miércoles, 27 de mayo de 2026

COMO NOS VEN DESDE EL EXTERIOR: ESPAÑA

PERÚ: ELECCIONES

AL FILO DE LA NAVAJA

Renzo Gómez Vega

Diario EL PAIS, may25

E

n su novela Al filo de la navaja, publicada en 1944, William Somerset Maugham retrató el drama interior de un individuo desalentado por el derrumbe del mundo en que vivía. El momento en que debió optar entre quedar atrapado en un pasado que ya no existía o saltar hacia un futuro imprevisible quedó grabado en el título de la obra. Dicha imagen pasó luego al uso coloquial para describir esa situación límite e inevitable frente a la que solo resta decidir, sin saber a ciencia cierta cuál será el resultado.

La escena política peruana de estos días muestra un dilema parecido. La primera vuelta electoral del pasado 12 de abril dejó unas elecciones empañadas por dificultades organizativas, retrasos, desánimo y hasta denuncias de fraude. Tras la borrasca electoral, la situación parece haber vuelto a la normalidad. Pero no a la normalidad de un clima de estabilidad democrática capaz de procesar unos comicios difíciles. Ocurre más bien lo contrario. Lo habitual en el Perú no es la vigencia de las instituciones y las reglas de juego democráticas, sino una crisis política permanente, acompañada de inestabilidad al límite y deterioro acelerado. Ese cóctel pone en riesgo hasta lo elemental. El funcionamiento mínimo de un régimen político basado en la legitimidad de la alternancia electoral, por ejemplo.

La segunda vuelta del próximo 7 de junio, zanjará unas elecciones sujetas a las reglas de juego impuestas por el Congreso, como parte de un pacto de mutuas conveniencias entre agrupaciones políticas coludidas para mantener el control del poder. El principal beneficiario es Fuerza Popular, agrupación heredera de la dictadura que encabezó Alberto Fujimori durante la década final del siglo pasado. Debido al modo de distribución de escaños, el fujimorismo obtendrá mayoría relativa tanto en diputados como en senadores. La novedad será la reinstalación de una cámara alta tres décadas y media después de haber sido suprimida por la autocracia fujimorista. Pero el nuevo senado no responde al objetivo de incrementar la representatividad, sino más bien al interés del fujimorismo y sus aliados para ganar cupos laborales y concentrar influencia política. Será un superpoder mediante el cual el Legislativo buscará seguir controlando a un Ejecutivo maniatado.

El telón de fondo es una crisis de representación endémica que ha derruido en gran medida el tejido de mediación política. La recuperación democrática de este siglo no cuajó en la instalación de un nuevo sistema de partidos. Estos terminaron reemplazados por redes políticas de distinto tamaño y orientación ideológica: redes obedientes al mandato de dueños y caudillos que resultan ser hábiles empresarios políticos empeñados en ganar poder y otros beneficios. Los partidos programáticos del pasado simplemente brillan por su ausencia.

La elección presidencial se definirá entre dos candidaturas contrapuestas que, en conjunto, acaban de conseguir menos del 30% del total de votos válidos en la primera vuelta. Keiko Fujimori, convertida luego de un conflicto intestino con su hermano en única dueña de la herencia electoral del exdictador, por cuarta vez consecutiva busca llegar a la presidencia. En realidad, controla muchas cosas desde 2016, cuando obtuvo 73 escaños parlamentarios de un total de 130, pasando a ejercer un poder desmesurado que desató una tremenda inestabilidad presidencial sin visos de acabar pronto. Perú exhibe el triste récord de haber tenido nueve presidentes en la última década, con solo dos elegidos directamente en las urnas. El manejo mafioso del actual Congreso muestra la cara inversa del fin del presidencialismo que caracterizó al Estado peruano desde su creación republicana, a inicios del siglo XIX.

La campaña fujimorista se basó en la promesa de recuperar el orden. En un país asolado por la criminalidad, la informalidad y la pérdida de confianza, dicho mensaje capitalizó la memoria de eficacia y mano dura vinculada a la imagen de Alberto Fujimori. Pero ese cóctel discursivo busca ocultar el legado de corrupción, autoritarismo y violaciones a los derechos humanos que dejó su régimen. Con su discurso del orden, Keiko Fujimori ha asegurado el pase a la segunda vuelta, junto al control de la primera de las minorías electorales actualmente existentes en la política peruana. En medio de la extrema fragmentación política, reflejada en 35 candidaturas presidenciales, el fujimorismo ha podido rearticularse y reaparecer con cierto aparato y presencia territorial. Sin embargo, también sigue generando fuerte oposición y rechazo, los cuales resultarán decisivos en la segunda vuelta.

La opción opuesta la encarna Roberto Sánchez, actual congresista de izquierda y exministro durante el gobierno de Pedro Castillo. Su candidatura proviene de la alianza pragmática de varios grupos de izquierda y nacionalistas interesados en alcanzar alguna cuota de poder. Jalando a su favor el respaldo popular que Castillo obtuvo en los comicios de 2021, consiguió irrumpir como sorpresa electoral, sacudiendo el tinglado político en el último tramo de la primera vuelta. Con buen cálculo electoral, Sánchez impulsa su campaña llevando el sombrero típico que Castillo exhibió en la elección anterior, ofreciendo liberarlo e impulsar un cambio de rumbo estructural en el país. Esto le permitió captar el voto provinciano, rural y campesino, en lo que ha sido visto como una repetición de los resultados electorales de 2021. Pero dicho voto no es una simple réplica de los resultados obtenidos anteriormente por Castillo.

