HIPOCRECIAS EN LAS LUCHA IDEOLOGICA EN EL PERU

LA “DESIDEOLOGIZACIÓN”

COMO IDEOLOGÍA DEL PODER

Por: Jorge Luis Choque

L

a derecha internacional más radical utiliza la acusación de “terrorismo” para deslegitimar a quienes cuestionan sus intereses económicos y geopolíticos, compartiendo —al igual que el trumpismo y el nacionalismo autoritario— la lógica de dividir el mundo entre un “nosotros” legítimo y un “ellos” convertido en amenaza, un mecanismo que, según el filósofo Jason Stanley, caracteriza a la política fascista mediante el culto al líder, la promesa de restauración nacional y la construcción de enemigos como minorías u opositores (Stanley, 2018); dicha tensión quedó expuesta en la Asamblea General de la ONU, donde el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, rechazó la injerencia extranjera y advirtió que “Brasil no es patio trasero”, mientras que el mandatario iraní, Masoud Pezeshkian, afirmó que son víctimas y no terroristas, respaldando su denuncia con imágenes de niños asesinados por proyectiles en escuelas y polideportivos de Minab y Lamerd.

Esta matriz política encuentra eco en América Latina. En el Perú, durante las últimas campañas electorales, términos como “zurdo”, “rojo” o “terrorista” han sido utilizados para estigmatizar cualquier posición divergente, con la colaboración de medios y plataformas digitales que, en lugar de examinar las pruebas, reproducen etiquetas destinadas a producir miedo. El politólogo Steven Levitsky ha advertido que el autoritarismo contemporáneo no siempre destruye de inmediato las instituciones democráticas: puede conservar elecciones y parlamentos mientras manipula las reglas, captura a los árbitros y reduce las libertades civiles (Levitsky, citado en NPR, 2025). En ese contexto, la propaganda no es un elemento secundario, sino una herramienta para transformar a la oposición en una amenaza y convertir la concentración del poder en una supuesta defensa de la democracia.

Esta operación, se pone de manifiesto con el anuncio del Ministro de Educación, José Antonio Chang, de “desideologizar” el currículo escolar. La pretensión es contradictoria, pues, toda selección de contenidos supone una interpretación de la realidad y, por tanto, una determinada concepción de sociedad, ciudadanía e historia. Como ha señalado el historiador José Ragas, “no realmente” existe una educación sin ideología, porque toda enseñanza parte de una manera de comprender el mundo (Ragas, entrevista en La República, 2026). Aníbal Quijano explicó que la modernidad capitalista se constituyó junto con una clasificación racial y jerárquica de la población mundial; por ello, la supuesta neutralidad puede ocultar relaciones históricas de dominación (Quijano, 2000). La “desideologización” no elimina una ideología: impone la del grupo que pretende presentarse como neutral.

El problema se agrava cuando el Gobierno reduce el conflicto armado interno de 1980-2000 a la frase “hubo terrorismo sencillamente”: aunque esta reconoce los crímenes de Sendero Luminoso y el MRTA, omite las violaciones cometidas por agentes estatales. La Comisión de la Verdad y Reconciliación concluyó que Sendero Luminoso inició el conflicto y fue su principal responsable, pero también documentó ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, torturas y otros crímenes atribuidos al Estado. Carlos Iván Degregori nos recuerda, las heridas “no estaban cerradas” y la violencia golpeó sobre todo a poblaciones pobres, rurales, indígenas y jóvenes. Justificar el terrorismo y eximir al Estado de toda responsabilidad anula el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes.

La narrativa del supuesto “resurgimiento terrorista” cumple una doble función. En el plano internacional, permite presentar a determinados gobiernos, organizaciones sociales o movimientos de oposición como amenazas a la seguridad y justificar intervenciones militares. En el plano interno, sirve para criminalizar la protesta social y habilita la represión estatal. La advertencia de Stanley resulta pertinente: “la política fascista busca separar a la población entre un ‘nosotros’ y un ‘ellos’” (Stanley, 2018). Cuando la etiqueta de terrorista se aplica sin pruebas a cualquier adversario, la excepción reemplaza a la democracia y los derechos humanos pasan a ser tratados como obstáculos para el orden.

La ofensiva contra el Lugar de la Memoria, la interculturalidad y la diversidad forma parte de una disputa por controlar el pasado y legitimar una jerarquía social presentada como tradición nacional; por ello, la supuesta “neutralidad” curricular puede convertirse en una estrategia de reescritura histórica favorable al autoritarismo (Ragas, citado en La República, 2026; Lugones, 2008). El objetivo no es solo modificar los contenidos escolares, sino formar una ciudadanía sin memoria crítica y tolerante con la impunidad; frente a ello, corresponde defender los derechos humanos, la educación intercultural bilingüe, la libertad académica y la investigación histórica independiente, fortaleciendo desde la sociedad civil una cultura democrática capaz de examinar críticamente todas las versiones del poder.

Perú: 25/09/2026