ARMAS, Y NO LIBROS
Por Gustavo
Espinoza M.
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B |
ajo el pretexto de “restaurar el orden” el
gobierno de Keiko Fujimori busca obsesivamente imponer un “modelo”
autoritario que bien podría resumirse en la idea de renunciar a los
libros y optar por las armas. Armas si, libros no, parecieran decir los voceros
de un régimen que pretende convertir las escuelas y las cárceles en
centros de reclusión militar, en cuarteles.
El pretexto es burdo. Se alimenta con una ola delictiva
que crece no porque se incremente la perversión humana, sino porque se acelera
la descomposición capitalista sin que la clase dominante atine a encontrar un
camino sensato para la recuperación del país.
El delito no se multiplica por generación espontánea.
Se alimenta porque la sociedad está basada en la opresión y el abuso, se afirma
en el robo y en la injusticia y justifica las prácticas sinuosas de una
oligarquía envilecida que carece en absoluto de valores y principios.
En esta sociedad, quienes tienen en sus manos los
resortes del Poder actúan en función de sus intereses y no toman para nada en
cuenta lo que ocurre en el Perú de hoy.
El gobierno tiene tema con la situación de los Centros
Penitenciarios de la República con capacidad de albergar a 40 mil personas
privadas de su libertad, pero donde hoy mismo viven 106 mil en condiciones
simplemente infrahumanas.
Usando como argumento el “haber descubierto” que
algunos delitos se cometieron a partir de llamadas telefónicas hechas desde los
Penales, el gobierno resolvió de la noche a la mañana militarizar las cárceles,
hacer “redadas” internas, traslados inopinados, eliminar las visitas
familiares, prohibir el ingreso de alimentos y hasta apoderarse de los pocos
bienes de los internos destrozando sus precarios muebles y dormitorios.
Lejos de cualquier prejuicio, urge que los
parlamentarios de la República, los organismos de Derechos Humanos y la
Defensoría del Pueblo informe claramente al país lo que realmente ocurre en los
Penales, que no se puede circunscribir a llamadas ocasionales o anteras
neutralizadas sino a la situación que se afronta allí y que puede derivar -como
en el pasado- a matanzas horrendas.
La “Prensa Grande” ya se puso al servicio de estas
prácticas, de modo que “informó” cómo “las autoridades restablecían el
orden penitenciario combatiendo la criminalidad”. Nada de eso impidió
que tanto en Lima como en el interior del país se asesinara a transportistas o
se cometieran crímenes día a día.
Un promedio de 7 muertes diarias sacude hoy los
titulares de los medios de comunicación mientras los voceros del régimen hablan
hasta por los codos de la “actividad incansable” de los ministros y
sobre todo del “Comando Unificado”, creado como bálsamo mágico para “poner
fin a la criminalidad” y que objetivamente sólo sirve para que el
régimen haga propaganda a su propia “gestión”.
El “argumento” orientado a justificar todo esto se basa
en un concepto tramposo: Lo que importa son los derechos humanos de los
inocentes, y no los de los delincuentes, repiten hasta el cansancio; para no
reconocer, por ejemplo, que el 60% de la población penitenciaria
sobrevive en condiciones de desnutrición y virtual indigencia, que el
porcentaje de TBC y de SIDA es muy alto en las prisiones, y que muchos de los
verdaderos delincuentes no solamente andan sueltos sino que además desempeñan
funciones públicas muy bien remuneradas. Eso, lo sabe el país entero.
Pero no sólo los presos están en la mira del régimen.
También los niños y adolescentes. Bajo la batuta del titular del portafolio de
Educación Eugenio Chang, quien también fuera ministro del sector en el
gobierno aprista de Alan García, se ha dispuesto los llamados “lineamientos
de disciplina escolar” cuyos principios de orientan a “restituir la
autoridad docente”.
Bajo esta idea se restablece la expulsión de alumnos de
los centros educativos, a la vez que se prohíbe el cabello largo, el uso de
aretes, tatuajes o pintura de pelo y se dispone que las faldas se usen
obligatoriamente “más abajo de las rodillas”. Como lo recuerda el exministro Ricardo Cuenca, la presidenta ha
dicho sin rubor alguno que hoy se prohíbe el cabello largo, pero se prohibirán
también las ideologías.
En estas frases se refleja una concepción de la Escuela
como un centro destinado a corregir y castigar, a moldear a las personas y
adocenarlas para que piensen como se les ordene pensar. De ese modo, se busca
formar generaciones dóciles e incondicionales, y alentar la sumisión y el
vasallaje, para que nadie se rebele ni discuta. La Escuela crítica, así, se
tornará un sueño.
Claro que este mecanismo habrá de funcionar para los
escolares que concurran a los planteles estatales, porque a los privados no se
les prohíbe nada. Ellos actuarán con entera libertad y seguirán haciendo el
lucrativo negocio de la educación sin reparo alguno.
La coacción se habrá de ejercer sobre los pobres, que
no tienen más alternativa que recurrir a la educación pública. Los
“clientes” que estudian en los colegios privados, gozarán de la más entera
libertad. Con ellos, no es la cosa.
Es verdad que la educación peruana atraviesa una grave
crisis. Los resultados referidos a comprensión lectora y razonamiento
matemático, nos colocan en los últimos lugares en los países de la región. Pero
la debilidad principal no es disciplinaria, sino de aprendizaje y conocimiento.
La tarea de la escuela no es entonces asegurar que los niños lleven el pelo
corto, sino que aprendan; pero, además, que se formen en valores, para no
asumir el ejemplo de quienes gobiernan.
Y la prioridad no es asegurar que los adolescentes no usen tatuajes, sino que los centros educativos sirvan realmente para los fines previstos, y los locales escolares tengan los requerimientos indispensables para su uso cotidiano; que los estudiantes conozcan el Perú, su historia y su grandeza, y que tengan verdadera conciencia de Patria. Los lineamientos esbozados por la Reforma puesta en marcha en los años de Velasco simbolizan esa urgencia.
En cuanto al Maestro se refiere, éste se ganará el
respeto de la comunidad educativa si lo ve erguido y capaz de defender sus
derechos más elementales.
Si los escolares ven a sus maestros doblegarse ante el
Poder, si éste les declara ilegales sus acciones de lucha y les recorta sus
escuálidos salarios sin merecer una categórica respuesta, entonces le perderá
el respeto.
La historia social del Perú así lo demuestra. Y la
verdad hay que buscarla invirtiendo la consigna del gobierno: libros si, armas no. <>
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