El gobierno castillista fue una exhibición de falta de rumbo, ineficacia e improvisación, que debió enfrentar, además, la arremetida del Congreso. El triste corolario ocurrió el 7 de diciembre de 2022, cuando Castillo decretó un golpe de Estado que nadie obedeció, regalando a sus opositores del Congreso el motivo perfecto para destituirlo y enviarlo a la cárcel. Posteriormente, a pesar del descrédito de su gobierno, Castillo pasó a convertirse en una víctima, una suerte de mito movilizador que, desde los ojos de sus votantes, tiene que ser reivindicado en las urnas. El factor que explica esto se halla en la avalancha del pacto congresal que defenestró a Castillo, así como en el nefasto gobierno de quien fuera su exvicepresidenta y sucesora, Dina Boluarte. Prestándose a ser la herramienta de los enemigos de Castillo, Boluarte asumió la presidencia sin imaginar que ello desataría un estallido social de protestas en exigencia de su renuncia. La respuesta fue una represión estatal brutal causante de medio centenar de muertos, la gran mayoría de origen provinciano e indígena.

Roberto Sánchez
Tras pasar a la segunda vuelta, imitando a Castillo, Sánchez necesita ampliar el respaldo político que ya ha conseguido, articulando las expectativas de cambio y rechazo al fujimorismo y la derecha. Esto en medio de un escenario que muestra una fuerte fragmentación socio territorial del voto, pues con el derrumbe del sistema de partidos, las ánforas ya no expresan horizontes programáticos o partidarios, sino más bien expectativas subjetivas que mezclan temores y anhelos sobre el presente y futuro. La división territorial de las preferencias electorales muestra el empalme de las diferencias clasistas, étnico-culturales y políticas vigentes en la sociedad peruana. En Lima, la parte costera del Norte y la Amazonía urbana predomina un sentido conservador que busca mantener el modelo de desarrollo neoliberal, expresándose en el respaldo al fujimorismo y la derecha. En cambio, en las zonas rurales y provincianas, especialmente en el sur andino, prevalece una demanda de cambio y rechazo al fujimorismo, que se expresa en un voto contestario y de izquierda. Este clivaje socio territorial es el que definirá quién será el ganador en las elecciones.

El mayor perdedor de la primera vuelta ha sido Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima y candidato de extrema derecha, a quien Sánchez superó por poco más de 20 000 votos. Tras denunciar un presunto fraude, López Aliaga cuestionó a los organismos electorales y promovió movilizaciones para obligarlos a anular los comicios o realizar elecciones complementarias, donde se presentaron dificultades para instalar las mesas de votación. Su rabieta incluyó, además, la exigencia de anular el voto de centros poblados alejados de Lima, mayoritariamente rurales e indígenas. Esto evidencia el racismo y clasismo de la nueva derecha peruana, con el respaldo de parte de la élite empresarial y mediática, alarmada por los resultados de las urnas.

Puestas así las cosas la campaña de segunda vuelta recién parece activarse, faltando apenas dos semanas para los comicios. La interrogante que plantea el desempeño político ya conocido de Keiko Fujimori es hasta qué punto, y de qué forma, buscará concentrar el poder y dar nuevo impulso al modelo de desarrollo neoliberal autocrático legado por su padre. En el caso de Roberto Sánchez, la gran pregunta es si podrá llevar adelante sus promesas de cambio de ese modelo, sacudiéndose de sus antecedentes políticos pragmáticos e inescrupulosos, para asumir la representación de un bloque popular y de izquierda suficientemente amplio. Lo que queda de la democracia peruana parece sucumbir frente a dicho dilema. La polarización en las urnas, otra vez, refleja la encrucijada de unas elecciones situadas al filo de la navaja, entre el riesgo de la regresión al pasado autoritario o el simple salto al vacío. <-> 

PARA LA HISTORIA DE LA EDUCACIÒN EN EL PERU

 LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS, DECANA DE AMÉRICA[1]

Jorge Rendón Vásquez

L

a Universidad Nacional Mayor de San Marcos fue creada por la Real Cédula de Valladolid del 12 de mayo de 1551, a solicitud del Cabildo de Lima, al que representaron ante la Corona española con este fin el dominico fray Tomás de San Martin y el laico capitán Jerónimo de Aliaga. A esta decisión siguió el Breve (bula papal de extensión reducida) de Pio V del 25 de julio de 1571, reconociéndola.

Dede entonces ha funcionado ininterrumpidamente durante 450 años. Es la más antigua universidad de América y, de allí, la calificación de Universidad decana de América que le diera el ilustre historiador y profesor de esta casa de estudios Carlos Daniel Valcarcel.[2]

Luego fue creada la Universidad de México por la Real Cédula de Toro del 21 de octubre de 1551 y reconocida por la Bula de Clemente VIII del 7 de octubre de 1595. Sin embargo, esta Universidad fue clausurada por el decreto del 30 de noviembre de 1865, expedido a raíz de la invasión francesa de ese país, y reabierta es 1910 cuando fue refundada por el Presidente Porfidio Díaz.

La Universidad de Santo Domingo fue fundada por la Real Cédula de Toro del 23 de febrero de 1558, como Universidad Santiago de Paz dirigida por los jesuitas. Al lado de esta Universidad comenzó a funcionar otra, denominada Universidad Santo Tomás de Aquino, que pretendía haber sido creada por una Bula del 28 de octubre de 1538. No obstante, esta creación, no habiendo sido dispuesta por el Rey de España, careció de validez. Como entonces se había ya afirmado el poder real, el Papa Paulo III ordenó recoger todas las bulas, breves y otros documentos papales relativos a América que no hubiesen sido conocidos y aprobados por el Rey de España, y entre ellos la bula relativa a la Universidad Santo Tomás de Aquino, los que, por ello, fueron nulos y sin valor para las propias autoridades eclesiásticas. La Universidad Santiago de Paz fue cerrada al ser expulsados los jesuitas de América; y la Universidad Santo Tomas de Aquino, regida por las Constituciones de la Universidad de La Habana, tuvo que cerrar sus puertas en 1800 por la invasión haitiana de Santo Domingo y, aunque luego se le reabrió en 1814, fue clausurada definitivamente en 1823 por una nueva invasión haitiana. En 1914, el Presidente Baez de ese país creó la actual Universidad Republicana de Santo Domingo.

