EXMINISTRO HUNDE A BOLUARTE
Testimonio
del general PNP (r) César Cervantes, ministro del Interior entre el 10 y el 21
de diciembre de 2022, contradice a la presidenta y confirma que ella estaba
perfectamente al tanto de lo que pasaba. Ahora se explica por qué su abogado
defensor le aconsejó el silencio como estrategia
Américo
Zambrano
En
HILDEBRANDT EN SUS TRECE N° 655, 29SEP23
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testimonio del exministro del Interior César Cervantes Cárdenas explica, en
parte, por qué la presidenta Dina Boluarte se acogió al silencio y evitó
responder un nuevo pliego interrogatorio de la Procuraduría General del Estado
y de la defensa de los deudos sobre las muertes ocurridas durante las protestas
de diciembre y febrero.
Cervantes,
quien fue titular de la cartera del Interior entre el 10 y 21 de diciembre de
2022, rindió su manifestación ante los fiscales provinciales Jessica Núñez
Colmenares y Edwin Riveros Alemán, del Área Especializada de Enriquecimiento
Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación, el 14 de
agosto pasado.
En esta
amplia declaración, a la cual tuvo acceso este semanario, Cervantes reconoció
que informaba “permanentemente” ala presidenta Dina Boluarte sobre el
desenvolvimiento de las operaciones policiales para el control de los
disturbios civiles a nivel nacional. Y reveló, ncluso, que acudió a Palacio de
Gobierno para dar cuenta a la mandataria sobre las muertes ocurridas durante
las manifestaciones.
“La
información que le reportaba era permanente”, respondió Cervantes cuando se le
preguntó si comunicaba a Dina Boluarte sobre los despachos que recibía
diariamente en relación con las protestas sociales que se desarrollaban en
diversas regiones del país.
Aquí están, estos son
Esta
declaración contradice a la presidenta que -en su manifestación del 6 de junio
pasado- aseguró a la Fiscalía que no tuvo un conocimiento
directo
de las operaciones realizadas para reprimir las protestas antigubernamentales
que dejaron 67 muertos y más de 1,300heridos entre diciembre y febrero pasados.
“Directamente, los informes no llegan a la presidencia de la República sino a
través del Consejo de Ministros”, deslindó Boluarte ante la Fiscalía, como si
la PCM fuese una suerte de mesa de partes que canaliza toda la información
importante para la toma de decisiones de Estado.
La
presidenta, de hecho, en un intento por mantenerse alejada del planeamiento realizado
para controlar los conflictos sociales, llegó a señalar lo siguiente a la
Fiscalía: “De ninguna manera la presidenta de la República tuvo contacto
directo con el Comando de las Fuerzas Armadas o el de la Policía”.
En
aquella diligencia la Fiscalía le preguntó si -en su condición de jefa suprema
de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional- había tomado conocimiento de los
planes operativos para el control de las protestas en Ayacucho, Puno, Apurímac,
La Libertad, Junín y otras regiones del país. “No, tanto respecto de las
Fuerzas Armadas como de las fuerzas policiales”, respondió la mandataria sin
que le hicieran repreguntas.
La
versión oficial de Dina Boluarte, sin embargo, es una mentira.
El
exministro del Interior César Cervantes sostuvo que, “en algunas ocasiones ella
(Boluarte) convocó a reunión en Palacio de Gobierno al comandante general de
la PNP y al ministro de Defensa, que era el señor Otárola”, para hablar
precisamente sobre el desarrollo de las operaciones de recuperación del orden
intemo. Y recordó que, “a raíz de la pérdida de ciudadanos en mi gestión,
convoqué al comandante general, al COMASGEN (Comando de Asesoramiento
General), y otros generales, lo cual debe estar registrado en las visitas a
Palacio de Gobierno, a efectos de que informen la situación en cada una de las
pérdidas de vidas”. “Estaban presentes -prosiguió Cervantes- el ministro de
Defensa, jefe del Comando Conjunto y la presidenta de la República”. Es decir,
Boluarte participó en reuniones con los altos mandos militares y policiales
para tratar el tema de las movilizaciones y sus consecuencias. Ylo más importante:
fue advertida sobre la muerte de decenas de civiles sin que tomara una decisión
de gobierno oportuna para acabar con el derramamiento de sangre.
Uno o
más mensajes de WhatsApp no constituyen una prueba real de que la presidenta
hizo todo lo que estaba a su alcance para evitar las muertes, catalogadas por
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como matanzas y
ejecuciones extrajudiciales.
