SIN FRONTERAS Puno
Junio 1, 2016
Puno. El electo congresista Alberto Quintanilla,
llamó la atención sobre el peligro de que la empresa a cargo del
estudio del proyecto Graña y Montero consiga un trato abusivo para construir
las plantas de tratamiento, aprovechando la presión ejercida por el pueblo
puneño.
“La huelga está plenamente justificada”, dijo
sobre la medida, sin embargo, recordó que un posible alto precio lo pagaremos
todos, puesto que gran parte del presupuesto sale de las arcas públicas,
al final de cuentas, a pesar de que la obra se promocione como de una alianza
público privada.
Por su parte, el analista Pablo Najarro se mostró de acuerdo
con su punto de vista precisando que al objetivo final de la empresa es obtener
una concesión de largo plazo para obtener ganancias a costa de
recursos de los puneños. Tal como Alberto Quintanilla recordó, que obras
largamente anheladas por el pueblo, como la carretera Transoceánica, finalmente
tuvieron precios exorbitantes pagados por todos los peruanos. Ambos pidieron
más transparencia en los detalles técnicos del proyecto y un proceso de
selección justo con posibilidades para empresas competidoras de Graña y
Montero.
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