Puno: prueba de fuego
La región que
le dio el triunfo a Humala quiere pasarle la factura detrás del violento
liderazgo del dirigente aimara Walter Aduviri. El gobierno regional ya está
arrinconado y el presidente electo puede terminar siendo una figura decorativa
en la zona más conflictiva y de mayor potencial minero. Esta crónica, que
recoge impresiones confidenciales de los principales actores del problema,
demuestra que lo que está en juego trasciende la política regional y puede ser
clave para el destino de la nueva administración.
Por Ricardo
Uceda En revista PODER. 27 de junio de 2011
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| Incendio y saqueo de almacén de Aduana Puno |
El distrito de Huacullani, en la provincia de
Chucuito, Puno, comprende un conjunto de cinco comunidades aimaras asentadas a
unos 30 kilómetros de la frontera con Bolivia y a 4.000 metros sobre el nivel
del mar. El clima es helado y las tierras, que forman laderas y colinas, no
ofrecen ningún cultivo económicamente aprovechable para el hombre o la
industria forestal. Los comuneros las dedican al pastoreo de sus ovinos y
auquénidos y a la siembra de lo que comen: papas, ocas, cañihua, cebada y
quinua. Vuelan uno que otro cóndor y, más continuamente, perdices, golondrinas
andinas, el picaflor cordillerano. Huacullani, la capital del distrito, fue
fundada en 1821, el año mismo del nacimiento de la República. Después de tanto
tiempo, solo el 10 por ciento de sus 10.000 habitantes tiene luz eléctrica y
menos de la cuarta parte accede a una red pública de servicios de agua. Allí,
en el 2004, la empresaria Karina Villavicencio anunció su pretensión de
explorar 3.600 hectáreas del distrito para confirmar si había plata explotable
en el subsuelo. La mina se llamaría Santa Ana. Los comuneros escucharon con
mucha atención, porque era una oportunidad para cambiar sus vidas.
Ellos sabían de la riqueza de sus tierras. En los
alrededores del pueblo había restos de bocaminas construidas en la época
colonial. El 18 de mayo de 2004, en la sala de sesiones de la municipalidad de
Huacullani, hubo un Cabildo Abierto, y todas las autoridades políticas,
comunales, judiciales y educativas, rodeadas por la población asistente,
escucharon las propuestas de la empresa, a cargo de los ingenieros César Ríos
Caldas y Juan Contreras Cornejo. El alcalde de Huacullani, Manuel Llanos,
pronunció entonces unas palabras que ninguna autoridad de su tipo se atrevería
hoy a decir en el mismo sitio. Dijo que vivían una situación exasperante a
causa de la falta de trabajo y de recursos económicos, y que la minería daría
empleo a los pobladores y canon al municipio. Como consecuencia, mejorarían los
servicios públicos. El presidente de la comunidad de Ingenio, Leonardo Borda,
enumeró necesidades concretas: agua, luz, telefonía, pararrayos, parabólicas,
vías de comunicación. A continuación, el resto de oradores, sin interrupción de
voces discordantes, expresaron su acuerdo de que retornara la minería a la
comarca. Hay un acta con el detalle de las intervenciones y con la firma de
todos los representantes de Huacullani. Esta unanimidad es lo más sorprendente,
vistos los hechos en retrospectiva. ¿Qué ocurrió para que siete años después
estos comuneros odiaran la minería hasta el punto de marchar sobre Puno para
incendiar sus locales públicos?
En realidad, no hay nada que explicar. Los pobladores
de Huacullani no formaron parte de los miles de comuneros que el 26 de mayo
saquearon la Sunat, la Gobernación, la Contraloría y la Aduana de la capital
regional, exigiendo la erradicación de la minería de sus tierras. Fueron otros,
sus vecinos. Este es un dato importante porque una parte de la conmoción
política causada por los sucesos de Puno gira en torno al derecho de consulta a
las poblaciones donde existiría actividad minera, y la hipótesis de esta nota
es que los comuneros de Huacullani están siendo presionados violentamente. Se
funda en demasiados hechos demostrativos de su posición real a lo largo de
varios años. Sin embargo, luego de las elecciones apareció un nuevo dirigente
del distrito, Abraham Cauna, conocido por haber llamado “genio del
proletariado” a Abimael Guzmán, y que pertenece al Movimiento Amnistía y
Derechos Fundamentales, que propugna su liberación. Cauna declaró que es falso
que Huacullani haya estado en algún momento a favor del proyecto Santa Ana.
