VACANCIA PRESIDENCIAL ¿POR QUÉ? ¿CÓMO?
Por Jorge Rendón Vásquez
16 noviembre 2020  |
Vacador (luego renunciado) y vacado
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De pronto, el
lunes 9 de noviembre pasado, los congresistas se fueron pasando la voz para
vacar al presidente de la República, Martín Vizcarra, acaudillados por algunos
que apuntaban a hacerse del Poder Ejecutivo y estaban entre los 68 con procesos
penales en curso. Cuando tuvieron los votos que necesitaban (87) fueron a la
votación y llegaron a 105:
¡Un éxito rotundo!
O, más bien, una
victoria a lo Pirro, porque todo el mundo entendió que habían ejecutado un
golpe de Estado; y los jóvenes comenzaron a llenar las calles. El sábado 14 de
noviembre por la tarde y por la noche las multitudes recorrían el centro de
Lima y otras ciudades del Perú.
El novísimo
presidente de la República, un obscuro político de torvo rostro que asumió este
cargo por ser presidente del Congreso, habló con sus flamantes presidente del
Consejo de Ministros y ministro del Interior y, verosímilmente, acordaron
meterles bala a los manifestantes, lo que el jefe del operativo policial
cumplió, haciendo matar a dos estudiantes y trabajadores de 22 y 24 años que
gritaban su protesta.
Es posible que
Vizcarra pensara que no se llegaría a los 87 votos para vacarlo cuando el lunes
9 de noviembre hizo su exposición de defensa en el Congreso. Pero, consumada la
aprobación de la vacancia, no tuvo agallas para oponerse y prefirió irse a su
casa, borrando el prestigio que había alcanzado con el referéndum de 2018 y la
disolución del Congreso de 2019. Le hubiera bastado pedirle al Tribunal
Constitucional que decidiera si la vacancia era legítima (Constitución, arts.
200º-4 y 203º) y esperar la sentencia, respaldado por los manifestantes que
habrían ocupado las calles contra el golpe de Estado.
El domingo 15 de
noviembre, la opinión pública, en las calles y los hogares, expulsó al nuevo
pretendido presidente de la República, obligándolo a renunciar, y el juego
continuó en el Congreso. Y, a todo esto, los dirigentes de las centrales
sindicales se mantuvieron chitones.
En realidad, la
vacancia ha decapitado al Poder Ejecutivo.
Es la primera vez
que esto sucede en el Perú, si bien la figura de la vacancia presidencial
existe desde la Constitución de Huancayo de 1839, repetida con la misma
fórmula, difusa y arbitraria, en las constituciones siguientes hasta la actual.
La reflotó el grupo fujimorista tras alcanzar 73 puestos parlamentarios en las
elecciones de 2016 y la blandió desde entonces contra el presidente de la República.
Su tentativa de vacar al presidente Kuczynski fracasó por la renuncia de este,
pero continuó amenazando con ella al presidente Vizcarra. Luego de las
elecciones del 2019 los grupos de parlamentarios derechistas y aventureros,
empujados por diversas motivaciones, se empeñaron en utilizarla.
Según la
Constitución, la presidencia de la República vaca por “permanente incapacidad
moral o física, declarada por el Congreso” (art. 113º-2).
¿Qué es la
incapacidad moral? Ninguna norma la define y tampoco se requiere pruebas. Por
lo tanto, puede ser lo que se les ocurra a los congresistas, atendiendo a las
instrucciones de alguien, por propia elucubración o reproduciendo las
informaciones de los medios o las declaraciones de ciertos testigos o
infidentes. Correlativamente, el art. 89º-A del Reglamento del Congreso
establece un procedimiento muy rápido para declararla. Basta la presentación
del pedido. No se alude a pruebas. Se cita al presidente para defenderse “hasta
por sesenta minutos” y luego se vota. Con dos tercios del número de
congresistas se aprueba la vacancia. Y ya está.
¿Es esto legal?
Desde el primer
año de Derecho se sabe que el principio de César Beccaria Nullum crimen
nulla poena sine lege —no hay crimen sin ley que la tipifique
previamente— es absoluto y está en la base de toda democracia, cuya expresión
es el Estado de Derecho. Este principio forma parte del elenco de derechos que
todo ser humano tiene y lo proclama la Constitución con los términos
siguientes: “Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo
de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e
inequívoca, como infracción punible” (art. 2º-d).
