SOBERANÍA PARA QUIÉN:
Por: Juan Pari
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Trump dijo ante las Naciones Unidas algo que América Latina no debería pasar
por alto, Estados Unidos, afirmó, que no permitirá que las amenazas contra su
país encuentren espacio en ningún lugar del hemisferio y, si fuera necesario,
utilizará su poder militar para proteger sus “intereses nacionales vitales”. La
afirmación es importante no solo por su dureza, sino porque expresa con
extraordinaria claridad la manera en que Washington vuelve a mirar a nuestra
región: el hemisferio forma parte de su seguridad nacional y, por tanto,
también de la defensa de sus intereses estratégicos.
No
se trata de una frase aislada. La Estrategia de Seguridad Nacional
estadounidense habla expresamente de un “Corolario Trump” a la Doctrina Monroe
y plantea restaurar la preeminencia de Estados Unidos en el hemisferio
occidental, asegurar el acceso a posiciones estratégicas e impedir que
competidores extrarregionales controlen activos considerados vitales. La propia
Casa Blanca ha ido todavía más lejos al sostener que el hemisferio occidental
está nuevamente bajo la “protección y control” de Estados Unidos.
Estados
Unidos está definiendo con bastante precisión qué entiende por defender su
soberanía y sus intereses en el hemisferio. La pregunta que corresponde
hacernos desde este lado del continente es si nosotros tenemos una definición
igualmente clara, visto desde nuestros intereses como región o como país.
Ahí
comienza el verdadero debate sobre el Escudo de las Américas.
El
Gobierno de Keiko Fujimori ha presentado nuestra incorporación como una
respuesta frente al narcotráfico, la minería ilegal, el lavado de activos, el
tráfico de armas, la trata de personas y las redes criminales que operan
atravesando fronteras y que requieren cooperación internacional. Ningún Estado
puede enfrentarlas completamente solo y el Perú tiene razones suficientes para
buscar inteligencia, tecnología y coordinación con otros países. Este argumento
parece solido si se ve solo una parte del Escudo de la Americas.
El
Escudo de las Américas no está construido únicamente alrededor de la lucha
contra el crimen. La declaración conjunta establece tres pilares: economía,
seguridad y coordinación multilateral. Y no es un detalle que el primero sea
precisamente el económico. Allí aparecen la revisión de inversiones, la
protección de cadenas de suministro de minerales críticos mediante fuentes
diversificadas y confiables y la regulación de proveedores considerados
confiables para infraestructura digital.
Entonces
la pregunta surge sola: si estamos construyendo una alianza para enfrentar
cárteles y organizaciones criminales transnacionales, ¿qué tienen que ver con
esa tarea la revisión de inversiones, los minerales críticos, las cadenas de
suministro y los proveedores de infraestructura digital?
No
es una pregunta retórica. Un mecanismo de revisión de inversiones no persigue
narcotraficantes. Definir qué empresas pueden proporcionar infraestructura
digital tampoco. Y asegurar cadenas de suministro de minerales críticos
pertenece claramente al terreno económico, industrial y geoestratégico.
La
propia Casa Blanca elimina cualquier ambigüedad al definir al Escudo como la
mayor alianza hemisférica de seguridad económica y nacional. El orden de las
palabras importa menos que su asociación: para Washington, economía y seguridad
forman parte de una misma concepción estratégica.
Es
ahí donde el debate deja de ser solamente sobre criminalidad y pasa a ser sobre
poder.
Porque
Estados Unidos parece haber comprendido algo que nosotros discutimos muy poco:
en el siglo XXI la soberanía no termina en la frontera. También depende de
quién controla tecnología, quién procesa minerales, quién financia
infraestructura, quién domina cadenas de suministro, qué inversiones ocupan
posiciones estratégicas y cuánto depende un país de decisiones económicas
tomadas fuera de su territorio.
Vista
desde Washington, esa lógica es perfectamente comprensible. Estados Unidos no
quiere depender de sus competidores para aquello que considera indispensable
para su seguridad y su economía. Quiere cadenas de suministro confiables,
acceso a minerales críticos, infraestructura segura y capacidad para impedir
que potencias rivales controlen activos que considera estratégicos. Eso es
exactamente lo que su Estrategia de Seguridad Nacional dice que quiere del hemisferio.
