Escribe : José Luis Ayala.
Lima 12 de agosto de 2011
Se ha venido a llamar maliciosamente “Ponchos rojos” a las autoridades democráticamente elegidas en las estancias, ayllus y comunidades campesinas aymaras. Se trata de personas mayores que son electas cada año para mantener la gobernanza y democracia de participación comunal, por lo que representan no solo a la tradición histórica, sino que son los vínculos y medios de entendimiento entre aymaras y el Estado Peruano. En algunas partes se les llama mallkus, en otros jilaqátas y cuando ese cargo asume una mujer se llama thalla. Mallku también se traduce al español como cóndor y jiláqata como persona de mayor autoridad, en algunos lugares también se le llama marani.
El uso del poncho wayruru (rojo) tiene que ir acompañado de un zurriago nuevo, una chuspa (morral) para llevar coca, alcohol, dulces, remedios y a veces flores del campo. Además de una vara de mando, un ch’ullo de vivos colores y un sombrero nuevo. En algunas comunidades del altiplano, dependiendo de los techos ecológicos y variedad de lana de alpaca, llama u oveja, el poncho es de color negro. Hay comunidades que ya no usan ponchos sino un terno azul, chalina blanca, zapatos y sombrero negro, por ejemplo en Huacullani. Allí los malkus no chajchan ni akullin coca, no tomar alcohol sino cerveza. Las asambleas son indistintamente en aymara o el español. Un mallku también puede ser iletrado, pero está obligado a invitar y gastar en las fiestas del calendario religioso cristiano, así como en el de la religiosidad aymara.
De acuerdo a la tradición y cultura aymara, todos los hombres están en la obligación de “pasar el cargo” una vez en la vida, nadie puede eludir porque es un honor y una responsabilidad que se practica hace miles de años. De allí es que cuando se moviliza una estancia, ayllu, un sector o una comunidad aymara, viene a ser un acto de democracia plena. Nadie manipula a nadie. No tener en cuenta estos valores democráticos y cultura participativa, es desconocer la otra realidad social y política andina, donde la democracia no necesita de entes paternalistas ni de ONPES que garanticen las elecciones de los mallkus o jilaqatas, llamados también tenientes gobernadores.
No cabe duda que el lenguaje oficial y periodístico ha cambiado pero no la forma del desprecio a la vida y a la cultura aymara. Cuando los nuevos censores dicen “ponchos rojos” quieren decir salvajes, iracundos, resentidos, amargados y hasta subversivos. Ese hecho es sumamente peligroso y es preciso no solo rechazarlo con indignación contundente, sino además señalar que los malkus o tenientes gobernadores no están ideologizados desde el punto de vista criollo y occidental. Señalarlos como agentes subversivos es desconocer una cultura democrática, la cual se sustenta en el voto y participación de cada una de las personas que viven en las comunidades.
Los aymaras durante el siglo XXI se enfrentaron valientemente al gamonalismo y a las malas autoridades mestizas como al Estado. Todo empezó con los “mensajeros” de Huancané y Chucuito. Candamo hizo lo que pudo y nombró como subprefecto de Juli a Teodomiro Gutiérrez Cuevas más tarde llamado Rumi maki. Quri sonqo. Pero no pudo nada contra una sociedad injusta, cruel e inhumana. Hasta que se produjo la fundación de la otra capital del Perú, la República Aymara del Tawantinsuyo con su capital Wancho Lima, Ciudad de la Nieve (1923). Carlos Condorena fue elegido presidente, se construyó escuelas y una ciudad que después fue arrasada desde cimientos. Nunca se supo cuántos aymaras murieron todo por tratar de liquidar un sistema colonial que lamentablemente dura hasta ahora.
Después de una terrible masacre, robo de ganado, incendios de casas y pillaje en la comunidad Wancho (Huancané), los gamonales denunciaron ante el juez de turno, haber sido víctimas de robo, saqueos e intento de incendio de Huancané. Demandaron a trescientas personas entre a ellas a muchas que fueron fusiladas a orillas del río Coca uta. Inmediatamente el juez ordenó la captura de los “cabecillas” y en tres meses llenó la cárcel de Huancané y Puno con personas probadamente inocentes y pobres. No tocó a ningún mestizo a pesar que convivía a diario con ellos.
El celebérrimo juez Enrique Gallegos, quien de joven había sido un revolucionario como profesor en San Carlos y formado como discípulo de Gamaliel Churata, durante más de cinco años no sentenció ni ordenó la comparencia de gamonales, con quienes compartía juegos de casinos, rocambor, fiestas, bailes, grandes comilonas y paseos a las haciendas. Habría que leer su tesis para recibirse de abogado en la Universidad San Agustín de Arequipa. Es un documento que pide “la liberación del indio del sistema gamonal y capitalista que lo oprime”. Cuando fue subrogado como docente de San Carlos a causa de sus ideales políticos, fue defendido por Churata y los alumnos pero así es, hay gente que cambia cuando llega al poder y se olvida de sus ideales.
Aunque todavía no hay una vergonzosa biografía de Juan de Dios Salazar y Oyarzával, se sabe que fue abogado, político y legüiísta acérrimo. Fue quien siendo diputado por Huancané, presentó en su Cámara un proyecto de amnistía, el mismo que fue inéditamente aprobado debido a la orden de Leguía. Solo así se salvaron de morir algunos dirigentes, pero muchos de ellos fallecieron de tuberculosis. Condorena fue torturado cruelmente en la cárcel de Huancané, pero fue defendido y sin duda se salvó debido a un abogado valiente y revolucionario, por un intelectual ejemplar como fue Manuel A. Quiroga.
Ahora que se ha iniciado un juicio contra los dirigentes aymaras de la huelga antiminera, se ha empezado por tratar de vincular a los malkus o tenientes gobernadores y dirigentes al terrorismo internacional. Es fácil imaginar que se trata de amedrentarlos, de atemorizar a quienes con razón se movilizaron para defender sus tierras y la vida de sus hijos. Además, Yonhy Lescano Ancieta ha demostrado que hubo una increíble festinación de trámites en el caso de la concesión de la mina Santa Ana.
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