Por lo tanto, la
vacancia no puede ser política; jamás debe proceder porque cierto número de
congresistas se ponen de acuerdo para decidirla, y, menos aún, sin pruebas
verificadas por la Justicia.
¿Alguna ley ha definido la inmoralidad?
La moral y su
opuesto la inmoralidad han quedado como nociones subjetivas, inherentes a cada
grupo y cada persona. Los hechos inmorales son hechos contrarios al bien, a la
justicia, que son también nociones difusas surgidas en ciertos momentos y
sitios.
Desde que
Emmanuel Kant, en la segunda mitad del siglo XVIII, relegara la moral al mundo
de las ideas puras fue apartada como regla de conducta obligatoria, aunque
pueda inspirar a determinadas normas. Desde entonces, la noción de norma legal
se autonomizó de la moral y la religión, y, con la Revolución Francesa de 1789,
la ley fue consagrada como el poder de los ciudadanos, iguales ante la ley, con
el contenido y los procedimientos de aplicación que ellos instituyesen por sí o
por sus representantes.
Con respecto al
presidente de la República, en atención a su alta investidura confiada por los
ciudadanos, se ha creado un modo especial de someterlo a proceso si hubiere
causas legales para ello. “El Presidente de la República sólo puede ser
acusado, durante su período, por traición a la patria; por impedir las
elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por
disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134º de la
Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado
Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral.” (art. 117º).
Por la comisión de hechos delictuales, la acusación fiscal debe esperar que
termine su mandato.
La vacancia por
incapacidad moral no se ajusta a las reglas indicadas y queda en el texto
constitucional como una norma parasitaria, un residuo histórico anacrónico e
inaplicable. El art. 89-A del Reglamento del Congreso de la República, que
señala un procedimiento para vacar al presidente de la República, no prevalece
frente a la Constitución (art. 51º).
Por consiguiente,
la decisión de vacar al presidente de la República adoptada por el Congreso de
la República está viciada de nulidad. “El poder del Estado emana del pueblo.
Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la
Constitución y las leyes establecen.” (Const. art. 45º). “Son vicios del acto
administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 1. La
contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias.”
(TUO de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, art. 10º,
aplicable al Poder Legislativo, art. 1º-2).
No creo que este
razonamiento le sea familiar al Tribunal Constitución por la formación de sus
miembros, sus predilecciones políticas y sus temores.
En la actual
Constitución francesa la vacancia de la presidencia de la República, por causas
legales, es decidida por el Consejo Constitucional y, luego de ser declarada,
da lugar a la elección de nuevo presidente dentro de los 21 y 35 días
siguientes; mientras tanto la función presidencial queda a cargo del presidente
del Senado (art. 7º).
En nuestro país,
este aspecto debería ser modificado, señalándose que la vacancia de la
presidencia de la República y de los congresistas sólo debe proceder por hechos
definidos por la ley como delitos, comprobados por la Corte Suprema y decidida
por el Tribunal Constitucional, es decir se debería judicializar el proceso y
apartarlo totalmente de las intenciones políticas.
ESTALLIDO POLÍTICO
Escribe: Milcíades
Ruiz, noviembre 17/2020
El estallido juvenil contra lo que venía sucediendo en la
esfera política de los mayores, ha sido un desborde social espontáneo, aunque
posiciones interesadas lo han interpretado a su gusto y conveniencia. El pueblo
despertó dicen algunos, pero la verdad es que esta movilización no ha sido
convocada por las organizaciones, populares, ni por los gremios de trabajadores
y menos por los partidos políticos supuestamente representativos de la
sociedad.
Por el contrario, cuando los politiqueros se subieron al
carro del movimiento para sacar provecho, fueron rechazados por los jóvenes,
teniendo que desembarcarse vergonzosamente. Como todo exabrupto social, es de
naturaleza temporal sin haber sido proyectado con fundamento político
sostenible. Por eso vemos actuando juntos a actores derechistas e
izquierdistas, alentándola para llevar agua a sus molinos.
Se trata de un producto procesal generado por la propia
dinámica política. Si algo sale mal en lo que estamos haciendo, es porque hay
una falla. Si no la corregimos, puede llegar el momento en que ocasione
problemas. En este caso, las fallas políticas persistentes, sin corregir,
hicieron saltar los ánimos de los jóvenes, que es el sector social más emotivo
e intransigente. Las malas prácticas políticas generaron repudio e impaciencia.