Cuando
los fiscales le preguntaron qué acciones había tomado como ministro del Interior
al tener conocimiento de que se habían producido asesinatos de personas por
disparos de armas de fuego, Cervantes reiteró: “Como lo he señalado, convoqué
al Comandante General, al COMASGEN, y al alto mando policial a Palacio de Gobierno”,
sostuvo el exministro del portafolio del Interior. Cervantes continuó: “No
recuerdo con claridad las fechas en que estas reuniones se dieron. Pero fueron
casi de inmediato, conla finalidad de que narren cómo sucedieron estos hechos y
si tenía responsabilidad la Policía, informándome que la PNP no era
responsable de estos hechos”.
Una de
estas reuniones ocurrió el 13 de diciembre a las 18:58 horas. Según el portal
de Transparencia de la Presidencia de la República, el exministro del Interior
César Cervantes, el entonces titular de Defensa
Alberto
Otárola, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general EP
Manuel Gómez de la Torre, el jefe de Estado Mayor de la Policía, general
Alfonso Artadi Saletti, el general del Ejército Juan Martín Vargas Machuca, y
una oficial de la Policía de nombre Karen Liv Guevara Sessarego acudieron a Palacio
de Gobierno. El motivo: una “reunión con la presidenta de la República”.
Este
encuentro se produjo luego de los asesinatos ocurridos en Apurímac, La
Libertad y Arequipa y dos días antes de la masacre de Ayacucho.
Si
Boluarte fue advertida de las muertes en tres regiones, ¿por qué no tomó las
medidas necesarias para impedir que ocurrieran nuevas acciones de represión por
parte de las fuerzas de seguridad?
En otro
momento del interrogatorio, los fiscales le preguntaron al exministro del
Interior si la presidenta le había solicitado alguna información sobre las
medidas que venía adoptando este sector para el control de las protestas.
Cervantes respondió: “No recuerdo, pero sí ella constantemente convocaba a
reuniones del Consejo de Ministros, las cuales se realizaban todos los días
durante mi gestión, en las que se abordaba la muerte de las personas e indicaba
que no debía haber fallecidos, que todo se desarrolle en el marco
constitucional y legal”.
Cervantes
no supo responder por qué las fuerzas del orden mataron a decenas de civiles
en las distintas manifestaciones a nivel nacional. “En todo momento, en las
múltiples reuniones con el comandante general y el alto mando de la PNP,
conforme lo he señalado, dispuse cero costo social, que no se produzcan
fallecimientos de personas”.
La
Fiscalía le preguntó a Cervantes si tenía conocimiento de que los efectivos
que intervinieron en las operaciones de represión utilizaron fusiles AKM. El
exministro aseguró que no lo sabía y le tiró la pelota al exdirector de la
Policía, general Raúl Alfaro Alvarado.
"Yo
tenía conocimiento de que no portaban armas de fuego en ese momento, por
información que me daba el Comando Policial, concretamente el comandante
general que en ese momento era el general Raúl Alfaro”, aseguró Cervantes ante
la Fiscalía de la Nación.
El
testimonio de Cervantes coincide con el del jefe del Comando Conjunto de las
Fuerzas Armadas, general EP Manuel Gómez de la Torre, quien se vio obligado a
reconocer ante la Fiscalía de la Nación que acudió a Palacio de Gobierno en
diciembre del 2022 para, según sus propias palabras, "darle cuenta a la
señora presidenta cómo se desenvolvían las acciones militares en apoyo a la
Policía Nacional”.
En base
a las declaraciones de Cervantes y Gómez de la Torre, además de otros indicios
importantes, la Procuraduría General del Estado (PGE) elaboró un pliego de 47
preguntas que supuestamente debían ser respondidas por la presidenta Dina
Boluarte durante el segundo interrogatorio al que sería sometida el miércoles
último.
Los
abogados de la Procuraduría señalan que lo manifestado por el exministro César
Cervantes al reconocer las reuniones en Palacio de Gobierno y revelar que daba
cuenta de las muertes a la presidenta de la República- deja al descubierto una
presunta omisión de las altas autoridades del gobierno, que no adoptaron las
medidas necesarias para impedir la muerte de decenas de civiles durante las
protestas.
La PGE
elaboró diversas preguntas para que la mandataria responda qué temas concretos
se abordaron en las reuniones palaciegas descritas por Cervantes y Gómez de la
Torre. Y qué directrices específicas brindó a sus ministros para que los
efectivos policiales y miembros de las Fuerzas Armadas no dispararan contra la
población civil.