La Universidad de San Marcos fue una cuna de las ideas de libertad que llevaron a nuestro país a su independencia de España. A comienzos del siglo XIX absorbió a los Colegios Mayores: el Convictorio de San Carlos, cuyo local era la actual Casona del Parque Universitario, y el Colegio de Medicina de San Fernando creado por Hipólito Unanue. Luego, para distinguirse de los Colegios Menores (como luego el de Guadalupe), San Marcos quedo con la denominación de Universidad Mayor.

Fiel a su tradición republicana y libertaria, nuestra Universidad ha sido desde aquellos momentos un vivero de nuevas ideas, progreso y democracia, turbado por algunos intervalos de intervención por el Poder Ejecutivo a causa de esa vocación.


Más que por su antigüedad, por la calidad y el prestigio de sus profesores, San Marcos es hoy conocida en casi todo el mundo. Seleccionados por un examen de ingreso riguroso, sus estudiantes ofrecen un nivel intelectual elevado. Desde mediados del siglo XX, cuando empezaron a llegar a sus cátedras profesores no pertenecientes a los estratos sociales de gran poder económico y formados en sus aulas, San Marcos ha dejado de ser una universidad socialmente elitista. Es ahora un centro de estudios superiores de gran prestigio donde se forman profesionales de calidad y con una conciencia de renovación y democracia. <>

[i] Este artículo de Jorge Rendón Vásquez fue publicado en el libro Flexibilidad o derechos sociales, Lima, EDIAL, octubre 2001, en el que se trascribieron los estudios de Derecho del Trabajo y Seguridad Social presentados al Encuentro Nacional e Internacional de Derecho del Trabajo y Seguridad Social organizado por la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en homenaje a esta Universidad por el 450º aniversario de su fundación.

 2 San Marcos, la más antigua Universidad de América, Lima, Edit. Médica, 1950; San Marcos, cuna de la cultura peruana, Lima, Imprenta de la UNMSM, 1978. El Autor, Carlos Daniel Valcárcel, narra en ambas obras la historia de esta Universidad desde su fundación, respaldándola con documentos originales.

 


OPINION: EL CALIENTE CASO BOLIVIANO ACTUAL, DESDE VISIONES NO COMPROMETIDAS

 JULIÁN APAZA, EL WILLKA ZÁRATE Y EL MALLKU FELIPE QUISPE

Pedro Portugal Mollinedo*

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os bloqueos que van por su cuarta semana y que ponen en jaque al gobierno de Rodrigo Paz confunden en su caracterización a la mayoría de los políticos, analistas y estudiosos. Muchos los conciben como una manipulación política orquestada por Evo Morales en su afán por retornar al protagonismo político en Bolivia. 
Esta interpretación es la que tiene mayor difusión y es desarrollada tanto desde los medios de comunicación estatales como en los artículos de opinión de conocidos analistas independientes. Uno de estos, Diego Ayo, en un reciente artículo interpreta la exacerbación progresiva de las protestas como la “hiperradicalización” de la gente cercana a Evo, es decir, como el comportamiento cada vez más radical de los “soldados” de Morales.
​Indudablemente, Evo Morales y sus adláteres tienen mucho que ver con el curso actual de estos acontecimientos. Sin embargo, considerar que el actual movimiento indígena depende únicamente de ese impulso implica ignorar la propia historia del movimiento y su repercusión en el devenir de Bolivia.


​A lo largo de los períodos colonial y republicano de Bolivia, las sublevaciones y movimientos indígenas presentan regularidades y características compartidas que nos permiten determinar su naturaleza y prever ciertas dinámicas generales. La subversión de Julián Apaza, Túpac Katari, fue la más clara expresión de una guerra descolonizadora y un proyecto emancipador: expulsar al invasor ibérico e instaurar un gobierno propio en el que “solo reinasen los indios”, como lo expresó Bartolina Sisa durante la guerra de 1780–1781.
​Ese impulso descolonizador adquirió otra modalidad con el paso del tiempo. Al final, la expulsión del español la realizaron los hijos de los colonos y no los indígenas. Además, la naciente Bolivia no integró a los indios en su proyecto: la república fue, incluso, más discriminadora y opresiva que la anterior administración española.

​Es evidente que el indígena buscó instaurar sus derechos en ese nuevo contexto. El desenlace de la llamada Guerra Federal de 1898 en Bolivia fue favorable al bando de José Manuel Pando gracias al apoyo militar del Willka Zárate. Este, en su Proclama de Caracollo, señala que su lucha es por "la regeneración de Bolivia". En dicho documento, Zárate advierte que “...deben respetar los blancos o vecinos a los indígenas, porque somos de una misma sangre e hijos de Bolivia”. Sin embargo, una vez triunfante Pando, el aliado indígena fue ignorado y físicamente desaparecido.
​La contraparte boliviana no cumplió su compromiso; Bolivia continuó su afirmación estatal ignorando y reprimiendo al indio. Las grandes reformas, como la de 1952, se realizaron utilizando y “canalizando” el ímpetu indígena, y no mediante su participación autónoma: el capítulo emancipador de Laureano Machaca terminó siendo solo una nota –relevante, de todas maneras– dentro del gran relato del nacionalismo criollo boliviano.
​A principios del siglo XXI emergió en esta historia otro gigante: El Mallku aymara Felipe Quispe Huanca. Fue él quien reordenó la relación del State boliviano en torno al protagonismo indígena. Militante del Mitka, fundador luego de los Ayllus Rojos y del EGTK [Ejército Guerrillero Túpac Katari], y finalmente como secretario ejecutivo de la CsutcbB, Quispe trastocó el curso de la historia política de este país. Las caídas de los gobiernos de Hugo Banzer, Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa fueron fruto de su ímpetu político y militante.
​Sin embargo, Quispe no logró cosechar el fruto del poder debido a su elección estratégica: se inspiró más en Julián Apaza que en el Willka Zárate, en un tránsito histórico que exigía precisamente lo contrario.
​La consecuencia fue que un outsider de los inicios de esa época, Evo Morales Ayma, terminó desplazando a El Mallku aprovechando, sardónicamente, su impulso hasta llegar a la Presidencia de la república. Morales parece ser el beneficiario de una lógica histórica que logró imponerse soslayando la dicotomía Julián Apaza –Willka Zárate, merced a que el poder y la iniciativa real la tuvieron los criollos –encabezados por Álvaro García Linera– y no los indígenas.

