EL PANORAMA ELECTORAL EN EL PERÚ
Por Jorge
Rendón Vásquez
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n el Perú, como en los otros países con
democracia real o solo formal, nos hemos habituado a votar en los procesos
electorales convocados cada cierto tiempo por las burocracias encargadas de
organizarlos. El acto de votar es una obligación y un derecho de cada ciudadano
de máxima importancia para la sociedad, porque por él se elije a los
integrantes de los órganos legislativos y de gobierno del Estado. Su fundamento
es la igualdad de todas las personas ante la ley y su decisión de mantenerse
asociados con ciertas obligaciones y derechos por el pacto social formalizado como
la constitución política. Por ese acto delegan las funciones de legislar y
gobernar que ellos no podrían ejercer por sí mismos.
Sin embargo, a
pesar de su importancia, no todos los ciudadanos piensan del mismo modo sobre el
acto de votar. Para algunos, muy pocos, conocedores de la organización del
Estado y los requerimientos de la sociedad, su necesidad es absoluta y
seleccionan racionalmente a los candidatos que compiten; para otros, con menos
conocimientos de la organización política y de lo que se puede hacer por la
sociedad desde los órganos del Estado o por cierta predisposición, por lo
general inducida, su voto es un instrumento de adhesión a ciertos candidatos; y
para otros, la mayor parte, votar es simplemente una obligación legal y la manera
de expresar los condicionamientos de la propaganda electoral.
Esta diferente
manera de situarse frente a los procesos electorales es una manifestación de
nuestra evolución política y podría ser esquematizada en un gráfico de forma
piramidal.
Composición de la población como base de la
política
Desde la conquista
de nuestro país por los españoles en el siglo XVI, la población peruana se ha
estratificado en tres grandes grupos conformantes de determinadas clases
sociales caracterizadas por su poder económico y esquemáticamente agrupadas en
una pirámide.
A continuación se
estratifican las clases con un poder económico bastante menor y con una parte
de sus sujetos con cierta formación cultural y profesional, sometidas a las
clases altas o con el rol de sus intermediarias en los aspectos económico,
político y cultural. Inicialmente, este grupo estuvo formado por individuos
blancos que habían perdido su riqueza, por inmigrantes de origen europeo y
luego por integrantes del tercer grupo, mestizos, indios y negros, que se
promovieron económica y culturalmente por la educación, la formación
universitaria o la acumulación de cierta cantidad de riqueza. La mayor parte de
estas clases reside en las ciudades y, si es blanca o de rasgos blancos, desdeña
a los grupos indios, mestizos y de color más o menos ostenciblemente.
En la base se
extienden las clases trabajadoras urbanas y rurales, casi todas constituidas
por personas mestizas, indias y de otros tipos raciales de color, con un poder
económico reducido que les permite la subsistencia y, según su formación
profesional a medida que el sistema capitalista se expande, poseedoras de un
nivel de vida algo más elevado y cierta posibilidad de promoción social por la
educación y la formación universitaria. Estos grupos fueron excluidos del
derecho de votar en las elecciones, primero directamente y luego con la
exigencia de saber leer y escribir inalcanzable para ellos porque hasta fines
del siglo XIX eran analfabetos. Desde ese momento, a medida que la educación
primaria se hizo obligatoria y pudieron leer y escribir, obtuvieron el derecho
de votar. Finalmente, la Constitución de 1979 eliminó este requisito para el
ejercicio pleno de la ciudadanía.
Tras la
instauración de la República en nuestro país, hace 200 años, todos estos grupos
sociales deberían haber participado en la formación de las entidades
legislativas, de gobierno y judiciales, como práctica de las nociones de la
igualdad de todos ante la ley y del contrato social que fueron los fundamentos
de la república y la democracia a las que entonces se accedía. No sucedió así,
sin embargo.
En primer lugar, porque la independencia y la república no fueron la obra de esos tres conglomerados sociales, sino, sobre todo, de ejércitos procedentes de Argentina, Chile y la Gran Colombia que vinieron al Perú a extinguir el poder de España en América del Sur, cuyo centro era Lima, y asegurar así definitivamente la independencia de sus países. Tales grupos contaron con el apoyo económico y logístico de Inglaterra que se había propuesto extender su comercio e influencia sobre el continente americano. En segundo lugar, porque el poder de mandar en la sociedad y el Estado fue asumido por las familias del grupo oligárquico y blanco.