Era la
primera vez que los abogados de la Procuraduría y de los familiares de los
fallecidos tendrían la oportunidad de formular preguntas a la presidenta. En
el interrogatorio de junio Boluarte solo había respondido preguntas generales
de la Fiscalía de la Nación.
El
miércoles último, sin embargo, la mandataria se acogió al silencio y evitó
responder el interrogatorio realizado por la defensa del Estado.
Boluarte
llegó a la sede del Ministerio Público escoltada por su seguridad, poco antes
de las nueve de la mañana. En el piso once del edificio la esperaban la Fiscal
de la Nación Patricia Benavides, el fiscal adjunto supremo Marco Huamán y otros
funcionarios de ese despacho.
La
diligencia arrancó cuando la Fiscal de la Nación leyó los derechos de la
presidenta y los delitos por los cuales se encuentra investigada de manera
preliminar. Boluarte negó las imputaciones, manifestó que se remitía a las
respuestas que brindó en su primera declaración de junio pasado y anunció que
se acogía al derecho de guardar silencio.
Evidentemente
sorprendidos, los representantes de la Procuraduría, Ornar Rojas y Joel
Córdova, solicitaron dejar como prueba en el acta la batería de preguntas que
tenían pensado hacerle a la mandataria.
El
abogado de Boluarte, Joseph Campos, se opuso. Sin embargo, la defensa del Estado
insistió con el argumento de que el dejar constancia de las preguntas no afecta
el derecho de la investigada a guardar silencio. Había, además, un argumento
de fondo: el plazo de la investigación preliminar concluye el próximo 25 de
octubre. Campos ya adelantó que su patrocinada no volverá a presentarse a
declarar. De tal manera que esta era la última oportunidad para que Boluarte
responda en calidad de investigada, por lo menos en la etapa preliminar. Si la
Fiscalía de la Nación decide archivar el caso, quedará constancia de las 47
preguntas que Boluarte se negó a responder.
“Tengo
la impresión de que la defensa de Boluarte ha tomado la decisión radical de no
hacer hablar más a la presidenta porque debe entender que su situación se ha
complicado”, asegura el abogado Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal
(IDL). “Esta es una decisión, desde mi punto de vista, grave. Es cierto que
ningún silencio acredita responsabilidad penal. Sin embargo, esta decisión
hay que interpretarla en un contexto determinado. Y este es un contexto que se
ha ido complicando mucho para Boluarte”, apunta Rivera, quien defiende a los
familiares de los fallecidos durante las movilizaciones.
El
mismo miércoles, por la tarde, el premier Alberto Otárola se presentó en el despacho
de la Fiscalía de la Nación para ser interrogado por tercera vez en lo que va
de la investigación preliminar.
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| Luto en Ayacucho |
El
premier reiteró que no intervino en la elaboración de los planes operativos
para el control de las protestas y señaló -remitiéndose a sus declaraciones
del 16 de febrero- que la responsabilidad le compete al Comando Conjunto de las
Fuerzas Armadas y la Policía.
En
otras preguntas, Otárola se limitó a decir: “No me acuerdo” o “No tengo
conocimiento”. En un determinado momento del interrogatorio, el premier se
enfadó cuando los abogados de la Procuraduría, Joel Córdova y Vélgika Rafaela,
le preguntaron en qué informes se había basado para asegurar que las protestas
de diciembre, cuando era el ministro de Defensa, fueron supuestamente promovidas
por organizaciones criminales y terroristas. "Desconozco”, dijo Otárola.
Más adelante, los procuradores le preguntaron al premier si había recibido informes del Ministerio de Defensa o del Ministerio del Interior sobre el uso desproporcionado de la fuerza durante las protestas. Sus abogados objetaron la pregunta y alegaron que la figura del “uso desproporcionado” aún no había sido dada por sentada como un hecho real. La Fiscalía le dio la razón a la Procuraduría. No obstante, Otárola manifestó que no había recibido ningún informe al respecto.
En su
reciente presentación por las actividades de “Perúmin 2023”, en Arequipa,
Otárola aseguró, frente a numerosos empresarios, que el gobierno “controló más
de 500 manifestaciones violentas, marchas que pretendieron soliviantar el
Estado constitucional y legal de derecho”. Añadió sobriamente: ‘Y les quiero
decir, en esta convención, que no nos temblará la mano para seguir haciéndolo
en defensa de los derechos fundamentales y en defensa de la paz y la tranquilidad
de 33 millones de peruanos”. La frase sonó a miserable ofrecimiento. ■
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