NUEVOS ALCANCES NORMATIVOS EN LA
JUSTICIA MILITAR PERUANA
Por
Gustavo
Espinoza M.
|
R |
ecientemente volvió a tener vigencia en nuestra
patria el tema referido a la Justicia Militar. Como se sabe, el delito militar,
o la falta que comete un uniformado que sirve a una institución castrense,
existe y está regulado.
Se procesa por vía autónoma y concluye con
una sentencia que involucra a quien cometió la acción asignándole una
determinada pena, se supone acorde con la naturaleza de la acción castigada.
En tiempos pasados las disposiciones
militares emanadas de la superioridad no tenían limite. Regía una suerte
de norma según la cual “las órdenes superiores” se cumplen “sin
dudas ni murmuraciones”.
Tal concepto se complementaba con una suerte
de escala de responsabilidades: el soldado, obedece al cabo, el cabo al
sargento, el sargento al teniente…y así sucesivamente hasta llegar a la más
alta graduación de la institución.
Esa “norma” de alguna manera se perfeccionó
cuando asomó en el escenario el concepto de la “obediencia debida”, de
acuerdo con la cual nadie debe obediencia a una orden injusta. Esta idea,
ciertamente más avanzada, reconocía el derecho del “inferior” a analizar la
orden recibida y decidir si correspondía ser cumplida.
Más civilizada, esta norma “democratizaba”
en cierta medida el manejo interno de las instituciones militares y policiales
por lo que básicamente fue dejada de lado pronto, bajo el alegato que minaba la
“disciplina militar”.
Para compensar el “retorno” a la modalidad
autoritaria se asumió un criterio adicional: “el único responsable de
una orden es el superior que la dispone”. Tal criterio, que
formalmente liberaba al subordinado de responsabilidades concretas,
posibilitó en contrario, escalar el nivel de las culpas hasta llegar a
los grados superiores de las instituciones armadas.
Esto puso en el banquillo en más de una
ocasión a entorchados oficiales de alto rango, a los que se adjudicó la “responsabilidad
del mando”. Aunque formalmente ese criterio se mantuvo, su
aplicación real dejo mucho que desear,
Y es que esto, no siempre fue así. La
práctica demostró que el deslinde en temas de esta naturaleza se atascaba al
llegar a “mandos intermedios”. Los jefes -vale decir, los
generales, eludían culpas porque siempre se hallaban “muy lejos del lugar de
los hechos”. No tenían, entonces, “responsabilidad directa”
Así sucedió, por ejemplo, en el caso
“Accomarca”, en agosto de 1985. Las Brigadas “Lince” que operaban en esa región
andina, dependían del mando militar que operaba en Ayacucho. La responsabilidad
mas alta correspondía entonces al general José Williams Zapata, pero la
“justicia” se dio maña para detener las sanciones hasta el lugar intermedio.
Cuando las cosas derivaron al fuero
ordinario, la justicia civil obró de manera distinta, Condenó a Hurtado a
varios años de cárcel, Y al coronel Mori también, pero -igual- dejó sin
sanción al general Willams Zapata, confirmando aquello que la cadena se rompe
por el eslabón más débil.
Todo esto ocurrió cuando los uniformados
cumplían “tareas” vinculadas a la “lucha antisubversiva”. Desarrollaban en ese
periodo” acciones de campo” y “operativos de rastrillaje” que los
gobiernos -en este caso el de Alan García- apañaban bajo el argumento de
“pacificar” la zona y “derrotar al terrorismo”. Era una suerte
de “vale todo” en aquella circunstancia.
Ahora las cosas tienen otra connotación. Lo
que se busca es eludir la responsabilidad militar o policial en cualquier acto,
cubriéndolo con apenas un manto de seudo legalidad.
Ese es el contenido de la denominada “Ley Rospigliosi”,
la ley 32725, cocinada precisamente para garantizar la impunidad absoluta en
todos los actos delictivos consumados por los uniformados bajo cualquier
modalidad o circunstancia..
Gracias a tal disposición, el asesinato de
un niño de 8 años en Huacho; la muerte de un adolescente de 17 años en la
Comisaría de Huaylas, en Lima; el asesinato de 5 jóvenes deportistas en la
comunidad de Colcabamba, en Huancavelica; las torturas inferidas al abogado
Danilo Vargas en un puesto policial en Puno; y muchos otros casos que la
ciudadanía conoce, quedaran impunes.
Y es que la norma establece que los delitos
comunes cometidos por integrantes de la Fuerza Armada o de la Policía mientras
estén en servicio, serán regulados tan sólo por la justicia privativa militar.
Y para que no quepa ninguna duda acerca de
las intenciones del dispositivo, este ordena que todos los procedimientos y en
marcha, sean transferidos en el plazo de 30 días a la justicia castrense, es
decir, sean retirados de la justicia ordinaria para todos sus efectos.
Es bueno subrayar que esta no es la púnica
disposición en torno a la materia. Se suman a ella otras normas del mismo
origen, como aquella que otorga “amnistía” a los policías o militares
involucrados en delitos vinculados a la violación de derechos humanos.
Y también por cierto la ley que “regula” los
llamados “delitos de lesa humanidad” y que deja completamente fuera de contexto
cualquiera de los consumados en nuestro país e imposibilita calificar como
tales los que habrán de ocurrir en el futuro.
Se trata, como se puede apreciar, de un
conjunto de leyes orientado a asegurar la impunidad absoluta para todos los
uniformados. No solo para los que vayan a cometer delitos, sino también para
los que ya los hayan cometido. Una suerte de bendición. Acorde con la naturaleza
del régimen que se avecina-
Lo que falta, y que con toda probabilidad
vendrá más tarde, será un dispositivo orientado a juzgar a los civiles en el
Fuero Privativo Militar. Vale decir, a extender la justicia castrense a los
ciudadanos de a pie, para castigarlos si realizan acciones que “afecten” la
“seguridad pública”.
Este esquema autoritario forma parte del
mecanismo creado por el fujimorismo para “acercarse” al Poder. Ansían tenerlo
con vehemencia enfermiza y hasta proponen cambiar el calendario y adelantar las
fechas. No quieren esperar el 28. Exigen que sea antes su acceso al control
total del aparato del Estado. Ya no se aguantan.
Todo eso lo veremos en los próximos días. <>
No hay comentarios:
Publicar un comentario