El primer paso en la conformación electoral en el Perú fue la elección por los notables de Lima, integrantes del primer grupo mencionado, de quienes habrían de conformar la primera asamblea constituyente por decisión de San Martín tras declarar la independencia del Perú el 28 de julio de 1821. Luego que los ejércitos libertadores se retiraron del Perú la exclusividad de ese grupo en la formación de los poderes del Estado y su burocracia continuó de manera absoluta durante el siglo XIX con una característica: reproduciendo su tradición en la época de la colonia no pudo crear una elite intelectual que aspirara a la formación estable de un movimiento político con un proyecto económico, social y cultural para nuestro país. Sus integrantes se conformaron con seguir su estilo de vida fácil basado en la explotación de los esclavos, siervos y otros trabajadores sometidos y humillados hasta la degradación y en esquilmar los recursos naturales del Estado. Por lo tanto, para el ejercicio del gobierno de nuestro país se atuvieron, en un primer momento, a los caudillos militares y luego a los caudillos civiles. A partir de la creación del partido Civil por Manuel Pardo y Barreda, uno de los suyos educado en Chile y España, este grupo se adhirió a ese partido que gobernó de 1872 a 1879 y de 1895 a 1919. Augusto B. Leguía, un profesional quien gobernó como uno de los suyos de 1908 a 1912, se apartó de ellos durante su gobierno de 1919 a 1930 con su partido Patria Nueva para iniciar a nuestro país un período de economía capitalista más dinámico. El partido Civil desapareció y, después, el grupo oligárquico, que ya no se interesó en la organización de un partido propio, prefirió utilizar a caudillos militares y civiles, a ciertos partidos políticos y, luego, a aventureros de la política.
El período de los partidos políticos en el Perú
se prolongó en el siglo XX con nuevas creaciones afirmadas en ideologías
surgidas en Europa que habían dado lugar allí a partidos sólidamente
organizados. A partir de la tercera década del siglo XX, sugieron: el Apra,
como una versión acriollada de la Socialdemocracia europea y profundamente
anticomunista; el Partido Comunista fundado por José Carlos Mariátegui; el
Partido Socialista como otra expresión de la Socialdemocracia y radicado en el
norte del Perú; la Unión Revolucionaria que reproducía la ideología del partido
Fascista italiano; el Partido Demócrata Cristiano, como manifestación de la
Iglesia Católica de Roma y los partidos europeos inspirados por esta; el
partido Acción Popular, fundado por Fernando Belaúnde Terry para impulsar el
capitalismo nacional; y un conglomerado de grupos de la llamada izquierda que aparecieron
como escisiones de los partidos Aprista, Comunista y Demócrata Cristiano. Todos
estos partidos tenían como animadores a personas pertenecientes al grupo
intermedio de la sociedad y, en su mayor parte, a profesionales y estudiantes
universitarios. Por lo tanto, de un modo u otro, representaban los intereses y
reivindicaciones de este grupo.
Hacia fines del siglo XX se agotaron las
expectativas de los partidos políticos para ganar el apoyo de las masas más
numerosas de electores y fueron sustituidos por grupos de aventureros de la
política, cuyas primeras expresiones fueron los candidatos Mario Vargas Llosa y
Alberto Fujimori en las elecciones de 1990. Les siguieron los candidatos a la
Presidencia de la República y los presidentes elegidos (5) y sus reemplazantes
cuando los vacaron (7), más los miembros del Congreso de la República y sus
allegados hasta ahora. Su acción en el Congreso de la República y en el
gobierno expresó con variantes la voluntad y los intereses del grupo
oligárquico, el de sus mentores del segundo grupo y los suyos, afectando en
diverso grado los derechos sociales de los trabajadores.
En el proceso
electoral de 2026 los aventureros de la política se multiplicaron. 46 de
ellos pidieron intervenir como candidatos a la Presidencia de la República con
sus colas de candidatos a las vicepresidencias y a senadores y diputados. Procedían,
en su mayor parte, del segundo grupo intermedio de la sociedad y eran casi
todos profesionales. Solo fueron admitidos 36, lo que de todos modos fue un
récord mundial. Ninguno basaba sus ofertas en alguna ideología ni en proyectos viables
sobre la manera de tratar los problemas más apremiantes del Perú: crecimiento
económico sostenido, educación, formación profesional, empleo, salud, pensiones
de vejez, saneamiento ambiental y seguridad. Su objetivo evidente era llegar a los
poderes Legislativo y Ejecutivo para percibir los elevados sueldos atribuidos a
sus integrantes y utilizar el poder de mandar en su beneficio, en el de sus
allegados y en el de quienes les financiaban sus campañas electorales.
