo
“Kuska”.
“Hasta la primera
semana de mayo hubo movilizaciones y bloqueos en los distritos de Zepita e
llave, pero esas acciones ya no son mayoritarias ni extensivas. Actualmente,
la protesta se traduce en homenajes y manifestaciones estudiantiles de
rechazo al gobierno”, agrega Diana Flores, comunicadora social y columnista de
“Noticias Ser”.
La calma en Puno se
tradujo en el regreso a las clases el 20 de marzo, la reapertura del aeropuerto
Inca Manco Cápac el pasado 25 de abril y el anuncio de la minera canadiense Bear
Creek Company del reinicio de las operaciones del proyecto “Corani”,
situado en la provincia de Carabaya.
Bajo ese manto de
“tensa normalidad” las organizaciones sociales y las comunidades quechas y
aimaras siguen apostando por la salida de Boluarte. Y en las asambleas que
realizan periódicamente continúan evaluando eventuales medidas de fuerza para
hacérselo saber al gobierno.
El pasado 6 de mayo
unos 150 dirigentes de diversos sectores de Puno se reunieron en la ciudad de
Yunguyo para anunciar nuevas medidas de protesta.
La cumbre de
Yunguyo, donde se prohibió grabar y tomar fotografías, estuvo a cargo del
Comité Nacional Unificado de Lucha del Perú (CONULP), un organismo creado en
febrero pasado por dirigentes de Puno, Huancavelica, Madre de Dios, Apurímac,
Áncash y estudiantes universitarios.
La conducción del
evento corrió a cargo de los dirigentes Lucio Ccallo Callata y César Tito
Rojas, ambos docentes del ala más radical del magisterio y ex miembros del
MOVADEF. También participaron Amador Núñez Mamani, presidente del Frente de Organizaciones
Populares de Puno; Félix Suasaca, presidente del Frente de Defensa Unificado
contra la Contaminación del Río Coata; Orlando Sanga, presidente de las Rondas
Campesinas de Juliaca, entre otros.
Durante la
asamblea, el grupo de dirigentes acordó convocar a un paro regional de 24 horas
el próximo 30 de mayo, una marcha de “repudio contra el gobierno nacional” el 7
de junio -día de la Bandera-un paro macrorregional del sur para mediados de ese
mismo mes y el envío de delegaciones a la capital para la “Tercera Marcha a
Lima” el próximo 19 de julio.
Analistas
consultados para esta nota señalan que estas medidas tendrían escasa acogida
en la población, especialmente las programadas para mayo y junio.
“No existen
condiciones objetivas para un nuevo paro en el sur. La economía está muy
golpeada y es difícil que sectores como el de los comerciantes o del
transporte se unan a la protesta. Si hay paro, será una cosa reducida. No hay
unidad en tomo a ciertas demandas del norte (quechuas) y el sur (aimaras) de Puno”,
dice el analista político y experto en relaciones comunitarias Iván Arenas
Ramírez.
Arenas apunta que
los dirigentes tampoco cuentan ahora con el apoyo de las autoridades locales.
“Los alcaldes están
cada uno por su lado. Hace unos días los burgomaestres de Puno y Azángaro
programaron una reunión con la PCM que después se canceló porque, según mis
fuentes, Azángaro retrocedió. Los dirigentes también tienen broncas internas.
Por un lado, están Ccallo y Tito Rojas, del MOVADEF-FENATEP, y por el otro,
dirigentes como Félix Suasaca. Este último culpa al MOVADEF de radicalizar la
protesta y haber entorpecido el paro”, dice Arenas.
La división dentro
del ala radical del magisterio también se desprende de la entrevista que el
secretario general de la FENATEP, Moisés Chipana, concedió a esta revista. En
esta edición, Chipana asegura que el gremio sindical que comanda no tuvo ningún
representante en el cónclave de Yunguyo y que Tito Rojas y Lucio Ccallo
estuvieron en la cita a título personal.