​Lo que muchos analistas notan y remarcan (y se asustan) en los actuales bloqueos, no son las regularidades históricas, sino las anécdotas circunstanciales: que un dirigente indígena declare a la prensa: “Vamos a alfombrar la carretera La Paz-Oruro de cadáveres”; que un senador indígena indique públicamente: “...vamos a cambiar la Constitución Política del Estado, tenemos que reformarla para fusilar a estos ladrones políticos” o que otro de sus colegas aymaras en el parlamento apostrofe: “Ningún q'ara asqueroso va a meter bala a mi pueblo”. 
Las declaraciones son solo señales de un momento de indefinición de una población que retoma energías. Están en la disyuntiva de optar por el camino de Túpac Katari o el del Willka Zárate, más que en una pugna por satisfacer la libido de poder de Evo Morales.
​Es ese desasosiego coyuntural el que debería preocuparnos. Se trata de una confusión generada y alimentada por la irresolución del actual gobierno, que no supo responder a la expectativa de sus electores (entre ellos, la mayoría de quienes ahora protestan y bloquean ciudades y caminos) y que, lejos de asegurar un periodo de transición política, parece encaminado a la disolución de sus responsabilidades históricas.
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*Pedro Portugal Mollinedo es historiador boliviano, especialista en temática indígena

martes, 26 de mayo de 2026

PROCESO ELECTORAL PERUANO: ENFOQUES DE COYUNTURA

 CONTRA EL VOTO NULO O BLANCO

Diego Trelles Paz

D

ebo confesar que ahora que leo a señores blancos profesionales y respetados de Lima, como Ernesto de la Jara o Augusto Ortiz de Zeballos, por citar a dos, defender el voto nulo con un estoicismo digno del «que ya gobierne Keiko, qué me importa», recuerdo claramente la elección de 2016 cuando decidí votar, con pena y con asco, por otro señor blanco pero también gringo llamado Pedro Pablo Kuczynski, quien, a diferencia de Roberto Sánchez, era conocido como «el Presidente de lujo»

Del «Presidente de lujo» teníamos un historial de lobbismo tan robusto y sinvergüenza que uno no sabía por dónde empezar sin ruborizarse. El congresista Manuel Dammert, ya fallecido, lo investigó al milímetro.

Pero no era solo eso. Uno de los grandes problemas era que PPK, antes de pasar a segunda vuelta contra Keiko, había participado en un mitin de Alberto Fujimori y salía bailando en el estrado «El baile del chino». Y cuando pensaba que no iba a pasar a segunda vuelta, porque su campaña era pésima, no solo dijo ser «de izquierda» sino que, en plena campaña, se dejó agarrar los testículos frente a las cámaras por una de sus seguidoras como si esto hubiera sido espontáneo y no armado.

Vuelvo a pensar en mí y en tantos que estábamos en la disyuntiva de apoyar a una persona inescrupulosa y delincuencial como PPK y recuerdo bien ese instante en el cual me dije: «a la mierda: prefiero comer arsénico a votar por Keiko: votaré con asco contra el regreso de la dictadura y de la muerte».

Desde luego esa decisión que para mí fue muy difícil, terminó siendo natural, lógica y espontánea para esas personas de Lima que ahora nos dicen que «respeten su voto» y que «no les hagan bullying» porque, como dice Ortiz de Zeballos, se niegan a votar «por dos feas combis sin hoja de ruta y con llenadores»

Lo que hacen ambos: esa idea alucinada y deshonrosa de que Keiko y el fujimorismo que dirigen el «Pacto Mafioso» y controlan prácticamente todos los Poderes y organismos del Estado, es equiparable a Juntos por el Perú y a un Roberto Sánchez porque representan a Pedro Castillo (en serio, el post de De la Jara es vergonzoso, pero, normal nomás, porque no es el primero) no tiene ningún sentido.

Voy a citar a ambos:

Augusto Ortiz de Zevallos
Ortiz de Zeballos defendiendo a Jorge Nieto:

«Creo que Jorge Nieto acierta en negarse a votar por ninguna de estas dos feas combis sin hoja de ruta y con llenadores. Debilitar esas candidaturas caudillistas ayudará a que necesiten entender que no representan al 70% del país»

Ernesto de la Jara hablando desde la lógica del «mal menor»:

«¿La lógica del “mal menor” tiene límites? Para algunos sectores, no; para otros, sí”.

Explico mi posición: la vez pasada voté por Castillo, pero esta vez no lo haré»

Ernesto de la Jara
Desde luego me pregunto lo obvio: Cuando el «centro» (es decir la derecha en cualquier país del mundo salvo en el Perú) y la derecha no fujimorista tienen a un PPK en segunda vuelta (pese a todo lo que este señor tenía en la mochila) frente a Keiko Fujimori, ¿ahí ya no estamos hablando de «dos feas combis sin hoja de ruta»?

¿Y por qué es eso? ¿Porque PPK amigo es blanco y limeño y si se dejó tocar los huevos en un armani grosero y eso sí es chistoso (imaginen si Sánchez hace algo parecido e imaginen el Armagedón)?

    GRACIAS AUGUSTO, GRACIAS ERNESTO, CON VUESTRO
APOYO TENTARÈMOS JUNTOS EL TRIUNFO. ¡ORDEN!
Les voy a contar otra cosa que puede dar risa y también espanto en esta curiosa forma de equiparar dos candidaturas de una manera tan creativa y cínica cuando lo que puede pasar es, literalmente, que el Perú termine oficialmente bajo el poder absoluto de Keiko Fujimori, a quien solo le falta la presidencia para controlarlo todo.