El
problema no es que Estados Unidos tenga intereses. Por supuesto que los tiene.
El problema comienza cuando los intereses de Estados Unidos pretenden
presentarse como los intereses naturales del hemisferio.
Porque
el hemisferio no es un Estado. No tiene una sola economía, una sola sociedad ni
un único interés nacional. Estados Unidos tiene intereses estadounidenses.
Brasil tiene intereses brasileños. Perú tiene —o debería tener— intereses
peruanos. Podemos coincidir en combatir un cartel y discrepar profundamente
sobre una inversión, un puerto, una empresa tecnológica o el destino de
nuestros minerales.
Y
ahí aparece una contradicción que merece mucha más atención de la que ha
recibido hasta ahora. El Escudo habla de defender la “soberanía hemisférica” y
la “soberanía económica”. Pero ¿quién define concretamente el contenido de esa
soberanía?
Si
Washington considera que determinada inversión china amenaza la seguridad del
hemisferio, pero el Perú considera que esa inversión resulta conveniente para
su desarrollo, ¿qué criterio prevalece? Si Estados Unidos considera que
determinado proveedor de infraestructura digital no es confiable y el Estado
peruano, después de evaluarlo, llega a otra conclusión, ¿quién decide? Si
Washington necesita nuestros minerales para asegurar sus cadenas industriales y
nosotros queremos utilizarlos para desarrollar procesamiento, proveedores e
industria nacional, ¿qué interés debe tener prioridad?
Ahí
se prueba la soberanía. No cuando los intereses coinciden, sino cuando divergen.Y
la pregunta no es abstracta. Marco Rubio ha vinculado públicamente la relación
estratégica con el Perú no solo con seguridad, sino también con crecimiento
económico, inversiones en sectores estratégicos y minerales críticos. Al mismo
tiempo, ha contrapuesto las inversiones estadounidenses con proyectos
respaldados por China que, según la posición de Washington, plantean
preocupaciones sobre transparencia, seguridad de datos y otros aspectos.
Podemos
compartir o discutir esa evaluación estadounidense. Lo que ya no podemos hacer
es fingir que China no forma parte de la ecuación. La competencia económica y
geopolítica con Beijing está presente en la manera en que Washington piensa el
hemisferio y también en la manera en que está construyendo su relación
estratégica con el Perú.
Por
eso resulta insuficiente presentar nuestra incorporación al Escudo
fundamentalmente como una decisión para combatir el crimen organizado. El
crimen es real. La necesidad de cooperación también. Pero el instrumento va
bastante más allá de lo que piensa o decide los voceros gubernamentales. Y es
precisamente allí donde la posición asumida por el gobierno de Keiko Fujimori
necesita mayor escrutinio, es el interés de la patria o es el alineamiento a
los intereses norteamericanos
La
presidenta ha dicho que el Perú ingresa al Escudo con “gran determinación y
gran entusiasmo”, ha reconocido el liderazgo de Trump en la creación de la
coalición y ha colocado como argumento principal la necesidad de enfrentar
organizaciones criminales que no respetan fronteras.
Pero
un Estado no define su política exterior por entusiasmo. La define por
intereses. Si el primer pilar del Escudo es económico, el Gobierno debería
explicar también su dimensión económica. ¿Qué significa para el Perú participar
en mecanismos de revisión de inversiones? ¿Qué criterios se utilizarán? ¿Quién
determinará qué proveedor tecnológico es confiable? ¿Qué significa proteger
cadenas de suministro de minerales críticos y qué lugar ocupará el Perú dentro
de esas cadenas? ¿Seremos principalmente proveedores de recursos o existe una
estrategia para desarrollar procesamiento, tecnología e industria
nacional?
Y
existe una pregunta todavía más delicada: ¿qué ocurrirá cuando la estrategia
estadounidense hacia China no coincida con el interés económico peruano? No son
preguntas contra Estados Unidos. Tampoco contra el gobierno de Fujimori. Son
las preguntas mínimas que debería hacerse cualquier país que se considere
soberano antes de incorporarse con entusiasmo a una arquitectura estratégica
impulsada por una gran potencia.
