LA CALIENTE COYUNTURA PERUANA

VACANCIA PRESIDENCIAL ¿POR QUÉ? ¿CÓMO?

Por Jorge Rendón Vásquez 

16 noviembre 2020 

Vacador (luego renunciado) y vacado

De pronto, el lunes 9 de noviembre pasado, los congresistas se fueron pasando la voz para vacar al presidente de la República, Martín Vizcarra, acaudillados por algunos que apuntaban a hacerse del Poder Ejecutivo y estaban entre los 68 con procesos penales en curso. Cuando tuvieron los votos que necesitaban (87) fueron a la votación y llegaron a 105:

¡Un éxito rotundo!

O, más bien, una victoria a lo Pirro, porque todo el mundo entendió que habían ejecutado un golpe de Estado; y los jóvenes comenzaron a llenar las calles. El sábado 14 de noviembre por la tarde y por la noche las multitudes recorrían el centro de Lima y otras ciudades del Perú.

El novísimo presidente de la República, un obscuro político de torvo rostro que asumió este cargo por ser presidente del Congreso, habló con sus flamantes presidente del Consejo de Ministros y ministro del Interior y, verosímilmente, acordaron meterles bala a los manifestantes, lo que el jefe del operativo policial cumplió, haciendo matar a dos estudiantes y trabajadores de 22 y 24 años que gritaban su protesta.

Es posible que Vizcarra pensara que no se llegaría a los 87 votos para vacarlo cuando el lunes 9 de noviembre hizo su exposición de defensa en el Congreso. Pero, consumada la aprobación de la vacancia, no tuvo agallas para oponerse y prefirió irse a su casa, borrando el prestigio que había alcanzado con el referéndum de 2018 y la disolución del Congreso de 2019. Le hubiera bastado pedirle al Tribunal Constitucional que decidiera si la vacancia era legítima (Constitución, arts. 200º-4 y 203º) y esperar la sentencia, respaldado por los manifestantes que habrían ocupado las calles contra el golpe de Estado.

El domingo 15 de noviembre, la opinión pública, en las calles y los hogares, expulsó al nuevo pretendido presidente de la República, obligándolo a renunciar, y el juego continuó en el Congreso. Y, a todo esto, los dirigentes de las centrales sindicales se mantuvieron chitones.

En realidad, la vacancia ha decapitado al Poder Ejecutivo.

Es la primera vez que esto sucede en el Perú, si bien la figura de la vacancia presidencial existe desde la Constitución de Huancayo de 1839, repetida con la misma fórmula, difusa y arbitraria, en las constituciones siguientes hasta la actual. La reflotó el grupo fujimorista tras alcanzar 73 puestos parlamentarios en las elecciones de 2016 y la blandió desde entonces contra el presidente de la República. Su tentativa de vacar al presidente Kuczynski fracasó por la renuncia de este, pero continuó amenazando con ella al presidente Vizcarra. Luego de las elecciones del 2019 los grupos de parlamentarios derechistas y aventureros, empujados por diversas motivaciones, se empeñaron en utilizarla.

Según la Constitución, la presidencia de la República vaca por “permanente incapacidad moral o física, declarada por el Congreso” (art. 113º-2).

¿Qué es la incapacidad moral? Ninguna norma la define y tampoco se requiere pruebas. Por lo tanto, puede ser lo que se les ocurra a los congresistas, atendiendo a las instrucciones de alguien, por propia elucubración o reproduciendo las informaciones de los medios o las declaraciones de ciertos testigos o infidentes. Correlativamente, el art. 89º-A del Reglamento del Congreso establece un procedimiento muy rápido para declararla. Basta la presentación del pedido. No se alude a pruebas. Se cita al presidente para defenderse “hasta por sesenta minutos” y luego se vota. Con dos tercios del número de congresistas se aprueba la vacancia. Y ya está.

¿Es esto legal?

Desde el primer año de Derecho se sabe que el principio de César Beccaria Nullum crimen nulla poena sine lege —no hay crimen sin ley que la tipifique previamente— es absoluto y está en la base de toda democracia, cuya expresión es el Estado de Derecho. Este principio forma parte del elenco de derechos que todo ser humano tiene y lo proclama la Constitución con los términos siguientes: “Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción punible” (art. 2º-d).

