EL ROSTRO DE LA IMPUNIDAD
Escribe: Javier Calderón
Diario LOS ANDES 6ENE25
Después de las matanzas: fresca como una lechuga
A
prácticamente dos años de aquel fatídico episodio ocurrido en Juliaca el 2023,
la Fiscalía prepara una solicitud de ampliación de plazo en las investigaciones
que tiene como principal barrera a los mismos operadores de justicia.
En
la memoria colectiva aún está presente el 9 de enero de 2023. Aquel día 17
hijos del pueblo murieron a consecuencia de la represión policial. Un policía
también perdió la vida y luego de una penosa agonía algunos días después, un
adolescente de 15 años daba su último suspiro.
Han
pasado prácticamente dos años desde aquel fatídico episodio y la sed de
justicia en las víctimas, en la familia y el pueblo de Juliaca, permanece
intacta.
Contrariamente
y como lo manifestó la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH),
hasta el momento no hay un solo detenido y autoridades políticas como Dina
Boluarte, prefieren lavarse las manos con la sangre de quienes cayeron
exigiendo su dimisión a la Presidencia, tal cual ocurre hasta hoy.
INVESTIGACIÓN
Diario
Los Andes conversó con el abogado César Quispe Calsín, sobre el avance en las
investigaciones y las dificultades que han debido sortear en ese camino cuya
meta es encontrar justicia.
“En
los próximos días vence el plazo de la investigación preparatoria, sin embargo,
tenemos conocimiento que el equipo especial de fiscales solicitará una
ampliación… porque el número de agraviados es numeroso, algunos no han
declarado al igual que agentes del Estado; allí están involucrados más de mil
policías y militares”, refiere el letrado respecto a la actualidad del proceso.
Y
es que, la Fiscalía debe tomarse algunos meses más, para recabar elementos de
convicción a partir de los cuales se pueda acusar, por el momento a los 19
policías investigados por los delitos de homicidio calificado, lesiones graves,
lesiones leves, comisión y omisión.
“Estamos
en la primera etapa, este año esperemos pasar a la etapa intermedia ya con la
acusación fiscal propiamente”, explica uno de los abogados de la Asociación de
Mártires y Víctimas del 9 de enero de 2023.
DINA
A LA CÁRCEL
De
acuerdo a la cadena de mando, as responsabilidades en cuanto al accionar
policial no excluyen a la presidenta de la República.
“Desde
Puno se ha presentado una denuncia en la Fiscalía de la Nación en contra de
Dina Boluarte, su entonces premier Alberto Otárola, sus ministros del Interior
y Defensa. Su elaboración fue concluida en el 2023 y luego se presentó la
denuncia constitucional ante el Congreso de la República.
Hace
tres semanas, recién le han dado trámite en la subcomisión de Acusaciones
Constitucionales, con lo cual ellos también están comprendidos en la denuncia
por homicidio calificado, lesiones graves, lesiones leves, comisión y omisión.
Saliendo
un poco del plano estrictamente legal, Quispe Calsín ve con preocupación las
brechas existentes en los diferentes espacios de la sociedad. “Hay dificultades
de carácter logístico. El gobierno ha contratado toda una maquinaria de
abogados, a quienes les pagan medio millón, 300 mil. ¿Y las víctimas?, ¿los
deudos? Por eso es que digo; los abogados asumimos de manera patriótica esta
responsabilidad. Querían borrar de plano todo lo ocurrido”, resaltó el abogado.
En
este proceso, existen episodios vinculados al miedo, ese que desde la Policía
se intentó sembrar en los heridos: “…los meteremos a la cárcel por
terrorismo…”, le dijo un efectivo vestido de civil a uno de los hospitalizados.
Con el transcurrir del tiempo, eso se acabó y quienes conforman la organización
que busca justicia se han empoderado y ese espíritu contagió a otras regiones.
“Es
una muestra de resistencia cultural. Me recuerda la frase de Túpac Katari:
‘Volveré y seré millones’, Puno ha despertado al país. No pasará mucho tiempo
en el cual recuperemos la democracia y así sentenciar a los asesinos, empezando
por Dina”, comenta Quispe Calsín.
DOLOR
DE HERMANO
Raúl
Samillán Sanga es presidente de la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de
enero de 2023. Perdió a su hermano, Marco Antonio, un joven médico cuyo único
error fue acudir a los heridos de la masacre. Una bala le cegó la vida y los
sueños de salvar vidas.
Juliaca
soporta una fuerte granizada y Raúl nos recibe en su casa. Cuando habla de su
hermano se le quiebra la voz y de sus ojos brotan lágrimas. “Para nosotros que
somos los hijos del pueblo… alcanzar justicia es difícil. Han pasado dos años y
no se tiene a ninguna persona detenida; el equipo especial de fiscales no tiene
el presupuesto necesario para acelerar las investigaciones”, dice, triste,
porque el dolor pervive a pesar del tiempo.
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| Pueblo hambriento, también de justicia |
“Le
pido a la señora Dina, lo mismo que el 95 % de peruanos, que deje el cargo, que
se someta a las investigaciones. Lo único que está haciendo es alargar el
dolor. Boluarte debe convocar a nuevas elecciones e irse. Así tendríamos cierta
tranquilidad y la esperanza de alcanzar justicia”, concluye Raúl Samillán.
Dato.-
La
defensa de los mártires y víctimas del 9 de enero concretarán una reunión con
la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, con la finalidad de exigirle disponga
celeridad en las investigaciones que en realidad han avanzado muy poco. <:>
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