DE GUATEMALA A GUATEPEOR
por Rosa María Palacios
“¿Les suena? Perseguir a entes electorales, a jueces
independientes o a los órganos que los nombran, tiene consecuencias
personalísimas”.
El viernes 14 nos preparábamos para asistir al funeral de la
JNJ. Una defunción muchas veces anunciada y que parecía impostergable. El
Congreso venía embalado después de la jornada del jueves en que atendió los
requerimientos de todas las organizaciones criminales con las que tiene vasos
comunicantes. A los taladores ilegales, la modificación de la ley forestal
legalizando lo depredado. Al crimen organizado, la inoperancia de la
colaboración eficaz. A la educación universitaria de pésima calidad,
bachilleratos automáticos y docentes sin maestrías. A las cúpulas de los
partidos, que venden los cupos presidenciales y parlamentarios, les abolió las
PASO y les condonó las multas. Si no favorecieron a narcos y lavadores de
activos modificando la ley de extinción de dominio fue porque se toparon con
una bajada de dedo del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y eso
puede explicar mucho de lo que ocurrió el viernes.
Como cualquier abusivo competente conoce, para prevalecer en
el abuso, hay que conocer los límites de este. Como el golpeador de mujeres que
no deja marca en la cara, el político autoritario sabe que hay un lindero que
no puede cruzar, porque de ahí ya no se regresa. Destituir sin causa alguna
(suspender a la exfiscal de la Nación es una prerrogativa administrativa
disciplinaria exclusiva de la JNJ y eso no puede ser “causa grave” de
destitución) y sin plazo razonable al íntegro de miembros que presiden un poder
del Estado es mucho. APP y Fuerza Popular recularon no solo por el oficio
enviado por la JNJ al Congreso.
A estas alturas es público y notorio que la desesperación de
un grupo mayoritario de congresistas, liderado por Renovación, está motivada
por el encubrimiento de sus propios crímenes. Jaime Villanueva ha dado nombres.
Congresistas que han traficado influencias con él y con Patricia Benavides,
vendieron sus votos para canjear el archivo de sus procesos por la
inhabilitación fraudulenta (también sin causa) de Zoraida Ávalos. ¿Fue esto tal
vez lo que frenó el ataque?
¿Les suena? Perseguir a entes electorales, a jueces
independientes o a los órganos que los nombran, tiene consecuencias
personalísimas. Puede parecer un acto imperial, o frívolo si no interesa viajar
legalmente a los Estados Unidos, pero a Keiko Fujimori y a César Acuña y sus
familiares, les quedó clarísimo. La jornada del jueves y el sacar al padre de
la cárcel, violando una sentencia de un tribunal internacional de derechos
humanos, son un límite ya sobrepasado. Creer que el Perú es una isla es el
mismo error que cometió el fujimorismo en 1992 y en 1998.
La calle está en modo “no quiero saber” y eso favorece la coalición
que gobierna, indiferente al primer aniversario de los asesinatos del Ejército
en Ayacucho. Pero tanto va el cántaro al agua, que por fin se rompe. Están
jugando con fuego dentro y fuera del Perú.
Brian A. Nichols, subsecretario de Asuntos del hemisferio
occidental de Estados Unidos, conoce bien nuestro país. Ha sido embajador de
los Estados Unidos en el Perú. Las sanciones contra políticos guatemaltecos no
son las primeras. Un mes antes se impusieron contra hondureños por la
manipulación en la elección de sus fiscales y, tiempo atrás, contra Venezuela.
El caso peruano es un calco de los mismos abusos del poder. ¿Cuál creen que
será la respuesta?
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