Uranio de Carbaya: Acerca de un proyecto de Ley

Se halla en trámite en el Congreso de la República un Proyecto de Ley (Nº 02049/2007-CR) en el que se propone crear una AUTORIDAD AUTÓNOMA REGULADORA DE LA ENERGIA NUCLEAR. La iniciativa debe merecer el respectivo dictamen de la Comisión de Energía y Minas. Obviamente, si tal dictamen es favorable a la aprobación de la ley deberá ser debatido en el Pleno del Congreso.

Los autores de la iniciativa son los congresistas Vilca Achata Susana Gladis, Silva Díaz Juvenal Sabino, Sumire de Conde Maria Cleofé, Isla Rojas Víctor, Supa Huamán Hilaria, Acosta Zárate Martha Carolina,Vásquez Rodríguez Rafael, Espinoza Cruz Marisol, Ordóñez Salazar Juvenal Ubaldo, Maslucán Culqui José Alfonso

Waldir Tuni, profesor carabayino mentor del Grupo Civil Carabaya ha formulado algunas observaciones al proyecto, entre ellas las siguientes:.

La propuesta de crear una AUTORIDAD AUTONOMA PARA REGULAR EL FUTURO DE LA ENERGIA NUCLEAR es antidemocrática porque eso supone centralizar las decisiones que le competen al pueblo mismo. “Me atrevo a suponer que la idea surgió del Ing. F. Vidarte, quien hasta donde pudimos averiguar, es asesor de la Congresista Susana Vilca”, refiere Tuni, agregando que dicho Ing Vidarte alguna vez les expuso su moción personal en el sentido de que al Perú le falta un Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) y la puesta en marcha de un Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico.

Tuni añade “El hecho crucial es que no existe capacidad humana natural para que un solo organismo (de 100 o 200 especialistas, si quieren) capaz de conocer el Perú en toda su integridad tal y como cada quien su propio pueblo; centralizar la planificación estratégica y las decisiones es robarle a cada pueblo interesado el poder de planificar su futuro, violar el derecho de ejercer control sobre los planes que afectarán la vida misma de cada individuo o de cada sociedad, especialmente cuando se trata de temas cruciales para la vida de cada pueblo como es la minería de elementos radiactivos y su planificación estratégica y eso significa ir en contrasentido de un avance natural de la democracia”.

“Precisamente el Ing. Vidarte (aún sin aceptarlo públicamente o en sus sucesivos artículos en varios medios) acaba de concordar con el criterio del Grupo Civil Carabaya de que en este momento NO EXISTE interés nacional estricto para explotar el Uranio de Macusani sin importar los costos, tal y como se pretende hacer actualmente; creo que si se dieran los medios adecuados, el propio pueblo interesado por su participación política reorientaría algunos criterios preconcebidos o errados por desconocimiento del propio terreno de operaciones en las esferas técnicas. ¿Por qué negarle al Perú ese gigantesco beneficio democrático?”, agrega el profesor carabayino.

Luego formula algunas propuestas dirigidas a mejorar la concepción y alcances de la medida legislativa en proceso, entre ellas:

- CREAR un centro técnico del más alto nivel dedicado a proponer políticas públicas nacionales relativas al uso de material y energía nuclear que luego pasarían inexcusablemente a consulta ciudadana dentro las propias poblaciones afectadas.

- CONCEDER a las poblaciones afectadas el poder del veto irrestricto a proyectos que no convienen a su futuro.

- OBLIGAR a que el 100% del canon minero (50% de los impuestos que recauda el estado) por materiales radiactivos sea para beneficio de la población afectada por su extracción, sin coparticipación alguna. Se trata de elementos de alto riesgo; en este momento materiales altamente beneficiosos no para la ciencia, el uso o beneficio directo peruanos; es razonable, entonces, que debe existir una categoría especial para esta actividad minera y la población que la sufrirá.

- ESTABLECER que todos los beneficios económicos directos e indirectos por la extracción de material radiactivo de Carabaya, deben hacerse previendo el beneficio de la población afectada, sin excusas; salvo que su capacidad autóctona no abastezca, caso extremo en que se recurrirá a beneficiar a poblaciones vecinas. Es la única forma de recompensar efectivamente con algo de desarrollo el aporte de suelos peruanos al beneficio extranjero (no peruano, salvo unos cuantos salarios de bajo nivel técnico).

- PREVER TRATAMIENTOS ESPECIALES A LA POBLACION AFECTADA; diferenciando el núcleo de seres humanos que convivieron desde siempre con el recurso radiactivo de los pueblos que por su ubicación se verán influidas negativamente con el impacto de la futura actividad minera en si misma, y estableciendo mecanismos que protejan la vida y la salud de los pobladores.