La derecha histérica y violenta que tenemos y también las Fuerzas Armadas han dado múltiples muestras de que se puede dar tranquilamente un golpe de estado si gana Sánchez. Lo dijo Norma Yarrow con todas sus letras y lo corroboró el candidato a vicepresidente, Miki Torres, en una rarísima confesión televisada en la que aceptó que Fuerza Popular, el Congreso y la Fiscalía le dieron un golpe de estado al Castillo que tanto indigna al señor De la Jara. Lo dicho por Torres por cierto es admitir un delito por sedición y ahora mismo Juntos por el Perú ha presentado una denuncia contra él.

Pero no son solo ellos, no. El periodismo de la oligarquía te lo refriega sin roche. Es el caso del periodista Diego Acuña quien pidió abiertamente un «golpe de Estado democrático» por la supuesta trafa en las elecciones que no pudo probar el fraudismo y luego, dos o tres militares en retiro salieron a explicar el mismo término en los medios bajo la misma amenaza contra la democracia.

¿A quién defiende toda esta gente? ¿A Roberto Sánchez?

Por cierto, para quienes hayan visto el debate que ganó Juntos por el Perú, habría que pensar también en dos cosas:

1. Roberto Sánchez y Juntos por el Perú ya han dado el paso a distanciarse del plan de gobierno previo. Han dicho claramente que no habrá estatizaciones, que se respetará la autonomía del Banco Central de Reserva y que Julio Velarde sigue. Pero, desde luego, es un gobierno que entra a enderezar el desastre ampuloso que ha llevado a cabo este Congreso que, con la mayoría de votos de Keiko Fujimori en su bancada, se subió el sueldo tres veces, cambió la Constitución a destajo (por eso votamos sobre una sábana con 36 candidatos), pasó leyes pro crimen para proteger a los extorsionadores y se bajó las becas de los estudiantes peruanos sin asco, entre tantísimas cosas más.

2. El fujimorismo, por el contrario, se siente seguro y no promete cambiar nada (y si lo prometiera daría igual porque Keiko no ha respetado nada de lo que ha firmado, prometido, jurado en las tres veces previas que perdió). Son tan conchudos que llevan en el equipo técnico a una señora que también votó por bajarse el presupuesto para la Beca 18 de los jóvenes del Perú y comenzó prometiendo una mejor educación y más becas para los jóvenes si sale Keiko.

La única forma de detener esta desgracia es votando contra Keiko Fujimori y dando un voto estratégico a Roberto Sánchez, mientras se le apoya para hacerle frente al golpismo y al Congreso que querrá hacer de nuevo lo que Miki Torres describió con total sangre fría.

Esta gente cree realmente que el Perú le pertenece a la Lima pudiente. Tomar equidistancia como lo ha hecho el calculador sobrino de Montesinos [o sea, Nieto Montesinos] es darle el gobierno a la muerte del país que encarnan Keiko Fujimori y la mafia naranja que ya lo controlan en un 70%. <+>

lunes, 25 de mayo de 2026

GRANDES PINTORES PUNEÑOS

 ENRIQUE MASÍAS,

EL PIONERO

El espejo azul del lago, la extensión de la planicie y acaso el eco lejano de los sicuris fueron formando su alma de artista. Nunca fue a una escuela de arte, fue un absoluto autodidacta y se convirtió en el “Padre de la Pintura Puneña”. Hablamos de Enrique Masías Portugal, pintor que nació en Puno, en 1898. Provenía de una familia asentada en Arequipa, vínculo que también le ayudó a madurar tempranamente como artista. Cuando aún era un adolescente, se trasladó con sus padres a la ciudad mistiana, la misma que se convirtió en motivo de muchas de sus pinturas.

Calle de los puentes
En Arequipa, la vida arreciaba y se vio en la necesidad de ayudar económicamente a sus padres. Ingresó a trabajar como ayudante en el estudio fotográfico de Max T. Vargas, en donde aprendió el arte de la imagen. En 1915 participa en el concurso de fotografía organizado por el Centro Artístico Cultural de la Ciudad Blanca, en donde también se presentó Martín Chambi. Pero Enrique Masías Portugal ganó el primer premio. Sin embargo, dejó la fotografía para dedicarse a la pintura. Sus pinceles recogieron los hermosos paisajes del altiplano, en el que fue un pionero; pintó callejas, el frontis e interiores de casonas con una fuerza impresionista cuyos colores quedan vibrando en las retinas.

Se ha dicho que en sus primeras obras aún no se definía su estilo, pero en ellas ya estaban los elementos que lo llevarían a ser uno de los grandes de la plástica puneña. En 1921 expuso en Lima, pero después, en 1922, lo hace por primera vez en Puno. Tenía 23 años de edad. La muestra se realizó en el Salón de Actos de la Sociedad Fraternal de Artesanos de Puno, con ocasión del Centenario de la creación Política de Puno.

Los visitantes admiraron obras como “Balseros del Titicaca”, “Patio del Conde Lemos”, “Chullpas de Sillustani”, “Chullpas de Cutimbo”, concebidas en colores vibrantes que poco gustaron a Gamaliel Churata: “Enrique Masías es amigo de las calles ruinosas, su pintura tiene sentimiento arequipeño, es neurótica, abigarrada, el color produce vértigo”.

Patio de casona arequipeña
Pero la fama Masías Portugal no dejó de crecer. En Lima la revista Mundial y Variedades difundían sus obras. Entonces, el artista, empujado por su alma nómade, empezó a realizar viajes al extranjero: Bolivia, Argentina, Uruguay y España. Como se ha dicho, “Masías llevaba el Sol en la cabeza y la tempestad en el corazón”. Después de su periplo europeo, regresó al Perú en 1927, para luego viajar a Río Janeiro, Brasil, en donde, en 1928, falleció. Tenía 30 años de edad. Su existencia fue fugaz, pero dejó un legado a larga que el grupo Laykakota en los años 30 continuó. El gran artista arequipeño Teodoro Núñez Ureta lo recuerda así: “El Pintor Masías era un tipo alto, moreno, triste al parecer, melenudo, de labios gruesos; me daba la impresión de un personaje salido de una postal de su tiempo”.