—Son inventos de la prensa —dijo—. Son patrañas del
gobierno.
¿Cómo apareció Cauna encabezando la protesta social de
un distrito que no quería hacerla?
El 2004, en los comienzos de esta historia, no bastaba
la aceptación comunal para hacer minería en las tierras de Huacullani. El
presunto yacimiento estaba próximo a la frontera y por lo tanto era intocable
por ley, salvo que un decreto supremo declarase de interés público la
concesión. Además, el proyecto estaba metido en la Zona Reservada
Aymara-Lupaca, creada en 1996 sobre 300.000 hectáreas consagradas a la
contemplación paisajística y la investigación científica. Brear Creek, que ya
estaba en conversaciones con Villavicencio para que le transfiriera el negocio,
obtuvo a finales del 2007 que el gobierno le permitiera explorar en una zona de
frontera. Y fueron los propios comuneros —los de Huacullani y otras poblaciones
contiguas— quienes se encargaron de que Aymara-Lupaca fuera reducida cada vez
más hasta desaparecer de sus jurisdicciones. Las autoridades del distrito de
Huacullani hicieron las gestiones señalando explícitamente que deseaban liberar
sus tierras para dedicarlas a la actividad minera. La causa no era otra, como
señalan las múltiples peticiones obtenidas para este informe, que la de
“satisfacer necesidades básicas” de la población.
Con la cancha libre, Bear Creek empezó sus actividades
exploratorias en el 2008, y hasta que estallaron los problemas mantuvo tratos
amigables con los pobladores. La exploración de la plata es sencilla y limpia.
Desde unas plataformas de 5 metros cuadrados, se
realizan sondajes de 150 metros de profundidad y 10 centímetros de diámetro, se
extrae material para analizar, se cierran los conductos y asunto concluido.
Primero las compañías piden autorización para perforar unos pocos canales y,
conforme el yacimiento promete, hacen más perforaciones en extensiones más
amplias y para fines cada vez más orientados a delimitar el cuerpo mineralizado
y a cuantificar las reservas. Hasta 2010, Bear Creek hizo unos doscientos
sondajes: lo suficiente para anunciar que tenía reservas de plata por 63
millones de onzas y una vida productiva de once años. Una mina chica, de 70
millones de dólares de inversión, treinta veces menor que los grandes proyectos
mineros en el Perú. De todos modos, iba a dar prosperidad a Huacullani, que
durante los estudios de prospección empezó a sentir los beneficios: algo de
empleo, un pequeño mercado de servicios.
Desde que se instaló en las montañas, Bear Creek
declara haber desarrollado 48 reuniones informativas con las comunidades. En
octubre del 2008, un grupo foráneo organizó una manifestación en contra suya en
su campamento, y destruyó y saqueó parte de sus oficinas. Después la compañía
no afrontó otro contratiempo, mientras el líder de los agresores, Hugo Llano
—por entonces admirador de Evo Morales y organizador de cumbres de pueblos
originarios— se volvía moderado y se alejaba de la conducción del movimiento
antiminero, que pareció entrar en un reflujo. Reapareció en febrero del 2011,
con una consigna y otro dirigente. La consigna era “No a la minería en Puno”. Y
el nuevo nombre Walter Aduviri, un agitador audaz, que hacía poco había
representado al distrito de Santa Rosa de Mazocruz para gestionar la
desaparición de la reserva Aymara-Lupaca. Hay un vacío en la biografía política
y profesional de Aduviri: se reclama aimara y no partidarizado y su discurso
afirma una soberanía étnica más que una ideología. El hecho es que se presentó
en Huacullani, en la audiencia pública del tercer Estudio de Impacto Ambiental
de Brear Creek, y conminó a los comuneros a rechazar el proyecto. Ingresó
acompañado del alcalde de Desaguadero, Juan Carlos Aquino, y de varios
dirigentes de otras comunidades, quienes también se expresaron contra la mina.