El desprestigio del Congreso de la República, llegó a un
punto en que se hizo insoportable para los jóvenes tras la decisión de vacar al
presidente. Pero no es un movimiento vizcarrista, ni de defensa del corrupto.
Es un movimiento de repudio a los políticos inescrupulosos enquistados en los
mandos del país. No están luchando contra el neoliberalismo, ni por el cambio
de constitución, como intentamos influir. Nuestra visión, no es la que ellos
manejan.
Tampoco se podría decir que la muerte de dos jóvenes en el
enfrentamiento con la policía, ha sido por defender la democracia, pues
precisamente se han movilizado en repudio a ella, desnaturalizada por la mafia
política. Con harta hipocresía se utiliza políticamente a los muertos. Nunca
hicieron esto en defensa de los numerosos campesinos muertos a balazos
policiales, ni de los sobrevivientes perseguidos por la represión judicial, tan
solo por defender su hábitat.
No es honrado dar a los hechos una connotación que no la
tienen, y peor, si es con alguna intención soterrada. Tampoco apropiarse de
méritos ajenos. La renuncia de Merino deja sin bandera a quienes le pusieron la
puntería. Ahora lo reemplaza otro de la misma madriguera, pero la figura política
y jurídica sigue siendo la misma. ¿O es que ahora, la vacancia sí, es
constitucional y, ya no es, golpe de estado? La podredumbre sigue intacta.
Merino es solo chivo expiatorio, ofrecido miserablemente por sus propios
mentores.
De nada habrá servido el sacrificio de los jóvenes si pasado
el momento crítico, todo sigue igual. Todo quedaría reducido a una victoria
pírrica, de haber logrado la renuncia de Merino y nada más. Si las mafias
políticas se han apoderado del poder es por el sistema político. Si esto no se
cambia, seguiremos en las mismas. La calidad política de los órganos de
gobierno, depende del sistema político. No se trata de simples reformas de
apariencia, sino de un nuevo sistema que garantice la real representatividad
democrática.
Que los políticos no se hagan los vivos queriendo sacar
provecho de la gesta juvenil, como buitres carroñeros. La protesta deja mal
parados a los partidos políticos, porque no se necesita de ellos para
manifestarse públicamente. Quedan como organismos en desuso. Los colectivos
tienen mayor convocatoria que los partidos políticos. Este, es un detalle que
debe llamar a la reflexión y cambiar el viejo estilo de nuestro sistema
político.
Ni la OEA ni los organismos internacionales manejados por EE
UU intervienen cuando los sucesos son a favor del imperialismo. Ellos temían
que el desborde conduzca a un gobierno popular como Venezuela y Bolivia. Por
eso también enfilaron contra Merino y se aprestaban a intervenir para asegurar
que las próximas elecciones no se les vaya de las manos. Pero ahora cambian de
proceder porque el nuevo presidente es del partido morado, cuyo dueño es pro
norteamericano.
No nos engañemos ni nos apasionemos con espejismos
pasajeros. Lo que sí deberíamos agradecer a los jóvenes rebeldes, es haber demostrado
que una movilización popular masiva y prolongada puede obtener triunfos en su
lucha por el mejoramiento social. Esta es la principal conclusión que debería
ser tomada en cuenta por las organizaciones populares en sus estrategias de
lucha. Si así lo hiciera por una nueva constitución que responda a sus
intereses, sería excelente.
La protesta quedaría en nada, si no se cambia el sistema
político. La ley de partidos políticos, la ley electoral y todo el paquete
normativo de la democracia fraudulenta, debería ser cambiado para lograr una
democracia más auténtica. Esta demanda debería tener prioridad como paso previo
a participar en la formulación de una nueva constitución. Primero hay que
eliminar las trabas electorales que impiden el acceso al poder, a las fuerzas
populares. Si no luchamos por este cambio, seguiremos lamentando lo de siempre.
¿Qué pasará ahora que el movimiento se esfumó? No deberíamos
dejar que solo sea un recuerdo. Nos corresponde dar continuidad a la protesta,
darle sostenibilidad para reforzar la lucha popular. Salvo mejor parecer.