Su genio abrió nuevas puertas. <+>

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Fuente: BRISAS BOLETÍN AÑO I - N° 5 - Mayo 2026

OPTICAS SOBRE EL PROCESO ELECTORAL PERUANO EN MARCHA

 LA DICTADURA DEL CAOS:

EL VERDADERO "ORDEN" DE KEIKO FUJIMORI

Por: Jorge Luis Choque

A

unque cualquiera pensaría que tres derrotas consecutivas en segunda vuelta y sus respectivos berrinches por supuestos "fraudes" convierten a Keiko Fujimori en una perdedora profesional, reducirla a eso es no entender el verdadero negocio de un fujimorismo que no necesita ganar la presidencia para secuestrar y gobernar al país desde la sombra. Así, mientras en campaña sacan a pasear el "orden" y la mano dura como la solución definitiva contra la delincuencia y la crisis económica, su verdadera hoja de vida demuestra que esa supuesta estabilidad es, en realidad, una dictadura del caos fríamente calculada: una demolición institucional diseñada no para salvar al Perú, sino para garantizar que la cúpula del partido jamás termine en Barbadillo.

El mito del orden fujimorista se desmorona en las urnas, donde Keiko aplica una curiosa democracia: si gana, es justicia; si pierde, es un "fraude". Ante el rechazo mayoritario, el fujimorismo activa de inmediato su protocolo del caos: denunciar conspiraciones inexistentes con firmas falsas, incendiar la pradera y polarizar el país hasta hacer temblar la economía.

En el año 2016, la ciudadanía, en un arranque de generosidad, le regaló una aplastante mayoría de 73 congresistas. ¿El Perú obtuvo orden? Por supuesto que no; obtuvo una demolición en vivo y en directo. Uso el Parlamento como su arma de venganza personal, se dedicó a demoler al Ejecutivo hasta que forzó la renuncia de un presidente electo (PPK). Su filosofía es: si Keiko no se sienta en el sillón presidencial, entonces rompamos el sillón, rompamos la sala y que no haya país para nadie.

El libreto fujimorista en el Congreso ya es alta comedia negra. Hay que ser bien hipócrita para llorar por la inseguridad en los medios mientras se aprueban leyes que dejen trabajar tranquilos a los delincuentes. Desarmar a la policía y castrar a la fiscalía es la solución perfecta: si nadie investiga, el crimen no existe. El "orden" de la impunidad. Lo que el fujimorismo vende como "principio de autoridad" es la ley del embudo en su máxima expresión: impunidad total y VIP para los de arriba, y que el ciudadano de a pie se defienda como pueda con su celular en la mano.

El descontrol no es un error de cálculo, sino un diseño. Mientras la ciudadanía vive aterrada por la delincuencia, el fujimorismo aprovecha el pánico para saquear las instituciones y capturar el TC, la JNJ y la Defensoría. Con el país distraído, modificaron la Constitución para imponer la reelección congresal y un Senado que nadie pidió, coronando la faena con amnistías para el ayer y blindajes para el hoy. Al final, en río revuelto, el "Caso Cócteles" se archiva sin hacer ruido.

El romance con Dina Boluarte es el monumento fujimorista al cinismo. Le pusieron un chaleco antibalas judicial a un gobierno que acumulaba cadáveres, demostrando que su concepto de "paz social" encaja perfectamente en una fosa común. Con una empatía conmovedora, la bancada llamó "terroristas" a los caídos para transformar la brutalidad estatal en un patriótico acto cívico. El orden de los cementerios.

Su concepto de estabilidad económica es tener un país sumiso, con la prensa libre arrinconada por denuncias, donde se les niega un sueldo mínimo digno a los trabajadores bajo el sacrosanto pretexto de la "austeridad". Eso sí, la austeridad es para los vulnerables; para el Congreso hay bonos navideños, aumentos de presupuesto y compras de aviones de guerra para combatir enemigos imaginarios. Es el populismo VIP financiado con los impuestos de la gente que ellos mismos empobrecen.

Al final, el voto por Keiko Fujimori es la renuncia voluntaria al futuro. No hay orden en un modelo que carcome el Estado por dentro, ni hay seguridad en un proyecto que históricamente desprecia la vida humana y premia al corrupto. Su verdadera oferta no es el fin del caos, sino su institucionalización. Permitir que esta dinastía recupere el poder supremo sería la rendición definitiva de nuestra dignidad; la prueba trágica de que como país hemos aceptado normalizar el miedo como disciplina y el blindaje criminal como justicia.
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viernes, 22 de mayo de 2026

OPINIONES SOBRE LA REALIDAD POLITICA EN EL PERU

 LA INQUISICIÓN DEL SIGLO XXI:

EL TERRUQUEO

Por: Jorge Luis Choque

Perú: 22/05/2026

E

n la arena política contemporánea, la palabra ha dejado de ser instrumento de persuasión para convertirse en arma de aniquilación simbólica. Lo que en el Perú denominamos "terruqueo" no es un exabrupto de ignorancia ni un fenómeno aislado: es una táctica política sofisticada, diseñada para blindar el privilegio económico y deslegitimar cualquier intento de cuestionar el orden establecido.

El “terruqueo” opera como estrategia de cercamiento ideológico. Consiste en asignar etiquetas de "terrorista", "comunista" o "rojo" a cualquier actor que represente obstáculo para los intereses de las élites. Como bien señalan Steven Levitsky y Daniel Ziblatt en su anatomía sobre la degradación democrática (How Democracies Die, 2018): "El objetivo no es solo ganar un debate, sino deshumanizar o desautorizar a quienes protestan para reducir el costo político de reprimirlos".[1]

Esta inquisición mediática oculta una paradoja cínica que el periodista René Gastelumendi ha denominado la "derecha roja". Mientras los sectores conservadores agitan el fantasma del comunismo para aterrar al electorado, sus representantes en el Congreso —Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Popular— actúan bajo la misma lógica destructiva que dicen combatir. En una alianza contra natura con bancadas de izquierda radical, han dinamitado la institucionalidad financiera del país.