Concesionismo gubernamental

Lluvia de concesiones en Puno, ¿desarrollo para quién?

Días pasados Perupetro anunció que Reliance Industries, invertiría en el sector de hidrocarburos en el Perú. Se dice que Reliance es la empresa más grande de la India y sus actividades en el Perú estarían orientadas a la exploración y explotación de hidrocarburos en Puno...

Según la noticia de Andina, el gerente general de Perupetro, Ronald Egúsquiza, señaló que: “el Lote 141 está ubicado en la Cuenca Titicaca donde hay un gran potencial de hidrocarburos, por ello, se han incluido tres lotes de esta área en la próxima subasta internacional que lanzará Perupetro el próximo 6 de mayo”. El lote concesionado se ubica dentro de las provincias de Melgar, Azángaro y Lampa.

A ello se suma que el 2005 la empresa Siboil del Perú S.A. y Perupetro, firmaron un contrato de concesión para la exploración y explotación de hidrocarburos sobre el lote 105, ubicado en las provincias de Puno, Huancané, San Antonio de Putina, Azángaro, Lampa y San Román en una extensión de poco más de 443 mil hectáreas.

Lo cierto es que, en los últimos dos años, se han concesionado grandes extensiones de territorio para actividades extractivas en la región. A la presencia de empresas mineras que ya vienen operando en diversas provincias, se han sumado otras que realizan exploraciones de uranio en Carabaya, además de dos lotes para la exploración de hidrocarburos en siete provincias más.

Pero más allá de la presencia de estas empresas, lo que genera muchas dudas e inconformidades es el mecanismo que utiliza el Estado para el otorgamiento de concesiones, ya que, en la mayoría de casos, se hacen sin anuencia, ni la consulta a la población y autoridades locales. En el caso de las concesiones de uranio en la provincia de Carabaya, las autoridades locales no fueron siquiera informadas sobre la presencia de las empresas en territorios de su jurisdicción, probablemente ocurra lo mismo con las autoridades y la sociedad civil de las provincias en las cuales se desarrollaran las actividades de exploración de hidrocarburos, pese a la existencia del Decreto Supremo N° 012-2008-EM que aprueba el Reglamento de Participación Ciudadana para la realización de Actividades de Hidrocarburos en el país.

Desarrollo de alto riesgo

Otro tema no menos importante, es determinar si estas actividades son complementarias con el turismo, la producción ganadera, la crianza de truchas u otras actividades económicas que se vienen desarrollando sosteniblemente en la región, ya que las exploraciones que se realizan en el lote 105 están ubicadas en las orillas del lago Titicaca lo que además de generar contaminación visual, podría restarle valor turístico a los escenarios naturales que existen en las orillas del lago. ¿El Titicaca podrá seguir aspirando a ser una maravilla natural con la presencia de estas industrias? Ello sin considerar el actual índice de contaminación que sufre a causa de la inexistencia de sistemas de tratamiento de aguas servidas en las localidades que viven en las márgenes del lago o la contaminación proveniente de algunas cuencas en las cuales se desarrollan actividades mineras informales.

Para el caso de Carabaya, las exploraciones de uranio se vienen desarrollando en zonas en las que existe un abundante legado de arte rupestre que, pese a haber sido declarado como Patrimonio Cultural de la Nación en diciembre del 2005 (Resolución Directoral Nacional N° 1658/INC), ha sido abandonado por la gestión actual del Instituto Nacional de Cultura de Puno (INC), quienes, según la misma resolución, debían de realizar un inventario y catastro de las pinturas rupestres declaradas, sin embargo el INC Puno poco o nada ha hecho para tal fin, demostrando su incompetencia, impericia y poco compromiso con el patrimonio cultural puneño.

Finalmente, ante la actual crisis energética mundial en la que los precios del petróleo condicionan la economía, es necesario promover una diversificación de la matriz energética, sin embargo ello debe hacerse respetando los derechos de los ciudadanos de ser informados oportuna y adecuadamente sobre la presencia de industrias extractivas en sus territorios. De otro lado, es la sociedad civil, junto a los gobiernos regionales y locales, quienes deben decidir si estos proyectos están o no en el marco de sus acciones de desarrollo regional y local y, sobre esa base, decidir el avance de estas industrias, de tal modo que beneficien a los sectores más empobrecidos y no sirva, como ha ocurrido en otras regiones del país, para beneficiar a un grupo de personas, acrecentando las diferencias e inequidades ya existentes.


Aldo Santos
Oficina Regional Puno Asociación SER

14 may2008