Por lo tanto, la vacancia no puede ser política; jamás debe proceder porque cierto número de congresistas se ponen de acuerdo para decidirla, y, menos aún, sin pruebas verificadas por la Justicia.

¿Alguna ley ha definido la inmoralidad?

La moral y su opuesto la inmoralidad han quedado como nociones subjetivas, inherentes a cada grupo y cada persona. Los hechos inmorales son hechos contrarios al bien, a la justicia, que son también nociones difusas surgidas en ciertos momentos y sitios.

Desde que Emmanuel Kant, en la segunda mitad del siglo XVIII, relegara la moral al mundo de las ideas puras fue apartada como regla de conducta obligatoria, aunque pueda inspirar a determinadas normas. Desde entonces, la noción de norma legal se autonomizó de la moral y la religión, y, con la Revolución Francesa de 1789, la ley fue consagrada como el poder de los ciudadanos, iguales ante la ley, con el contenido y los procedimientos de aplicación que ellos instituyesen por sí o por sus representantes.

Con respecto al presidente de la República, en atención a su alta investidura confiada por los ciudadanos, se ha creado un modo especial de someterlo a proceso si hubiere causas legales para ello. “El Presidente de la República sólo puede ser acusado, durante su período, por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134º de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral.” (art. 117º). Por la comisión de hechos delictuales, la acusación fiscal debe esperar que termine su mandato.

La vacancia por incapacidad moral no se ajusta a las reglas indicadas y queda en el texto constitucional como una norma parasitaria, un residuo histórico anacrónico e inaplicable. El art. 89-A del Reglamento del Congreso de la República, que señala un procedimiento para vacar al presidente de la República, no prevalece frente a la Constitución (art. 51º).

Por consiguiente, la decisión de vacar al presidente de la República adoptada por el Congreso de la República está viciada de nulidad. “El poder del Estado emana del pueblo. Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen.” (Const. art. 45º). “Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias.” (TUO de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, art. 10º, aplicable al Poder Legislativo, art. 1º-2).

No creo que este razonamiento le sea familiar al Tribunal Constitución por la formación de sus miembros, sus predilecciones políticas y sus temores.

En la actual Constitución francesa la vacancia de la presidencia de la República, por causas legales, es decidida por el Consejo Constitucional y, luego de ser declarada, da lugar a la elección de nuevo presidente dentro de los 21 y 35 días siguientes; mientras tanto la función presidencial queda a cargo del presidente del Senado (art. 7º).

En nuestro país, este aspecto debería ser modificado, señalándose que la vacancia de la presidencia de la República y de los congresistas sólo debe proceder por hechos definidos por la ley como delitos, comprobados por la Corte Suprema y decidida por el Tribunal Constitucional, es decir se debería judicializar el proceso y apartarlo totalmente de las intenciones políticas.

 

ESTALLIDO POLÍTICO

Escribe: Milcíades Ruiz, noviembre 17/2020

El estallido juvenil contra lo que venía sucediendo en la esfera política de los mayores, ha sido un desborde social espontáneo, aunque posiciones interesadas lo han interpretado a su gusto y conveniencia. El pueblo despertó dicen algunos, pero la verdad es que esta movilización no ha sido convocada por las organizaciones, populares, ni por los gremios de trabajadores y menos por los partidos políticos supuestamente representativos de la sociedad.

Por el contrario, cuando los politiqueros se subieron al carro del movimiento para sacar provecho, fueron rechazados por los jóvenes, teniendo que desembarcarse vergonzosamente. Como todo exabrupto social, es de naturaleza temporal sin haber sido proyectado con fundamento político sostenible. Por eso vemos actuando juntos a actores derechistas e izquierdistas, alentándola para llevar agua a sus molinos.

Se trata de un producto procesal generado por la propia dinámica política. Si algo sale mal en lo que estamos haciendo, es porque hay una falla. Si no la corregimos, puede llegar el momento en que ocasione problemas. En este caso, las fallas políticas persistentes, sin corregir, hicieron saltar los ánimos de los jóvenes, que es el sector social más emotivo e intransigente. Las malas prácticas políticas generaron repudio e impaciencia.