La eficacia del “terruqueo” reside en su capacidad para actuar como cortina de humo: mientras el ciudadano común se distrae odiando al "enemigo rojo", esta coalición del gasto aprueba leyes técnicamente inviables que generan un forado económico de S/ 37.000 millones anuales. Es el populismo más rancio disfrazado de patriotismo.

Como advierte el Consejo Fiscal en 2026, el "modelo" que juran proteger está siendo asesinado desde adentro por sus supuestos guardianes, quienes ignoran sistemáticamente las advertencias técnicas del MEF para priorizar el cálculo político y el reparto de bonos.[2]

Cuando una demanda básica —agua, justicia ambiental o derechos laborales— es etiquetada como "amenaza subversiva", el foco de la discusión pública se desplaza de la justicia social hacia la seguridad nacional. Bajo esta premisa, el Estado justifica el uso desproporcionado de la fuerza.

Lo irónico es que esta misma "derecha roja" que “terruquea” al sindicalista o al campesino es la que, ha destruido la meritocracia; ha debilitado el mercado de capitales; y, ha disparado la deuda pública hacia proyecciones alarmantes del 70% del PBI para 2036.

El Perú no es el único laboratorio de esta táctica. Como explica la politóloga Wendy Brown, existe una tendencia global de las derechas radicales para convertir el desacuerdo democrático en problema de "orden público"[3]. Como revelan la historia de la inteligencia y los archivos desclasificados, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos ha estructurado, financiado y legitimado el motejar a opositores como "comunistas" como una pieza central de su estrategia anticomunista regional. No se trata de un debate ideológico altruista, sino de una guerra psicológica diseñada para inclinar procesos políticos hacia líderes funcionales a Washington y, fundamentalmente, a los intereses del gran poder económico nacional e internacional.

Aunque hoy parezca absurdo acusar a Haya de la Torre o a Belaunde de comunistas, la difamación histórica justificó persecuciones feroces. A Haya lo tildaron de "subversivo" y a su partido de "agente moscovita" para avalar su exilio y el fusilamiento de 5,000 apristas en Trujillo [4]. A Belaúnde lo llamaron "comunista" por plantear la reforma agraria, bajo el cínico eslogan odriísta: "Exdictador militar sí, Belaúnde comunista no" [5].

La advertencia de que "seremos como Venezuela" es el guion de una farsa. El verdadero peligro no es una doctrina externa, sino una clase política que utiliza el miedo moral para saquear el futuro.

El “terruqueo” no es el escudo de la democracia: es su verdugo. Es una herramienta de distracción masiva para que el país acepte con resignación un Congreso que nos cuesta más de S/ 1,700 millones al año mientras asfixia el crecimiento nacional.

Para estos "salvadores del sistema", ser tildado de “rojo” o “comunista” parece ser un estigma mucho más imperdonable que poseer un prontuario de corrupto, acosador o traidor confeso. Es lamentable su escala de valores: cuestionar sus prebendas es un sacrilegio, mientras que ser un clasista, sexista o un incompetente oportunista se reduce a un simple "error de gestión" que se purifica en el Tribunal Constitucional, cuando no en el Congreso.

La historia no la escriben los que insultan ni los que legislan en beneficio de sus prebendas bajo el disfraz de la libertad. La historia la escriben los pueblos que se atreven a caminar con dignidad, desenmascarando a quienes, en nombre de salvar el sistema, terminan por destruirlo.

Referencias:

[1] Levitsky & Ziblatt, How Democracies Die (2018)[1]

[2] Consejo Fiscal, 2026[2]

[3] Wendy Brown, politóloga[3]

[4] Persecución a Haya de la Torre y el APRA[4]

[5] Campaña odriísta 1962-1963 contra Belaúnde[5]

ALTOPERUANOS EN PIE DE LUCHA

 EL PUEBLO DE BOLIVIA

MARCA EL CAMINO

 Bolivia vuelve a ocupar el centro de la escena latinoamericana. Lo que comenzó como un rechazo a medidas económicas de ajuste terminó convirtiéndose en una crisis política integral que hoy pone en discusión no solo la continuidad del presidente Rodrigo Paz Pereira, sino también el rumbo económico y social de todo el país. Las calles de La Paz, El Alto y las carreteras bloqueadas del altiplano expresan mucho más que un reclamo sectorial: expresan el choque entre dos proyectos de país.

Por LA ALAMEDA 20 mayo, 2026

 El origen del conflicto: ajuste, privatización y traición electoral

La chispa que encendió la actual rebelión fue el Decreto Supremo 5503, mediante el cual el gobierno eliminó los subsidios a los combustibles. El resultado fue inmediato: aumentos de hasta un 162% en el precio del diésel y la gasolina, disparando el costo de vida y profundizando una inflación ya fuera de control.

Pronunciamiento popular bajo el cielo collavino
Rodrigo Paz Pereira justificó la medida afirmando que el Estado ya no podía sostener subsidios que consumían miles de millones de dólares anuales. Pero para millones de bolivianos el problema no fue solamente económico. Lo que explotó fue la sensación de una profunda estafa política. El gobierno llegó prometiendo estabilidad y diálogo, y terminó aplicando un programa clásico de ajuste neoliberal: reducción del gasto público, apertura al capital privado y señales de privatización en sectores estratégicos como hidrocarburos, litio y servicios públicos.

La población percibió rápidamente que detrás del discurso de “modernización” se escondía una transferencia de riqueza desde las mayorías populares hacia las élites financieras y empresariales. Bolivia, un país con una larga memoria de luchas contra el saqueo de recursos naturales, reaccionó con fuerza.

El impacto social: hambre, inflación y desesperación

Las consecuencias sociales del ajuste fueron devastadoras. El aumento de combustibles impactó directamente en los precios de alimentos, transporte y productos básicos. La escasez de dólares paralizó importaciones, debilitó la actividad productiva y generó incertidumbre generalizada.

En los barrios populares de El Alto y La Paz, la bronca creció a medida que las familias perdían capacidad de compra y comenzaban a faltar alimentos y medicamentos. Mientras tanto, los sectores empresariales exigían “mano dura” para despejar rutas y garantizar exportaciones.