Eran extraños, una clara minoría. El auditorio no les hizo caso.
Hay un video de esta reunión, que muestra a los
asistentes de Huacullani conformes con el proyecto. Podría decirse de otro
modo: no había oposición. Es imposible saber, sin embargo, si la población
estuvo bien informada. El sistema de consulta de los estudios de impacto
ambiental es inadecuado, como opina un experto más adelante, así que una
comunidad puede aprobar algo que en realidad no sabe bien qué es. Por otra
parte, este estudio no previó las rivalidades entre Huacullani y las
comunidades próximas, especialmente con Kelluyo, con la que mantuvo de antiguo
una disputa territorial. Habría celos vecinales, por la desigualdad entre los
poblados en el reparto de los beneficios. En este contexto, la política minera
predicada por Aduviri como parte de una agenda política, sintoniza con el
sentimiento del perro del hortelano de quienes no tendrán el canon. Pero eso
aún no se percibía en el comienzo del año. Se apreciaba lo que mostró a la
audiencia pública: a las comunidades de Huacullani esperando que la mina Santa
Ana fuera explotada para mejorar su situación.
Las cosas se precipitaron rápidamente después de
aquella reunión. En Desaguadero hubo una asamblea de pobladores para considerar
la penetración de la minería en la zona, que ya contaba con la complacencia de
los de Huacullani. Desaguadero era un bastión del movimiento Raíces, que ganó
en primera vuelta las elecciones regionales, pero cuyo candidato, el rector de
la Universidad Andina, Juan Luque, perdió ante Mauricio Rodríguez en la segunda
ronda. Rodríguez había quedado en minoría en el Consejo Regional, y los de
Raíces estaban ávidos de hacerle sentir su poder. En la asamblea, se dijo que
el gobierno de Puno debía prohibir la actividad minera. Además, se divulgó una
grave acusación contra el presidente regional: Bear Creek se lo había llevado a
Canadá con gastos pagados y allí le lavaron el cerebro. Se había convertido en
traidor, en un hombre de las empresas mineras.
A mediados de marzo, Walter Aduviri se presentó en una
reunión del Consejo del Gobierno Regional de Puno y conminó a sus miembros a
aprobar una ordenanza que suspendía concesiones mineras en Puno y solicitaba al
Ministerio de Energía y Minas cancelar los títulos de Bear Creek en Santa Ana.
La presentó en su condición de dirigente del Frente de Defensa de los Recursos
Naturales de la Zona Sur de Puno. El cargo lo obtuvo en una asamblea de 1.000
personas en Lloroco, con buena parte de delegados llevados en camiones por el
alcalde de Desaguadero, el militante de Raíces Juan Aquino. Este frente y la
delegación de Raíces en el gobierno regional sincronizaban como un reloj.
Fueron los consejeros de Raíces quienes aprobaron el viaje de Rodríguez al
exterior —invitación de un proyecto peruano-canadiense para la reforma de la
minería— y transmitieron la información a sus detractores. Cuando llegó la
propuesta de Aduviri, la aprobaron de inmediato. Rodríguez no quiso firmarla porque
los gobiernos regionales no tienen competencia sobre proyectos de mediana y
gran minería. Era una ordenanza ilegal y demagógica.