Una excepción a esta regla de pertenencia al
grupo intermedio fue Pedro Castillo, elegido Presidente de la República en 2021,
quien, como profesor primario, había salido del tercer grupo formado por
trabajadores. Le fue mal, sin embargo. Su ignorancia de la ciencia de la
economía y del derecho, su carencia de preparación política, su irresponsabilidad hacia quienes le habían dado
su voto y su ingenuidad facilitaron el propósito de sus adversarios y de algunos
de sus sostenedores de erradicarlo de la presidencia. Lo lograron el 7 de
diciembre de 2022, se puede suponer luego de que alguien con interés lo
convenciara para leer ante un canal de TV un aberrante comunicado que le
pusieron en la mano por el cual amenazaba con disolver el Congreso de la
República. Obviamente, ni el grupo oligárquico ni el grupo intermedio podían
tolerar la presencia de un representante del tercer grupo de trabajadores en la
dirección del Estado peruano.
Los que votan
¿Cómo votan los integrantes de los tres grupos
que conforman la sociedad peruana?
El grupo oligárquico, cuyo número no llega ni al
1% de la población electoral, vota por ciertos candidatos cuyas campañas
electorales financia. En realidad, su voto no importa mucho en el recuento.
El grupo intermedio, que podría llegar al 30% de
la población electoral, distribuye mayoritariamente su voto entre ciertos
candidatos cuyas ofertas se resumen en dejar las cosas del país como están o por
su rechazo a los partidos o grupos calificados como de izquierda. La expresión
atribuida al presidente de la oligarquía Manuel Prado parece ser su lema “En el Perú, hay dos tipos de
problemas, los que no tienen solución y los que se resuelven solos”. Son un
campo de práctica de la alienación y, salvo a una minoría intelectual, no les interesa la ideología de sus
preferidos si acaso estos la tuvieran.
El tercer grupo, conformado por trabajadores y
sus familias, aproximadamente un 70% de la población electoral, divide su voto
entre los candidatos del segundo grupo. De ellos, más de la mitad vota por las
opciones que le parecen de izquierda o por candidatos que se asemejan racial y
culturalmente a ellos con la esperanza incierta de obtener algunos derechos
para su grupo. Los demás optan por los candidatos del centro o la derecha, condicionados
por la alienación y el residuo subconsciente de la sumisión a la casta blanca y
a sus variantes que la educación manipulada no ha erradicado.
Tanto en el segundo como en el tercer grupo hay una cantidad
minoritaria de electores que advierte la estática y la dinámica del panorama
electoral y quisiera contar con partidos sustentados en fundamentos ideológicos
y programas necesarios para nuestro país y las grandes mayorías sociales. Como
tales partidos o movimientos no existen o no les es posible agruparse para
formarlos se limitan a votar por el mal menor a su criterio o por lo que
consideran alguna opción de cambio.
La
perspectiva en el futuro
La sociedad y sobre todo la economía en el Perú no han decantado una nueva perspectiva política. Los integrantes de los poderes Legislativo y Ejecutivo se mantienen aferrados a la situación existente y a sus relaciones y movimientos que se repiten año a año como diálogos intrascedentes y un quehacer burocrático. Son una parte del corto plazo y no pueden hacer otra cosa por su insuficiente formación y compromisos con el poder económico. Las proyecciones de desarrollo de nuestro país dependen ahora del lento aumento de la producción y del consumo internos, del crecimiento de la población y, en mayor medida, de la demanda y las necesidades de otros países y sus economías en desarrollo a los cuales tienen que adaptarse las empresas peruanas y la masa laboral. Ese corto plazo ya predeterminado y repetido forma el largo plazo con pequeños cambios acumulados.
Por lo tanto, el espectáculo político habrá de proseguir con el mismo libreto y los mismos y otros personajes del mismo jaez, tanto en el escenario que comparten los poderes del Estado y otras entidades, como en las barras de periodistas y opinólogos, hasta el próximo relevo electoral, cuyos caracteres, posiblemente, no difieran de los anteriores.
¿Podría
cambiar este panorama?
La condición para dejar atrás el ciclo de los aventureros y encaminar
a la población peruana hacia los cambios sustanciales que le permitan, en una
primera etapa, aumentar su potencial productivo, su nivel profesional y sus
ingresos, por lo menos, hasta duplicar el actual PBI per cápita, reducir la
informalidad laboral hasta la mitad y elevar su nivel cultural promedio hasta llegar
a la lectura de unos dos libros por año por persona, debería ser la formación
de un conjunto de profesionales que estudie a fondo la situación de nuestro
país y sus condicionamientos externos, coincida en sus investigaciones
económicas, políticas y culturales y formule los planteamientos necesarios, es
decir se requiere una corriente ideológica sustentada en la confianza de sus
actores y en su difusión entre las grandes masas electorales las que, al
comprender su función y poder, posibilitarían esos cambios con su apoyo y
compartiendo el protagonismo.
(Comentos, 27/7/2026)
