PATENTE INEFICIENCIA DEL PODER GOBERNANTE FRENTE A LA SEGURIDAD PUBLICA

 LA APATÍA ESTATAL

ANTE EL CRIMEN EN EL PERÚ

Por: Jorge Luis Choque

V

eintiocho días no bastan para un balance definitivo, pero sobran para encender alarmas. Más que inexperiencia, esta gestión exhibe una preocupante incapacidad para dimensionar la crisis nacional. Mientras el país se desborda bajo el crimen y la extorsión, el Ejecutivo se enfoca en la banalidad de las redes sociales y la autopromoción. Tras 15 años y cuatro campañas electorales, Fuerza Popular solo ofrece la misma improvisación y reciclaje de cuadros que nos trajeron hasta aquí. La pregunta es inevitable: ¿se prepararon para gobernar o solo para capturar el poder?

La inseguridad y la extorsión han dejado de ser episodios aislados de criminalidad para convertirse en la manifestación más cruenta del desmantelamiento estatal. Frente al desamparo de la ciudadanía, la respuesta del Gobierno y del aparato público permanece anclada en la improvisación y una profunda apatía institucional. Se multiplican los estados de emergencia, la militarización de las calles y las consignas de “mano dura”, mientras el Estado carece intencionadamente de una estrategia sostenida de inteligencia criminal, persecución financiera, reforma penitenciaria y protección real a las víctimas.

Como advierten analistas como Gabriel Kessler, Lucía Dammert, Andrés Antillano y José Alfredo Zavaleta, la seguridad no se resuelve con despliegues policiales: es un problema político, social e institucional. La extorsión no es fortuita ni se erradica elevando penas; es una renta criminal que despoja a transportistas, comerciantes y trabajadores. Las mafias no solo ejercen violencia: GOBIERNAN TERRITORIOS Y REGULAN ECONOMÍAS ante un Estado que solo reacciona para reprimir la protesta.

La negligencia gubernamental linda con la complicidad cuando las autoridades priorizan anuncios mediáticos —compra de patrulleros, cámaras o megapenales en cuarteles— sin articular el trabajo de la Policía, la Fiscalía, el Poder Judicial y el INPE. La evidencia es clara: los estados de emergencia no resuelven nada, desplazan el delito hacia zonas adyacentes y dejan intactas las estructuras operativas del crimen.

El escenario se torna francamente crítico cuando el propio Congreso aprueba reformas que desmantelan la investigación penal, entorpecen la persecución del crimen organizado y terminan blindando a funcionarios investigados por corrupción. Al recortar atribuciones a fiscales y policías y flexibilizar los estándares de prueba, el poder político envía un mensaje inequívoco a las mafias: delinquir en el Perú es altamente rentable y las conexiones con el poder garantizan impunidad.

La impunidad es el principal motor de la extorsión. Como señala Carlos Basombrío, cuando la probabilidad de ser investigado y sancionado es mínima, el delito se consolida como una empresa de bajo riesgo y altísima rentabilidad. De nada sirve detener al eslabón más débil —el cobrador o el sicario— si no se desmantelen los flujos de lavado de activos, las redes de corrupción penitenciaria y los nexos empresariales que oxigenan la economía ilegal.

Esta práctica criminal fue advertida por Jaime Antezana sobre el ingreso del crimen organizado en las estructuras de poder. Las economías ilegales —extorsión, minería ilegal, narcotráfico y contrabando— ya no solo operan en la clandestinidad: financian campañas políticas, compran voluntades institucionales y colocan operadores en puestos claves de decisión. La cooptación institucional por parte del dinero ilícito trasciende la inseguridad ciudadana; se transforma en un ataque frontal a la democracia y a la soberanía popular.

Superar este colapso exige abandonar la falsa dicotomía entre prevención social y represión. Se requiere presencia estatal integral —educación, salud, empleo y servicios públicos en los sectores vulnerables— a la par de una policía profesionalizada, inteligencia especializada y un sistema de justicia verdaderamente independiente. La intervención de las FFAA, si resultara indispensable, debe ser estrictamente excepcional, temporal y subordinada al poder civil.

El Perú no necesita propaganda ni marcos legales para la impunidad. La seguridad real exige Estado social, inteligencia, justicia independiente y control democrático. Mientras el Gobierno y el Congreso antepongan el cálculo político al deber, el crimen organizado usará el pánico social para dominar el país. Decir que las soluciones vendrán el próximo año, como plantea Keiko Fujimori ante la sangre de hoy, es abdicar del Estado.

Cuando el agua nos llegue al cuello, los responsables del desastre vendrán a vendernos los salvavidas.<>

Perú: 28/08/2026