Ahora bien, ¿qué era Raíces? Un movimiento fundado por
el ex alcalde de Puno Mariano Portugal, personaje con varias banderas y
acusaciones a cuestas. En julio próximo, juramentará como parlamentario electo
por Perú Posible, cuyas bases en Puno se opusieron a su candidatura. Antes de
fundar Raíces, estuvo con el fujimorismo y con Solidaridad Nacional. Varios
procesos judiciales abiertos en su contra, recuerdo de su paso por el sector
público, aún no conocen sentencia definitiva. La dirigencia de Raíces la
componen sus allegados y ahijados. Raíces ayudó al posicionamiento de Aduviri y
un grupo de dirigentes del sur que conforman el núcleo del movimiento
antiminero. A su vez, estos activistas apoyaron a Portugal en su campaña. Su
propaganda electoral era la única permitida durante las movilizaciones de abril
y mayo. Así las cosas, ¿es Portugal el jefe de Aduviri, y por lo tanto la eminencia
gris del llamado movimiento de los aimaras?
Realmente no. Aunque Aduviri necesita a Raíces para
operar en el gobierno regional, la bandera antiminera le es propia, y con ella
ya se convirtió en el líder político más importante de la región. Una causa es
que su prédica coincide con la crisis del actual sistema de concesiones. Por
diversos motivos, se ha deslegitimado e irrita en comunidades serranas como en
Ancón el puerto ya cancelado del grupo Romero. Otro motivo es el agravamiento
de los estragos que produce en la agricultura de Puno la minería informal,
aunque esta actividad no parece importarle mucho al dirigente. La minería es
invasiva y dañina: esa es la imagen que se vende agresivamente en la región.
Esto contrasta con el enorme potencial minero de Puno, muy escasamente
aprovechado. El 15% de su territorio está entregado en concesión, pero menos de
1% ha sido explotado, y las áreas exploradas son solo 0,56%.
El 30 de marzo, ante la negativa de Mauricio Rodríguez
a firmar la inútil ordenanza, Aduviri encabezó una marcha de sacrificio de
2.000 pobladores hacia Puno. Los había de Kelluyo, Desaguadero, Juli, Pomata,
Chucuito, Capazo, Yunguyo, el Collao, Acora y Zepita, pero no de Huacullani. Un
día antes, en la ciudad marcharon los estudiantes, docentes y autoridades de la
Universidad Nacional del Altiplano. Ellos recibían recursos del canon y estaban
a favor de la minería. Había llegado también a Puno una delegación de
Huacullani, sin marcha ni banderolas, para entrevistarse con el presidente regional.
—Ellos quieren que el proyecto Santa Ana se desarrolle
—informó luego Rodríguez—. Esto demuestra que la consulta debe ser muy amplia.
Los delegados de Huacullani, encabezados por su
alcalde Braulio Morales, hicieron saber a Rodríguez que ellos no participarían
en ninguna marcha contra la minería. El documento que dejaron en aquella visita
dice: “No estamos de acuerdo con manifestaciones en contra del desarrollo y
progreso de nuestro pueblo”. Concluye precisando que Santa Ana se encuentra en
su jurisdicción distrital y no en la de los manifestantes.
De estas cuatro expresiones, incluyendo a Rodríguez,
la de los comuneros de Desaguadero y alrededores era la más fuerte y la que
prevalecería. Tenían parte de la razón —la consulta debió haberlos involucrado
desde el comienzo, aunque la sabotearan—, pero sobre todo poseían la fuerza. El
6 de abril, por ejemplo, el presidente regional debía asistir en Juli a una
“mesa de concertación” previamente pactada, y no fue porque la policía le
advirtió que terminaría de rehén. Por supuesto, esta policía se declaraba
incapaz de protegerlo. Fuera cierta o no la celada, su ausencia contribuía a
reforzar la idea de una autoridad sin control de su territorio. En cambio, a
los comuneros se les temía. No solo podían parar la economía y el transporte de
una ciudad sino agredir físicamente. A su paso, en las marchas, podían amenazar
con sus chicotes a los periodistas si fotografiaban o escuchaban
conversaciones. Entre ellos mismos, de acuerdo con testimonios recogidos en
Puno para este informe, se estableció una disciplina inflexible: quien no
marchara hacia Puno con el grupo de manifestantes era multado con 30 soles
diarios, y podía sufrir el apedreamiento de su casa. Sus declaraciones públicas
eran terminantes: si no nos atienden, aténganse a las consecuencias.