Porque
Trump, al menos, no deja dudas sobre aquello que está defendiendo Estados
Unidos. Y quizá esa sea precisamente la lección que deberíamos tomar de
Washington.
Estados
Unidos considera que depender de otros países para minerales procesados,
tecnología, infraestructura estratégica y cadenas de suministro puede
transformarse en una vulnerabilidad nacional. Por eso quiere reducir esas
dependencias. Por eso busca asegurar recursos. Por eso observa quién controla
activos estratégicos. Por eso relaciona economía con seguridad.
Si
esa lógica es válida para Estados Unidos, ¿por qué habría de ser irrelevante
para nosotros? ¿Por qué aquello que Washington considera dependencia peligrosa
cuando le ocurre a Estados Unidos debería parecernos integración económica
cuando nos ocurre al Perú?
Esa
es una discusión que el Escudo abre, quizá incluso a pesar de sí mismo. Tenemos
cobre, pero eso no significa que controlemos la cadena económica construida
alrededor del cobre. Tenemos minerales estratégicos, pero buena parte de la
tecnología, el financiamiento y los eslabones de mayor valor se desarrollan
fuera de nuestras fronteras. Construimos grandes puertos, pero todavía tenemos
que preguntarnos qué estructura productiva estamos construyendo alrededor de
ellos.
Poseer
recursos no es lo mismo que poseer poder. La soberanía económica comienza
cuando un país tiene capacidad real para decidir qué hace con esos recursos.
Eso significa exportar, pero también procesar. Atraer inversión, pero
utilizarla para desarrollar capacidades nacionales. Participar en cadenas
globales, pero disputar eslabones de mayor valor. Construir puertos, pero
también industria y servicios alrededor de ellos. Vender minerales, pero
convertir una parte creciente de esa riqueza en conocimiento, tecnología y
empleo productivo.
La
racionalidad de una potencia no tiene por qué ser la racionalidad de nuestro
desarrollo. Estados Unidos puede necesitar minerales peruanos para asegurar sus
cadenas de suministro. China puede necesitarlos para alimentar las suyas. Ambas
cosas pueden generar comercio, inversión y oportunidades para el Perú. Pero
ninguna de ellas responde automáticamente a la pregunta que debería
preocuparnos: ¿qué estructura productiva queremos construir nosotros con
nuestros propios recursos?
Ese
es el contenido material de la soberanía que demasiadas veces olvidamos. Un
país puede tener bandera, Constitución, elecciones y territorio propio y seguir
dependiendo de otros para transformar sus minerales, financiar su
infraestructura, producir tecnología y acceder a determinados mercados.
Jurídicamente será soberano. Materialmente, su margen de decisión será bastante
menor.
Y
aquí la posición expresada por Lula en la misma Asamblea de Naciones Unidas
introduce un contrapunto importante. Brasil, dijo, “no cabe en el patio trasero
de nadie”. También advirtió, desde su perspectiva, sobre el recrudecimiento de
“tentaciones hegemónicas” en la región.
No
necesitamos convertir a Lula en portavoz de América Latina ni asumir todas sus
posiciones para reconocer el problema que plantea. Pero quizá tengamos que
llevar su frase un poco más lejos. No basta dejar de ser patio trasero si
seguimos siendo cantera.
Porque
podemos rechazar la subordinación política a Washington y continuar dependiendo
económicamente de Beijing. Podemos cambiar una relación de dependencia por otra
y llamarla multipolaridad. Podemos exportar minerales hacia el este en lugar de
hacia el norte y continuar importando la tecnología que esos mismos minerales
ayudan a producir.
Cambiar
de potencia no significa cambiar de posición. La autonomía que América Latina
necesita no debería consistir en escoger quién ocupará el lugar dominante, sino
en aumentar nuestra propia capacidad de decisión. Relacionarnos con Estados
Unidos, China, Europa y Asia, atraer inversión y participar en cadenas
internacionales, pero hacerlo desde estrategias nacionales y regionales que
definan qué queremos obtener de esas relaciones.
