MENSAJE ANUAL DEL PRESIDENTE:
CLARO Y OBJETIVO
Escribe: Jorge Rendón Vásquez
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el art. 118º-7 de la Constitución, al Presidente de la República le corresponde
dirigir un mensaje al Congreso al instalarse la primera legislatura ordinaria
anual. Es el mensaje del 28 de Julio. Este mensaje debe contener “la
exposición detallada de la situación de la República y las mejoras y reformas
que el Presidente juzgue necesarias y convenientes para su consideración por el
Congreso”.
En
suma, por este mensaje, el Presidente de la República informa al Congreso y a
la ciudadanía sobre su gestión como jefe del Poder Ejecutivo.
Y
es lo que hizo el 28 de Julio.
Comenzó
recordando que “Hace trescientos sesenta y cinco días, en este mismo recinto,
se iniciaba mi mandato nacido de las urnas electorales y, al mismo tiempo,
también se celebraba los doscientos años de nuestra independencia. Pero, si
tenemos que hablar con la verdad, fue una independencia que hasta el día de hoy
gran parte de las peruanas y peruanos la siguen esperando. A pesar de recibir
un país que emerge de la tormenta de la pandemia del Covid-19 con más de 230
mil peruanos fallecidos; y del disgusto de quienes se creen dueños del país,
seguimos avanzando con los peruanos y peruanas que depositaron su confianza
para que el Perú deba cambiar. […] En este período en el que no hemos tenido un
solo minuto de tregua, vengo a informarles lo que hemos hecho y anunciarles lo
que haremos. No importa que quienes deberían también informar, hayan ocultado e
ignoren nuestros logros y se dediquen a difamar y mentir, acusándonos sin
ninguna prueba y exigiéndonos, en una perversa inversión de los principios
elementales del Derecho, que probemos nuestra inocencia.”
Al escuchar esto, la ira comenzó a subir en los grupos de la derecha recalcitrante en el Congreso, como leche en transe de hervir.
Pero, Pedro Castillo continuó su mensaje, sereno: “Resulta inexplicable –dijo– el temor y el miedo de los grandes poderes políticos y económicos tradicionales a los cambios que se necesitan. Somos un país que se fundamenta en el principio constitucional de la igualdad de todos y todas ante la ley y dentro de la ley, por lo que no se puede permitir privilegios que contradigan este principio.”
Fue inaudito para la ultraderecha, y el chubasco de imprecaciones siguió incubándose.Pedro,
no obstante, prosiguió con calma y sin ir a la confrontación que buscaban los
otros: “en este segundo año no voy a poner la otra mejilla –afirmó–; sino
extenderles la mano para trabajar juntos en beneficio del pueblo. […] Se ha
ocultado lo que hemos hecho en estos doce meses, como hoy lo voy a pasar a
demostrar. Vamos a seguir trabajando y haciendo patria para que todos los
peruanos y peruanas vivamos en una sociedad más justa y digna, para eliminar la
pobreza, el hambre y la injusticia, para que nuestros hijos e hijas no
continúen viviendo en un país tan dramáticamente desigual.”
El
resto del discurso fue un informe objetivo de las realizaciones del Poder
Ejecutivo en el año transcurrido, con cierta preferencia para las provincias
tradicionalmente olvidadas antes por el Estado. Si no se pudo hacer más fue
porque el Congreso, que debiera haber dado las leyes que ciudadanía exige,
estuvo siempre en contra.
Cuando
Pedro Castillo terminó, el chaparrón de gritos en las bancadas de la
ultraderecha y de ciertos grupos de aventureros se desencadenó. Un pantallazo
de la televisión mostró a los congresistas de esos grupos chillando
desaforamente, lo que hizo suponer a muchos que es posible que en sus hogares
esos congresistas se comporten del mismo modo. Dos lunares fueron nítidamente
distinguibles entre ellos que recordaban a dos personajes de la magnífica serie
de TV El último bastión de los hermanos Adrianzén que
representaban a dos esclavas de color entregadas en cuerpo y alma a servir y
defender a sus amos blancos en los tiempos en que San Martín llegó
a Lima a independizarnos del yugo hispánico.
Desde
esa misma noche los medios del poder empresarial, desbordaron su cólera contra
el provinciano que, por la voluntad de la mayoría popular, está en la primera
magistratura de la Nación.
Y,
al día siguiente, les tocó a los periódicos hacer su parte, como si
todos ellos fueran los exponentes de la pública opinión. No lo son. Ninguna
organización popular tendría los recursos para pagar esos medios de prensa,
radio y TV y sus periodistas y opinólogos de alquiler que son, por lo tanto,
inversiones de
determinados
grupos capitalistas, es decir de minorías demográficamente ínfimas, pero dueñas
del poder del dinero, el gran elector de los grupos políticos de la
ultraderecha y de los aventureros, actuando sobre millones de ciudadanos
para alienarlos con esa campaña permanente e intensa de desinformación y
manipulación.
Ya
no llama la atención que ciertos congresistas izquierdistas o que
pretenden parecer como tales hayan sucumbido a la contaminación de sus colegas
de la ulraderecha. Es posible que en cierto momento se hayan quitado la
mascarilla protectora y absorbieron el virus del cabildeo estéril y la
deslealtad que los llevó a hermanarse con ellos en el voto conjunto de ciertos
proyectos de ley nocivos para la sociedad. ¿Hay alguna vacuna contra eso?
De
la obligación del Presidente de la República de exponer en un mensaje anual sus
realizaciones, surge una pregunta: ¿por qué los otros poderes del Estado y las
instituciones públicas autónomas no hacen otro tanto?
El Congreso de la República y cada uno de los congresistas debieran también informar a la Nación lo que han hecho en el período anual transcurrido para justificar sus enormes sueldos. Cada uno se lleva 23,000 soles mensuales básicos, es decir más de 22 veces la remuneración mínima vital. La sociedad no les paga para entretenerse con dimes y diretes y para calentar sus curules. Del mismo modo, el Poder Judicial debería rendir cuentas anuales de su desempeño, cuántas demandas y acusaciones ingresaron a los juzgados, cuantas sentencias emitieron los jueces y vocales, y si lo hicieron en los términos fijados por las leyes procesales. La misma regla debería serles aplicable al Tribunal
Constitucional
y a los gobiernos regionales y locales.
El
pueblo tiene que saber en qué y cómo se gasta su dinero.
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