Sin embargo, el presidente Rodríguez se mantuvo en sus
trece. El frente antiminero convocó a un paro contra el gobierno regional, el
25 y 26 de abril, que fue acatado parcialmente en el sur. Después se produjo
una huelga indefinida, con bloqueo del puente internacional de Desaguadero. La
presión se dirigía no solo contra el presidente regional sino contra el
gobierno, el único que podía decidir que no hubiera minería en Puno. Energía y
Minas aceptó negociar, y el 17 de mayo envió una delegación encabezada por el
viceministro Fernando Gala. En la sala de reuniones había unos setenta
representantes de los huelguistas. Al director general de Asuntos Ambientales,
Felipe Ramírez, no lo dejaron hablar.
Ramírez estaba diciendo que la población de Huacullani
aprobaba el proyecto Santa Ana. Narraba el armonioso desarrollo de la
presentación del estudio de impacto ambiental cuando comenzaron las pifiaderas
y protestas.
—Pero si usted estaba allí. Lo ha visto. Usted también
—dijo Ramírez, dirigiéndose a Aduviri y al alcalde de Desaguadero, Juan Carlos
Aquino.
Después de dos días de conversaciones, la ronda
terminó sin resultados. En vano el presidente regional, Mauricio Rodríguez,
accedió a firmar la ordenanza estéril, que anulaba declarativamente las
concesiones mineras, diciendo que lo hacía en contra de su voluntad y para
propiciar un entendimiento. Hubo otra reunión, igualmente infructuosa, en el
cuartel de Juliaca. El Ministerio de Cultura declaró la intangibilidad del
sagrado cerro Khapia —una demanda menor surgida en las negociaciones— y los
huelguistas rompieron la resolución en la Plaza de Armas de Puno.
Estas reuniones, por cierto, eran una farsa, porque
ambas partes sabían que no llegarían a ningún acuerdo. Aduviri mantenía una
demanda imposible y el Ministerio de Energía y Minas proponía decretos inocuos,
resoluciones que no podían afectar los derechos adquiridos de Bear Creek. Tras
el diálogo roto, el jueves 19 de mayo los huelguistas se replegaron a
Desaguadero, donde el viernes celebraron una asamblea. El lunes por la tarde,
regresaron a Puno y anunciaron el vandalismo a voz en cuello. “Si no hay
solución, haremos saqueo”, gritaban, en su marcha por las calles. Al día
siguiente, el diario Los Andes publicó la amenaza y los comercios cerraron.
Todos sabían lo que iba a pasar, sobre todo la policía.
A las cinco de la tarde del 26, antes del saqueo de
instituciones públicas, los comuneros cerraron las calles del centro de la
ciudad para que nadie pasara. Había locales señalados: una cinta negra de
plástico cruzaba sus fachadas. Los comuneros estaban organizados de forma que
los locales fueron atacados simultáneamente. A las 5:30, ya se veía humo en el
local de la Sunat. A las siete, todos se habían ido. Las fotos publicadas por
la prensa fueron tomadas después del vandalismo. En la Aduana, en las afueras
de la ciudad, el saqueo primero fue obra de los manifestantes y después corrió
a cargo de vecinos y delincuentes, hasta el día siguiente. La policía estuvo
dos días fuera de las calles.
—Son órdenes de Lima —le dijo un oficial a un
periodista amigo suyo.
La asonada se produjo a nueve días de las elecciones.
El 27, en Lima, el gobierno llegó a un arreglo con parte de los huelguistas: ya
no se entregarían más concesiones mineras en Puno. “Era un saludo a la bandera
—dijo una fuente del MEM para esta nota—. Casi todo lo concesionable se ha
entregado ya”. Aduviri desconoció estos acuerdos y logró que sus bases de
Desaguadero continuaran en huelga. Fue por entonces que celebró una entrevista
secreta con representantes de Ollanta Humala, el candidato que podía perder las
elecciones si Puno no votaba. El resultado fue que la huelga fue levantada y
los votos de la región hicieron su aporte a la victoria. Uno de los representantes
que participó en la reunión con Aduviri dijo para este informe:
—Aduviri es un hombre razonable. No entiendo por qué
lo consideran intransigente.