El desprestigio del Congreso de la República, llegó a un punto en que se hizo insoportable para los jóvenes tras la decisión de vacar al presidente. Pero no es un movimiento vizcarrista, ni de defensa del corrupto. Es un movimiento de repudio a los políticos inescrupulosos enquistados en los mandos del país. No están luchando contra el neoliberalismo, ni por el cambio de constitución, como intentamos influir. Nuestra visión, no es la que ellos manejan.

Tampoco se podría decir que la muerte de dos jóvenes en el enfrentamiento con la policía, ha sido por defender la democracia, pues precisamente se han movilizado en repudio a ella, desnaturalizada por la mafia política. Con harta hipocresía se utiliza políticamente a los muertos. Nunca hicieron esto en defensa de los numerosos campesinos muertos a balazos policiales, ni de los sobrevivientes perseguidos por la represión judicial, tan solo por defender su hábitat.

No es honrado dar a los hechos una connotación que no la tienen, y peor, si es con alguna intención soterrada. Tampoco apropiarse de méritos ajenos. La renuncia de Merino deja sin bandera a quienes le pusieron la puntería. Ahora lo reemplaza otro de la misma madriguera, pero la figura política y jurídica sigue siendo la misma. ¿O es que ahora, la vacancia sí, es constitucional y, ya no es, golpe de estado? La podredumbre sigue intacta. Merino es solo chivo expiatorio, ofrecido miserablemente por sus propios mentores.

De nada habrá servido el sacrificio de los jóvenes si pasado el momento crítico, todo sigue igual. Todo quedaría reducido a una victoria pírrica, de haber logrado la renuncia de Merino y nada más. Si las mafias políticas se han apoderado del poder es por el sistema político. Si esto no se cambia, seguiremos en las mismas. La calidad política de los órganos de gobierno, depende del sistema político. No se trata de simples reformas de apariencia, sino de un nuevo sistema que garantice la real representatividad democrática.

Que los políticos no se hagan los vivos queriendo sacar provecho de la gesta juvenil, como buitres carroñeros. La protesta deja mal parados a los partidos políticos, porque no se necesita de ellos para manifestarse públicamente. Quedan como organismos en desuso. Los colectivos tienen mayor convocatoria que los partidos políticos. Este, es un detalle que debe llamar a la reflexión y cambiar el viejo estilo de nuestro sistema político.

Ni la OEA ni los organismos internacionales manejados por EE UU intervienen cuando los sucesos son a favor del imperialismo. Ellos temían que el desborde conduzca a un gobierno popular como Venezuela y Bolivia. Por eso también enfilaron contra Merino y se aprestaban a intervenir para asegurar que las próximas elecciones no se les vaya de las manos. Pero ahora cambian de proceder porque el nuevo presidente es del partido morado, cuyo dueño es pro norteamericano.

No nos engañemos ni nos apasionemos con espejismos pasajeros. Lo que sí deberíamos agradecer a los jóvenes rebeldes, es haber demostrado que una movilización popular masiva y prolongada puede obtener triunfos en su lucha por el mejoramiento social. Esta es la principal conclusión que debería ser tomada en cuenta por las organizaciones populares en sus estrategias de lucha. Si así lo hiciera por una nueva constitución que responda a sus intereses, sería excelente.

La protesta quedaría en nada, si no se cambia el sistema político. La ley de partidos políticos, la ley electoral y todo el paquete normativo de la democracia fraudulenta, debería ser cambiado para lograr una democracia más auténtica. Esta demanda debería tener prioridad como paso previo a participar en la formulación de una nueva constitución. Primero hay que eliminar las trabas electorales que impiden el acceso al poder, a las fuerzas populares. Si no luchamos por este cambio, seguiremos lamentando lo de siempre.

¿Qué pasará ahora que el movimiento se esfumó? No deberíamos dejar que solo sea un recuerdo. Nos corresponde dar continuidad a la protesta, darle sostenibilidad para reforzar la lucha popular. Salvo mejor parecer.