La crisis dejó al descubierto una contradicción brutal: mientras el gobierno hablaba de equilibrio fiscal, el pueblo hablaba de supervivencia.

Las organizaciones populares y la conducción de la resistencia

La rebelión boliviana no surgió espontáneamente. Tiene organización, historia y conducción política y sindical. La Central Obrera Boliviana (COB), encabezada por Mario Argollo, pasó de exigir aumentos salariales y soluciones económicas a reclamar directamente la salida del presidente.

Mallcus, listos
Junto a la COB aparecen actores históricos del movimiento popular boliviano: los Ponchos Rojos, organizaciones campesinas, sindicatos mineros, maestros rurales, transportistas y movimientos indígenas del altiplano.

Dirigentes como Jaime Condori y Bernabé Gutiérrez Paucara se transformaron en referencias de la resistencia territorial, especialmente en los bloqueos y cercos sobre La Paz. La llamada “Marcha por la Vida” unificó distintos sectores sociales bajo una consigna común: detener el ajuste y derrotar al gobierno.

Detrás de esta articulación también aparece la influencia política de Evo Morales, quien conserva fuerte inserción en sindicatos campesinos y cocaleros, aun en medio de la persecución judicial y las órdenes de captura impulsadas por el oficialismo.

Del reclamo económico al “que se vaya”

Toda gran rebelión popular tiene un punto de inflexión. En Bolivia, ese momento llegó cuando amplios sectores dejaron de reclamar solamente medidas económicas y comenzaron a exigir la salida del presidente.

La lógica popular fue simple: si el ajuste es inseparable del gobierno, entonces el problema ya no es una ley o un decreto, sino el poder político que los sostiene.

La represión aceleró este proceso. Las muertes de manifestantes, las detenciones masivas y la judicialización de dirigentes sindicales radicalizaron el conflicto. Lo que inicialmente era una protesta contra el aumento de combustibles terminó convirtiéndose en una crisis de legitimidad del régimen político.

Profesores y masivo apoyo del pueblo
La fractura en el poder: el vicepresidente rompe con Paz

Uno de los elementos más explosivos de la crisis es la ruptura interna en el gobierno. El vicepresidente Edmand Lara tomó distancia pública de Rodrigo Paz y pasó a respaldar abiertamente las movilizaciones.

Lara denunció la represión, cuestionó las medidas de ajuste y llamó a abrir un diálogo sin condiciones. Pero su movimiento no es solamente moral o institucional: expresa una fractura real dentro del bloque de poder.

En Bolivia, históricamente, las divisiones en las fórmulas presidenciales han anticipado cambios de ciclo político. Lara parece intentar construir una alternativa apoyándose en el desgaste del presidente y en la presión popular de las calles.

La posibilidad de una sucesión constitucional ya no parece una hipótesis lejana.

Estados Unidos, Israel y la derecha regional cierran filas con Paz

El respaldo internacional al gobierno boliviano no es casual. Estados Unidos ve en Rodrigo Paz Pereira a un aliado estratégico para consolidar un giro conservador en la región y garantizar condiciones favorables para las inversiones privadas y el control de recursos estratégicos.

En ese marco, Washington denunció las protestas como un intento de “desestabilización”, mientras gobiernos de derecha de la región cerraron filas con La Paz. También crecieron las denuncias sobre apoyo logístico externo para reforzar los aparatos de seguridad bolivianos particularmente de parte del gobierno de Milei.

El alineamiento geopolítico es evidente: detrás de la defensa del gobierno no solo está la preocupación por la estabilidad institucional, sino el temor a que Bolivia vuelva a convertirse en un ejemplo de resistencia popular contra el neoliberalismo.

Presidente Paz: Empezó aplicando neoliberalismo salvaje
El miedo al efecto contagio

Ese es el verdadero fantasma que recorre a las derechas latinoamericanas. Si el pueblo boliviano logra derrotar un programa de ajuste mediante la movilización popular, el impacto regional podría ser enorme.

En un continente atravesado por inflación, endeudamiento, pérdida salarial y políticas de ajuste, Bolivia puede transformarse en una referencia política para otros pueblos que también enfrentan ataques contra sus condiciones de vida.

Por eso las élites económicas observan con preocupación cada bloqueo, cada marcha y cada señal de debilidad del gobierno. No temen solamente perder Bolivia: temen que el ejemplo se multiplique.

Los posibles escenarios

Hoy Bolivia parece encaminada hacia tres posibles desenlaces.

El primero es una salida institucional mediante la renuncia de Rodrigo Paz y la asunción del vicepresidente Edmand Lara, quien buscaría desactivar el conflicto restituyendo subsidios y frenando privatizaciones.

El segundo —y quizás el más probable— es una larga guerra de desgaste. El gobierno apuesta a quebrar la resistencia popular mediante el desabastecimiento, el cansancio y la presión económica. Los movimientos sociales, por su parte, buscan volver ingobernable el país hasta forzar la caída presidencial.

El tercer escenario es el más peligroso: una salida represiva abierta mediante estado de excepción y militarización total. Ese camino podría derivar en una espiral de violencia con consecuencias imprevisibles para Bolivia y toda la región.

Un punto de inflexión para América Latina

La lucha boliviana excede las fronteras nacionales. Lo que está en juego es una discusión mucho más profunda: quién paga las crisis económicas y quién controla los recursos estratégicos de nuestros países.

El pueblo sufre
Si el pueblo boliviano logra frenar el ajuste y derrotar un proyecto de saqueo neoliberal, se abrirá una nueva etapa política en América Latina. No porque Bolivia tenga una solución mágica, sino porque demostraría algo fundamental: que incluso en condiciones extremadamente difíciles, los pueblos organizados pueden enfrentar a gobiernos respaldados por las grandes potencias, los grupos económicos y los aparatos represivos.

Bolivia vuelve a recordarle al continente una vieja verdad latinoamericana: cuando los pueblos se ponen de pie, ningún poder parece eterno. <:>