Después de las elecciones, las comunidades del sur de
Puno volvieron a la carga, y nuevamente el puente internacional de Desaguadero
volvió a ser bloqueado por huelguistas. El movimiento hizo reajustes con los
disidentes. El 30 de mayo, en el distrito rebelde de Huacullani, se celebró una
asamblea general de todo el movimiento antiminero, donde los principales
oradores fueron líderes de otras partes de Puno e incluso del Cusco. De esta
asamblea salieron los acuerdos que se concretarían en las paralizaciones de las
semanas siguientes, que continúan hasta hoy. Los comuneros asistentes del
distrito aceptaron sin resistencia la nueva orientación. Aceptaron también a su
nuevo vocero, Abraham Cauna, elegido por aclamación. El alcalde, Braulio
Morales, ya no estaba en la asamblea. Inauguró el evento y se retiró
silenciosamente.
En otros lugares de Puno, junto con la protesta
antiminera surgieron nuevas demandas y paralizaciones. En Carabaya hubo una
huelga general, con cierre de la carretera Interoceánica, para inhabilitar el
proyecto de la hidroeléctrica de Inambari, que inundaría 40.000 hectáreas
cultivables e implicaría la reubicación de 70 poblaciones. El gobierno apagó la
protesta cancelando “definitivamente” la concesión temporal a Egesur, aunque en
realidad el consorcio brasileño ya había culminado los estudios de factibilidad
para los que la solicitó. Como esta cancelación definitiva de un acuerdo
temporal que ya concluyó es un poco redundante, posiblemente los puneños hagan
otro paro al nuevo gobierno exigiendo la cancelación definitiva de la
posibilidad de que el proyecto resucite. Esto podría ocurrir si Egesur
reaparece con un Estudio de Impacto Ambiental para ser consultado a los
puneños, pero tal vez se tome su tiempo. Inambari es parte de un acuerdo
energético con Brasil que implica la construcción de otras cuatro centrales, y
forma parte del legado de dilemas que el gobierno de Ollanta Humala debe
afrontar dentro de un mes.
Hubo otros pasos por la inacción gubernamental ante la
contaminación de la cuenca del río Ramis. Esto se debe principalmente a la
minería informal, que en Puno es la principal expresión de la industria y que
no es combatida, pese a que hay 30.000 personas ejerciéndola. La fiscalización
le fue transferida al gobierno regional desde el 2008. Julio Misme, director de
Energía y Minas de Puno, dijo para esta nota que su dependencia carece de
movilidad, de equipos y de gente, y que ni un centavo de su presupuesto está
destinado a controlar los desechos tóxicos de la actividad. En la región hay
más de 250 pasivos ambientales que contaminan los ríos y que producen igual
número de conflictos. No se combate ni la prostitución infantil dentro de las
minas informales. Tampoco se lucha agresivamente contra el contrabando y el
narcotráfico.
—Puno necesita un paquete de medidas, nada de
disposiciones aisladas —dijo para esta nota un futuro miembro del gobierno
electo—. Pero aún no sabemos cómo debe ser.
Por un lado, el futuro gobierno estudia la
modificación del sistema de concesiones, creando un fideicomiso que contrataría
a las empresas que hacen los estudios de impacto ambiental, de forma que ya no
fueran un traje a la medida de los inversionistas. Las contratistas
auscultarían a la población y pedirían a las mineras estándares que resuelvan
sus preocupaciones. Pero tal vez el fondo del asunto en Puno no sea el derecho
de consulta. Tal vez tampoco lo sea el futuro de la minería o el progreso de la
región. Quizá lo fundamental que se juega allí es el cogobierno de Ollanta
Humala y sus ministros con un movimiento social dirigido por Aduviri.
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