Y
ahí aparece otra pregunta incómoda. Estados Unidos piensa hemisféricamente sus
cadenas de suministro. China piensa globalmente sus inversiones e
infraestructura. Europa identifica y protege sectores estratégicos. ¿Por qué
América Latina continúa negociando tantas veces fragmentada, país por país,
puerto por puerto, mineral por mineral?
Tenemos
minerales, energía, alimentos, biodiversidad, agua, puertos, océanos, mercados
y capacidad científica. Pero recursos fragmentados entre países que negocian
aisladamente no equivalen a poder regional.
Por
eso la integración latinoamericana debería dejar de ser una frase ceremonial
para convertirse en una estrategia económica. Integración de infraestructura,
energía, cadenas productivas, minerales, investigación, tecnología y
financiamiento. También cooperación contra el crimen organizado, precisamente
porque las organizaciones criminales sí comprendieron hace tiempo aquello que
nuestros Estados todavía encuentran difícil: las fronteras nacionales no
impiden construir redes regionales.
Se
trata de dejar de presentarnos solos frente a quienes negocian con nosotros
desde posiciones de poder muy superiores. Trump ha sido claro. Estados Unidos
defenderá sus intereses nacionales, asegurará sus cadenas de suministro, protegerá
los sectores que considera estratégicos y disputará la presencia de otras
potencias en el hemisferio. No hay ingenuidad en esa política: hay una
definición de intereses y una estrategia para defenderlos.
El
problema, por tanto, no es que Estados Unidos actúe como una potencia y piense
primero en Estados Unidos. El problema es que el Perú ingrese a una
arquitectura concebida desde esos intereses sin explicar con la misma claridad
cuáles son los intereses peruanos que está dispuesto a defender.
Por
eso el Escudo de las Américas no puede evaluarse únicamente por su capacidad
para combatir el narcotráfico. Si incorpora revisión de inversiones, minerales
críticos, cadenas de suministro e infraestructura digital, estamos ante una
decisión que toca directamente nuestra política económica, nuestra relación con
China y nuestra capacidad futura de decidir sobre sectores estratégicos. Allí
el Gobierno de Keiko Fujimori tiene una responsabilidad que no se resuelve con
entusiasmo ni con fotografías junto a Trump: debe demostrar que la
participación peruana fortalece nuestra soberanía y no convierte las
prioridades estratégicas de Washington en prioridades automáticas del
Perú.
Y
esta discusión tampoco se resuelve cambiando de potencia. América Latina no
gana soberanía si deja de mirar a Washington para depender de Beijing. No
queremos ser el patio trasero de Estados Unidos, pero tampoco la cantera
estratégica de China ni el proveedor de materias primas de las disputas
industriales de otros. Cambiar de dependencia no es conquistar
autonomía.
Nuestra
respuesta tiene que ser otra: convertir minerales en industria, inversión en
capacidades nacionales, infraestructura en desarrollo productivo, integración
regional en poder de negociación y cooperación internacional en una relación
entre Estados que conservan el derecho efectivo a decidir. Esa es la soberanía
que importa, porque una soberanía que existe solamente en la Constitución, pero
carece de capacidad económica, tecnológica y productiva para sostenerse termina
siendo una soberanía limitada por la dependencia.
Estados
Unidos ya tiene una doctrina para defender sus intereses en el hemisferio. El
Perú y América Latina necesitan una estrategia para defender los propios. No
una doctrina contra Estados Unidos. No una doctrina contra China. Una
doctrina de autonomía latinoamericana, capaz de negociar con ambos sin
subordinarse a ninguno y de convertir nuestros recursos en poder económico
propio.
Porque,
finalmente, el debate que abre el Escudo no es si debemos cooperar con Estados
Unidos. Debemos hacerlo cuando nuestros intereses coincidan. El verdadero
límite aparece cuando dejan de coincidir. Y allí no debería existir ninguna
ambigüedad: los intereses del Perú no pueden ser definidos en Washington,
Beijing ni en ninguna otra capital. Se definen en el Perú.
Esa
es la diferencia entre participar en una alianza y entrar en una esfera de
influencia. Cooperación, sí. Subordinación, no. Socios, sí. Tutores, ninguno.
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