SIEMBRA
VIENTOS Y COSECHA TEMPESTADES
Nuevas incoherencias y contradicciones del
gobierno de Humala
Escribe:
Armando Guevara Gil1 Revista
Agraria CEPES N°175 pp. 10, 11
Hace
cinco meses, la empresa Inversiones Mitano S.A.C., recibió la concesión de 82.5
hectáreas del lago Titicaca para el desarrollo de la acuicultura de la trucha
arco iris2. Pero el pasado 22
de junio, en Moho, Puno, el presidente Ollanta Humala anunció la anulación ipso facto de las resoluciones: “L[as]
estamos anulando. Además, estamos conversando con las autoridades para que se
pueda crear la cultura de la acuicultura para los propios puneños. No van a
venir extranjeros a enseñarnos cómo trabajar la trucha”3.
Me
imagino que los abogados del Ministerio de la Producción deben estar trabajando
febrilmente para sustentar y formalizar la decisión presidencial[i].
Con pesar, por cierto, pues debemos suponer que la empresa cumplió con todas
las exigencias que la ley impone y que las autoridades del sector tramitaron su
pedido sujetándose al debido procedimiento administrativo. Después de casi un
año de enfrentar la nueva especialidad de
“tramitología”
4, he aquí
una compañía que ve cómo, de la noche a la mañana, su título habilitante se
evapore; por otro lado, hay un pueblo, el de la provincia de Moho, que sigue en
pie de lucha para lograr que Mitano S.A.C. abandone su emprendimiento; y,
finalmente, está un gobierno central que se contradice flagrantemente al
conceder y anular las mismas concesiones en menos de medio año, al son del
emblema “siembro vientos y cosecho tempestades”. Y tempestades no solo
sociales, sino también legales y fiscales si la empresa afectada activa los
mecanismos de protección a la inversión.
Pero
el caso presenta más aristas. Por ejemplo, la prensa reporta que “según el
registro de Sunat, la empresa Inversiones Mitano S.A.C. [domiciliada en San
Juan de Miraflores, Lima] cuenta con solo dos trabajadores y se dedica a
actividades de venta al por mayor y menor de alimentos, bebidas y tabaco, y
actividades de asesoramiento empresarial”5. De estas referencias
surge la sospecha de que “detrás de la cuestionada empresa se encuentran
inversionistas chilenos que pretenderían apropiarse del lago Titicaca”. Esta
conjetura es la que habría producido el impromptu
presidencial. Algo curioso si tomamos en cuenta la cantidad, monto y ubicación
de las decenas de concesiones sobre todo tipo de recursos otorgadas a los
capitales chilenos en nuestro país.
Del boom
al colapso de la trucha en el lago Titicaca
Además,
el gobernante y su gobierno demuestran cuán poco comprenden la historia y
sociedad de su propio país. Por ejemplo, cuando el presidente proclama que “no
van a venir extranjeros a enseñarnos cómo trabajar la trucha”, parece asumir
que la trucha es una especie originaria de los Andes. Pero no lo es. Su
introducción en el lago Titicaca se inició a mediados de la década de 1930, con
el establecimiento de la estación piscícola de Chucuito, una vez que el Perú y
Bolivia zanjaron sus reclamos limítrofes. Esta iniciativa se conoce como el
primer proyecto internacional de desarrollo en América Latina porque
participaron el Perú, Bolivia y el Departamento de Pesquería de EE.UU.6.
El resultado: el “boom de la trucha”
resultó insostenible y colapsó a fines de los años 1960 porque la variedad que
se introdujo diezmó las especies nativas (ispi, carachi) de las que se
alimentaba y porque los bolivianos introdujeron una especie aún más agresiva
que la trucha: el pejerrey.
Ante
este fracaso, entre 1977 y el fin de siglo, el Estado peruano implementó o
promovió, con el apoyo de Usaid, Unicef y SELA, la acuicultura de la trucha en
jaulas flotantes. Y se produjo el mismo conflicto que el de Moho hoy. Los
ministerios de Marina y Pesquería, de ese entonces, otorgaban las concesiones
acuáticas para instalar las jaulas en el lago, y el Ministerio de Agricultura,
las concesiones de las áreas ribereñas para que los proyectos pudieran montar
sus instalaciones y operar sus plantas de producción.
El
pequeño problema para este tipo de disposiciones es que las 150 comunidades campesinas,
que controlan la mayor parte del anillo circunlacustre del lado peruano,
reivindicaban un alto grado de manejo autonómico sobre sus “frenteras”7
lacustres (quta laka: boca del lago)
porque, gracias a ellas, acceden a valiosos recursos como la totora (o el
turismo) y practican la pesca artesanal. Por eso, no es irracional que el
pueblo de Moho, como lo hicieron las comunidades afectadas por la introducción
de la acuicultura a fines del siglo pasado, reaccione categóricamente contra la
concesión de 82.5 hectáreas del lago a la empresa Mitano S.A.C. No lo es, sin
duda, porque ese acto puede afectar su hábitat y poner en riesgo su bienestar y
sus formas locales de gestión de los recursos lacustres.
Lo que
es irracional y frustrante es que los gobernantes procedan tanto
desconocimiento de la historia y sociedad de su país. Si la política de
concesiones de los recursos naturales no respeta los derechos de las
comunidades locales, lo único que se conseguirá es agudizar el conflicto
social. Pero ya sabemos lo que gobierno y varios gremios empresariales piensan
sobre la consulta previa, los mecanismos de participación ciudadana y los
derechos de los pueblos y comunidades afectados por la desaforada política de
“salvo al inversión, todo es ilusión”. Lo que deberían comprender, por el bien
del país, y de las propias inversiones, es que, al actuar así, solo están
sembrando vientos8.
Notas:
[i] En el Portal Web del Ministerio del Ministerio de la Producción,
mediante nota de 27 de julio de 2015 se informa que “el Ministerio de la Producción
declaró de oficio la nulidad de las tres concesiones otorgadas a la empresa
inversiones Mitano SAC… por defectos u omisiones en el cumplimiento del proceso
de Participación Ciudadana. En el diario LOS Andes (29JUL15) se informa que las
nulidades alcanzan también a la resolución que otorgó certificación ambiental.
Lo anterior no quita actualidad a este artículo, por la
utilidad de los alcances del análisis.