Las declaraciones
de Orlando Sanga, uno de los máximos dirigentes del CONULP, confirma esta
versión. Sanga reconoce que le incomoda el papel que Lucio Ccallo y Tito Rojas
juegan dentro del CONULP. “Efectivamente son radicales. Yo he deslindado
públicamente de ellos. Les he dicho que tienen derecho a la lucha, pero que lo
hagan desde sus propios espacios. Como rondero, no voy a permitir que la lucha
se radicalice y se lo he dicho a Ccallo, que ha comprendido y se ha hecho a un
lado. Tito Rojas dice que representa al magisterio, pero no representa a nadie.
Se entromete en las reuniones”, asegura el dirigente.
Felipe Supo,
sociólogo de la Universidad Nacional del Altiplano, también cree que los paros
serán de baja intensidad. “Las nuevas protestas se van a realizar para decir
que no se ha fracasado, pero no creo que lleguen a algo contundente. Se van a
hacer las cosas para cumplir nomás. La gente sacrificó demasiado a inicios de
año y ahora necesita comer y trabajar”, dice.
Fuentes del
Ministerio del Interior, en líneas generales, coinciden con los analistas
consultados. “El movimiento contra Boluarte en Puno sigue siendo campesino.
Entre mayo y hasta el 15 de junio es época de cosecha, entonces los trabajadores
están en el campo. Recién en julio la gente podría salir a protestar. Entre el
19 y el 30 de julio podría darse un periodo crítico en el que el gobierno no
pueda realizar actividades civicas en la región. Y la marcha a Lima podría
terminar siendo absolutamente simbólica. Los dirigentes acordaron reclutar
unas 20 mil personas, pero las estimaciones indican que el tope serían unos
3,000 convocados”, señala el funcionario.
La comunicadora Diana
Flores y el periodista Liubomir Fernández, que siguieron de cerca los paros de
los últimos meses, también son cautos en las previsiones. “El rechazo a
Boluarte y al Congreso no ha disminuido, pero no toda la región está de
acuerdo con todas las medidas de protesta. Económicamente el momento es difícil”,
dice Flores.
“El sector aimara
si se manifestará fuertemente. Lo que se planea son cierres programados. Todo dependerá
de que las fuerzas del orden no provoquen a los manifestantes, sostiene
Fernández.
En la dirigencia
del CONULP también reconoce que la población vive ahogada por la crisis
económica y no puede parar. “En Juliaca ha dicho que van a hacer una movilización
pacífica y sencilla sin paro porque los comerciantes han sido muy afectados. En
sur de Puno sí habrá paros con bloqueos y otras medidas. Nos estamos
concentrando la marcha del 19 de julio en Lima”, dice Orlando Sanga.
Sanga señala que
dirigentes del CONULP están visitando sus bases en la región para obtener su
respaldo. También nos han confirmado que gente de Ayacucho y del VRAEM irán a
Lima”, dice.
“En nuestra
comunidad lo que se decide, se acata. Entre los dirigentes hay diversas
propuestas como convertir el movimiento en un partido político, pero lo que
prevalece es la unidad”, asegura Edith Calisaya, presidenta de la asociación
de mujeres aimaras “Bartolina Sisa”.
El rechazo a Dina
Boluarte queda en evidencia cada vez que el gobierno pretende tomar alguna
decisión sobre Puno. “La población no quiere tener nada que ver con este
régimen. Los subprefectos que el gobierno designó han sido rechazados y se
desconoce al gobierno central”, cuenta Felipe Supo.
El periodista
Liubomir Fernández cuenta que el desprecio contra la clase política de Lima
quedó graficado en San Gabán, tras la visita de la congresista Patricia
Chirinos al distrito. Durante el tour el alcalde Antonio Escobar había
ejercido de anfitrión y la población no se lo perdonó. “Se quiso mostrar que ya
no pasaba nada, pero después de la visita, las rondas campesinas convocaron al
alcalde para castigarlo con ejercicios físicos y chicote. También lo quieren
revocar”, dice.
La tensión es de
tal envergadura que tampoco se hizo pública la reunión del equipo de la PCM
que encabezó Alexandra Ames con las autoridades de Puno esta semana. “Hay un
discurso de odio y violencia desde la presidencia que ha reactivado la
necesidad de resistir. En el distrito de Juli la comisaría sigue cerrada.
Ahora la estrategia será diferente: con paros escalonados y plantones
simbólicos, pero con acciones coordinadas”, señala Joanna Terán. ▒▒
