COYUNTURA POLITICA PERUANA

LOS CORRUPTOS

Tomado de CARETAS Edición 2493: 22 de junio de 2017

Pena de muerte para los corruptos decretaron los Libertadores José de San Martín y Simón Bolívar.

Las redes sociales reclaman de cárcel a pena de muerte para los corruptos. Lo mismo ocurrió hace 200 años y se dictaron vanas normas extremas. El régimen de terror implantado por la Contraloría hoy paraliza a los funcionarios públicos. Decreto, sanciones y lecciones para el registro. 

La historia no deja dudas. La corrupción en el Perú se extendió por el mal ejemplo del primer contralor. Entre 1761 y 1776 había gobernado Amat y Juniet,
Mientras en España juzgaban a Guirior, en el Perú Areche seguía sus andanzas de corrup to de marca mayor, sin rendir cuentas a nadie. Al término de su carrera fraguó las cifras a fin de jubilarse ilegalmente con dos pensiones completas. Se le juzgó y sentenció. Fue expulsado de los territorios de la corte, se recortó su pensión a un tercio y se le condenó a pagar con el saldo los gastos y perjuicios causados a Guirior, exculpado porque las acusaciones del auditor se probaron deleznables.

Corrupto virrey Amat y Juniet

un virrey cuya mala fama llegó hasta la Península. Para que el mal no se repita, la corona lo remplazó con Manuel de Guirior, un marino de buen nombre. Además, para cautelar las cuentas nombró a un auditor premunido de poderes similares a los del contralor de hoy. Era José Antonio de Areche. Este llegó en 1777 y cimentó su poder mediante todo tipo de denuncias contra Guirior, hasta que logró que lo destituyeran y que volviese a España desprestigiado y cargado de juicios. El nuevo virrey, Agustín de Jáuregui, prefirió evitar roces y dejó campo libre al auditor que lo aprovechó para hacer de las suyas y usurpar todas las funciones a su alcance. En 1781, Areche, por sí solo acusó, encarceló, juzgó, sentenció y ejecutó a Túpac Amaru. Dio comienzo a un baño de sangre que cobró 100,000 vidas en tres años, y por el que nadie respondió.

Areche pagó en España pero el daño quedó en el Perú, porque en una burocracia nada percola mejor que el mal ejemplo de los superiores. La sisa se hizo habitual en las dependencias de hacienda y el cohecho en las cortes de justicia. El temor a firmar se volvió crónico. Al final de la colonia Lima no era como hoy se le pinta. Era una ciudad burocrática. No producía nada y en ella campeaba la corrupción de civiles y militares y el contrabando de productos, esclavos y mujeres. No existía lo que se llamaría seguridad ciudadana. Lima era la más peligrosa de las ciudades coloniales.

La corrupción plagaba la sociedad al llegar independencia. San Martín quiso erradicarla con la severidad de la ley. El 27 de diciembre de 1821 decretó que, previo juicio, el que hiciere contrabando por más de cien pesos “incurrirá en la pena de cinco años de presidio”; el que no lo delatare “incurrirá en la pena de expatriación perpétua” y los empleados públicos que cometieren “fraude, cohecho o la más leve infracción de sus deberes, comprobada que sea su mala fe, sufrirán irremisiblemente la pena de muerte”. No hubo resultados. El 2 de enero de 1824  Bolívar endureció las penas y comprendió a los jueces. Dispuso que el empleado público que haya “malversado o tomado para sí de los fondos públicos de diez pesos para arriba, queda sujeto a la pena capital”, y que si los jueces a cargo de las causas “no procedieren conforme a este decreto serán condenados a la misma pena”.

Tampoco sirvió ¿Era corrupto el secretario (ministro) de Hacienda? Difícil. El de ambos gobiernos fue Hipólito Unánue. ¿Cuánto eran los diez pesos que merecían la muerte? Calderilla, pero prueban que había corrupción desde arriba hasta abajo. Igual que hoy.

En 1824 ordenó penas severas para los
funcionarios públicos que malversaren
10 pesos o más, Ni eso pudo desmentir .su
tozudo antiperuanismo

San Martín ganaba 30,000 pesos anuales y Bolívar 50,000. Su secretario general, Sánchez Carrión, 40,000. No eran aumentos por inflación sino por emulación. El Dictador no podía ir a la zaga del Protector. San Martín repartió 500,000 pesos entre sus amigotes; Bolívar, un millón. El jefe del Ejército, Andrés Santa Cruz ganaba 12,000 pesos anuales y el subjefe, Agustín Gamarra, 8,000 pesos. Los haberes mensuales de la División de los Andes ascendían a 25,450 pesos, pero no se pagaban. En febrero de 1824 la tropa se apoderó del Real Felipe, exigiendo 100,000 pesos. Había sueldos, pero en el gobierno nadie decidía ni firmaba. Los alzados entregaron el mando a sus prisioneros españoles y lo tomó Rodil. En el sitio que siguió hasta 1826 murieron 5,500 personas. Rodil se embarcó glorificado a España. Nadie firmó. No hubo responsables.

La lección de la historia es clara: las autoridades sin probidad pervierten a las instituciones y corrompen a las personas. El contralor de hoy acusa con la misma prosa que Areche, e igual no rinde cuentas. Si los cargos resultan infundados, los auditores siguen tan campantes. Distinto sería si pagaran por ellos. Los fondos del Cafae de la CGR, descontados a los que incumplen con la asistencia y puntualidad, podrían aplicarse a ese fin. ¿Preservar la CGR? No. Hay que rehacerla.

Edicto firmado por el Libertador José de San Martín que ordena la pena de muerte a los corruptos, en 1821.